La pandemia del covid-19 no fue impedimento para que la maquinaria represiva se activara la noche del 23 de diciembre de 2020. 17 funcionarios de las “extintas” Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) dejaron sin luz a toda la zona de Las Trinitarias, en Barquisimeto, estado Lara, e irrumpieron con violencia en la vivienda de Darío Estada.

A punta de gritos, groserías, golpes y sin mostrar una orden judicial, los hombres encapuchados y vestidos de negro se llevaron al hombre -quien es ingeniero en petróleo y activista digital- a un rumbo totalmente desconocido por sus familiares y vecinos, quienes se quedaron atónitos ante la violencia desmedida del operativo policial.

Durante varias horas el paradero de Darío Estrada fue un misterio. Sus familiares lo buscaron en varias sedes y comandancias policiales de Barquisimeto sin obtener respuesta. “Aquí no está”, era lo único que le decían a su madre y a su hermano.

De “Cazador de Rojos” a preso político

Darío Estrada está dentro del trastorno del espectro autista (lo que antes se diagnosticaba como Asperger), tiene una carrera universitaria y tres especialidades en la rama del petróleo. Desde 2014 fue muy activo en redes sociales, principalmente en Twitter (ahora X), donde denunciaba los excesos de poder y la represión de los cuerpos policiales.

Estrada no era dirigente político ni militaba en ningún partido, pero en Twitter logró reunir una gran comunidad bajo el pseudónimo “Cazador de Rojos”, en donde conectó con mucha gente dentro y fuera de Venezuela que también hacían activismo digital en contra del gobierno.

Cuenta Simón Estada, hermano de Darío, que con las protestas de 2017 la zona de Las Trinitarias estaba muy “caliente” y el gobierno tuvo que buscar no menos de 500 efectivos de la Guardia Nacional y varias tanquetas para apagar las manifestaciones que, ya en otras entidades, como en Caracas, estaban controladas.

Durante las protestas, Darío se encargó de montar en su casa una especie de hospital para atender, junto a unos estudiantes de medicina, a todos las personas que llegaban heridas víctimas de la letalidad policial. 

También le salvó la vida a “Lengua”, un perro que mordió a un Guardia Nacional en una protesta y que fue agredido por el funcionario, quien le destrozó la mandíbula con una patada. 

“Al perro lo apodamos así porque la lengua le quedó muy fea. Aún está vivo y pertenece al edificio”, comentó Simón.

Simón narró que en esos días se llevaron detenidos a siete personas, entre ellos a su hermano y su mamá, quienes duraron encarcelados cuatro y quince días, respectivamente.

Darío logró salir de la cárcel bajo presentación. Cuando salió, toda la familia le recomendó que se fuera del país y así lo hizo, pero la distancia no fue impedimento para que desde Perú continuara denunciando lo que ocurría en Venezuela. 

Regresó para ayudar y comenzó su calvario

En diciembre de 2020, Darío se enteró de que su exesposa y madre de su único hijo enfermó de gravedad y decidió volver al país para ayudar en el cuidado de ambos, pero justo cuando venía en camino, la mujer falleció.

Darío, de vuelta en Venezuela, continúo con un perfil más bajo pero igual seguía denunciando y reposteando toda la información que obtenía.

Pese a estar contagiado con covid-19, a Darío se lo llevaron esa noche del 23 de diciembre “los del Faes”. Lo golpearon y lo ataron de manos y pies al asta de la bandera en una de las comandancias donde se lo habían negado a su familia. La misma noche del 24 de diciembre se lo llevaron a Caracas y en ese mismo momento comenzó el calvario de la familia Estrada. 

“Cuando nos enteramos, nos fuimos a la capital, nos activamos con abogados, con la prensa, en las redes sociales, fuimos a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, al Sebin… pero nos regresamos con las manos vacías, nadie sabía nada”, explicó Simón. 

Gracias a la información que pudo suministrarle una periodista a la familia Estrada, pudieron enterarse de que Darío estaba detenido en la sede del Faes en La Quebradita, en Caracas.

Boicot a la Asamblea 

El 28 de diciembre de 2020, Carmen Meléndez, quien para ese momento se desempeñaba como ministra para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó en cadena nacional que habían capturado en Lara a uno de los presuntos implicados en el caso “Operación boicot a la Asamblea Nacional”.

Melendez explicó que Darío Estrada, conocido como “Merienda Negra”, estaba implicado en la coordinación de un supuesto ataque terrorista que tenía como objetivo impedir la instalación del Parlamento. 

Por la misma causa también fueron detenidos el profesor Robert Franco, Argenis Ugueto, Julio César Sánchez (coronel) y Rigoberto Moreno (comisario).

Simón Estrada comentó que en el expediente de su hermano pudo leer que también lo acusaban de ser un “paramilitar entrenado en Colombia, encargado de manejar unos drones con ametralladoras y explosivos, y que además querían secuestrar y decapitar al fiscal de la República Tarek William Saab”, cargos que la familia desestima en su totalidad y que consideran “una novela construida a punta de mentiras y falsos testigos”.

Tres juicios y una pena máxima 

Desde su detención, Darío Estada fue sometido a tres juicios en cuatro años. El primero fue anulado porque no había pruebas en su contra. Duró un año.

En el segundo, el juez se enfermó porque “tenía mucho trabajo” y declinó. También duró un año. 

En el tercero, comenzaron todo desde cero y pasaron 12 meses más, hasta que, a manos de una joven juez de nombre Alejandra Romero (hija de un magistrado) a cargo del Tribunal 3ro de Terrorismo, fue condenado en agosto de 2024 a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y homicidio intencional en grado de tentativa. 

Simón Estrada recordó que los jueces José Mascimino Márquez García y Farik Mora Salcedo, ambos acusados por corrupción y actualmente detenidos, participaron en la detención e imputación de cargos en contra de su hermano.

Estrada aclaró que su hermano Darío no conocía a los demás involucrados en el caso y que vivían muy lejos el uno del otro.

Los traslados como forma de castigo

A Darío Estrada lo han internado en varios centros de reclusión. Luego de la orden dada por Nicolás Maduro de trasladar a los presos políticos a cárceles comunes, el ingeniero en petróleo fue trasladado a La Yaguara, un Centro de Resguardo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) que no está diseñada como una cárcel de alta peligrosidad, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

Luego lo volvieron a trasladar a Barquisimeto, noticia que alegró a sus familiares porque lo iban a tener más cerca, pero finalmente fue devuelto a la Cárcel de Yare II, en el estado Miranda, en donde ya lleva cuatro meses y en donde probablemente cumplirá cinco años detenido. 

La madre de Darío Estrada (76 años) viaja una vez al mes de Barquisimeto al estado Miranda para visitarlo y llevarle la paquetería (alimentos y medicinas) que le permiten. Su hermano, aunque no lo ha podido ver porque no permiten la visita de hombres, se queda afuera para acompañar a su progenitora. 

“El gasto es grande, pero lo hacemos y muchas veces no tenemos cómo costear el traslado y las cosas que le llevamos, pero aún así y con mucho esfuerzo, viajamos para estar con él”, dijo Simón.

Simón Estrada describe a su hermano Darío como una persona muy valiente, que no tiene filtros y no teme por su condición. Contó que su madre la última vez que habló con él en este mes de noviembre lo notó muy retraído, algo normal en su condición. Sin embargo, el ingeniero “se mantiene con su cabeza en alto y ha asegurado que no se va a doblegar ante nadie,  porque no cometió ningún delito”.

En el libro No te olvides de mí, de Kaoru Yonekura, Darío cuenta que para soportar la reclusión y todos los traslados a los que ha sido sometido, imagina que está en un barco, navegando en mar abierto, y que a cada lugar que llega es un puerto nuevo.

“Que haya Justicia, nada más”, es lo que pide Simón al finalizar la conversación.