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Los venezolanos venimos del futuro

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Habrán transcurrido 30 años hasta 2029, apenas faltará un lustro y todavía resta sin una respuesta seria, objetiva, serena, desprejuiciada, ajena a la generosidad de los odios de trincheras que ardieran al término de la república civil de partidos, que explique de manera satisfactoria cómo una de las más afirmadas democracias del hemisferio –la venezolana– pudo derivar no en una dictadura o dictablanda sino en la destrucción cabal de la república y la pulverización de su nación en cierne.

Dos volúmenes en edición, Memorias de Venezuela (I-II), reunirán algunos pocos de los centenares de ensayos y artículos escritos a partir de 1999 por Allan R. Brewer Carías y quien suscribe, buena parte vertidos en distintos libros nuestros, para ofrecer unos primeros elementos del análisis reposado sobre esta cuestión vertebral.

A la historia no le servirá lo panfletario, pues solo satisface animosidades de coyuntura, sobre todo la de quienes habiendo elegido democráticamente el camino del desierto transitado por todos y en espera de una tierra prometida que aún no llega –sosteniendo, sí, la fe y la voluntad para ello– cedemos a la fácil tentación de buscar culpables, los de ayer y los de hoy, tras cada pérdida de rumbo. Es eso, justamente, lo que retarda nuestra madurez como nación en permanente elaboración de su ser siempre inacabado, al punto que, habiendo alcanzado el bien de la modernidad material y educativa durante la segunda mitad de nuestro siglo XX, pudo cautivarla otro hombre a caballo. La regresaron, él y sus causahabientes, a los momentos más aciagos del siglo XIX.

Lo decía Jorge Olavarría, quien después de acompañar en sus primeros días a Hugo Chávez Frías, corajudo y ante la naciente Asamblea Nacional de una república mutada en bolivariana, creada por este –léase, acendradamente presidencialista, vitalicia, militarista, protectora de un pueblo impreparado para la libertad según lo predicaba El Libertador– denunció en su presencia la desviación del camino que nos merecíamos los venezolanos ya en las puertas del siglo XXI.

Las simplificaciones, reitero, son inútiles. Ni siquiera sirven para el frívolo  o malévolo desahogo de las sordas tertulias de redes; como aquella que le endilgaban los partidos al presidente Carlos Andrés Pérez una vez como se casa, sin miramientos, con el Consenso de Washington, a fin de provocar un parto económico y social mediante un “fórceps”; o la que fuese su revelación  auténtica, constante sus “memorias proscritas”: “Cuando se iniciaron las investigaciones sobre los implicados en el golpe [del 4 de febrero de 1992], cada uno de los jefes de las distintas fuerzas tenía un criterio distinto sobre las sanciones”, afirma. Muestra el rompecabezas de una institución que se creyó la dueña de la república tras la guerra de Independencia y superada la Guerra Federal hasta 1959, y que no logra ensamblarlo.

Al efecto, según CAP y dado ello, “en lugar de abrirles juicio a los oficiales implicados en la intentona golpista [frisaban 650 entre oficiales y suboficiales], optamos por cernir, depurar, ir a los verdaderos responsables, que no significaba dejar sin aclarar las cosas”. No abrir los juicios –hoy lo revelo, tal como me lo confesara personalmente el presidente Pérez– no abriría luz sobre las causas profundas; si bien no contuvo, como afectado directo, su indignación: ¡A Uslar Pietri me provoca llevarlo a juicio militar! Y no lo hizo, más allá de sus expresiones coloquiales posteriores para hacer arder el debate político, pues como hombre de Estado ello no le daba una respuesta a lo esencial. La pregunta que hemos de respondernos los venezolanos, de conjunto: ¿Cómo y porqué una nación y una república tan pretenciosamente moderna y democrática puede desaparecer? Es como si nos la hubiésemos bebido en un instante de delirio, como quien se engulle una botella de licor que no se puede reponer.

Aclara lo circunstancial histórico, lo manifestado por el presidente Rafael Caldera en su primer mensaje al Congreso de 1995, en línea con la política de perdones decidida por CAP y acompañada por todo el país político, partidos y candidatos presidenciales, que se ha olvidado de mala fe: “Con pleno respaldo del Alto Mando que designé, me propuse remediar los traumas causados por los intentos de sublevación del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992”, asevera. Luego discierne sobre el trato diferenciado que aplicó y le servía para contener y evaluar una crisis agonal o terminal en el seno de la república, evitando otro golpe posible, como lo previene Ramón J. Velásquez: “Muchos se reincorporaron a la actividad [militar] mediante una etapa de transición, indispensable para restablecer los vínculos de compañerismo que se habían quebrantado a causa de lo ocurrido”. A los otros, a los jefes, “no se consideró conveniente que lo hicieran –se les dio de baja– por haber tomado una declarada actividad política, incompatible con el apartidismo de las Fuerzas Armadas”, agrega el gobernante.

Que hubiese desunión y luego unión militar durante tal elipse importará analizarlo, pero tampoco ofrece la respuesta que importa y habrá de ser de fondo, pues será la prueba de fuego de nuestra madurez como nación. La saña cainita que absuelve o condena a Pérez o que condena, sin más, a Caldera, es solo saña, alimentada, sí, por quienes le dieron soporte mediático y financiero al candidato Chávez, en 1998, acompañados por la embajada norteamericana.

Distinta fue la circunstancia de José María Vargas, preocupado por la cuestión de la impunidad en una república por hacerse y sin nación, mientras que el general José Antonio Páez, que le salva tras la Revolución de las Reformas que lo tumba y le repone en el ejercicio del poder, optó por perdonar a los alzados. Se hacían llamar a sí bolivarianos y eran partes del Ejército Libertador. Quedaron fuera de la organización de la Primera República de Venezuela. Fue el primer tramo de nuestro recorrido republicano que se sostuvo, mediante equilibrios críticos forjados por el propio Páez, pero que al final decantan en la Guerra Federal. Muere allí el 30 % de nuestra población.

No hay república ni democracia sin nación

Lo de destacar, aquí sí, es que el Estado venezolano emerge primero, en 1830, sin precederle la nación como su contenido. Simón Bolívar la denuesta y desconoce desde Cartagena en 1812. Mas en sus guerras por la independencia –que no por la libertad– otro 30 % de la población desaparece. El anhelo o la apuesta de tal Estado y nuestros gobiernos sucesivos para subsistir fue la inmigración, en sus inicios la canaria. Y el dato relevante es que, dominando al ser del venezolano un no-ser todavía o cultor del presente, como nación logra Venezuela amalgamarse paulatinamente –en un esfuerzo de sincretismo con los migrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Pero existe, sí, originariamente, solo a partir de los cuarteles. Y es lo que nos ha dejado una huella controversial, a la hora de resolver sobre las cuestiones de la paz y la estabilidad de la república hasta la actualidad.

Durante la segunda mitad de dicho siglo adquiere texturas la nación, sin ser acabada, evolucionando hacia su modernización plena, pero tamizada ahora por el odre de los partidos de la llamada república civil que concluye en 1998. Daba muestras de agotamiento, insisto y he aquí el primer elemento de juicio que será indispensable tener a mano, a partir de 1989, casualmente en coincidencia con el final del comunismo y el declive de Occidente. Los sistemas de partido desaparecen y declinan, se hacen líquidos en muchos países, no solo en Venezuela. Chávez no es el autor.

No podemos obviar lo propio, pues, incluso manteniendo la simbiosis con ese ecosistema global emergente tras el final de la guerra fría. Me refiero, como primer hito, al voto mayoritario depositado por los venezolanos en 1998, sin reparar efectivamente en la naturaleza militar del escogido. Entonces, incluso modernizados, seguimos ocupando las butacas del teatro de la república y de la democracia. Esperábamos, como en el siglo XIX, que se subiesen a la escena actores que siempre aciertan o yerran y ante quien nos limitamos sea tirándoles tomates, o aplaudiéndoles sin discernimiento. Juan Vicente Gómez, así, escogió por nosotros al actor del momento, a Eleazar López Contreras, bajo su dictadura. Y en democracia, seguimos creyendo que el caudillo es el culpable de haber mal escogido al nuevo actor de reparto o haberlo puesto bajo nuestra mirada.

¿Es esa la nación que aún no somos y a la que aspiramos, pues no-ser nos resulta más cómodo? ¿Puede sobrevivir de tal modo la democracia como experiencia de vida o estado del espíritu en cada ciudadano que solo sabe medrar, pendiente del padre bueno y fuerte, del traficante de ilusiones, del hombre a caballo que estimule nuestros sentidos, enajene nuestra razón, y nos alimente de mitos? 

La república era un rompecabezas desde 1989, la civil y democrática, y después de 1999, tras el pecado original de la Constitución dictada por el propio Chávez, concluyó su camino hacia el cementerio. Y quienes ahora, en el presente, hacen de oficiantes de las franquicias de esa república, no pasan de ser fantasmas atrapados por el pasado y malos remedos del narcisismo.

¿Y qué de la nación?, hemos de repreguntárnoslo. Enhorabuena parece haber despertado tras las elecciones primarias de 2023 y las presidenciales de 2024. Parece haber entendido lo que no entienden los sobrevivientes de la república virtual que es Venezuela. La democracia no podrá ser más una ingeniería de poder y para su conquista, sino la voluntad activa de la gente decidiendo por vez primera sobre su porvenir y asumiendo la directa responsabilidad por acción u omisión; dejándose acompañar por quienes entiendan cabalmente ese mandato, como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. No son estos la encarnación de la nación, sino sus intérpretes legítimos, nuestros abogados. Y son los que hemos seleccionado, bajo nuestra responsabilidad.  

La diáspora, que otra vez le arranca su costado a la nación en la hora nona de su presumida madurez –cuando deja las casas y se va a la calle– frisando otro 30 % de pérdida en su difuminación hacia el planeta, esta haciendo sentir su excelencia donde la reciben y es sensible al familiar o compatriota que resta como igual víctima dentro de la Casa común. Será nuestra próxima inmigración.

Que haya aparecido una mácula, deriva o excrecencia, es lo que hemos de analizar, justamente, sin simplificaciones. Y sobre las razones que nos den razón de ese por qué, de esa fractura ocurrida, no dejamos de reparar –es nuestra perspectiva– en que si bien la generación democrática (1958-1998) conoció el don de la libertad y la modernización, culturalmente –como en la persecución de las sombras, diría nuestro más emblemático ilustrado José Rodríguez Iturbe– hemos quedado como presas, los venezolanos, de nuestras taras históricas y sin solución de continuidad: el mito de el Dorado, la constante evocación y en cada crisis del padre bueno y fuerte de estirpe bolivariana, el césar o gendarme necesario, y el complejo adánico o el mito de Sísifo: como vaya viniendo, iremos viendo. Gozamos de la democracia, ciertamente, pero, vuelvo a macharlo, nos la bebimos.

Importará, aquí sí, recrear el tiempo inaugural de la llamada revolución bolivariana –ante la cual muy pocos permanecieron alertas, pues incluso desde el extranjero se tachaba de alarmista al que no le diese el beneficio de la duda– sobre todo para orientar, a quienes tengan la grave responsabilidad de reunir a la nación reconciliándola y de incidir sobre las políticas públicas pertinentes al desafío. Leer esa génesis, entenderla más allá de las trincheras y los reduccionismos, puede servirnos para conjurar o reducir los equívocos inevitables en toda empresa humana, y para reparar los daños –memoria, verdad y justicia– y asimismo para que seamos útiles, tras nuestra reconstrucción, a otras naciones que se vean amenazadas por el cáncer político del siglo XXI que hemos padecido. Los venezolanos, en efecto, venimos del futuro.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Sola vera oppositio?

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Saludos a todos. Tenía tiempo sin escribir por acá. No es la primera vez que los azares de la vida en Venezuela me obligan a hacer una pausa. Sospecho que tampoco será la última. Pero soy un hombre de hábitos. Siempre lo he sido. Como esta columna se acerca a sus diez años de vida, comprenderán quienes hoy la leen que dejarla del todo sería algo que me costaría mucho. No por razones monetarias, pues desde el principio la he escrito ad honorem. Más bien por el apego a un hábito más.

En fin, quienes me conocen saben muy bien que un objeto frecuente de mis críticas en años recientes es el grupo de ciudadanos, hoy muy reducido, que se identifica como “oposición” pero nada hace por oponerse efectivamente al statu quo. Precisamente porque ya casi no tiene ningún respaldo masivo y se ha reducido a la inanidad, me parece pertinente no dedicarle tanta atención a partir de ahora.

Entonces, hoy el reflector en este modesto teatro que regento se va a posar sobre una corriente de opinión política venezolana muy diferente. No está tan cohesionada como la otra. De hecho, no creo que responda a ningún tipo de intereses mancomunados. Sus miembros por lo general actúan en aislamiento el uno del otro y a veces hasta mantienen relaciones antagónicas. Pero sus discursos suelen apuntar a una misma dirección.

Lo que tienen en común es una pretensión de ser los únicos opositores genuinos. Todos los que no comulguen con su pensamiento son falsos adversarios de la elite gobernante. Especialmente se afincan en denunciar como tal a la dirigencia política que estuvo o está amalgamada en las distintas iteraciones de lo que alguna vez fue llamado “Mesa de la Unidad Democrática”. Eso incluye a la dirigencia actual, encabezada por María Corina Machado. Según estas narrativas, los ciudadanos comunes que la respaldan son cómplices de la mentira, o unos tontos que se la creen. La dirigencia, según ellos, secretamente está en contubernio con la elite gobernante y comparte los mismos beneficios que ella.

Para demostrarlo, señalan que la dirigencia opositora se ha empeñado en tratar (de nuevo, según ellos, falsamente) de conseguir el cambio político al que la inmensa mayoría de la población aspira por vías que la elite gobernante controla y que están diseñadas para garantizar la continuidad del statu quo. Sobre todo, las “elecciones”. Por poner el ejemplo relevante de actualidad, a Machado la señalan por haber encabezado una campaña presidencial luego de haber llamado a la abstención previamente.

Hay que admitir que las posiciones cambiantes de Machado y otros dirigentes sobre la disyuntiva entre participación y abstención puede prestarse para incoherencias. A mi juicio, la inconstancia del liderazgo opositor en la materia se debe a percepciones de oportunidad que han sido igualmente inconstantes. Es decir, cuando la dirigencia ha percibido que unas “elecciones” pueden servirle para lograr el cambio político, han tomado lo que consideraron como una oportunidad. Así fue con las parlamentarias de 2015 y las presidenciales del año pasado.

Estas decisiones fueron estimuladas por expectativas de que la elite gobernante se vería obligada a aceptar cualquier resultado. En ambos casos, ya sabemos qué pasó. La frustración en cada paso desplazó la expectativa a la siguiente elección de mayor trascendencia, hasta llegar a 2024. Por ser los presidenciales los comicios de mayor trascendencia en Venezuela, considero que desde el 28 de julio pasado se llegó al límite y ya no hay desplazamiento posible. Desde esa fecha, las masas dejaron de creer, irrevocablemente, que por esta vía la oposición podrá alcanzar sus objetivos. Quienes insistan en lo contrario no son considerados opositores, pero no solo por los señores sobre los que este artículo versa, sino por la población en general. Lo vimos con la reacción de las masas al llamado a “votar” en las últimas regionales y locales formulado por políticos como Henrique Capriles y Manuel Rosales.

Pero entonces, ¿por qué el público no le dio la espalda a Machado cuando hizo un llamado que ella misma había rechazado antes, en vista de que así lo estaban advirtiendo los autoproclamados gurús de la sola vera oppositio. La respuesta a esta pregunta explica también por qué estas damas y estos caballeros, en el mejor de los casos, tienen un fiel grupo de partidarios bastante ruidosos, pero muy minoritario como porcentaje de la población venezolana. No es falta de planteamientos alternativos. Atajo de inmediato cualquier pretensión de que me respondan con la burla del tan manido “¿Y tú qué propones?”.

Propuestas tienen. Lo que no tienen es la disposición de llevarlas a cabo. Por los riesgos que implica hacerlo. Entonces, si ellos mismos no están dispuestos a tomar la iniciativa, no sé cómo pretenden que otros lo hagan. Tengo por imperativo categórico no exigir a los demás que hagan lo que yo tampoco estoy dispuesto a hacer. Parafraseando a Jean-Luc Godard, “solo los que saltan al vacío tienen moral para cuestionar a quienes se quedan mirando”. Por eso puedo criticar a la dirigencia opositora por los que a mi juicio son sus errores y vicios, y lo hago. Pero no puedo repudiarlos por abstenerse de lo que yo también me abstengo. Conozco bien mis límites. No me enorgullezco de ellos, pero los admito como parte de mi identidad.

Pareciera que los susodichos señores no. Desde la comodidad de las salas de sus casas, repudian a la dirigencia opositora, y a veces a la sociedad venezolana entera, por no hacer algo que ellos tampoco hacen. Así no sirve. En política, no basta con proponer. Hay que actuar. Los demás solo se sentirán alentados a acompañar a quien propone si además lo ven tomar la iniciativa. No vale aducir que no se tiene aspiraciones a líder político. De todas formas, si propones, eres un actor político, con la aspiración natural de que tu propuesta sea acogida por la mayor cantidad posible de personas. Ese es el propósito de la política, según Hannah Arendt.

Tampoco es válido el pretexto “Es que yo sí sé lo que hay que hacer, pero no tengo los medios para concretarlo”. ¡Qué excusa tan patética y autoindulgente! Un ejemplo más de un concepto que ya ha sido invocado en esta columna. A saber, la “mala fe”, como la entendía Jean-Paul Sartre. Un autoengaño para negar las posibilidades propias. Si no tienes los medios, búscalos. Quienes lograron grandes cambios políticos no esperaron a que los medios les cayeran del cielo.

Ningún venezolano es especial por lamentarse por la suerte del país y porque las cosas no han salido como él quiere. Eso cualquiera lo hace. Ese venezolano, aunque pedantemente se crea exento, es otro miembro más de la dizque “sociedad de cómplices” que él mismo imaginó.

.@AAAD25

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Periodista Joan Camargo tiene más de 80 horas desaparecido

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Este domingo, 2 de noviembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista Joan Camargo continúa en desaparición forzada e incomunicado.

“Han pasado más de 84 horas desde que fue interceptado por hombres vestidos de negro en Cotiza. Hoy su familia interpuso un Hábeas Corpus, exigiendo que se determine su paradero y se garantice su integridad”, indicó el sindicato a través de su cuenta en X.

El reportero salió de su casa en el sector de Cotiza de Caracas pasada las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado.

Camargo maneja la fuente de sucesos y se le conoce por su trabajo en Noticias Todos Ahora, Televen y Monitor de Víctimas. 

De confirmarse la detención de Joan Camargo, el número de periodistas detenidos ascendería a 23, de acuerdo a las cifras manejadas por el SNTP.

Este sábado, los familiares de Camargo acudieron al Palacio de Justicia para entregar un hábeas corpus y a las 6:00 p.m. les indicaron que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos estaba cerrada.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Tres muertos dejó nuevo ataque de EE. UU. a narcolancha

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Un nuevo ataque de Estados Unidos a una presunta narcolancha, dejó tres personas fallecidas este sábado primero de noviembre, afirmó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Esta embarcación, como todas las demás, era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos”, dijo Hegseth en X. 

Expertos afirman que los ataques, que comenzaron a principios de septiembre, equivalen a ejecuciones extrajudiciales incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos. 

Estados Unidos ha desplegado barcos en el Caribe y ha enviado aviones de combate a Puerto Rico como parte de una amplia fuerza militar que Washington alega es para frenar el tráfico de drogas.

El Ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos quince ataques letales contra lanchas al parecer cargadas con drogas que han dejado, hasta el momento, un saldo de 61 muertos, desde el 2 de septiembre, con el argumento de combatir el narcotráfico. Los bombardeos, que luego se realizaron también en el Pacífico, han dejado tres sobrevivientes que se encuentra en Ecuador, Colombia y uno bajo custodia de México.

En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto de efectivos navales que se encuentran frente a Venezuela.

Desde Caracas Nicolás Maduro, informó que este fin de semana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se desplegará en los 5.336 circuitos comunales del país para evaluar el funcionamiento de las Unidades Comunales Milicianas, mientras califica de amenaza la movilización naval de Estados Unidos en el mar Caribe.

*Con información de DW y EP

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Represión y control ata de manos a sindicatos y gremios: ¿Cómo se lucha por los derechos laborales en Venezuela? 

Las protestas por los derechos laborales protagonizadas por dirigentes sindicales y trabajadores de distintos sectores, como la educación y la salud, son cada vez menos frecuentes en las calles en Venezuela, debido al contexto de elevada represión política, profundizada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Los derechos a un salario digno, buenas condiciones laborales, a la discusión de contrataciones colectivas, a la libre afiliación sindical, a la organización sindical y gremial y hasta el derecho a huelga, han sido conculcados en Venezuela, destacan voces del sector sindical que hablaron con La Hora de Venezuela.

Advierten que prácticas represivas, judiciales y administrativas del poder impiden actualmente movilizarse para reclamar y reconquistar tales derechos y facilitan el desmontaje de la estructura sindical y gremial del país, al igual que ocurrió con los partidos políticos, la mayoría intervenidos judicialmente e ilegalizados, lo que empuja más a un escenario de mayores restricciones como el de Nicaragua. 

Resaltaron: Siempre surgen nuevas formas de resistencia y, a diferencia del país centroamericano, Venezuela todavía posee una Constitución democrática que se debe reivindicar. 

Detenciones han neutralizado

“Desde que se profundizó la persecución de los dirigentes sindicales, gremiales y políticos del país, el movimiento sindical se ve neutralizado en estos momentos, lamentablemente. Nosotros los docentes, maestros, fuimos de la primera línea de acción de reclamos en el país durante años”, expresó la dirigente sindical del sector educación, Griselda Sánchez. 

Detalló que “desde 2015 hemos estado con protestas y movilizaciones en Venezuela por salarios justos, por una educación de calidad, por la reactivación del programa de alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes”.

Sánchez, presidenta de la ONG Fordisi para la formación del nuevo liderazgo sindical emergente y en especial en el sector de la educación, da cuenta de más de 10 educadores privados de libertad de manera arbitraria en el país. 

Es el caso de Robert Franco (55 años), profesor de Educación física y dirigente sindical, exsecretario general del Colegio de Profesores de Carúpano-Paria y vocero docente de la Coalición Sindical del Magisterio. Fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre, acusado de terrorismo y homicidio en grado de tentativa contra la persona del fiscal general Tareck William Saab.

Fue condenado de manera injusta a 30 años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades, según familiares y defensores de derechos humanos. 

La dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y representante formativa de Fordisi, Lourdes Villareal (59 años), fue interceptada por hombres armados no identificados al salir de su vivienda en La Pastora, Caracas, el 22 de mayo de 2025.

Familiares denuncian que la profesora dedicada a Teatro, Artes Escénicas y Castellano permanece desaparecida y que no tienen información sobre su situación legal. La docente solía asistir a protestas de calle del sector educativo para exigir salarios dignos, como la del 1 de mayo.

¿Escenario similar al nicaragüense?

“Prácticamente estamos en el escenario Nicaragua y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en un país que tiene una Constitución democrática. Tenemos más de tres años preparando elecciones sindicales y no se nos permite, los líderes sindicales estamos señalados y pensamos que debe haber una recomposición del movimiento sindical venezolano. No podemos seguir con esta política de muchas federaciones y pocos derechos para los trabajadores”, dijo Sánchez, que antiguamente lideraba el Sindicato de Maestros de Caracas. 

La detención más reciente es la de Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de Fetramagisterio, el 14 de agosto de 2025 en Turmero, estado Aragua. Se encuentra recluido y permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas. 

“Atados de pies y manos”

“Es un momento de reflujo, inmovilidad de fuerzas políticas y sociales que viene dado por la manera cómo la élite que ostenta el poder controla todo para imponerse como única fuerza. Uno de los elementos que más le resulta es la represión, especialmente luego del 28 de julio de 2024, traducida mayormente en allanamientos y desapariciones forzadas”, observa el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse. 

Hasta el 21 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) totalizó 1.074 presos políticos, entre los cuales han logrado identificar a 14 sindicalistas. Eusse, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), destacó que al igual que con otros sectores sociales y políticos, en el sector sindical también se mantiene la puerta giratoria contra dirigentes y trabajadores y quienes son excarcelados aún tienen medidas cautelares.

Entre los casos, Eusse cita las aprehensiones (11 de junio de 2023) de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azócar, imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot. Ambos estaban al frente de una protesta de unos mil trabajadores de Sidor para reclamar mejores condiciones laborales y salarios dignos.

Otro sidorista y dirigente sindical apresado, pero en enero de 2025, fue Juan Valor, luego de que publicara un video en redes sociales en el que llamó a los trabajadores a atender el llamado de María Corina Machado y salir a defender los resultados de las elecciones del 28 de julio. Fue acusado de los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.

El pico represivo también alcanzó a la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas,  Yanny González (22 de julio de 2025), y hasta el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería Capítulo Caroní del estado Bolívar, Maritza Moreno, Ángel Rivas. Moreno había formulado denuncias sobre las malas condiciones de los hospitales en Guayana.

“No soy partidario de compararnos con otras realidades como Nicaragua, Cuba e incluso con Estados Unidos, pero padecemos de toda una política autoritaria contra el movimiento sindical desde hace varios años, que lo hace estar atado de pies y manos. Ahora el gobierno usa las tensiones con EEUU para escalar en la represión interna, impedir que la gente reclame derechos humanos y laborales, nada justifica la arremetida antidemocrática”, fustigó el dirigente comunista. 

Leyenda: El dirigente del PCV, Pedro Eusse, señala que la represión sumado a maniobras judiciales y administrativas, le han servido al poder para “atar de pies y manos” al movimiento sindical y gremial

Control judicial y administrativo 

Además de la represión, Eusse alude a prácticas judiciales y administrativas por parte del poder para despojar a sindicatos y gremios, que no son afines al chavismo, de su legalidad, lo que les impide ejercer la representación de los trabajadores en reclamos y discusiones de contrataciones colectivas y convocar a huelgas de manera legal.  

Esta situación, subraya, va contra la libertad sindical establecida en el artículo 95  de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y contrataciones colectivas, suscritos por Venezuela.

Criticó que se use al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe organizar las elecciones sindicales como un arma para impedir dichos comicios, y rechazó además el control que asegura se ejerce a través del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a cargo del Ministerio del Trabajo. 

“Se estableció que los sindicatos en mora con las elecciones no pueden discutir contrataciones colectivas, con lo cual se le despoja de su cualidad de representación de los trabajadores. Asimismo, es casi un delito afiliarse a un sindicato que no sea patronal y a quien se afilie, las empresas públicas les ponen muchos obstáculos. Es toda una política de Estado para impedir el desarrollo de organizaciones sindicales no adeptas al oficialismo, lo que deja a los trabajadores en situación de indefensión”, recalcó. 

Alertó además que la “constituyente obrera” impulsada por el líder chavista, Nicolás Maduro – para “refundar el movimiento obrero nacional y adecuarlo al socialismo”- es la “culminación de una forma de liquidación del movimiento sindical autónomo en Venezuela”. 

A la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se le impuso la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores presidida por Wills Rangel, diputado del partido de gobierno Psuv y presidente, además, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Otros movimientos sindicales como el Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros, Gasíferos y Petroquímicos del Estado Falcón alzan su voz contra las inseguras condiciones laborales y las detenciones arbitrarias de trabajadores, pero su líder, Iván Freites, fue forzado al exilio por la persecución política. 

Eusse recordó que las maniobras judiciales también afectan a los partidos políticos. Una oleada de intervenciones judiciales se produjo en 2020, previo a las elecciones parlamentarias, contra partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Patria Para Todos, Tupamaro, Bandera Roja, entre otros, para imponerles directivas aliadas al gobierno y despojar a sus legítimas autoridades de las tarjetas electorales. El PCV fue afectado con la misma medida en 2023. 

“Los partidos y el movimiento sindical y gremial están en unas condiciones muy difíciles de funcionamiento. Los partidos pueden funcionar en la clandestinidad, pero los sindicatos deben poder actuar libremente para hacer asambleas, acompañar a trabajadores en su reclamos, visitar centros de trabajo y eso actualmente no es posible. Nada de lo que ocurre es ingenuo, es una política de Estado”, recalcó. 

¿Cómo se lucha entonces por los derechos? 

“Los dirigentes seguimos atentos y alertas de cara a la situación que agobia a los trabajadores del sector público del país, sin dejar de denunciar. Los líderes sindicales no nos hemos dejado de reunir a pesar de la fuerte persecución: más de 10 profesores presos en el país, uno condenado a 30 años. Esto neutraliza al sector, pero estamos atentos a las próximas acciones que podamos realizar aun en este contexto”, aseguró Sánchez. 

Realizan referendo consultivo para decidir hora 0 y paro indefinido

Leyenda: La dirigente sindical del sector educativo, Griselda Sánchez, asegura que pese a la persecución mantienen encuentros y reuniones para hallar nuevas formas de lucha

Sánchez señala que ya no se hacen ruedas de prensa para denunciar la situación del sector educativo, pero mantienen encuentros con maestros de las escuelas que también son defensores de los derechos laborales y humanos para atender sus reclamos.

Subraya que quienes permanecen en los colegios del sistema público son los pilares que sostienen la educación del país, a pesar de la terrible situación económica, social y política que se vive.

“Ellos siguen apostando a la educación, ahora bajo un plan de contingencia, ante la inexistencia de una política que permita  la recuperación de las clases presenciales diarias en el país  en los planteles públicos. Nos preocupa mucho la ausencia de respuestas satisfactorias para el sector, que esa situación se mantenga en el tiempo. Pero seguimos adelante”, agregó la dirigente. 

El 1 de mayo de 2025, cuando se cumplieron tres años sin que el Ejecutivo decrete aumento del salario mínimo, los trabajadores acompañados de líderes sindicales salieron a protestar en Caracas. La respuesta gubernamental fue impedir el avance de una marcha convocada desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto, con fuertes piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y posteriormente más detenciones como la de Lourdes Villarreal.

El llamado a la unidad y organización

Para Eusse, siempre habrá una forma, a través de la unidad y organización, de seguir luchando contra lo que llamó la desregularización laboral en Venezuela, traducido en la “desaplicación de las normas de derecho que protegían a los trabajadores”.

Esto es 90% de los ingresos de los trabajadores convertidos en bonos y un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a 0,50 centavos de dólar al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). 

“El gobierno sigue encontrando una resistencia importante entre los trabajadores de Guayana. En el PCV promovemos un acuerdo unitario de centrales sindicales, gremios, trabajadores activos, jubilados y pensionados, para encontrar nuevas formas de resistencia, que los trabajadores recuperen el activismo. No permitir que dividan a los trabajadores en chavistas y opositores porque todos somos afectados y luchamos por los mismos derechos. Siempre hay la posibilidad de organizarse y unirse”, insistió Eusse. 

La CUTV que lidera el dirigente comunista tiene previsto denunciar ante la OIT los “propósitos antisindicales de la constituyente obrera” anunciada por Maduro. 

Al 10 de julio de 2025, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social demuestra que no se ha dejado de protestar en Venezuela a pesar del contexto represivo, aunque se trata de convocatorias aisladas sin la fuerza de un movimiento nacional. La ONG registró 1.249 protestas durante el primer semestre del año, lo que representa una disminución de 48% con respecto a 2024, cuando totalizó 2.383 protestas.

De la cifra, 320 fueron protestas de trabajadores para exigir sueldos y pensiones dignas, “rechazando bonificaciones que debilitan conquistas salariales históricas y desconocen beneficios contractuales”, de acuerdo con la ONG.

Chavismo afina clima de censura y miedo con nuevas condenas por ‘odio’ y app de delación

Unas camisas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez siendo vandalizada, unos mensajes de WhatsApp para reclamar los retrasos en la entrega del gas. Estas razones llevaron a la cárcel a cuatro venezolanos por delitos de odio. En el mes de octubre fueron condenados a penas entre 10 y 15 años de prisión por tribunales estadales, en juicios rápidos y sin garantías de debido proceso. 

Al mismo tiempo, Nicolás Maduro pidió crear una aplicación para que la gente reporte «todo lo que ve, todo lo que oye» las 24 horas del día, donde la Fuerza Armada Nacional, las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral deben “participar”. Esto se transformó en la activación de módulos dentro del sistema VenApp, que nació inicialmente para el reporte de incidencias en comunidades, donde se incluyeron apartados como “terrorismo” u “observación de drones”, en medio de un despliegue del Ejército estadounidense en el Caribe y que el chavismo ve como una amenaza bélica. 

Expertas consultadas coinciden en que estas acciones, si bien separadas, contribuyen a agravar el clima de censura y temor impuesto por las autoridades luego de las elecciones presidenciales de 2024. La represión vía detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y aislamiento de detenidos completan ese “entramado” de mensajes que, de forma constante, envía el oficialismo para mantener a raya al “enemigo interno”. 

“Al mismo tiempo que vemos estas condenas vemos el relanzamiento de aplicaciones utilizada para la delación, que ya se habían aplicado en el contexto poselectoral de 2024. Ante una ley tan ambigua (Ley contra el Odio) la autoridad puede considerar que una persona cometió un delito por medio de esa denuncia anónima. Esto es un avance más, un paso más en todo lo referente a persecución política, criminalización de la disidencia, generar un clima de silencio y temor, la aplicación de una política de miedo”, señala Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. 

Tineo señala que el chavismo ha creado todo un “andamiaje” legislativo de “absoluta discrecionalidad” a través de la Asamblea Nacional y, en el caso de la Ley contra el Odio por la cuestionada constituyente de 2017, que además vulnera normas y garantías constitucionales. 

“Cuando lees las motivaciones dicen que se hacen con el ánimo de pacificar a Venezuela, pero es todo lo contrario porque pones a las comunidades en una situación donde unas señalan a otras de forma absolutamente irresponsable y luego el sistema de justicia avanza un proceso absolutamente inconstitucional contra algunas personas”, afirma. 

Esa persecución que no solamente alcanza a disidentes reales, señala Tineo, no permitirá “avanzar en un proceso de reconstrucción, superación del conflicto y la crisis. Todo lo contrario, se agudiza la crisis porque son más y más, y más las víctimas permanentemente y eso lógicamente crea una destrucción del tejido social”. 

Lexys Rendón, socióloga y directora del Laboratorio de Paz, señala que si en algo ha avanzado el Estado venezolano desde el año pasado, especialmente luego de las presidenciales, es sobre “un patrón sistemático generalizado de acción del Estado venezolano contra cualquier persona que disiente”. 

“Se persigue a la persona por lo que dice, por lo que piensa, por lo que expresa. No se considera el disentir, el criticar, como una forma de la civicus sino como enemigo interno, como una persona que es sospechosa de traición, de estar conspirando para quebrantar el orden”, destaca.

La socióloga puntualiza que la razón última de esta “política de Estado” es que “no haya disidencia”. 

¿Cómo se ha ido logrando? Por medio de una persecución “que causa terror en la población”, comenta Rendón. “Es discrecional, tiene afectaciones en la integridad física, emocional y en la libertad de las personas muy amplia… La gente tiene miedo de opinar, tiene miedo de decir cosas que la pongan en el foco de una represalia tan horrenda como puede ser 10 años de prisión o estar en un limbo en una cárcel, y esto ha sido intencional. Ha sido una respuesta y ha ido avanzando. Ahí es donde estas aplicaciones tienen la finalidad de control social”.

Apretando el control social

Las elecciones de 2024 trajeron consigo un despliegue rápido y continuo para sofocar los focos de protesta en reclamo al “fraude”. Más de 2.200 detenciones, incluyendo adolescentes, bajo acusaciones de terrorismo, conspiración u odio centralizados en tribunales antiterrorismo en Caracas. Imposición de defensa pública, aislamiento en prisiones de “máxima seguridad” o en condiciones que podrían considerarse de tratos crueles, inhumanos o degradantes, además de la negativa de asistencia médica, han marcado a los presos poselectorales. 

En paralelo, el chavismo ha arrestado a cuentagotas pero de manera sistemática a militantes, dirigentes políticos, aliados en estructuras electorales, defensores de derechos humanos y periodistas. Asimismo, se han preparado leyes para debilitar a las organizaciones de la sociedad civil y se prepara una reforma constitucional que, según ha dicho el chavismo, busca afianzar el “Estado comunal”. 

“El control que establece el Estado, a partir del 28 de julio de 2024 para acá, ha ido en avance para limitar la capacidad no solamente organizativa sino de libertad de expresión e información. Por eso vimos periodistas, como Nakary (Ramos)… Por eso vimos la detención de economistas que en un momento empezaron a decir el precio real del dólar en un mercado paralelo que existe”, expone la directora del Laboratorio de Paz.

Afirma además que “todo el mundo sabe que en este momento no existe Estado de derecho en Venezuela y cualquier cosa que puedas decir te pone en un foco, como un target, de represalias, vigilancia y control”.

Leyenda: Maduro ordenó reactivar el módulo de denuncias vecinales en la aplicación de VenApp (Archivo)

Esto es justamente lo que la administración Maduro quiere, insiste la socióloga. “Si puedes controlar lo que la gente dice adentro, por lo menos en el control interno de quienes permanecen en el país, la verdad no se sabe. La verdad es la verdad del Estado, todo lo que se salga de ahí va a ser apresado, va a ser condenado, sometido a desaparición forzada”. 

La socióloga recuerda las palabras del ministro Diosdado Cabello sobre un ‘estado de sospecha’. “Estamos en un estado de sospecha cuando se habló del estado de conmoción, y es la política donde la persona es culpable y sospechosa antes de ser inocente y un ciudadano que ejerce sus derechos”. 

Considera que este “estado de miedo, control y censura” es uno de los estadios más graves dentro de un autoritarismo. “Si existiera la posibilidad de que esto se revirtiera, dirías que hay Estado de derecho, hay formas de juzgar a las personas que cometieron estos actos… pero cuando eso es una política de Estado, un patrón, una orden, un acuerdo de Estado que no goza de legitimidad, va a ir incrementándose, no va a haber un retroceso”.

Los condenados por ‘odio’

Durante 2025 se han registrado varias condenas por delitos de odio. El pasado 25 de febrero, el juez Luis Ovalles emitió una sentencia de 15 años contra el activista de Encuentro Ciudadano Nelson Piñero, detenido desde noviembre de 2023. 

Leyenda: Nelson Piñero permanece en la cárcel de Tocorón acusado bajo la Ley del Odio (Archivo La Hora de Venezuela)

Dos meses después se ratificó la medida en su contra por expresar sus opiniones a través de redes sociales. Se mantiene bajo arresto en la cárcel de Tocorón.

Marcos Palma Martínez fue condenado en septiembre a 15 años de prisión. El hombre fue detenido el 6 de enero por enviar un audio de WhatsApp donde reclamaba el retraso en la entrega de bombonas de gas doméstico en su comunidad y advertía sobre una posible protesta en la carretera vieja Caracas–Los Teques.

El pasado 17 de julio se conoció que Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen fueron condenadas a 10 años de prisión por incitación al odio. ¿La razón? Fueron aprehendidas por funcionarios de la PNB con unas camisas estampadas con una foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez. 

Ambas jóvenes afirman que fueron contratadas bajo un encargo falso para luego levantarles el expediente. 12 de esos funcionarios están presos actualmente por la fuga de un exalcalde en Táchira.

Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años, fue condenada a 10 años de prisión por incitación al odio, tras emitir un comentario crítico sobre el gobierno en una conversación privada por WhatsApp. La sentencia se emitió el 1 de octubre, mismo día que fue trasladada al Centro Penitenciario Femenino de Los Teques -ciudad donde tenía residencia-, luego de estar recluida en un comando policial en El Valle (Caracas) desde julio.  

Randal Glendysmar Telles Peña, de 22 años, fue condenada el pasado 14 de octubre a 15 años de prisión por incitación al odio por un video sobre el gobierno nacional creado con Inteligencia Artificial. La madre denunció que un experto comprobó en el juicio que Telles no fue la autora o encargada de subir el material audiovisual a redes sociales como TikTok.

Leyenda: Randall Telles es uno de los casos de condenas por compartir un video hecho por un tercero (Cortesia TikTok)

Lexys Rendón apunta que los tribunales estadales donde se procesaron a estas personas, a diferencia de las juridiscciones penales contra el terrorismo, “avanzan con un poco más de celeridad”. 

Considera que, en el caso de los tribunales contra el terrorismo, “como tienen una constitución, digamos, más política, tienen algunas otras consideraciones”. 

La abogada Martha Tineo recuerda que la llamada Ley contra el Odio es un instrumento penal “en blanco”, pues no aclara a que se refiere o cómo se define odio a los fines de su aplicación. “Es una ley ambigua, que otorga una absoluta discrecionalidad y arbitrariedad alarmante a los jueces de la República al momento de aplicarla”. 

Indica que actualmente hay muchos casos en juicio por la aplicación de esta ley, que contempla penas entre los 10 y 20 años de prisión, tan solo por comentarios en redes de mensajeria como Whatsapp. 

“No solamente censura y criminaliza derechos que son fundamentales, sino que entendemos que su aplicación también tiende a eso que denominamos castigos ejemplarizantes, es decir, que el resto de la sociedad que vemos este tipo de abusos nos contengamos de expresarnos, de emitir nuestra opinión libremente porque hay un silencio colectivo desde el momento que empezamos a ver que quienes se expresen pacíficamente pueden ser condenados”, reafirma la coordinadora de JEP. 

ESPECIAL | Nepotismo en Venezuela: las castas chavistas que concentran poder y privilegios

Desde la llegada del chavismo al poder en 1999, el nepotismo es moneda corriente en el Estado venezolano. Esa ruta de impunidad se revela en casos como el ascenso meteórico de Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, quien acumuló más de veinte cargos públicos en poco más de una década —incluyendo subtesorero nacional y director en PDVSA y BANDES— hasta ser señalado como uno de sus principales testaferros. O también en los recientes nombramientos directos de parientes de Diosdado Cabello en áreas sensibles del Ministerio de Interior, Justicia y Paz tras las elecciones de 2025. 

Hace una década, una red de 24 familias vinculadas al PSUV tenía presencia en todos los poderes públicos. Hoy, el número se ha reducido drásticamente. Pero esta investigación de Runrun.es muestra que al menos siete familias han asegurado su presencia en los organismos e instituciones del Estado, repartiéndose cargos y nombramientos. Cuatro de estos clanes han aumentado su poder y concentración de plazas.

En este reportaje especial de Runrun.es se expone cómo el nepotismo es casi una norma en la administración pública venezolana, mientras un poder inmenso se acumula en menos familias que nunca. 

Luego de una extensa revisión de Gacetas Oficiales y artículos de prensa desde enero de 2013 hasta agosto de 2025 se pudo precisar cómo las castas lideradas por la pareja presidencial y Cabello han desplazado incluso a otros clanes históricos del PSUV, un claro ejemplo de cómo la falta de meritocracia y la impunidad se han apoderado de la función pública. Por medio de gráficos explicativos, esta investigación detalla una tradición corrupta que sigue intacta.

Lee “Nepotismo en Venezuela: las castas chavistas que concentran poder y privilegios” aquí.

Nepotismo en Venezuela. Banderas de los clanes que tienen el poder

Hace 15 meses que Luis Rondón dejó sin terminar su partida de videojuegos

A Luis Oscar Rondón le cambió la vida el 29 de julio de 2024. Aunque sabía que la calle Conejeros, municipio Mariño, en la Isla de Margarita estaba convulsa por los resultados electorales, su conciencia estaba tranquila: no pudo votar porque su cédula de identidad estaba en proceso de renovación.

Aquella tarde, Luis Oscar amparado en el dicho popular de “el que nada debe, nada teme”, salió a una cauchera muy cercana a su casa para conectarse a una red de Wi-Fi libre y distraerse con su hobby favorito: jugar videojuegos en su teléfono celular. 

Más temprano, Elimar Barreto, hermana de Luis Oscar, sostuvo una conversación con él en la que le decía que era mejor que no saliera de la casa, pese a la advertencia, Luis decidió salir  y reunirse con sus amigos para jugar.

“Mi hermano es un muchacho. Tiene 22 años, trabaja como  mecánico en un taller, pero él no anda pendiente de más nada sino de trabajar y jugar con su teléfono. Es muy noble, trabajador y tranquilo”, dijo Barreto sobre el menor de sus hermanos.

El viacrucis de la detención

Luis Oscar estaba con sus amigos muy cerca de su casa cuando llegaron varios hombres vestidos de negro pertenecientes a la Policía Nacional Bolivaria (PNB) y los detuvieron. Cuenta Elimar que muchos se salvaron porque dijeron que eran menores de edad. “Aunque mi hermano podía decir que era menor de edad por su carita de niño, prefirió decir la verdad”. 

A Luis Oscar lo pasearon por varios centros de detención. Primero se lo llevaron al Hotel Venetur, donde está la estatua de Hugo Chávez y quisieron implicarlo a él y a todos los que iban recogiendo en la vía de alteración al orden público, pero un fiscal no admitió la acusación. 

Luego de eso se lo llevaron a una comandancia en Los Cocos. Allí estuvo agachado y con la camisa por encima de su cabeza durante varias horas. Elimar se enteró de que su hermano estaba detenido gracias a un amigo PNB que le mandó un mensaje. 

“Mira, tu hermano está detenido acá en Los Cocos, no ha hecho nada malo, pero acá lo tienen detenido, para que sepas”, le dijo el PNB. 

Elimar se fue a buscarlo, intentó llamarlo muchas veces a su celular a ver si por casualidad contestaba, pero ya le habían quitado su teléfono, sus zapatos y otras pertenencias. Comentó que pudo verlo dos semanas después, gracias a la buena voluntad de algunos policías que le permitieron llevarle comida. 

“Cuando lo vi estaba con la misma ropa, sucio, olía muy mal y tenía mucha hambre. Durante el mes que estuvo detenido en Margarita yo le hacía llegar la comida, pero el 30 de agosto -de 2024-  todo cambió porque se lo llevaron a Tocorón”, explicó Elimar. 

Mientras estuvo detenido en la isla, Elimar Barreto se puso en contacto con un abogado para intentar sacar a su hermano de la cárcel. Ella no tenía conocimiento de que a los detenidos en el contexto postelectoral les estaban negando la defensa privada. Bajo engaños y falsas promesas, fue víctima de una estafa que le costó mucho dinero. 

De la isla a Tocorón

A Elimar y Luis Oscar la vida les cambió por completo. Ellos que desde siempre habían sido muy unidos, ahora están separados por  más de 600 kilómetros entre mar y tierra.

Para visitar a Luis Oscar, Elimar Barreto debe invertir al menos tres días. El trayecto comienza con cuatro horas de ferry desde Margarita hasta Puerto La Cruz. Desde allí, tiene que tomar un autobús hacia Maracay, lo que le lleva unas seis o siete horas. Finalmente, debe tomar otro carro para llegar al Centro Penitenciario de Tocorón, otra media hora más. El costo estimado para esta travesía tiene un precio de más de 60 dólares, sin incluir comidas o snacks. 

Desde que a Luis Oscar lo trasladaron a Tocorón, Elimar no ha podido visitarlo. Ella es el único sustento económico de él y de su madre, una adulta mayor que necesita de muchos cuidados, porque padece cáncer. 

Elimar sufre en silencio porque a pesar de que no ha podido verlo, está al tanto de todas las penurias que ha vivido su hermano en los 15 meses que lleva detenido por motivos políticos. 

“Cuando yo le dije que yo no podría visitarlo, él me dijo,’ hermanita, vea, usted luche desde allá por los dos, que yo lucho desde aquí por salir con bien’. Y eso es lo que me da mucho valor y me da la fuerza para hacer cosas como rifas y cualquier actividad que me genere dinero para yo poder enviarle las cosas que necesita”, expresó Elimar. 

Luis Oscar Rondón está acusado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria y alteración del orden público. Desde su detención, su estado de salud se ha visto deteriorado. 

“Ha llegado a tener hasta siete forúnculos en una misma zona del cuerpo, en los testículos, axilas, nalgas y en el abdomen. Su cuerpo ha estado inmovil durante varios días por la debilidad y padece de migrañas,  producto de un accidente de tránsito que sufrió cuando era más pequeño”, detalló Elimar. 

Desde Tocorón, Luis Oscar tiene derecho a una llamada telefónica a la semana que puede durar entre cuatro y cinco minutos. No más. Siempre que habla con su hermana se muestra sereno y optimista de que en cualquier momento va a salir de la cárcel y va a retomar su vida junto a su mamá. 

Elimar comentó que el jefe de Luis Oscar siempre pregunta por él y le aseguró que cuando lo liberen,k tiene las puertas abiertas en su taller mecánico porque sabe que es inocente y no cometió ningún delito. 

Solidaridad entre rejas

Elimar insistió en que su hermano es un “chamo tan noble” que no merece nada de lo que está pasando. Admira su gallardía y fortaleza ante la situación, pues es uno de los pocos detenidos que no recibe visitas de sus familiares. Sin embargo, ella no se amilana y desde la isla hace hasta lo imposible para demostrarle a su hermano que, aunque lejos, está muy presente. 

En medio de tanta distancia, Elizabeth González, madre de Eliander Santaella quien también está detenido desde agosto de 2024 por tener un meme de Nicolás Maduro en su celular, se ha convertido en el canal que mantiene vivo el vínculo entre Luis y Elimar. 

Eliander y Luis comparten celda. Pero desde afuera, Elizabeth es quien se encarga de recibir el dinero que envía Elimar y comprarle los artículos de aseo personal y otras cosas que necesite Luis Oscar. 

Elizabeth González también le ha colaborado a Elimar llevando documentos y planillas a instituciones del Estado para pedir la liberación del margariteño. 

“Ella conmigo y con mi hermano ha sido una increíble persona, de esas que no preguntan si tengo, solo me ayuda y ya, así ella tampoco tenga. Yo valoro más de lo que ella imagina todo lo que ha hecho, es una luz en el camino de nuestras vidas”, dijo Elimar sobre González. 

Elimar Barrero comentó que hay otra señora que también la ayuda con las comidas de su hermano. “Los días viernes ella cocina y va y entrega las viandas con su nombre y los custodios se la entregan, de esa manera es que he podido estar pendiente de mi hermano, porque no puedo viajar hasta allá y mi hermano es tan noble que él lo entiende y nunca me lo ha reclamado”, dijo. 

A Luis Oscar en dos oportunidades lo han ilusionado con su liberación. En diciembre de 2024 le aseguraron que en pocos días estaría en la calle y no fue así. Meses después, hasta  le mostraron su boleta de excarcelación, pero sin fecha, y luego nunca más le dieron respuestas. 

Elimar exige que liberen a su hermano y que le devuelvan la alegría a su mamá, quien por su avanzada edad, asegura que lo ve en todas partes y sale a buscarlo a la calle. 

“Quiero que le den la oportunidad a mi hermano de retomar su vida. Es un joven que apenas está comenzando a vivir. Solo pido la libertad que injustamente le robaron”, finalizó expresando Elimar Barreto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.