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Violencia contra la mujer: denunciar en redes es un síntoma de falta de justicia

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Hace un mes, 13 mujeres -nueve de ellas periodistas- revelaron en una cuenta de Instagram el patrón de manipulación, violencia psicológica y sexual ejercido desde el año 2016 por un fotógrafo conocido como “el fotonarcisista”.  El nombre de la persona no fue revelado. Se precisó que estaba actualmente en el exilio y que ejerció más de seis tipos de violencia de género contra sus parejas en más de cuatro países. 

Un par de semanas después, una comunicadora social expuso también en Instagram cómo fue víctima de acoso laboral y sexual -comentarios inapropiados– por parte de un exjefe de prensa del equipo de béisbol local Leones del Caracas. Aunque inicialmente había optado por contar la experiencia sin identificarlo, asegura que tanto el señalado como quienes lo apoyan intentaron desprestigiarla y utilizar el hecho de que ella acudía al psiquiatra para invalidar su denuncia.

“Si no me pudieron escuchar en su momento, lo mínimo que espero es que no traten de atropellarme. No quería hacer un show más grande, pero me están obligando, porque a mí nadie me va a llamar loca, ni mentirosa”, expresó Caylin Miliani, tras relatar que ella se quejó formalmente ante quienes podían tomar cartas en el asunto en varias oportunidades. Y la respuesta que recibió fue que el mundo deportivo “era así”, que se tenía que “acostumbrar”  y que las mujeres “son unas dramáticas”. 

Ambos casos, distintos en forma, pero unidos por el hilo de la violencia contra la mujer,  reactivaron un debate que no es nuevo ni en el mundo, ni Venezuela: ¿Por qué la sociedad aún responde cuestionando el tiempo, las formas o el silencio previo? ¿Por qué tantas víctimas recurren a las redes sociales antes que a las instituciones en estos casos? 

El estallido del “Me Too” venezolano en 2021 ya había mostrado que la violencia basada en género atraviesa todas las capas sociales. En aquel momento se denunciaron músicos, escritores, fotógrafos, actores y perfiles con poder simbólico. Pero cuatro años después, las historias siguen repitiéndose. Y la vulnerabilidad de la mujer ante un sistema que no la protege no ha variado. De acuerdo con el más reciente reporte de Utopix, una mujer es asesinada cada 55 horas en Venezuela.  Otras organizaciones estiman que 70% de las víctimas de violencia psicológica o sexual tardan meses o años en denunciar, si es que denuncian.

En el marco de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es importante profundizar en por qué el miedo, el estigma y la ineficacia institucional siguen siendo factores determinantes para que las mujeres alcen la voz en búsqueda de justicia en espacios como las redes sociales.  Y, sobre todo, reflexionar en una tarea pendiente: ¿cómo evitar revictimizar a quienes se atreven a hablar?

El silencio como supervivencia

El caso del “fotonarcisista” expuso un modus operandi complejo: gaslighting, mentiras compulsivas, aprovechamiento económico y laboral, manipulación para no usar preservativos, contagios de enfermedades de transmisión sexual, grabación de videos íntimos sin consentimiento y archivo de videos íntimos con consentimiento revocado. 

La reacción social ante estas denuncias suele dividirse entre la solidaridad y varias preguntas que revictimizan: “¿Por qué no hablaron antes”? , “¿por qué no revelan la identidad del agresor?”. 

En una de las publicaciones de la cuenta en Instagram para denunciar el caso, las afectadas tuvieron que explicar por qué no revelaban el nombre y apellido del agresor, como repetidamente les pedían: “Tenemos derecho a elegir qué y cómo contar lo que sufrimos.  No decimos su nombre porque nos sentimos en riesgo al hacerlo, y porque no siempre las víctimas y sobrevivientes tienen que poner el pellejo para todo (…) No lo hacemos por falta de verdad, sino por temor a  represalias, hostigamiento y daño emocional. Necesitamos que nuestra comunidad nos ayude a decir lo que nosotras no podemos: ya sea su nombre y apellido o sus historias y sus mentiras que todavía no conocemos”.

Andreina Montilla, psicóloga especialista en violencia basada en género, utiliza una metáfora para explicar el impacto psíquico de estas agresiones: las mujeres se sienten “hechizadas”.

“Un narcisista hace que las mujeres con las que se relaciona pierdan el criterio propio. La estrategia de manipulación del narcisista, como el gaslighting, hace que las mujeres empiecen a perder criterio sobre su propia realidad”, detalla Montilla.

El silencio inicial, lejos de ser complicidad, es parte del trauma. Magdymar León Torrealba,  psicóloga feminista y directora general de Avesa, docente e Investigadora de la Maestría en Estudios de la Mujer Universidad Central de Venezuela, enfatiza que el silencio no es consentimiento, “es muchas veces una estrategia de supervivencia en un entorno que aún sanciona a las mujeres por atreverse a nombrar la violencia”. Además, factores como la vergüenza, la culpa internalizada y el miedo a no ser creídas paralizan a las víctimas.

Aunado a lo psicológico, en contextos donde la violencia se ha normalizado, “muchas mujeres ni siquiera logran identificar que lo vivido constituye violencia”. En lo social —agrega— influyen el miedo a represalias, la exposición pública, el descrédito profesional y la desconfianza en instituciones que no garantizan protección.

Montilla añade que a estos factores se suma otro temor: la persona narcisista se puede poner más agresiva tras la denuncia: “Por eso es que las personas víctimas de violencia de género reciben medidas de protección, porque puede haber una escalada de violencia”.

El peso del poder

Al igual que como ocurrió en abril de 2021, cuando el movimiento Me Too detonó en Venezuela con denuncias contra figuras del mundo cultural y musical, el temor a las represalias laborales y al escarnio público sigue vigente.

Y es que la violencia patrimonial opera bajo la amenaza implícita: si el agresor está en el entorno laboral, o si en la estructura jerárquica es un “superior”, la denuncia se paraliza por las consecuencias que eso pueda acarrear: quedarse sin trabajo y que, adicionalmente, se cierren otras puertas laborales.

Luego de que la comunicadora social Caylin Miliani hiciera su denuncia en redes, otras mujeres periodistas se acercaron a contarle que la misma persona que ejerció acoso laboral contra ella les negó las acreditaciones de prensa para cubrir las incidencias del equipo de béisbol en el que se desempeñaba como jefe de prensa. Una afirmó que por el hecho de “ser mujer” había una especie de celo profesional en su contra. La otra reveló que el hombre se le acercó con insinuaciones sexuales y, como se negó, optó por ese método de “venganza”. 

“Las dos callaron por temor a que se les vetara la entrada a los estadios”, sumó Miliani.

Andreina Montilla, psicóloga especialista en violencia basada en género, advierte sobre la asimetría de poder que perpetúa la violencia contra la mujer: “En cuanto al fotonarcisista, entiendo que es una persona con poder dentro del mundo del periodismo. Los hombres en principio tienen mucho más poder. Entonces, hay miedo de no volver a conseguir trabajo, de que sus carreras se vean afectadas por denunciar. Ha habido muchos casos en los que las mujeres que denuncian se quedan sin trabajo, no solo ellas, sino quienes las acompañan. Y hay factores económicos, o de dependencia en otros casos, porque muchas veces las mujeres ganamos menos dinero”.

En un comunicado difundido el pasado 6 de noviembre, la Red de Periodistas de Venezuela, opinó que este no es un caso aislado, sino una muestra más “de las violencias machistas dentro del gremio periodístico, que continúan ocurriendo sin que existan mecanismos de justicia, de prevención, ni reparación que sean efectivos”. Al mismo tiempo, expresaron su preocupación no solo porque estas violencias sigan ocurriendo, sino porque también siguen quedando impunes.

Cuestionar el canal reproduce la violencia

A juicio de las entrevistadas, cuando las redes sociales se convierten en el espacio de la denuncia, el rol de la sociedad no debe ser juzgar el canal, sino escuchar el mensaje y alzar la voz por justicia.

“Denunciar en redes sociales es un acto que busca justicia simbólica. Cuando las instituciones no garantizan acceso efectivo a la justicia o cuando las víctimas sienten que no serán protegidas, las redes se convierten en el espacio donde pueden hablar sin ser silenciadas”, destaca la directora general de Avesa, psicóloga, docente e investigadora en la Maestría de Estudios de la mujer, Magdymar León. 

Y es que, al ser inefectiva la forma en la que se manejan las denuncias, recalca la psicóloga Andreína Montilla, las mujeres han tenido que acudir a las redes sociales: “No solo acá en Venezuela, sino también en el mundo, han tenido que hacer muchísimo ruido porque estamos todavía en un sistema patriarcal que protege a los hombres, que aún dice ‘pobrecito de ellos, cómo van a vivir su vida después de vivir una denuncia’ Esto en un discurso mundial, pero nunca se piensa en cómo va a vivir una mujer después de un hecho de violencia y abuso”. 

Agrega León que revictimizar a una mujer a través de la exposición o el “linchamiento digital” por el modo en que decide narrar su experiencia “es reproducir la violencia que ya vivió”. Por esa razón, en lugar de cuestionarlas por el canal que eligen, debemos preguntarnos “por qué el Estado y las instituciones no les ofrecen mecanismos seguros, empáticos y efectivos para denunciar”.

“La sociedad debe comprender que las denuncias públicas no son ‘campañas’ sino síntomas de la falta de justicia. Cada relato abre una oportunidad para reflexionar sobre cómo operan el poder, el género y el silencio en nuestras relaciones y en el espacio público”, considera. 

Los ciudadanos, a su juicio, deben exigir a las instituciones que respondan con investigaciones imparciales y con garantías de protección a las mujeres que denuncian violencia basada en género, en lugar de reprocharlas. 

El silencio no protege

“Cuando una mujer habla, le abre el camino a otras que tuvieron miedo”, fue una de las frases con las que la comunicadora social Caylin Miliani cerró su testimonio.  “Romper el círculo” de la violencia contra la mujer es una medida de urgencia ante una realidad ineludible: la agresión, si no se detiene, siempre tiende a escalar. 

 Andreina Montilla es enfática al señalar que “el silencio jamás nos va a proteger”.  La ruta no siempre es fácil, pero buscar ayuda es el primer paso para salir del aislamiento y recuperar la voz. 

Magdymar León advierte que quien agrede y no enfrenta consecuencias suele repetir o agravar el daño, por lo que denunciar trasciende la justicia personal para convertirse en una herramienta que protege a otras mujeres y visibiliza los patrones de abuso. 

Sin embargo, ambas especialistas sentencian que el proceso no debe transitarse en soledad. La denuncia debe ser voluntaria, acompañada y centrarse “en la seguridad y la reparación emocional de la mujer”, insiste León.

 Activar una red de apoyo con familiares, amigos y organizaciones especializadas es el paso fundamental para salir del aislamiento, recuperar el criterio propio y encontrar los espacios seguros necesarios para vivir bien y mejor.

Para llevar a cabo un proceso seguro de denuncia, es importante:

1.  Contar con apoyo emocional y legal. Antes de denunciar, es ideal que la mujer reciba orientación sobre los riesgos y los pasos legales.

2.  Buscar acompañamiento institucional o especializado.En Venezuela existen centros y líneas de atención como AVESA (0424-1679742) -ofrece atención psicológica, legal y de salud, gratuita y confidencial- CEPAZ, Fundamujer, PLAFAM, y organizaciones aliadas del movimiento feminista que ofrecen asesoría legal y psicosocial. También se puede acudir a los servicios de Atención a la Víctima del Ministerio Público, a las sedes del CICPC o fiscalías especializadas.

3.   Documentar y resguardar pruebas, mensajes o testigos.

4.   Evaluar la seguridad física y digital, especialmente cuando hay exposición mediática o amenazas.

La psicóloga Andreína Montilla organiza un espacio una vez al mes, denominado “El club para florecer”, en donde se hace un acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia. Invita a ponerse en contacto con ella a través del número (0424-2233938) quienes estén interesadas en participar: 

“Vivimos en un mundo muy hostil para las mujeres y necesitamos espacios seguros en donde encontrar respuestas para vivir bien y mejor”, concluye. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Aló, presidente: Trump planea llamar por teléfono a Maduro según medio estadounidense 

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De acuerdo al medio digital Axios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea mantener una conversación telefónica con Nicolás Maduro.

Según el portal estadounidense, la llamada aún no tiene fecha y está en fase de planificación.

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro), en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ese no es el plan en este momento”, aseguró un funcionario estadounidense cercano a supuestas conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores.

La información llega después de que otros medios reportaran que la operación militar estadounidense sobre Venezuela, que ha estado desplegada en el Caribe desde septiembre, podría entrar en una nueva fase con acciones encubiertas.

Desde que empezó la avanzada contra el narcotráfico, la Armada de los Estados Unidos ha hundido a más de 20 embarcaciones que transportaban supuesta droga y matado a alrededor de 80 personas.

Apenas este lunes 24 de noviembre, el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO por sus siglas en inglés).

De acuerdo al departamento que conduce Marco Rubio, la cúpula militar y el gobierno venezolano están estrechamente vinculados a esta organización.

“En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterrorismo con el Medio Oriente. El nexo de esta red es Venezuela”, dijo recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar.

“Venezuela desestabilizó la región al llevar a una crisis de refugiados, es la base para los operativos de terror del Hizbulá”, agregó el diplomático.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Más de 20 vuelos internacionales han sido cancelados desde el 22N

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Al menos 22 vuelos internacionales que debían salir de Venezuela han sido cancelados desde el pasado 22 de noviembre, cuando la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos instó a extremar precauciones sobre el territorio nacional.

De acuerdo a la agencia de noticias EFE son más de 20 las cancelaciones, incluyendo la aerolínea española Iberia, que informó que no volará a Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre. 

Según la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Iberia mantiene una frecuencia de cinco vuelos semanales a Caracas, exceptuando viernes y domingos.

A esta medida, también se sumó Air Europa que, de acuerdo a fuentes de la aerolínea, reanudarán operaciones cuando las condiciones sean apropiadas.

La compañía de Portugal TAP también suspendió su ruta al aeropuerto internacional de Maiquetía. Lo propio hizo Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas, y Turkish Airlines, la cual conecta con la ciudad de Estambul.

No solo las aerolíneas europeas acataron las recomendaciones de la agencia estadounidense, también la colombiana Avianca y la chilena Latam. Además, se sumó la brasileña GOL, que tiene una ruta entre la capital venezolana y Sao Paulo.

Según información proveniente de las propias aerolíneas, las locales Avior, Rutaca, Conviasa y Venezolana de Aviación están operando con aparente normalidad.  

Laser suspendió los vuelos hasta el jueves 27 de noviembre y Estelar hasta el 28 de noviembre.

IATA denuncia amenazas del INAC

El Instituto Nacional de Aeronáutica (INAC) emitió una advertencia a las compañías que suspendieron temporalmente sus operaciones, exigiendoles que retomen sus respectivas rutas en un lapso de 48 horas o enfrentarán un despojo de sus derechos de tráfico. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que representa a unas 350 aerolíneas, criticó la medida de las autoridades venezolanas y advirtió que la decisión “reducirá aún más la conectividad del país, que ya es uno de los menos conectados de la región”.

Desde el organismo hicieron un llamado al diálogo y enfatizan en que las suspensiones “son medidas temporales, adoptadas tras rigurosos análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, de acuerdo con los estándares internacionales”.

Este lunes 24, autoridades gubernamentales y representantes de líneas aéreas se reunieron para buscar una solución al conflicto y garantizar de alguna manera los derechos de los pasajeros.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Comedores resisten como una opción frente al hambre en Venezuela

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En Caracas, cada martes, jueves y viernes, Édgar Martín camina unos 3 kilómetros, desde Capuchinos hasta la parroquia La Pastora, para poder almorzar en un comedor benéfico.

A sus 84 años de edad, Martín afirma que se ha visto obligado a depender de comedores y ayudas sociales y estatales para poder subsistir, ya que su pensión es de solo 130 bolívares mensuales, equivalentes a menos de un dólar e insuficientes para comprar proteínas en un país en el que el kilo de carne oscila entre 9 y 19 dólares. Vive solo y nadie le da trabajo. Suma cinco años acudiendo al comedor.

“Me ayudo con la bolsita (una bolsa de comida subsidiada que es entregada a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que controla la estructura del oficialismo) cuando me llega. Yo estoy solo, mi familia se fue toda de aquí. Me quedé y estoy guapeando. De lo que me dan hoy (en el comedor), aparto comida para otros días y la guardo en la nevera, porque lunes y miércoles no dan. Si me queda algo de la bolsa, preparo espaguetis. Cuando puedo compro para hacer un sofrito, pero no puedo comprar la proteína”, expresa mientras espera el almuerzo.

En su mesa lo acompañan tres adultos mayores provenientes de otras parroquias caraqueñas (Catia y San José), con historias similares. Sin el comedor, estarían en una situación aún más precaria.

La respuesta humanitaria en Venezuela estima que por lo menos 4,4 millones de personas necesitan asistencia alimentaria en el país. Niños, niñas, embarazadas y adultos mayores son quienes la requieren con mayor urgencia.

Tras encuestar a más de 12 000 hogares de todos los estados entre julio y agosto de 2025, la plataforma HumVenezuela, creada por organizaciones de la sociedad civil venezolana, destaca que las familias venezolanas tienen más ingresos en comparación con años previos, pero no un mejor acceso a alimentos.

Las estrategias de sobrevivencia han aumentado: de acuerdo con HumVenezuela, 39,2% de los hogares gastan sus ahorros para comprar comida, 43,1% piden alimentos prestados y 46,2% compran alimentos a crédito. En paralelo, otras estrategias más severas, como pedir comida en casas, restaurantes y locales, así como mendigar en las calles, también registraron un incremento.

Mientras tanto, el financiamiento internacional es cada vez menor, y esa reducción de los fondos para la respuesta humanitaria tiene un impacto directo en las personas en mayor vulnerabilidad.

Debido a la falta de recursos, generada por los recortes de sus principales donantes, en agosto de 2025 el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) anunció el cese de sus operaciones en cinco estados de Venezuela: Trujillo, Yaracuy, Barinas, Anzoátegui y Monagas. Con esa decisión, más de 400 000 personas de 1700 escuelas dejaron de recibir asistencia alimentaria en el país, según cifras de la organización presente en el territorio nacional desde el año 2021.

Para el año escolar 2024-2025, que culminó en julio de 2025, WFP atendía a más de 827 000 personas en más de 2800 escuelas de nueve estados a través de su Programa de Comidas Escolares, que sirve comidas calientes y entrega canastas de alimentos para llevar a casa a niños menores de 5 años y al personal escolar.

Para noviembre de 2025, su alcance en ambas modalidades bajó a 350 000 personas en 1100 escuelas iniciales, primarias y de educación especial de cuatro estados: Delta Amacuro, Falcón, Sucre y Zulia. 

Antes del recorte, la modalidad de comidas preparadas y servidas beneficiaba a 249 000 personas, entre estudiantes y personal escolar, de 1586 escuelas. Para el año escolar 2025-2026, que comenzó en septiembre, la modalidad se mantiene solo en dos estados: Falcón y Sucre, y llega a 83 000 niñas, niños y personal escolar. 

En las escuelas donde implementaban el programa, el personal registró un aumento tanto de la matrícula como de la asistencia de los estudiantes. Tras el recorte, la sociedad civil alertó que la medida no solo impactaría en la alimentación de miles de niños y niñas, sino que también podría poner en peligro la educación al disminuir la asistencia a clases. Sobre este punto, WFP no ofrece datos: afirma que las cifras oficiales competen a las autoridades nacionales.

Julio y agosto de 2025 registraron los niveles más bajos de atención con asistencia alimentaria y medios de vida en todo el año en Venezuela, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

“Muchas familias en situación crítica no recibieron los insumos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, lo que puede agravar la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la exposición a riesgos de protección”, advierte OCHA en su reporte de situación publicado en octubre.

Estar en inseguridad alimentaria implica no tener acceso a recursos ni alimentos suficientes, seguros y nutritivos para crecer, desarrollarse o llevar una vida saludable.

Para 2025, el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela se planteó como meta recaudar 147,5 millones de dólares para poder atender a 2 millones de personas en el área de Seguridad alimentaria y medios de vida. Sin embargo, solo se ha recolectado 15,2% de la meta y se ha alcanzado a menos de la mitad de la población objetivo.

El caso de Alimenta la Solidaridad

Alimenta la Solidaridad comenzó su labor como organización no gubernamental en 2016 para hacer frente a la crisis alimentaria en algunos de los sectores más vulnerables del área metropolitana de Caracas, a través de un programa de comedores comunitarios que se extendió a otras regiones del país.

Durante nueve años en sus comedores comunitarios ofrecieron un almuerzo diario balanceado a niños, niñas y adolescentes —sus principales beneficiarios— y también a lactantes y madres embarazadas, así como a adultos mayores, pero cerraron operaciones en mayo de 2025 por falta de recursos provenientes de fondos de cooperación internacional y en respuesta a las condiciones impuestas por la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG que hicieron inviable su trabajo, según un comunicado de la organización.

El impacto social del cese de sus actividades ha sido enorme debido a que afecta, según datos de esta ONG, a unos 12 000 niños y niñas en condición de vulnerabilidad quienes recibían alimentos diarios en su red de 240 comedores en al menos 13 estados del país: Aragua, Anzoátegui, Distrito Capital, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Zulia, Táchira, Yaracuy, Sucre, Portuguesa y Vargas.

En el municipio Sucre del estado Miranda, epicentro del nacimiento del programa, funcionaban 15 de estos centros. Tan solo en el comedor comunitario de la Vicaría de Nuestra Señora de Coromoto, en el sector de San Blas de Petare, atendían diariamente a 300 personas, en su mayoría niños y niñas.

“Estos beneficiarios quedaron a la deriva, muchos de ellos niños y niñas en edades entre 2 y 12 años quienes aún continúan en situación vulnerable. Varias mamás procesadoras de la red de voluntarias que se encargaban de preparar los almuerzos me comentan que aún llegan niños con su tacita o envase a buscar comida. El hambre no pide permiso, es muy triste no poder ayudarlos”, comenta un involucrado al programa que prefiere mantener su nombre en reserva.

Un almuerzo que incluía proteína, carbohidratos y vegetales para garantizar la carga calórica necesaria diaria era suministrado a los beneficiarios en cada jornada en los comedores comunitarios.

“No solo se les daba el almuerzo, que para mucha gente era su única comida en el día, también en el caso de niños y niñas se les hacía control y seguimiento de su peso y estatura para prevenir la malnutrición. A estos niños y niñas, lamentablemente, ya no se les hace ningún monitoreo”, explica la fuente consultada.

Una respuesta tangible e inmediata

Los comedores benéficos, sociales, comunitarios e incluso estatales que sobreviven se mantienen como alternativas para los hogares con mayor inseguridad alimentaria.

La organización no gubernamental Cáritas de Venezuela también ha registrado el cierre definitivo de comedores y recortes del financiamiento. A pesar de ello, busca mantener la ayuda.

“La subalimentación y la inseguridad alimentaria siguen siendo un problema critico en el país, especialmente en niños en desarrollo que se encuentran en zonas remotas y vulnerables”, expresa Janeth Márquez, directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela, organización que también se dedica a medir y tratar la desnutrición en niños y niñas.

Según un boletín de la organización, correspondiente a agosto de 2025, de 2778 niños y niñas menores de 5 años evaluados en 20 estados del país, 252 tenían desnutrición aguda global (el 9,1%).

Cáritas mantiene 18 comedores comunitarios activos en 17 sectores de 10 estados de Venezuela: Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia. Allí sirven un almuerzo diario, planificado por un especialista para garantizar que cubra las necesidades nutricionales de la población objetivo.

90% de quienes atienden son niños y niñas entre 6 meses y 12 años, 5% son adultos mayores, 3% son embarazadas y madres lactantes 2% son personas con discapacidad.

Márquez considera que los comedores todavía son necesarios porque ofrecen una respuesta “tangible e inmediata” a la carencia de alimentos que persiste en muchas comunidades. Además, sostiene que fortalecen el tejido comunitario al involucrar a padres, madres y cuidadores en la logística del comedor y logran aliviar la carga familiar.

“Muchas familias manifiestan realizar solo una comida a diario o simplemente completan su alimentación con la ayuda del comedor porque de otro modo no sería suficiente. Hay muchas madres solteras que se benefician de esta ayuda”, agrega.

Su labor es posible gracias a las alianzas con otras organizaciones, con las comunidades y con las Cáritas parroquiales. De acuerdo con su informe de gestión de 2024, ese año lograron servir 345 000 raciones de comida en sus comedores.

El deber ser en la asistencia alimentaria

Ante situaciones de vulnerabilidad alimentaria y nutricional se suelen activar mecanismos de atención inmediata como la provisión de alimentos a través de una canasta alimentaria o comedores. Sin embargo, para algunos expertos en el tema, cuando estos proyectos dependen de iniciativas privadas o de la sociedad civil organizada la experiencia evidencia que su alcance suele ser limitado y su continuidad es un desafío.

“Los comedores, desde siempre, han constituido una alternativa para mitigar el hambre en situaciones de extrema necesidad, pero tienen grandes retos en materia de adecuación de necesidades nutricionales de la población, inocuidad de los alimentos, participación comunitaria, financiamiento, entre otros, que los convierte en una práctica poco sostenible, razón por la cual se recomiendan ante situaciones de extrema emergencia y de corta duración, y no en aquellas emergencias de tipo económica y social que son de larga duración. La asistencia alimentaria requiere de medidas con impacto en lo estructural, dado que son problemas públicos, que a su vez necesitan de programas, planes y políticas públicas robustas, intersectoriales de gran escala y adaptadas a las necesidades de cada grupo poblacional”, explica Yngrid Candela, nutricionista, doctora en nutrición, docente e investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV). 

Sin embargo, este análisis no desestima que los programas de bolsas o comedores solidarios son alternativas válidas que mitigan la condición de vulnerabilidad alimentaria de las personas necesitadas en las comunidades específicas que son beneficiadas y son respuestas urgentes que tienen un impacto positivo. 

ZULIA | La ayuda disminuye, pero las listas crecen en Maracaibo

En Maracaibo, estado Zulia, los comedores se resisten a la crisis. Sus voluntarios tratan de estirar lo más que pueden los recursos con los que cuentan para que todas las personas que llegan por un plato de comida, que cada vez son más, tengan algo para comer ese día.

Las listas de beneficiarios se alargan, y en algunos programas no alcanza para todos. En octubre registraron un aumento de mujeres, hombres, niños y personas mayores que llegan con la intención de llenar el estómago y aplacar el hambre.

En La Mesa de la Misericordia, un comedor social que se mantiene por el aporte de voluntarios que donan cada miércoles el almuerzo a adultos mayores y personas con discapacidad, hay 170 personas censadas. Pero la cifra aumentó a 200 desde la tercera semana de octubre.

 “Desde hace cuatro semanas hemos notado un aumento de los comensales. Servíamos 170 platos, hace un mes y estamos sirviendo 200. Cada semana vienen más personas a registrarse”, reporta Mónica Galué, una de las coordinadoras del comedor.

Hasta ahora no les ha faltado comida. “Gracias a Dios siempre hacemos los cálculos y si falta alguien, la cocina se activa y saca algo más”, comenta con alivio.

En el menú tratan de mantener alimentos con contenido nutritivo: granos, arroz, alguna proteína animal y vegetales. De complemento, procuran entregar una bebida láctea.

Los altos precios de los alimentos, los bajos salarios y la devaluación diaria de la moneda son las causas del aumento de comensales en el garaje de la Iglesia Padre Claret, donde funciona el comedor, según la voluntaria.  

“La realidad es que si a mí, que tengo ingresos, me cuesta llegar a fin de mes con la compra de supermercado, no me imagino a los pensionados”, lamentó.

La Mesa de la Misericordia nació en 2017, cuando una de sus fundadoras vio cómo un hombre, un niño y un perro se peleaban por una bolsa de basura para quedarse con la comida que habían botado de un restaurante. Así, nació una red de amigos, familiares y voluntarios.  

Esa red ha sufrido cambios por la crisis económica: de 50 voluntarios, apenas quedan 12, y el resto migró. Pasaron de servir 900 platos diarios, en sus inicios, a solo 200 una vez a la semana.

Pero esa disminución no es exclusiva de ese comedor. Las Hermanas Agustinas de la escuela Carmela Valera, también en Maracaibo, dejaron de servir alimentos todos los días hace un año para entregar bolsas de comida una vez al mes a las personas censadas.

La razón: las deficiencias del servicio de gas doméstico y las quejas de los comerciantes de la zona por el aumento de las personas que iban por un plato de comida.

“Atendíamos a 120 personas a diario. Ahora, entregamos una bolsa con alimentos el último jueves de cada mes a 60 personas registradas”, cuenta la Hermana superiora, Leuntina Aponte.

Las 60 bolsas son insuficientes. Las religiosas tienen a otras 30 personas en una lista de espera que se viene incrementando —dice Aponte— en los últimos 15 días.

“Todos los días llegan personas, hasta con niños en brazos, a pedir comida y los anexamos a la lista. Sin embargo, ninguno se va sin recibir algo. Nunca se van con las manos vacías, le damos una harina o un arroz”, añade.

 Las bolsas tratan de armarlas al menos con 5 artículos: arroz, pasta, harina, azúcar, algunas veces mantequilla y otras veces café. Todo depende de lo que puedan comprar con las donaciones.

 “La ayuda ha disminuido. Los recursos, si vas a comprar los productos, ya no te alcanzan de verdad”, lamenta. Asegura que confían en que las bolsas las seguirán llenando con la “providencia de Dios”.

En Maracaibo funcionan otros comedores, la mayoría en las iglesias, como el Hogar Clínica San Rafael y la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. No entregan comida a diario y la atención prioriza a niños, ancianos y discapacitados.

CARACAS | “Garantizamos que los chamos coman”

En Caracas, la vía que comienza en la avenida Norte 10 de La Pastora y termina en la Calle Real de Puerta Caracas concentra tres comedores: el comedor benéfico de la organización internacional Remar; la Casa de los Abuelos Divina Pastora, que depende de la Alcaldía de Caracas, y el comedor solidario San Judas Tadeo, gestionado por la Red Solidaria de los Agustinos Recoletos (Arcores Venezuela), activo desde hace 25 años.

En el comedor solidario San Judas Tadeo, al final de la Calle Real de Puerta Caracas, entregan almuerzo a 170 personas —entre adultos mayores, madres solteras y personas en situación de calle— cada martes y viernes entre las 11 am y las 12 del mediodía. Para determinar a quiénes entregarán la comida, realizan un censo dos veces al año y les entregan un carnet.

A pesar de tener contados a los beneficiarios, deben preparar más comida de la necesaria: normalmente aparecen entre 20 y 40 personas más que no están censadas pero que igualmente acuden en busca de alimentos.

Los agustinos recoletos también gestionan el Centro Comunitario San Judas Tadeo, en el barrio El Polvorín de La Pastora. Allí sirven almuerzos de lunes a jueves a 43 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años, provenientes de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad de la parroquia.

“Garantizamos que los chamos coman. Antes se llevaban la comida y si el niño tenía muchos hermanitos, el niño no comía. O se lo comían la mamá o el papá, y mantenían ellos la desnutrición. Decidimos ingresar a los hermanos y estamos pendientes de pesarlos, tallarlos, medirlos”, explica Annier Portillo, coordinadora de la obra social de la Olla Solidaria San Judas Tadeo, el programa que permite la existencia de los comedores.

Según la trabajadora, mantenerse activos no ha sido fácil, pero se apoyan en la feligresía y constantemente están en búsqueda de donaciones y proyectos. Portillo asegura que, aunque la situación no está tan grave como durante los años más duros de la crisis económica, los ingresos de las familias siguen siendo insuficientes para llevar una alimentación balanceada y todavía ven niños con desnutrición.

“No todos tienen para llevar una vida nutricional correcta. A nivel adquisitivo, a las familias no les da para comprar proteína, y tenemos edades importantes en nuestros niños, que deben recibir proteína, igual que los adultos mayores”, añade.

Más abajo, frente a la esquina Torrero, La Casa de los Abuelos de La Pastora recibe diariamente entre 130 y 150 adultos y adultas mayores. Funciona desde enero de 2024 y sirve desayuno, almuerzo y merienda. Según Martha Santana, directora del espacio, atienden a personas que vienen de distintas partes de la ciudad: desde el 23 de Enero hasta Petare. En unas instalaciones amplias, se organizan para comer en grupos de 30 personas.

Aunque quienes se benefician agradecen la ayuda, algunos aseguran que las porciones son pequeñas. También es posible ver personas que, en un mismo día, retiran comida en el comedor de la organización Remar y luego pasan por la Casa de Los Abuelos.

La “escasez de dinero” es lo que motiva a las personas a ir a los comedores, manifiesta Gladys Utrera, de 75 años, vecina de Quinta Crespo que acude al Centro Dietético Socialista (Cedis) Olga Luzardo, otro comedor estatal dependiente del Instituto Nacional de Nutrición (INN), en la esquina Crucecita de la avenida Fuerzas Armadas, en el centro de Caracas.

Allí registran a los adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas y lactantes y les entregan un carnet. Trabajan de lunes a viernes y reciben de 100 a 200 personas entre registrados y “rezagados” como Utrera: aquellos que aún no están censados pero que se acercan con su envase a ver si sobró comida. El próximo censo, aseguran, será en enero de 2026.

MIRANDA | “A veces solo hay arroz con mortadela”

Arcadia tiene 68 años y una pensión que no le alcanza para comer todos los días. Vive sola desde que sus hijos emigraron en 2022 y, cuando no recibe alguna remesa, sobrevive con lo poco que le da el programa Amor Mayor.

Tiene reumatismo, su cuerpo le duele y camina con dificultad, pero cada mediodía, con esfuerzo y cansancio, se acerca al comedor ubicado adyacente a la plaza del Estudiante de Ocumare del Tuy, en Miranda, en busca de un plato de comida.

 “Algunas veces nos dan arroz con mortadela, otras, granos con pasta o pasta con sardina. Cuando hay pollo, es desmechado dentro del arroz. Eso es un lujo”, cuenta con resignación.

 Como Arcadia, cientos de personas en Ocumare del Tuy, estado Miranda, dependen de las casas de alimentación para comer. En el municipio hay al menos cuatro, pero no siempre funcionan.

 “Hay días que no preparan nada, porque no llegan las provisiones”, explica una trabajadora del lugar que pidió no ser identificada. La escasez de proteínas es una constante y la capacidad de atención es limitada frente a la creciente demanda.

En el urbanismo Ciudad Betania de esta ciudad, donde viven al menos 4500 familias, también funciona un comedor. Sin embargo, sólo atiende a unas 150 personas. “Poco a poco se fue reduciendo la cantidad de beneficiados y no debería ser así, porque aquí hay mucha necesidad”, lamenta un residente de este conjunto habitacional de la Gran Misión Vivienda.

En el vecino municipio Urdaneta, también de los Valles del Tuy, existen 19 casas de alimentación, a cargo del Ministerio de Alimentación, pero el comedor popular que está en el centro de la ciudad dejó de atender al público.

“Antes comíamos allí, pero ahora nos dicen que no hay capacidad operativa”, relata Ramona Pérez, de 72 años, quien vive con su hijo de 45. Él trabaja en Caracas y la visita los fines de semana. “Me ayuda bastante, pero hoy en día el dinero no alcanza. Y la pensión que recibimos nosotros prácticamente es una burla”, dice con voz quebrada.

En el municipio Guaicaipuro, los antiguos comedores fueron reemplazados por las llamadas Bases de Misiones, centros comunitarios que ofrecen servicios sociales.

“Solo atienden a los más vulnerables. Ya no hay comedores populares como antes. Fue difícil mantener este programa, debido a la crisis económica y a la alta demanda”, indica un vocero gubernamental, sin precisar cuántas personas reciben alimentos.

La historia de Arcadia y Ramona es la de muchas mujeres mayores en Venezuela: solas, enfermas, con ingresos insuficientes y dependiendo de un sistema de asistencia que no da abasto. En sus palabras se refleja una realidad que duele: la comida, en muchos hogares, se ha convertido en un privilegio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 25 de noviembre: Cartel de los Soles, oficialmente grupo terrorista para EE.UU

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Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes 25 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó Este lunes 24 de noviembre al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

La designación otorga al gobierno del presidente Donald Trump facultades para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con esta organización.

Como era de esperarse, la administración de Maduro condenó la designación y la calificó como una “vil mentira” para justificar una intervención.

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Recién salido del horno: otras noticias del día


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Lo que rompe en redes

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Azuquita pa’l café

La controversia en el Miss Universo pica y se extiende.

La Ñapa (recomendamos…)

Este miércoles 26 de noviembre a las 9 de la noche es el estreno en Venezuela de la quinta y última temporada de la popular serie Stranger Things. Algunas salas de cine exhibirán el primer capítulo de la producción de Netflix. 

EEUU designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista: la respuesta desde Venezuela

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Este lunes, 24 de noviembre, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (OTE).

“Este grupo clandestino es responsable de la “violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”, declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

La lista de OTE, que incluye grupos islamistas, separatistas, guerrillas y, más recientemente, pandillas y organizaciones de narcotráfico de México y Colombia, está supervisada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Esto otorga al Gobierno liderado por Donald Trump facultades jurídicas para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización que figure en dicha lista.

También, la designación como OTE brindaría una cobertura legal para ejercer mayor presión sobre las autoridades venezolanas.

Venezuela rechaza la acusación

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes que EE.UU. designe como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que esta «infame y vil mentira» busca justificar una intervención «ilegítima e ilegal» contra Venezuela «bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

«Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas», agregó.

El Gobierno de Nicolás Maduro instó a la Administración de Trump a rectificar esta «errática política de agresiones y amenazas», rechazadas, dijo, por el propio pueblo norteamericano, y que, advirtió, «afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas».

*Con información de DW y EFE

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Juan Pablo Guanipa, seis meses detenido y en incomunicación absoluta

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Este 23 de noviembre, Juan Pablo Guanipa cumplió seis meses “detenido y en incomunicación absoluta”. La denuncia la realizó Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, a través de las redes sociales.

“A seis meses de la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa, exigimos que se respete el derecho a las visitas y a la atención médica constante de nuestro padre. Nuestro papá es inocente. Mis hermanos, mi hija y yo lo esperamos en casa. Libertad para nuestro papá, para Venezuela y todos los presos políticos”, es parte del mensaje que acompaña el audiovisual difundido en X, en el que varios de los hijos del excandidato a la gobernación del Zulia claman por la liberación de su padre.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que la denuncia realizada por el hijo de Guanipa expone “la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela”.

“La incomunicación absoluta en la que se encuentra, la falta de información sobre su estado físico y la imposibilidad de recibir visitas familiares o de su defensa legal constituyen vulneraciones directas de sus derechos fundamentales, incluidos el debido proceso, la integridad personal y la protección judicial, consagrados tanto en la normativa nacional como en los tratados internacionales que el Estado venezolano está obligado a respetar”, recordó la ONG.

JEP recalcó que ningún proceso judicial puede considerarse legítimo cuando se desarrolla en medio de opacidad, retaliación, negación de derechos básicos y violaciones sistemáticas a la dignidad humana, por lo que exhortó al gobierno a que permitan “de inmediato” el acceso a la familia del político, se garantice una evaluación médica independiente acorde con su condición, y restablezcan plenamente su derecho a un proceso judicial justo, transparente y ajustado a los estándares internacionales.

“La situación de Juan Pablo Guanipa no puede normalizarse ni silenciarse. Su caso, como el de muchos otros venezolanos sometidos a detenciones injustas, nos recuerda que detrás de cada expediente judicial hay vidas, familias y sueños que merecen ser protegidos, no destruidos”, se lee en el post de la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La COP30 finalizó con compromisos mínimos, objeciones latinoamericanas y un gran trabajo por delante

Tais Gadea Lara 

“La COP ha terminado. Las propias negociaciones, en las que participamos 195 países, intentaron acordar medidas para mejorar la lucha contra el cambio climático. Esa es la parte de la negociación”, expresó André Corrêa do Lago, presidente de la COP30. 

Tras las tradicionales dos semanas de trabajo, un día extra de discusiones y un final con sabor amargo, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP30, concluyó en la tarde del sábado en Belém do Pará, región amazónica de Brasil. 

Los gobiernos nacionales consensuaron una serie de decisiones que cumplen mínimamente con la ambición que, tanto algunos países como sociedad civil, esperaban. Ello aplica en particular al nulo compromiso para avanzar en la transición que deje atrás los combustibles fósiles y a las decisiones débiles sobre la implementación y el financiamiento de las políticas de adaptación.

El espíritu “histórico” que Brasil buscó dar desde que asumió la presidencia de la conferencia fue cayendo gradualmente a medida que pasaron los días, especialmente durante la segunda semana de negociaciones. 

El regreso del presidente brasileño, Lula da Silva, al predio durante el pasado miércoles y su cargada agenda de reuniones con ministros y jefes de delegaciones fue considerado por algunos más como “un día perdido de trabajo” de las negociaciones que de avance político en las mismas. 

El inesperado incendio del jueves dentro del predio -por un desperfecto eléctrico en el área de los pabellones- inevitablemente suspendió las actividades y pausó unas negociaciones a puertas cerradas que ya venían siendo difíciles y criticadas de falta de transparencia. 

En el marco del décimo aniversario del Acuerdo de París, ¿qué resultados deja la COP30? Aquí analizamos cinco ejes destacados.

Un proceso poco transparente que quedó lejos de “la COP de la Verdad”

“El año 2024 fue el primero en que la temperatura media de la Tierra superó un grado y medio por encima de los niveles preindustriales. La COP30 será la COP de la Verdad. Es hora de enfrentar la realidad y decidir si tendremos el coraje y la determinación para transformarla”, había dicho Lula en el discurso de apertura de la Cumbre de Líderes que tuvo lugar previo a la conferencia climática. 

En nombre de luchar contra la desinformación y el negacionismo científico, y de garantizar transparencia, Brasil tomó “la COP de la Verdad” como uno de los muchos eslóganes que se le buscó dar a la conferencia climática. Pero ello no fue compatible con lo ocurrido en el plenario de cierre.

Casi de inmediato, sin levantar la mirada al auditorio de delegados y sin habilitar el tradicional comentario que corresponde a todo presidente de COP “como no veo objeciones”, Corrêa do Lago martilló rápidamente tras cada ítem de agenda, empezando por aquellos que presentaban mayores dificultades y diferencias entre países. Post martillo sobre el escritorio, las decisiones están adoptadas. Los problemas no tardaron en llegar. 

Panamá, Uruguay y Colombia denunciaron que habían levantado bandera (es decir, habían pedido la palabra) antes de que adoptaran algunas de esas decisiones y la presidencia no les había dado lugar. La fría respuesta de Corrêa do Lago de que se anotarían los comentarios en el reporte de la plenaria de cierre, hizo que los países reafirmaran su denuncia y dejaran explícita su posición con una palabra que ninguna presidencia de COP quiere escuchar: objetar.

La objeción en la plenaria de adopción de decisiones significa que el país está expresamente no dando consenso a la adopción y, por lo tanto, tienen que continuar las discusiones (porque las decisiones en la COP tienen que ser 100% por consenso).

Colombia objetó el Programa de Trabajo de Mitigación. “La COP de la verdad no puede respaldar un resultado que ignora la ciencia. Según el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), casi el 75 % de las emisiones globales de CO₂ provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles con medios de implementación, de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Daniela Durán González, jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia

Uruguay -en nombre también de Argentina, Ecuador y Paraguay- objetó la Meta Global de Adaptación. Su directora nacional de Cambio Climático, María Fernanda Souza, expresó: “Quisiéramos expresar que, como nuestros países han reiterado en las últimas horas y durante la noche, y dado que hemos tenido acceso al borrador de la decisión sobre la GCA desde ayer a las 3, incluyendo los 59 indicadores recientemente redactados, le informamos que no estamos en condiciones de apoyar la adopción de esta decisión en su forma actual”.

De hecho, mientras la presidencia avanzaba rápidamente en la aprobación de temas, InfoAmazonia había recibido un mensaje de un delegado que advertía que había países con “la bandera levantada” y la presidencia no les estaba dando lugar.

Otros países no objetaron, pero sí acompañaron sus posiciones insatisfechas con el texto de adaptación. La Unión Europea dijo “que apoyaba esos indicadores”, y Sierra Leona criticó la calidad de los mismos diciendo que eran “poco claros y, en algunos casos, insostenibles”. 

¿Cómo terminó esto? 

Después de una suspensión de la sesión, la presidencia de la COP30 y la Convención de Naciones Unidas (ONU) dijeron que las objeciones habían llegado luego de que las decisiones se hayan adoptado, por lo que no había marcha atrás. Corrêa Do Lago sugirió conversar sobre ambos temas críticos en las reuniones intersesionales de junio próximo en Bonn, pero ello ya no podrá reabrir ni modificar los textos acordados.

Lo ocurrido fue un elemento más de una COP que, según habían compartido delegados y observadores, carecía de la transparencia necesaria en el proceso de discusiones para arribar a resultados que incluya los intereses de todos. 

Catherine Abreu, directora de la red para acelerar la acción climática International Climate Politics Hub, había advertido el viernes que las conversaciones que se estaban llevando a cabo no eran transparentes y que la presidencia estaba en una postura de defender el segundo paquete borrador de textos dando a los países sólo dos opciones: “tomarlo o dejarlo”. Aldem Meyer, senior associate de la consultora independiente en política climática E3G, agregó que “la presidencia había limitado la diplomacia a sólo algunos países”, en lugar de hacer realidad el trabajo en conjunto que se proponía bajo el lema del mutirao.

Ello se pudo advertir, además, por un predominio de consultas a puertas cerradas -sin incluso presencia de representantes de sociedad civil que observan el proceso-, con plenarios que no dieron lugar a las exposiciones de países y con textos que incluían cambios y nuevos contenidos que no habían formado parte de las discusiones. 

Una COP que ¿será recordada como “la COP de la adaptación”?

La COP30 tenía que decidir dos elementos clave sobre la adaptación: los indicadores que servirían como guía para acompañar la implementación de políticas de preparación ante los impactos climáticos, y la meta de financiamiento exclusivo para este tipo de políticas en países en desarrollo. En octubre pasado, Corrêa do Lago había dicho en entrevista a InfoAmazonia que “le gustaría mucho que la gente recuerde la COP30 como una COP de adaptación”. 

Para ambos temas se adoptaron decisiones. En ninguno de los casos, ellas tuvieron la ambición que se requería. 

La adopción de las características de la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) fue uno de los puntos más críticos de los resultados alcanzados, especialmente por los indicadores. Países desarrollados y en desarrollo expresaron su disconformidad con el listado acordado. 

La ministra uruguaya Souza expresó en el plenario que la implementación de la meta debiera basarse en el listado de 100 indicadores elaborado en base al asesoramiento técnico de expertos y trabajado durante casi dos años, y no en los 59 indicadores. que aparecieron en los últimos días en Belém. 

“La adopción del GGA significa que el trabajo sobre los indicadores finalmente puede avanzar con el apoyo del Comité de Adaptación y el Grupo de Expertos”, reconoció como algo positivo Demet Intepe, experta en adaptación y resiliencia de la organización Practical Action, y subrayó: “La ausencia de cualquier referencia al GGA en el documento político general (el Mutirao) debilita el conjunto del paquete”. 

Si bien los textos decididos no pueden reabrirse a negociación, habría una posibilidad de que en las negociaciones técnicas de Bonn en junio de 2026 se redefinan los indicadores del anexo del GGA y pueda retomarse el camino técnico realizado con anterioridad.

Belém se suponía que era, también, la oportunidad para reducir la brecha de financiamiento que se destina a mitigación y adaptación, o al menos eso esperaban los países en desarrollo. La decisión adoptada generó reacciones diferentes: algunos quedaron contentos con alcanzar lo mínimo, otros insatisfechos por el vocabulario débil.

“No hay claridad sobre cuánto dinero se destina a la adaptación, de dónde provendrá, su calidad ni cómo se medirá el progreso”, analizó en un comunicado Marlene Achoki, directora de Políticas y Promoción de Justicia Climática Global de la iniciativa para combatir la pobreza CARE International, y agregó: “Sin una financiación pública adecuada basada en subvenciones y sin ambición, el cambio climático seguirá multiplicando la pobreza y profundizando la desigualdad, especialmente para las mujeres y niñas que luchan a diario por su seguridad y dignidad”. 

La Decisión Mutirao “llama a” -verbo con debilidad en la responsabilidad e implementación- triplicar el financiamiento para adaptación. Pero no establece un año base de referencia a partir del cual incrementar el dinero. Además, la fecha calendario a cumplir la meta es 2035; no 2030 como se venía pidiendo y trabajando en las negociaciones previas. 

Incluso el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, reafirmó en conferencia de prensa: “Considero posible y deseable triplicar el financiamiento para la adaptación de aquí a 2030. Espero sinceramente que sea posible encontrar un punto intermedio en el que los países desarrollados se comprometan con estos objetivos y, al mismo tiempo, la COP atienda sus inquietudes sobre mitigación”.

Una decisión -en un país petrolero- sin compromisos nuevos para salir de los combustibles fósiles

Si hay algo de lo que se habló en la previa y durante las dos semanas de la conferencia fue la idea de Brasil de establecer una hoja de ruta -un roadmap– para hacer la transición que deje atrás a los combustibles fósiles. 

La ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, llevó la iniciativa a cada actividad en la que participó y cada discurso que dio en Belém. Otros países -desarrollados y en desarrollo, de Dinamarca a Colombia- pronto brindaron su apoyo a la propuesta. Pero desde la presidencia de la COP30, Corrêa do Lago reiteró una aclaración: “el tema no era un ítem de agenda en las negociaciones de esta conferencia”. 

Con un lenguaje poco preciso, la idea pareció asomar en el primer texto borrador de la Decisión Mutirao, pero se eliminó por completo en la versión adoptada.

Distintos delegados y observadores confirmaron a InfoAmazonia que la presidencia dijo en consultas que los motivos de la quita se debían a que un grupo de países apareció en su oficina a advertirle que, si había mención a los combustibles fósiles, no aceptarían los textos finales. El primer interrogante pendiente es cuánto realmente Brasil quería este roadmap dentro de la COP. 

De los 24 países que apoyaron la “Declaración de Belém sobre la transición justa que deja atrás los combustibles fósiles”, Brasil no se encuentra. Del mismo modo, tampoco integra la alianza internacional Beyond Oil & Gas (Más allá del petróleo y el gas) a través de la cual gobiernos y otros actores trabajan juntos para facilitar la eliminación progresiva de la producción de gas y petróleo hasta su terminación. 

Desde la reunión del G20 en Sudáfrica, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apoyó la objeción de su delegación en el plenario en Belém: “No acepto que en la declaración de la COP 30 no se diga con claridad, como dice la ciencia, que la causa de la crisis climática son los combustibles fósiles que usa el capital (…) Colombia se opone a una declaración de la COP 30 que no diga la verdad científica al mundo”.

Para continuar la conversación y/o evitar una narrativa de “fracaso”, Brasil anunció que creará ese roadmap. Lo hará como presidencia de la COP30, por lo que será algo no negociado ni decidido por los países dentro de la COP. Por ello, tendrá un carácter voluntario no legalmente vinculante y continuará su camino por fuera del proceso de control e implementación del Acuerdo de París. 

Según lo poco publicado al respecto, el roadmap abordará los desafíos fiscales, económicos y sociales de la transición, señalando formas creíbles de ampliar las opciones de cero emisiones y bajas emisiones de carbono.

La Conferencia Global de Phase-Out de los Combustibles Fósiles será para muchos una instancia en el calendario para avanzar en la temática. Se realizará, con el apoyo de Países Bajos, el 28 y 29 de abril de 2026 en Santa Marta, Colombia.

Cabe recordar que en uno y otro caso se están refiriendo a dos conceptos que, en la práctica, hacen a la diferencia. El phase-out -al que refiere la conferencia- es un vocabulario más ambicioso que implica una eliminación progresiva de los combustibles hasta su terminación. En cambio, el transition away from fossil fuel-al que refiere la hoja de ruta y que se consensuó en el Balance Mundial durante la COP28 en Dubái- significa -con un lenguaje menos ambicioso- hacer una transición que deje atrás los combustibles fósiles. 

El segundo interrogante es si la hoja de ruta repetirá las características del roadmap Bakú-Belém para escalar financiamiento a $1,3 billones de dólares, que terminó siendo un mero informe con buenas recomendaciones, sin implementación dentro del proceso de la COP y al que apenas los países “le tomaron nota” en la decisión de Belém.

Un paso a favor de una transición un poco más justa 

De todas las decisiones adoptadas, la del Programa de Trabajo de Transición Justa fue la más celebrada como un resultado favorable. Los países acordaron establecer un mecanismo para su implementación que buscará mejorar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, y permitir transiciones justas, equitativas e inclusivas.

El documento reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y la importancia de hacerlos partícipes de la transición. 

“Los caminos de la transición -incluyendo la expansión de la extracción de combustibles fósiles y de minerales para transición energética, y los proyectos de energías renovables a gran escala- están afectando seriamente a las comunidades indígenas y violando nuestros derechos”, expresó Emil Gualinga, miembro del pueblo indígena Kichwa de Sarayku en Ecuador, y agregó: “Esta decisión nos brinda herramientas para continuar reclamando, nacional e internacionalmente, por asegurar que todas las políticas relacionadas con la transición energética respeten nuestros derechos”. 

Del papel a la realidad, Gualinga criticó la respuesta que los organizadores de la conferencia tuvieron ante las acciones y la presencia de comunidades indígenas alrededor del predio. “La militarización de la COP muestra que las comunidades indígenas son vistas como amenaza, y lo mismo sucede en nuestros territorios: la militarización ocurre cuando defienden sus derechos ante el petróleo, la minería y otros proyectos extractivos”. 

El transversal y conflictivo financiamiento, y lo que sigue

La Decisión Mutirao incluyó elementos de un tema que fue conflictivo entre países desde un inicio: la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público a los países en desarrollo, conforme el artículo 9.1 del Acuerdo de París.

Tras una meta de financiamiento climático decidida en 2024 que movilizará $300 mil millones de dólares anuales a partir de 2026 y con dinero proveniente de múltiples fuentes, en Belém quedó muy diluida la responsabilidad de los países desarrollados de movilizar dinero público. 

“Para que la transición justa sea posible, se necesita el apoyo del financiamiento público, una reforma del sistema económico y una hoja de ruta clara para terminar con los combustibles fósiles”, analizó Friederike Strub, campaigner de Financiamiento Climático de la organización Recourse, y agregó: “Los países ricos han hecho todo lo posible para diluir sus obligaciones financieras, negarse a pagar sus deudas climáticas y socavar los profundos cambios estructurales necesarios en una arquitectura de financiamiento climático y para el desarrollo que, hasta la fecha, no ha logrado hacer justicia”.

La decisión estableció un programa de trabajo de dos años sobre financiamiento climático que incluye el artículo 9.1, pero que refiere a financiamiento climático en general, no exclusivamente a este artículo en particular. 

¿Qué pasa de ahora en adelante? Aún queda pendiente que 79 países -incluyendo India- presenten formalmente sus planes nacionales climáticos –las conocidas NDC– con compromisos más ambiciosos que contribuyan a limitar el calentamiento por debajo del 1,5°C.

Después de varias idas y vueltas, Turquía será el país que presidirá la próxima COP31. Del 09 al 20 de noviembre de 2026. La conferencia tendrá una particularidad: Australia, junto con el apoyo de los países del Océano Pacífico, estará a cargo de la presidencia de las negociaciones, es decir, de la coordinación de trabajo de las discusioens. La siguiente COP32 se celebrará en Etiopía y habrá que ver si India mantiene sus deseos de estar a cargo de la siguiente conferencia como representación de la región asiática. 

Antes de todo ello y tras el cierre de la COP30, lo más importante en el calendario ya ha comenzado: la puesta en práctica en cada uno de los países de los compromisos asumidos de manera multilateral. “La negación, la división y la geopolítica han encarado duros golpes a la cooperación internacional durante este año. La COP30 mostró que la cooperación climática está viva y empujando, manteniendo a la humanidad en la lucha por un planeta habitable”, dijo el secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, tras el cierre de la conferencia, y subrayó: “No estoy diciendo que estamos ganando la pelea climática. Pero, sin duda, todavía estamos en ello y estamos luchando”.

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Este reportaje fue producido por InfoAmazonia , por medio de la Cobertura Colaborativa Socioambiental de la COP30. Lee el reportaje original en: https://infoamazonia.org/es/2025/11/24/la-cop30-finalizo-con-compromisos-minimos-objeciones-latinoamericanas-y-un-gran-trabajo-por-delante/