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Ni en Tumeremo saben dónde queda la gobernación del estado Guayana Esequiba

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“No sé ni dónde queda la gobernación (de Guayana Esequiba) ni cómo trabajan”, es lo primero que responde vía telefónica Yudith Mata, de 45 años de edad y residente de Tumeremo, cuando se le pregunta por el estado de la Guayana Esequiba.

A poco más de cinco meses de las cuestionadas elecciones regionales y parlamentarias, el Consejo Legislativo de la Guayana Esequiba sigue sin delimitar bien el territorio del estado número 24, creado en respuesta a la controversia territorial con Guyana por el Esequibo. A falta de tal delimitación, no se incluyó en los comicios municipales el 27 de julio para elegir uno o varios alcaldes.

A los candidatos a la gobernación, previo a la votación del 25 de mayo, se les indicó que el territorio del nuevo estado estaba conformado por el municipio Gran Sabana, la mitad de Delta Amacuro, el Dorado (parroquia Dalla Costa), kilómetro 88, San Juan de Venamo (parroquia San Isidro) y Tumeremo que es capital del municipio Sifontes como sede administrativa de la jefatura regional, más el territorio en disputa con Guyana. 

Pero solo los habitantes de Dalla Costa y San Isidro pudieron votar por el gobernador de la Guayana Esequiba, así como votaron por el gobernador de Bolívar. Aun así, el nuevo mandatario regional despacha desde Tumeremo. Esto, mientras Venezuela recupera la zona en reclamación, en una disputa territorial que lleva un siglo.

Las limitaciones con las que trabaja el gobernador de la Guayana Esequiba, almirante Neil Villamizar (Psuv), no son sólo territoriales, también son de recursos y de “conflicto de intereses” que implica la multiplicidad de autoridades en el estado Bolívar; esto sin dejar de mencionar que Venezuela no ha avanzado en el reclamo de su soberanía en el Esequibo mientras Guyana parece actuar a sus anchas sobre el territorio. 

“No sé ni dónde queda la gobernación (Guayana Esequiba) ni cómo trabajan. La gobernadora (de Bolívar) presta apoyo hasta el Callao y aquí no llega, me imagino porque está Neil Villamizar. Allá (la gobernadora) sí ha metido la mano, pero nosotros votamos para la gobernación de Bolívar. Espero que las cosas cambien, hay muchas necesidades y cosas por corregir”, expresó Yudith Mata, de 45 años, habitante de Tumeremo desde hace tres décadas.

Su testimonio ofrecido vía llamada telefónica es muestra de la confusión que todavía existe sobre dicha estructura de gobierno, su propósito y alcance.

¿Quién gobierna en la Guayana Esequiba?

“La situación actual en la Guayana Esequiba la considero en un franco estancamiento en lo relacionado con  la expectativa que se creó con las elecciones: no hay avances en cuanto al espacio territorial, no se sabe cuál es el espacio geográfico que comprende  el nuevo estado, sus límites geográficos con el estado Bolívar, con el estado Delta Amacuro, con Guyana, con Brasil no están definidos”, advirtió Alexis Duarte, excandidato de Un Nuevo Tiempo (UNT) a la gobernación del nuevo estado.

Al ser consultada sobre qué autoridad regional hace presencia en Tumeremo, Yudith Mata menciona al gobernador Neil Villamizar, pero aclara que no es visto con frecuencia. La última vez que lo vio por la localidad, dijo, fue hace dos semanas para hacer entrega de una ambulacia al hospital tipo I, José Gregorio Hernández. También, acotó, dotó al Centro Diagnostico Integral (CDI) de Tumeremo. 

“Entregó una sola ambulancia. Pero el hospital tiene muchas necesidades, se queda sin luz con los cortes eléctricos porque no tiene combustible para la planta eléctrica. Nada está normal en Tumeremo. Hay un alcalde aquí, el estado Bolívar ahora tiene dos gobernadores, pero nada que se solucionan los problemas”, lamentó.

Confesó que la situación sigue siendo confusa desde las elecciones porque la actual gobernadora  de Bolívar, Yulisbeth García, no hace presencia desde entonces en el municipio, a pesar de que hubo votaciones por la jefatura regional del estado y en cambio no se eligió al gobernador de la Guayana Esequiba.

Del alcalde de Sifontes, Vicente Rojas, Mata manifestó que solo se ve junto a Villamizar cuando hay actos políticos o culturales y que no se aprecia un trabajo conjunto.

Muchas autoridades y los mismos problemas

Duarte, también excandidato a la Alcaldía de Sifontes en los comicios del 27 de julio, señaló que mientras se mantiene la ambigüedad territorial y de competencias persiste la crisis de energía en el estado Bolívar que atribuye al funcionamiento de 6.000 molinos de procesamientos de oro, conectadas al sistema eléctrico nacional y la anarquía en la distribución y precios de la gasolina y el gas. 

“Muchos aparatos se queman porque a diario hay por lo menos dos apagones que pueden durar horas – comenta Mata- también hay mucha especulación con el gas; lo mínimo que se paga por una bombona pequeña son 50 dólares y los sueldos no alcanzan. Si se compra el gas ¿y la comida? En los comercios, lo que  cobran por los productos varía según el tipo de pago; si pagas en bolívares es a tasa euro, si pagas en dólares es otro precio y en oro también y nadie hace nada”. 

Por agua potable también deben pagar los habitantes de Tumeremo, hasta 60 dólares por tanque, porque el suministro es irregular y la sequía puede extenderse hasta 15 o 20 días. Otros problemas que aquejan a la población de la capital de Sifontes, agregó la lugareña Mata, son la falta de insumos y equipos en los centros de salud y el mal estado de las calles. 

Duarte apunta que una bombona de gas grande puede alcanzar un valor de 200 dólares en la calle y que el litro de gasolina cuesta al público 650 bolívares que equivalen a 3,5 dólares en Tumeremo. Así como no hay sobre el gas, denunció, tampoco lo hay sobre la venta de combustible ni el agua, mientras la población carece de recursos para costearlos.

Alertó que la gobernación de la Guayana Esequiba está huérfana de recursos y requiere de mayor apoyo financiero del Ejecutivo Nacional o que le den autonomía para recaudarlos. Una forma, indicó, es la creación de estaciones de peajes para camiones y gandolas, cuya recaudación serviría para reparar vías, asfaltar calles y generar empleos. 

En declaraciones a un portal digital identificado con el oficialismo, este 5 de noviembre, Villamizar defendió su gestión en el nuevo estado y aseguró que se ha dedicado en poco más de cinco meses a la atención (jornadas médicas y de cedulación, mayormente) de la población de Guayana, especialmente a las comunidades indígenas y mineras. 

“Nos hemos dedicado a la instalación de las propias instituciones en el estado Guayana Esequiba, tanto en su capital administrativa, Tumeremo, como en las distintas zonas de acción. Estamos por crear una empresa de gas que gestione la distribución oportuna y a precio justo en toda esa faja o zona de influencia de nuestra Guayana Esequiba. También la atención en cuanto a combustible”, expresó. 

Leyenda: Canal de Telegram de la gobernación de la Guayana Esequiba

Por ejemplo, el pasado 21 de octubre se realizó un operativo denominado “ruta de identificación”, a nombre de la gobernación de la Guayana Esequiba en conjunto con el Saime, en el sector Las Claritas (Km 88), con alcance de más de 2.500 personas en cinco días. Posteriormente, el 24 de octubre, se anunció la construcción de viviendas indígenas en el municipio Gran Sabana. El 27 de octubre, el gobernador Villamizar entregó una ambulancia al Hospital Dr. José Gregorio Hernández en Tumeremo

El almirante que se mueve entre Tumeremo y otras zonas “de influencia” más allá de las dos parroquias que lo eligieron (Della Costa y San Isidro del municipio Sifontes) habló incluso de discusiones sobre cómo manejar la existencia de distintas monedas en la región con el oro y el dólar, pero con el fortalecimiento, aseguró, del uso del bolívar, además de ahondar en la presencia bancaria. 

“Estamos cumpliendo con el mandato constitucional y del pueblo, del 3 de diciembre, cuando ordenó (referendo del 3 de diciembre de 2023) crear el estado Guayana Esequiba. Acercar los poderes a nuestro territorio, en ejercicio pleno de la acción del estado nacional sobre el regional, sobre nuestra Guayana Esequiba”, agregó el almirante. 

Por esta época también se anunció la creación de las dos primeras comunas indígenas en el municipio Gran Sabana, catalogado como “línea de influencia” del territorio Guayana Esequiba, aunque fue dejado fuera a la hora de escoger al gobernador como ocurrió con Tumeremo.

La figura del nuevo estado, aunque casi simbólica, no quedó por fuera de la instalación de los capítulos regionales del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instancia que dirige la Asamblea Nacional para promover consenso y unidad frente a la amenaza militar de Estados Unidos.

“Se adelantan políticas en materia de salud mediante jornadas médicas asistenciales, el gobernador logró reparar una ambulancia vieja que estaba en el taller. Pero estamos hablando de la capital de la Guayana Esequiba, Tumeremo, la capital del oro, deberíamos tener ambulancias de último modelo. Creo que el principal problema que existe es el choque de dos gobernaciones en un mismo territorio, Bolívar que al parecer termina en el Callao, pero se ven resultados tangibles con el asfaltado, el gas y el agua”, replicó Duarte. 

Recientemente, el líder chavista Nicolás Maduro designó padrinos para cada uno de los estados, a pesar de que el Psuv controla 23 de 24 gobernaciones, incluyendo al estado Guayana Esequiba. El ministro de Minería, Héctor Silva, será el padrino tanto de Bolívar como de la nueva entidad. 

Para Duarte, la designación del padrino complejiza aún más la multiplicidad de autoridades que controlan la región. Advirtió que además de Silva y Villamizar que dicen atender a las comunidades mineras, está el mayor general Rodolfo Marco Torres, presidente de la Corporación Venezolana de Minería y quien tiene bajo su control y responsabilidad todas las actividades mineras de la región. 

Le añade al alcalde de Sifontes de quien, afirmó, “tiene el control absoluto al estilo de un capataz de finca, de todos los funcionarios públicos del eje minero”.

“Existe una sobrepoblación incalculable de personas que han llegado de otros estados y otros países en la búsqueda del oro. No hay censo poblacional, no se sabe cuánto somos; se dice que hay más de 10.000 motos circulando en un día solo en Tumeremo y el Dorado”, acotó Duarte.

Para Mata, la promesa de darle prioridad a la parte sur del estado Bolivar, desde Sifontes, como capital, a la gran Sabana, con la creación del nuevo estado, quedó solo en palabras. También duda de que los habitantes del Esequibo, que aseguró, tienen los mismos problemas, estén siendo atendidos como se les ofreció.  

“El invasor” sí avanza 

El pasado 11 de agosto, la representación del Estado venezolano entregó a  la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 50 tomos con los alegatos  de Venezuela sobre los derechos sobre el territorio Esequibo y las pruebas que demuestran la titularidad de la zona en disputa con Guyana desde hace más de 100 años. 

Entonces, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien encabeza el grupo, advirtió que seguían sin reconocer la jurisdicción de la CIJ para dirimir la controversia territorial y que no acatará ninguna sentencia que afecte los intereses de Venezuela. Así culminó la parte escrita de la fase de fondo del juicio para luego entrar en la fase oral.  

Duarte también advirtió que mientras el gobernador de la Guayana Esequiba no ha puesto un pie en la zona en reclamación para evitar un incidente internacional, Guyana sí ha avanzado en cuanto a explotación de recursos y obras. 

“Guyana ha explotado oro, diamante, petróleo, madera y otros recursos minerales de nuestra Guayana Esequiba, aun cuando en el Laudo de París hubo un compromiso de preservar los recursos hasta esperar una decisión. No se debían construir obras en cemento, ni permanentes, ni hacer carreteras y en la actualidad Guyana construye con respaldo económico de Brasil y China una carretera de más de 450 kilómetros desde el estado de Roraima, en Brasil, hasta llegar al océano Atlántico, partiendo en dos al Esequibo y causando un daño patrimonial histórico al que Venezuela debe hacerle frente con hechos contundentes”, fustigó el político y abogado.

El internacionalista, Kenneth Ramírez, recordó que el gobierno de Guyana ha usado el referendo consultivo de 2023 y la elección del gobernador de la Guayana Esequiba para “victimizarse” en el ámbito internacional y señalar una agresión por parte de Venezuela.

Advirtió que si bien la premisa es falsa, la ilegitimidad de la administración de Maduro y su posición de desconocer la falta de jurisdicción de la CIJ no contribuyen a posicionar la razón que tiene el país en su reclamo sobre el Esequibo.

“Así, Guyana ha logrado fortalecer sus apoyos, con declaraciones diplomáticas favorables de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), la Comunidad del Caribe (CARICOM), EEUU, Reino Unido y Francia. También hemos visto, un aumento de la cooperación militar, con visita de buques y funcionarios militares, la realización de ejercicios militares conjuntos, hasta la venta de armas de EEUU, Reino Unido y Francia a Guyana”, subrayó.

Ramírez, quien es presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (Covri), apuntó que, además de la carretera que menciona Duarte, se iniciaron en agosto pasado las operaciones del cuarto gran buque flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) denominado “One Guyana” en el bloque Stabroek –que se extiende hacia áreas marinas y submarinas por delimitar – con una capacidad de 250 mil barriles diarios de petróleo equivalente y es operado por la empresa ExxonMobil, al tener la mayor participación en el citado bloque con 45%.

“Aunque las notas de protestas diplomáticas venezolanas son importantes, se requieren acciones políticas y legales más efectivas tendientes a detener esta explotación petrolera ilegal y lesiva a nuestros intereses nacionales. Al respecto, debe considerarse ahora también la nueva presencia de Chevron en el bloque Stabroek tras su reciente adquisición de Hess -30%-, así como la presencia de la empresa china CNOOC con 25%”, alertó.

Insistió en que con la creación del nuevo estado Guayana Esequiba la administración de Maduro no solo género un impacto negativo a lo externo.

A lo interno, sostuvo, se buscó efectismo para descolocar a las fuerzas democráticas ante el tema (dilema de apoyar o no) y ocultar políticamente y de cara a las Fuerzas Armadas, tanto los errores diplomáticos que hicieron posible que nuestra reclamación territorial llegase a la CIJ, como los reveses que implicaron las sentencias de la Corte sobre jurisdicción en 2020 y sobre admisibilidad de 2023, con un equipo jurídico liderado por la abogada penalista, no experta en Derecho Internacional, Elsie Rosales. El juicio en la CIJ, recalcó, sigue avanzando inexorable.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Alerta en El Rodeo: Denuncian castigos, aislamiento y maltratos contra presos políticos

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Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos políticos han encendido las alarmas sobre un grave deterioro de las condiciones de reclusión en la cárcel de El Rodeo I. Denuncian un patrón de castigos, aislamiento y tortura contra los detenidos.

La organización Familia SOS Libertad calificó la situación como “insostenible” y un “grito de auxilio”. En un comunicado, detallaron que varios detenidos están siendo sometidos a condiciones inhumanas: “Castigados sin la posibilidad de recibir visitas, sin acceso a paquetería, desnudos y esposados”.

La ONG denunció que esta “cruel realidad que viven diariamente es una forma de tortura que atenta contra su dignidad y derechos fundamentales“, y acusó a los funcionarios de implementar “medidas que deshumanizan a las personas, tratándolas como objetos en lugar de seres humanos”.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) respaldó estas denuncias e informó que han recibido reportes de familiares que expresan “profunda preocupación por situaciones de castigo, suspensión de visitas, aislamiento y maltrato hacia algunos de los detenidos, incluyendo golpes, restricción de alimentos y trato humillante”.

Verónica Noya de Sequea, esposa del Capitán Antonio Sequea, confirmó en un mensaje en la red social X que su esposo es uno de los afectados. “Denunciamos castigos, aislamiento y maltrato a presos políticos en El Rodeo. Entre ellos, está el capitán Antonio Sequea. Exigimos respeto a su vida, integridad y dignidad. Basta de abusos”.

Estas denuncias se suman a las reiteradas advertencias de organismos internacionales sobre las condiciones de detención en Venezuela. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) ha documentado en múltiples informes el uso sistemático de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros de detención del país, señalando patrones de aislamiento severo, golpizas y negación de atención médica y alimentos como métodos de castigo.

Informes de la Misión han identificado específicamente a El Rodeo 1 como uno de los centros donde las condiciones de reclusión pueden constituir tratos crueles. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido en repetidas ocasiones al Estado venezolano que ponga fin a la incomunicación y garantice la integridad de las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Ante los nuevos reportes, Justicia, Encuentro y Perdón hizo “un llamado urgente a las autoridades para que garanticen la integridad física, la vida y la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y para que cesen todas las prácticas que puedan poner en riesgo su seguridad y derechos”.

Instaron igualmente a que se tomen medidas inmediatas “que garanticen condiciones seguras y humanas en los centros de reclusión, y reafirmamos que la vida, la integridad y la dignidad de cada persona deben ser siempre respetadas”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Padres del defensor Eduardo Torres piden que sea liberado a seis meses de su detención

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El abogado defensor de derechos humanos de Provea, Eduardo Torres, cumplirá este 9 de noviembre seis meses detenido. Sus padres difundieron un video en redes sociales para exigir su libertad.

“Lleva injustamente privado de libertad seis meses, igual que cientos de venezolanos más. Hay que señalar que nosotros los venezolanos tenemos una Constitución que expresa claramente que somos un país soberano, libre y democrático. Sin libertad no hay democracia. Y también la Carta Magna reza que todo venezolano debe defenderla. Defenderla no es delito, eso es lo que ha hecho Eduardo Torres y toda esa gente que está detenida es eso”, expresó su padre Juan Torres.

“Defender derechos humanos, defender la Constitución no es ningún delito, así que le exigimos a los que hoy controlan las leyes y el poder libertad plena para Eduardo Torres y los que están en su misma condición”, reclamó.

Cinco meses incomunicado

Torres era uno de los defensores que acompañaba a familiares de víctimas de desaparición forzada a introducir los habeas corpus en los tribunales. Fue visto por última vez el viernes 9 de mayo, luego de salir de una reunión en Parque Central alrededor de las 4 de la tarde. En esa ocasión se comunicó con su esposa por teléfono y le dijo que iba rumbo a su casa. 

Previo a las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo de este año, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que Torres habia sido detenido por su presunta vinculación con un supuesto plan para generar violencia en el marco de esos comicios.  

Al defensor de derechos humanos le imputaron los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir y lo mantuvieron en situación de incomunicación total hasta el pasado 9 de octubre, cuando pudo recibir la primera visita de su familia. 

De acuerdo a Provea, Torres se encuentra recluido en la cárcel de Yare II en el estado Miranda. En agosto de 2025, Las relatorías sobre Libertad de Expresión, Personas Defensoras, Independencia Judicial y Libertad de Asociación, así como los grupos de trabajo ONU sobre Detenciones Arbitrarias y Desaparición Forzada, denunciaron en un comunicado conjunto la violación de derechos fundamentales de Eduardo Torres. La audiencia preliminar del defensor también ha sido suspendida en tres oportunidades.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón consideró que su detención, basada en imputaciones de delitos como conspiración, terrorismo y traición a la patria, “se enmarca en un patrón de acusaciones desproporcionadas y sin las debidas garantías judiciales, dirigido contra activistas, defensores y abogados comprometidos con la justicia”, lo que denuncian, genera una afectación “física y emocional del detenido y su familia, la incertidumbre prolongada ante la falta de respuestas judiciales, y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia”.

Destacan también que “la suspensión injustificada de audiencias y la falta de información oficial constituyen claros ejemplos de denegación de justicia” y de vulneración del derecho al debido proceso.

Según el último balance de Foro Penal, publicado este 8 de noviembre, en Venezuela hay 884 presos políticos. 767 son hombres, 117 mujeres y 4 adolescentes.

Defiende Venezuela denuncia las dinámicas de represión estatal en el último trimestre

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La situación de derechos humanos en Venezuela entró en un período “alarmante de recrudecimiento” en los meses posteriores al proceso electoral del 28 de julio de 2024. Un informe reciente de la organización Defiende Venezuela, que abarca el trimestre de agosto a octubre de 2025, documenta cómo las dinámicas de represión selectiva no solo continúan, sino que se han sofisticado y extendido, alcanzando ahora a los círculos familiares de los activistas.

El informe destaca la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta o media duración, acompañadas de violaciones al debido proceso. Sin embargo, la organización resalta con “creciente preocupación” la intensificación de una modalidad conocida como Sippenhaft.

Esta práctica, definida como “detener y desaparecer a familiares de activistas para ejercer presión, intimidación o castigo colectivo”, se ha vuelto más frecuente. El informe señala que esta dinámica represiva “se ha extendido, ahora con más frecuencia, a los familiares más cercanos de la víctima”.

Defiende Venezuela reporta casos documentados entre agosto y octubre de 2025 contra familiares del defensor Pedro Hernández, del preso político Antonio Sequea, del ciudadano Miguel Guillén (percibido como colaborador de la oposición) y de la coordinadora regional de Vente Venezuela, Nereida Loyo.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) ya había advertido sobre esta modalidad en informes previos, y ha señalado que esta práctica represiva es utilizada por las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado “para atraer a opositores, reales o percibidos, cuando quieren detenerlos o inclusive como modalidad de tortura” .

El patrón observado en los últimos meses refleja una escalada alarmante: “No solo son objeto de persecución los defensores de derechos humanos y opositores, sino también sus familiares directos, incluyendo menores de edad”.

Este reporte trimestral también indica que, como “evidencia del control político del aparato de justicia y de la administración
que el gobierno hace de la represión”, se sigue observando procesos cíclicos de liberación y detención de nuevas personas víctimas de la represión política, “con una especial incidencia de activistas políticos de oposición o personas percibidas
como oponentes políticos del gobierno”.

La maquinaria represiva se actualiza

Defiende Venezuela destacó en su reporte que este incremento en la persecución familiar se complementa con la reactivación de herramientas de control social y la creación de nuevos marcos legales para justificar la represión.

El 22 de septiembre de 2025, la Misión de la ONU presentó una actualización que cuantifica el impacto de la “maquinaria represiva” en el contexto postelectoral. El informe señaló un “aumento de las detenciones arbitrarias, las cuales ascendieron a 2220” en el marco de las protestas, calificándolo como “el período más crítico en la historia reciente”.

Asimismo, denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado el uso de la aplicación VenApp. Aunque fue creada en 2022 para reportar fallas de servicios públicos, el informe denuncia que tras las elecciones de 2024, “el gobierno reorientó el uso de la app hacia la vigilancia social”.

Esta plataforma permite ahora que civiles o “patriotas cooperantes” denuncien a quienes protestan o manifiestan descontento. El 22 de octubre de 2025, Maduro instó a ampliar su uso para que “el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz”. Esta política, según el informe, ha generado “miles de detenciones arbitrarias de opositores, reales o percibidos”.

Finalmente, el 30 de septiembre de 2025, se materializó el decreto de un “estado de conmoción”. Organizaciones y analistas advierten que esta medida, amparada en el artículo 338 de la Constitución, “puede habilitar restricciones severas a libertades ciudadanas” , como la restricción de tránsito y manifestación, y “consolidar aún más el autoritarismo estatal en nombre de la seguridad nacional”.

El informe de Defiende Venezuela concluye que estos eventos evidencian el “control político del aparato de justicia” y la “utilización del encarcelamiento político como herramienta de represión” , en un patrón sostenido que viola las obligaciones internacionales del Estado.

¿Cómo han actuado las instancias internacionales de protección?

El informe también resume la actuación de los mecanismos internacionales de protección, de justicia y de rendición de cuentas respecto a Venezuela durante los últimos tres meses. Entre ellas, menciona la a declaratoria de jurisdicción de la Corte CIDH sobre Venezuela, la consecuente reafirmación de competencia por parte de la CIDH, acompañada de una solicitud de visita in loco, y el más reciente informe de la Misión Internacional de Establecimiento de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos, enfocado en el contexto reciente de violencia postelectoral.

Sobre este último reporte, enfatizan que la Misión también recalcó la “maquinaria represiva perpetrada por organismos de seguridad del Estado venezolano”· en un patrón que señaló como “sostenido y ejecutado en combinación de diferentes métodos, con un especial auge en los momentos de mayor tensión política”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Yeyito App, entre los ganadores del Presupuesto Participativo para Emprendedores de Banesco

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Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos– dio a conocer los nombres de los tres emprendimientos que recibirán el capital semilla asignado a través del Presupuesto Participativo para Emprendedores, que se llevó a cabo por cuarto año consecutivo. 

La convocatoria de 2025 se extendió a nivel nacional desde el 19 de agosto hasta el 21 de septiembre. Cada uno de los tres ganadores recibirá un capital semilla no reembolsable de 400 000 bolívares, destinados a materializar un proyecto específico o invertir en mejoras que contribuyan con la rentabilidad de su microempresa.

Para esta edición, se recibieron 179 postulaciones de emprendedores capacitados por el Programa de Formación de Microempresarios de Banesco, de las regiones Centro – Capital; Oriental – Guayana – Los Llanos; y Región Occidental – Los Andes. De este grupo de emprendimientos postulados, 108 avanzaron a la segunda fase de presentación de sus planes de negocio. 

La selección de los ganadores se realizó durante los días 29, 30 y 31 de octubre. Los participantes presentaron sus propuestas, detallaron sus objetivos, estrategias y planes de proyección con el uso del capital semilla, seguidos de una ronda de preguntas por parte del resto de los participantes Banesco y FundAcción Social, aliado educativo para el Programa de Formación de Microempresarios de Banesco. 

Al finalizar cada sesión, el proceso de selección se realizó a través de una votación conjunta a través de la cual, los emprendedores preseleccionados de cada región emitieron un voto individual destinado al emprendimiento, que de acuerdo a su criterio debía recibir el aporte. A esta votación se sumó un voto de Banesco y un voto de FundAcción Social, para garantizar un proceso transparente y participativo.

Emprendimientos ganadores por Región

Región Capital y Central / Yeyito App

Yeyito App es una plataforma que surge de la necesidad de conectar personas mayores con sus familias y empresas a través de actividades, productos y servicios diseñados para su bienestar físico, emocional y social. Así mismo podría atender los períodos del duelo, la soledad y el abandono. El capital semilla será utilizado para fortalecer su comunidad digital con inteligencia artificial y expandir sus actividades presenciales a ciudades como Valencia y Margarita.

Acerca del logro, Génesis Recine, cofundadora de Yeyito App comentó: “Es bastante emocionante, no solo por el premio en metálico, sino porque sentimos que es una gran oportunidad para que las personas conozcan más sobre la economía plateada.” A su vez, Isabel Huerta, también cofundadora agregó: “Este premio no es solo para Yeyito, sino para cada una de las personas mayores que forman parte de nuestra comunidad y que gracias a esto, están rompiendo con esa soledad que tiene muchísimas consecuencias en la salud.”

Región Occidental y Los Andes/ Agua PurAdelfina

Agua PurAdelfina es un negocio familiar cuyo propósito fundamental es suministrar agua de calidad a una población carente de este servicio en el municipio Bolívar, Estado Trujillo. Contribuye directamente con la salud pública y con la mejora de la calidad de vida local. El proyecto consiste en una planta purificadora que funciona mediante etapas de captación, desinfección, filtración y envasado, y así garantizar agua segura para el consumo humano.

Región Oriental, Guayana y Los Llanos/ Arabian’s 7

Con cinco años de trayectoria en la ciudad de Puerto Ordaz, Arabian’s 7 se dedica a la producción, fabricación y comercialización de auténticos pasapalos árabes congelados, como kibbes y falafels, ofreciendo a la clientela la comodidad de disfrutar una experiencia gastronómica genuina en sus hogares.

“Estamos muy felices y profundamente agradecidos por este reconocimiento. Queremos felicitar a todos los emprendimientos participantes, cuyas propuestas demuestran que existen ideas increíbles y un inmenso potencial en Venezuela para surgir y seguir adelante. Este premio es el resultado de un esfuerzo constante y representa una gran iniciativa para seguir creciendo. Agradecemos sinceramente a Banesco y al equipo de formadores por esta gran oportunidad.” comentó Andrea Leites, representante de Arabian’s 7, al momento de conocer los resultados de la votación. 

El Presupuesto Participativo para Emprendedores es una iniciativa que reafirma el compromiso de Banesco con la inclusión financiera y la formación de microempresarios, en beneficio de una economía diversificada y de apoyo al desarrollo social. 

Sobre Banesco

Desde el año 1998 Banesco mantiene una Política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad que promueve la educación y la salud de los venezolanos de la mano de sus socios y aliados sociales, así como el mayor bienestar de sus trabajadores. Sus Informes de Sostenibilidad  son revisados desde 2008 por el Global Reporting Initiative (GRI)  que recoge las mejores prácticas en la elaboración de estos reportes, de acuerdo a estándares internacionales. Banesco es firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2009 y signatario de los WEPs ONU Mujeres desde 2022.

Los derechos de Yenny Barrios fueron vulnerados hasta su muerte

Yenny Barrios murió esperando. Sus últimos días transcurrieron en una lucha por sobrevivir y una súplica que fue ignorada por el sistema de justicia venezolano: ver por última vez a su hijo, Diego Sierralta, también preso político.

La expresa política, líder social de Carora (estado Lara) y activista de Voluntad Popular, falleció a los 52 años sin poder recibir el abrazo de Diego, pese a que múltiples organizaciones clamaron por una medida humanitaria para que su hijo pudiera verla. Pero el Estado impidió el último encuentro.

El 9 de septiembre de 2024, Barrios fue detenida de forma arbitraria por funcionarios de seguridad que irrumpieron en su casa. Habían pasado apenas 17 días desde que había sido operada de un linfoma no hodking. La señalaron de supuestamente participar en actos vandálicos contra la sede del PSUV en Carora en el contexto de las protestas poselectorales de 2024. Fue acusada de “terrorismo” e “instigación al odio” y estuvo recluida primero en la Estación Policial Municipal Torres al Centro de Detención Pata ‘e Palo en Barquisimeto. Todo esto ocurrió a pesar de que su hijo aseguró varias veces públicamente que ella ni siquiera votó en los comicios del 28 de julio de 2024 por lo afectada que estaba su salud.

Yenny Barrios pasó 93 días detenida. Durante ese tiempo, su tratamiento fue interrumpido y su salud se agravó, a pesar de las constantes denuncias de su hijo porque pudiera recibir la quimioterapia que necesitaba inmediatamente después de la operación. Sus condiciones de reclusión nunca fueron óptimas: compartía una celda de 4×2 metros con otras 18 mujeres y en los primeros días, por falta de espacio, debió dormir en el piso, a pesar de estar recién operada.

Aunado a eso, en los primeros días, no le permitieron recibir atención médica para sus heridas operatorias. Luego de la insistencia de sus familiares, el director del centro accedió tanto a esta petición, como a que pudiera iniciar el ciclo de sus quimioterapias, aunque con más de dos meses de retraso.

Todas estas limitaciones para el acceso oportuno a su tratamiento estuvieron de espaldas al Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la salud es un “derecho social fundamental” y que es obligación del Estado, “que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. La misma Carta Magna, en su Artículo 272, exige al Estado garantizar en los centros penitenciarios el respeto a los derechos humanos de quienes están en prisión, lo cual incluye la salud.

Cabe recordar también que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que el Estado es responsable de la salud de los reclusos, quienes deben gozar de la misma calidad de atención que el resto de la población (Regla 24) y también ordena que los reclusos que requieran tratamiento especializado (como ameritan patologías como el cáncer) sean trasladados a “instituciones especializadas o a hospitales civiles” (Regla 27). Mantenerla en cárceles como Uribana o en el Centro Pata e’ Palo violó esta última regla.

Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, insistió en una entrevista a NTN24 en la crueldad de la situación a la que fue prolongadamente sometida Barrios.

“En los últimos días de noviembre de 2024 y primeros días de diciembre de ese año le hicieron las quimioterapias por las que su hijo clamaba. Pero le hacían las quimioterapias y la regresaban a la cárcel”, recordó con indignación.

Justo después de ese segundo ciclo de quimioterapias -a principios de diciembre de 2024- en lugar de recibir una medida humanitaria inmediata por la debilidad que estas le causaban, a Barrios la trasladaron a la cárcel de Uribana junto a otras siete presas políticas. No fue sino hasta avanzado ese mes que la activista social fue excarcelada a raíz de las insistentes denuncias de su hijo sobre su situación de salud.

El segundo golpe: la detención de su hijo

Mientras Yenny estuvo presa, su hijo Diego Sierralta denunció incansablemente la vulneración a los derechos de su madre. Él era su único soporte familiar y de cuidado, y también la cara visible de la exigencia de justicia para ella. Pero el 22 de enero de 2025, a mes y medio de la excarcelación de Yenny, Diego corrió la misma suerte que Barrios y fue detenido arbitrariamente.

La razón de su detención evidencia la desesperación de las familias de los pacientes en Venezuela. Según Tamara Sujú, Diego necesitaba un medicamento para Yenny y no tenía dinero para comprarlo. Por eso, recurrió a un grupo de WhatsApp en donde pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) intercambiaban medicinas para ofrecer unos parches para el dolor a cambio de lo que su madre necesitaba. Pero la represión en Venezuela tampoco respeta este tipo de espacios.

“Una doctora que estaba en ese chat para espiar y extorsionar a los que intercambian desesperadamente medicinas para sobrevivir se hizo pasar por una persona interesada en esos parches, mandó a una persona a buscarlos y, en ese momento, lo detienen y lo acusan de asociación para delinquir por tratar de cambiar dos parches”, narró Tamara Sujú.

Con Diego preso en el Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo, en Barquisimeto, la salud de Yenny se siguió deteriorando. Su único cuidador ya no estaba disponible para asistirla, le hacía falta también ese soporte emocional. En sus últimos días, amigos, familiares y activistas pidieron una medida urgente para que Diego pudiera acompañarla. No hubo ninguna respuesta de las autoridades. La paciente oncológica llegó a necesitar diálisis, pero solo sobrevivió a tres.

“Él era su único hijo, ella pedía ver a su hijo. Sentía que iba a morir y decía que lo único que quería ver a su hijo. Este caso es cruel, es una familia destruida, un hijo preso, una madre que muere esperando ver a su hijo después de ser presa política”, expresó Sujú.

Encerrado en el dolor

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue enfática al señalar a Runrun.es la ilegalidad de la reclusión de Yenny: “Ella jamás debió estar presa en esas condiciones, nuestro ordenamiento jurídico deja muy claro que, en esas condiciones, la privativa de libertad debe ser sustituida por otra medida“.

La organización advirtió que los meses en prisión no solo paralizaron su tratamiento, sino que “agravaron su enfermedad por las condiciones de reclusión”. A eso se sumó la detención de su hijo, que la dejó en una vulnerabilidad total.

“No es irresponsable sostener que la vida, la salud, y la dignidad de ella fue vulnerada en todas las formas y sin piedad“, afirman. Sobre Diego, la ONG sentenció: “Literalmente, está encerrado el dolor”.

Por su parte, Provea recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución No. 2/25, estableció recientemente que la ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento “ocasiona que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono”.

La ONG insistió en que la negativa de las autoridades a responder la “medida urgente” solicitada por familiares y activistas para que Diego pudiera acompañar a su madre en sus últimos días podría considerarse como un “acto de trato cruel, inhumano y degradante”.

El Observatorio de Prisiones lamentó el caso y rechazó el trato que recibió esta familia por parte del Estado. “Estos hechos tan lamentables no pueden seguir ocurriendo y no deben ser olvidados. Es por ello que este caso lo hemos documentado y será enviando a instancias internacionales. ¡Habrá justicia!”, aseguraron.

Presos políticos en vulnerabilidad extrema

De acuerdo con los datos compartidos por Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 90 casos exhaustivamente documentados de presos políticos con criterios de gravedad y urgencia, cuyas patologías van desde cáncer, respiratorias, cardiacas, gástricas, entre otras que ameritan atención médica y cuidados que solo fuera de la prisión pueden recibir.

Entre ellos se encuentran al menos cuatro adolescentes, 26 personas de la tercera edad, cuatro personas dentro del espectro autista y más de 160 mujeres que sufren un impacto diferenciado en prisión.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Negociar el exilio: la diáspora venezolana como actor político y económico

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Vivir lejos de Venezuela ha dejado de ser una simple circunstancia para convertirse en una posición política. El exilio venezolano, tan diverso como extendido, ha transformado a millones de personas en interlocutores del país que dejaron atrás: sujetos que negocian con la patria desde la distancia. Esa negociación no es explícita ni uniforme; se manifiesta en remesas, inversiones, activismo, denuncias, intentos de retorno, debates sobre la reconstrucción o en la obstinación cotidiana de quienes, aun fuera, siguen pensando el país.

La diáspora ha dejado de ser un paréntesis en la historia nacional para convertirse en uno de sus protagonistas. En ese proceso se redefine el sentido mismo de la venezolanidad y de la ciudadanía: ya no se trata de habitar un territorio, sino de participar —desde donde se esté— en la suerte del colectivo.

Cada año, millones de transferencias cruzan fronteras invisibles. Se calcula que las remesas enviadas a Venezuela alcanzaron en 2024 unos 3800 millones de dólares, alrededor del 3,7 % del PIB. No son solo cifras económicas: detrás de cada envío hay un pacto íntimo, una forma de sostener el vínculo con los que se quedaron, una manera de resistir a la disolución del sentido de pertenencia. Pero también una contradicción: la remesa que alimenta, que paga la medicina o el estudio de un hijo, sustituye la función que el Estado abandonó. Es una ciudadanía que se ejerce a través del dinero y de la responsabilidad moral, no mediante el voto o la representación. El emigrante se convierte así en proveedor y sostén, pero no necesariamente en participante de las decisiones que afectan al país que mantiene. En el fondo, la diáspora subsidia la crisis, aunque todavía no logra transformar sus causas.

Aun así, el exilio genera un poder nuevo. Según el Fondo Monetario Internacional, la migración venezolana podría incrementar entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales el PIB de países receptores como Colombia, Perú, Ecuador o Chile, si logra integrarse plenamente. Ese aporte convierte al emigrante en agente económico de doble frontera: contribuye allá y sostiene acá. No es casual que algunos sectores de esos países vean en la migración venezolana una oportunidad de crecimiento, mientras Venezuela —paradójicamente— carece aún de una política clara hacia su diáspora. La relación, por tanto, se mantiene informal, afectiva, dispersa. La ciudadanía se ejerce por vías no institucionales: en la solidaridad, la cooperación entre connacionales, la creación de fundaciones o medios de comunicación, la denuncia, la participación en redes sociales o la inversión familiar que mantiene viva la economía local.

Pero el exilio no es solo un flujo económico: es también una esfera política en expansión. Desde distintas capitales del mundo, la diáspora venezolana ha fundado medios, organizaciones de derechos humanos, redes de ayuda e iniciativas culturales y políticas. En ellas se gestan formas alternativas de ciudadanía: activismo digital, campañas internacionales, misiones de observación electoral, denuncias ante organismos multilaterales. Sin embargo, este activismo enfrenta límites y riesgos. En algunos casos, los exiliados han sido perseguidos incluso fuera del país, como ocurrió recientemente en Bogotá con el atentado contra Luis Peche, recordándonos que la represión puede trascender las fronteras. El exilio político venezolano se convierte así en una extensión del conflicto interno, donde la voz del emigrante sigue incomodando al poder que lo expulsó.

La negociación del exilio es, entonces, múltiple. Por un lado, económica: remesas, inversiones, consumo familiar, retorno de capital humano. Por otro, política: activismo, presión internacional, generación de discursos, defensa de derechos. Pero también emocional y simbólica: el deseo de retorno, la culpa del que se fue, la nostalgia convertida en compromiso. Esa red compleja de vínculos ha creado una ciudadanía extendida que desafía el concepto tradicional del ciudadano residente. El venezolano de la diáspora no es extranjero en su país ni plenamente ciudadano en su lugar de acogida: habita un territorio intermedio donde la pertenencia se vuelve negociable, un ejercicio constante de mediación entre memoria y acción.

En ese proceso, el país de origen también negocia. Se beneficia de los envíos, de las redes internacionales, de las voces que denuncian, pero no reconoce plenamente a esos ciudadanos. No existen marcos legales que garanticen un voto exterior eficiente, ni incentivos seguros para invertir, ni mecanismos formales de participación política desde el exilio. El Estado venezolano, secuestrado por una organización del crimen transnacional llamada revolución, en lugar de ver en la diáspora una fuerza viva, la percibe como una fuga o una amenaza. Así, la negociación entre el emigrante y su país ocurre en condiciones de asimetría: la diáspora envía y sostiene, pero el Estado responde con silencio o indiferencia institucional.

Esa ausencia de política hacia el exilio no impide que existan espacios de construcción. En distintas ciudades del mundo, los venezolanos han impulsado proyectos que vinculan remesas con emprendimientos productivos, inversiones colectivas, campañas humanitarias o iniciativas culturales. En algunos casos, la diáspora actúa como mediadora entre actores internacionales y comunidades locales. Son pequeñas diplomacias ciudadanas que sustituyen a la diplomacia oficial. De hecho, muchos de los puentes humanitarios que han llegado a Venezuela en los últimos años se gestionaron desde redes de exiliados y migrantes. La diáspora, sin pretenderlo, ha creado su propio aparato de Estado paralelo: más ágil, más empático y más creíble que el institucional.

La pregunta que emerge es profunda: ¿qué significa ser ciudadano de un país que ya no se habita, pero al que se sigue perteneciendo? La ciudadanía venezolana, atravesada por el desarraigo, parece hoy menos una condición jurídica y más una práctica social. Se ejerce al enviar dinero, al denunciar, al escribir, al emprender, al invertir, al educar, al recordar. Pero también al decidir no callar. La diáspora ha mantenido vivo el debate público, ha preservado la memoria política y ha proyectado al mundo la dimensión humana de la tragedia venezolana. En ese sentido, la distancia se ha convertido en un instrumento de resistencia. La ciudadanía, así entendida, ya no se define por la residencia, sino por la participación activa en esa comunidad imaginada que llamamos Venezuela.

Negociar el exilio no consiste solo en sobrevivir fuera del país, sino en redefinir los términos de nuestra relación con él. Significa exigir derechos, proponer políticas, crear canales de participación, demandar transparencia y, sobre todo, asumir que el futuro nacional depende tanto de quienes se quedaron como de quienes están fuera. El retorno físico, por sí solo, no resolverá la fractura; lo que se necesita es un retorno cívico: la reconstrucción de la confianza, de las instituciones y de la noción misma de comunidad. El país debe reconocer a su diáspora como un actor estratégico de reconstrucción, y no como una suma de ausentes nostálgicos. Mientras no se asuma esa dimensión política y económica del exilio, Venezuela seguirá incompleta.

El exilio venezolano no ha terminado; apenas ha cambiado de forma. Desde sus nuevas geografías, millones de ciudadanos siguen haciendo política sin Estado, economía sin país, patria sin territorio. Su negociación con Venezuela es continua y silenciosa, pero decisiva. La diáspora ya no pregunta cuándo volverá, sino cómo puede participar hoy. En esa pregunta está la semilla de una nueva ciudadanía: transnacional, crítica, solidaria y, sobre todo, profundamente venezolana.

  • @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

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Octubre represivo: de la protesta a la persecución quirúrgica

El mes de octubre se consolidó como el más represivo en lo que va de 2025. Aunado a las tácticas utilizadas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 -detenciones arbitrarias y el silenciamiento de voces críticas- el gobierno de Nicolás Maduro ha refinado su estrategia de opresión para desarticular a la oposición.

El Comité Nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que al menos 54 personas fueron detenidas arbitrariamente en octubre, lo que equivale a una detención cada 15 horas.

El comité precisó que de los 54 detenidos en el mes de octubre, 24 forman parte del partido político Vente Venezuela (liderado por María Corina Machado), 8 pertenecen a otros partidos de oposición, 14 son civiles y los otros 8 fueron liberados.

El último balance de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) publicado el 28 de octubre, contabilizó 875 detenidos por motivos políticos, 83 de ellos son extranjeros, cuatro son adolescentes y se desconoce el paradero de 61.

El recrudecimiento de la represión en Venezuela “ha evolucionado”, según Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV). Para él, actualmente la represión no se centra en contener las protestas sino en “desarticular a la oposición de raíz y destruir la voluntad individual”.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, en octubre se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura. 

En lo que va de 2025, la ONG ha documentado un total de 192 violaciones a la libertad de expresión, principalmente intimidaciones (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25).

“Asedio quirúrgico”

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela  explicó que en enero de 2025 el secuestro masivo de disidentes era lo más implementado, pero nueve meses después, se consolidaron dos asedios “brutales” para terminar de fragmentar a la disidencia. 

El primero es la consolidación del método Sipenhaft -práctica usada en la Alemania nazi para encarcelar y hostigar a familiares de perseguidos políticos- como una política de Estado para “inducir la autocensura masiva mediante una ‘ingeniería del miedo’ para implosionar a la disidencia desde adentro”. 

El segundo asedio que expone Moreno es que ahora las detenciones provienen de investigación e inteligencia. “El régimen está usando su aparato social y de seguridad para desarticular la mente crítica del país, no sólo para dispersar protestas”, afirmó. 

Orlando Moreno enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro está atacando directamente a los pilares de la disidencia organizada. Puntualizó que actualmente el partido Vente Venezuela tiene 144 presos políticos -entre miembros, activistas y sociedad civil- una cifra mayor en comparación con otros partidos políticos como Voluntad Popular (25) y Primera Justicia (15).

Vigilancia y despojo

A las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, censura y autocensura en medios de comunicación y redes sociales, campañas de criminalización y obstáculos graves para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión, se le suman la vigilancia y la amenaza del despojo de la nacionalidad. 

En octubre también se consolidaron dos nuevas herramientas represivas que evidencian que el gobierno ha dado un paso al frente en la profundización y extensión de los patrones de violación a los derechos humanos.

Orlando Moreno explicó que el factor de desaparición forzada -que ha sido una constante en el período poselectoral- ahora se combina con un secuestro “focalizado y premeditado”, producto de la inteligencia táctica que aplican y del apoyo que ofrecen los miembros de los consejos comunales mediante la aplicación VenApp para reportar “todo lo que ven, todo lo que oyen”.

Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista, señaló que la delación a través de la VenApp y el anuncio del retiro de la nacionalidad a líderes políticos y sociales representan “una gran novedad” y un avance en la escalada represiva. 

El atentado a tiros en contra de los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá el pasado 13 de octubre, confirma que la represión no conoce fronteras. “Hay un cambio estructural en el modelo de dominación que impacta directamente en los patrones de violación de derechos humanos”, concluyó Uzcátegui.

Recientemente, el número dos del chavismo, Diosdado cabello, anunció la creación de los “comités bolivarianos de base integral”.

Explicó que dichos comités busca fortalecer el trabajo político, ideológico y de defensa de la revolución en cada calle y que su misión principal es “enfrentar cualquier situación de amenaza, garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la patria”.

Añadió que se sustituirán los jefes de calles por direcciones colectivas, compuestas por al menos nueve militantes elegidos por los vecinos.

Cabello sumó que los comités bolivarianos son los que van a permitir pasar de consultas populares “a la defensa integral de la nación. El que quiera entender que entienda, se lo digo a quienes quieren vender esta patria”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.