La ONG Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) presentó sus observaciones y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, considerando que esta debe “garantizar la reparación y no repetición para las víctimas”.
En este análisis sobre el proyecto, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero, Cofavic manifiesta su apoyo a la liberación plena e inmediata de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el cese de medidas administrativas que afecten sus derechos.
Sin embargo, la organización no gubernamental enfatiza que este proceso debe realizarse bajo el estricto cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales, asegurando que las amnistías no se conviertan en un “atajo para la impunidad”.
Desde una perspectiva jurídica, el informe subraya que, si bien el Parlamento tiene la competencia para decretar amnistías, existen límites constitucionales infranqueables. El artículo 29 de la Constitución prohíbe amnistiar delitos de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos, restricción que debe quedar expresada de manera transversal en la ley.
Alcance temporal y riesgos de impunidad
El proyecto propone una amnistía para hechos ocurridos entre enero de 1999 y enero de 2026, un arco de 27 años que le otorga el carácter de una “ley de punto final”. Cofavic advierte que esta amplitud temporal conlleva el riesgo de encubrir violaciones de derechos humanos cometidas contra las propias personas que se pretende amnistiar.
Existe una preocupación profunda por la inclusión de “delitos conexos” sin una definición clara, lo que podría favorecer a agentes del Estado responsables de la represión. Este fenómeno, descrito como “impunidad por absorción”, ocurre cuando el Estado, al perdonar la disidencia política, termina perdonándose a sí mismo por la violencia ejercida para reprimirla.
El derecho a la reparación y la justicia transicional
El análisis destaca que el proyecto no contempla mecanismos de justicia transicional, tales como una comisión de la verdad o medidas de reparación simbólica y económica. De hecho, la exposición de motivos indica que la ley no requiere aportes presupuestarios, lo que ignora la obligación estatal de indemnizar integralmente a las víctimas.
Adicionalmente, el artículo 8 del proyecto pretende extinguir acciones civiles y administrativas, lo cual vulnera el derecho de las víctimas a exigir reparaciones por los daños sufridos. Cofavic insiste en que la ley debe centrarse en las víctimas, garantizando el restablecimiento de sus derechos y estableciendo medidas eficaces de no repetición.
Preservación de la memoria y la evidencia
Una de las críticas más severas se dirige a la orden de archivar definitivamente los expedientes y eliminar registros y antecedentes relacionados con las amnistías. Estos documentos contienen evidencias fundamentales sobre autores materiales, cadenas de mando y condiciones de detención que son vitales para futuras investigaciones.
La destrucción de estos archivos podría “contribuir a la impunidad y falta de investigación y reparación de las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra los amnistiados”. Ante eso, Cofavic propone que se creen mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales para que la eliminación del estigma penal no se traduzca en la destrucción de la memoria histórica de la persecución política.
Recomendaciones para una agenda de derechos humanos
Para que la ley sea legítima, es imperativo que las víctimas sean escuchadas y participen efectivamente en su elaboración y aplicación. Cofavic recomienda precisar de forma taxativa “las exclusiones de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como lo establece el artículo 29 de la CRBV”, así como establecer un mecanismo independiente de supervisión con apoyo de organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, instaron a la derogación de leyes que atentan contra derechos fundamentales, incluyendo la ley contra las ONG y la Ley contra el Odio. Asimismo, el Estado debe reconocer de manera expresa su responsabilidad general en las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo mencionado como un gesto de reparación mínima.
Finalmente, propuso declarar el sobreseimiento de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente en el período objeto de esta Ley de amnistía, y la “restitución de todos sus derechos constitucionales”, sin la destrucción de la memoria histórica y evidencias de una “política de persecución”, creando mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales y de “conservación de los expedientes que registraron las violaciones a sus derechos humanos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Luego de 16 meses en resguardo, Andrés Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y dirigente de La Causa R, reapareció en la escena pública para desgranar la compleja realidad venezolana tras lo que denomina el “portal” abierto el pasado 3 de enero. En una conversación marcada por el análisis de la transición y la denuncia de los mecanismos de represión que aún persisten, Velásquez advirtió que no se puede “pasar la página” del 28 de julio.
Durante su participación en Espacio Runrun.es, entrevistado por Luis Ernesto Blanco, el exgobernador de Bolívar describió su tiempo en la clandestinidad como una etapa “dura”, especialmente en lo humano, marcada por la imposibilidad de acompañar a su familia en momentos clave. Sin embargo, explicó que decidió salir a la “superficie” debido al cambio de circunstancias tras el 3 de enero, fecha que considera un punto de inflexión que permitió movilizaciones masivas, como las del Día de la Juventud.
Para el exgobernador, esta fecha abrió un “portal” o “boquete gigantesco” que la dirigencia debe aprovechar para retomar la acción política en la superficie, a pesar de que los aparatos de represión del Estado, como el Sebin y el Dgcim, permanecen activos e intactos bajo el control de figuras como Diosdado Cabello.
La “estafa” de la amnistía
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el análisis del proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional. Para Velásquez, este instrumento representa una “estafa política” y una “revictimización” de los ciudadanos.
“Es una revictimización del preso político, que tiene que ir a admitir unos delitos que no cometió para ser cubierto por esa ley”, opinó.
Denunció que el proyecto busca obligar a los perseguidos a admitir delitos prefabricados, como el terrorismo, a cambio de una “clemencia” que no les corresponde, pues son prisioneros de conciencia. Asimismo, advirtió que el régimen intenta utilizar esta ley para “lavarse la cara” y otorgar impunidad a los jueces, fiscales y torturadores responsables de las violaciones a los derechos humanos, lo cual contraviene los estándares internacionales de justicia y reparación.
Según el dirigente de la Causa R, el caso de Juan Pablo Guanipa demuestra que el régimen “no resistió el reto democrático” y que, mientras la cúpula actual permanezca, no hay garantías plenas para la actividad política.
Transición, petróleo y EE. UU.
Ante la agenda de normalización económica que parece priorizar Estados Unidos bajo la administración Trump, Velásquez fue tajante al señalar que “la estabilidad solo vendrá con un gobierno bendecido por el voto popular”.
Si bien coincidió en la necesidad de recuperar la industria petrolera como pivote económico, advirtió a Washington no dejarse engañar por la “obediencia” de figuras como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López. “Ellos son la inestabilidad. Su plan es ganar tiempo para seguir al frente”, sentenció.
Insistió en que la ruta hacia la democratización exige plazos y acciones concretas que pasan por reconstituir el ente electoral y devolver los partidos a sus autoridades legítimas; permitir la participación de todos los actores políticos y finalmente unas elecciones libres que incluyan tanto la presidencia como la Asamblea Nacional.
Velásquez y el liderazgo de Machado
Sobre María Corina Machado, quien se encuentra actualmente en Washington cumpliendo una agenda internacional, Velásquez aseguró que su liderazgo es incuestionable y que su retorno al país se producirá en el “momento oportuno”. “María Corina va a venir porque el pueblo quiere que venga y para restablecer definitivamente la democracia en Venezuela”, concluyó.
Velásquez reafirmó que la legitimidad de la oposición reside en el resultado del 28 de julio, una fecha que considera imposible de borrar por ser el detonante de la crisis de ilegitimidad de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional. Sostuvo que el liderazgo de María Corina Machado es sólido y que la agenda de la oposición debe centrarse en recortar los tiempos para lograr elecciones libres, la libertad plena de todos los presos políticos, el desmontaje del aparato represivo y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En conmemoración por el Día de la Juventud, estudiantes universitarios, junto a distintos sectores de la sociedad civil, manifestaron este 12 de febrero en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, una actividad que también se repitió en otros estados del país.
“Transición en libertad”, y “no nos volverán a silenciar” fueron consignas comunes que confluyeron en la protesta, que comenzó a las 10:00 de la mañana del jueves en la Plaza del Rectorado de la UCV. A la actividad asistieron decenas de familiares de presos políticos procesados por distintas causas: Operación Gedeón, presos políticos de Pdvsa, recluidos en la Zona 7 de la PNB, en Boleíta y procesados arbitrariamente por la denominada “Operación Trueno” de 2022, entre otros.
Los universitarios entonaron diversos cánticos. En uno de ellos exigían a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, así como a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, cumplir con la promesa de liberar a los presos políticos.
Representantes estudiantiles no solo de la UCV, sino de la Universidad de los Andes, Universidad de Oriente, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Santa María y Universidad Simón Bolívar, asistieron a esta protesta.
#12Feb "Jorge, responde. Delcy, responde", dicen al unísono los estudiantes desde la concentración en la Universidad Central de Venezuela por el Día de la Juventud pic.twitter.com/DbUcIZTFlx
Los universitarios recalcaron que volvieron a las calles y que continuaránen ellas demandando la restitución plena de los derechos.
#12Feb "La gente se pregunta ¿qué es lo que se ve? Son los estudiantes en la calle otra vez", es la consigna que se escucha desde el movimiento estudiantil en la Universidad Central de Venezuela pic.twitter.com/Nwab2MoeHf
En los carteles y pancartas los mensajes eran variopintos: exigencias por la libertad de presos políticos, reclamos contra la persecución a los jóvenes, peticiones por el rescate de las libertades civiles y rechazos a la censura y al silencio impuestos a los excarcelado, entre otros.
La manifestación se convirtió en una marcha que caminó por varias calles internas de la UCV, pasó por el Hospital Clínico Universitario y luego salió hacia la avenida Paseo Los Ilustres, para retornar finalmente al acceso de la casa de estudios superiores próximo a la estación del metro de Ciudad Universitaria. Ese fue precisamente el momento de mayor euforia: cuando la juventud universitaria y los ciudadanos se percataron de que habían trascendido los muros de la universidad y la protesta salió a una calle principal.
#12Feb "Y ya llegó. Y ya está aquí. La juventud de este país", entonan los estudiantes universitarios desde la UCV pic.twitter.com/QtiT0BNXWE
Representantes de la dirigencia estudiantil pronunciaron varios discursos en distintos puntos de la concentración desde los techos paralelos a las calles internas de la UCV, así como también durante la marcha.
“Apuesten por la juventud, que nosotros vamos a responder en todos los escenarios”, expresó mientras avanzaba la caminata Miguelangel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV.
Al termino de la marcha, en el acceso a la UCV adyacente a la estación del Metro de Ciudad Universitaria, Suárez recordó en su discurso la lucha de todos los jóvenes que, “soñando con la misma Venezuela que hoy soñamos, perdieron la vida”. Mencionó a Neomar Lander, Bassil da Costa y Robert Redman, estos dos últimos murieron justamente de forma violenta hace 14 años en protestas por el 12 de febrero.
También, hizo una promesa en nombre de los estudiantes: “A esta generación no la silencian más nunca. Seguiremos movilizados en las calles hasta que cada uno de nuestros derechos violentados en los últimos años sean restituidos. La juventud merece la oportunidad de reconstruir el país que queremos y soñamos”.
ÚLTIMA HORA | Estudiantes prometen seguir movilizados en las calles hasta que se restituyan todos los derechos en Venezuela
#12Feb Miguelangel Suárez, presidente de la FCU-UCV: "Estamos aquí para conmemorar la lucha de todos nuestros hermanos que soñando con la misma Venezuela que hoy soñamos, perdieron la vida" pic.twitter.com/PWO7mWp6Cy
En homenaje póstumo a los jovenes Basil Da Costa, en honor de Robert Redman, estudiantes asesinados un día como hoy en 2014. La juventud venezolana da vida en su memoria a esa legión de jóvenes que lo dieron todo por la libertad de Venezuela. ¡Que vivan los estudiantes! pic.twitter.com/msSOjVaJ8C
Rosa Cucunuba, vicepresidente de la FCU-UCV, dedicó parte de su discurso a expresar su solidaridad con quienes está aún encarcelados: “Hoy no tenemos nada que celebrar los jóvenes. No podemos celebrar mientras haya madres a las afueras de los centros de reclusión esperando a sus hijos”.
Octavio González, consejero universitario de la UCV, agradeció el apoyo de la sociedad civil y sindicatos que asistieron y destacó que este 12 de febrero tuvo algo especial, porque podían expresarse de nuevo con “un poco más de libertad y más guáramo”. Recordó la gesta del 28 de julio de 2024: “Nos estamos quitando las cadenas desde esa fecha, aunque se robaron un proceso y metieron presas a muchas personas”.
#EnVideo | Consejero Universitario Octavio González desde la plaza del rectorado de la UCV
“Nos estamos quitando las cadenas del #28Jul que nos impusieron a la fuerza, porque se robaron las elecciones y metieron presos a quienes defendieron los resultados”. pic.twitter.com/64nTnBNM2v
Expresos políticos hicieron acto de presencia en el evento para acompañar a la juventud en sus reclamos por los derechos de los ciudadanos y enviar varios mensajes.
Jesús Armas, profesor de la UCV y expreso político recientemente excarcelado, acompañó a los jóvenes en esta protesta del #12Febrero. Pidió que el temor “no congele” a la sociedad y que se fortalezca el tejido social y la organización. También, conminó a que se mantenga la demanda de que todos los detenidos por razones políticas sean liberados.
Jesús Armas, profesor de la UCV y expreso político recientemente excarcelado, acompañó a los jóvenes en esta protesta del #12Febrero. Pidió que el temor "no congele" a la sociedad y que fortalezca el tejido social y la organización pic.twitter.com/0go1FECrwy
Mientras que el expreso político y periodista, Ramón Centeno, envió un conmovedor mensaje. Al referirse a sus medidas cautelares, expresó: “La medida más dura que tengo es pensar en mis compañeros aún presos, porque sé lo que están sintiendo, el dolor que están pasando. Por eso, me limpio las lágrimas y toda venganza, o tristeza que pueda existir, al servicio de todas las madres de Venezuela, para que nos reencontremos y esto sea una unidad verdadera”.
El conmovedor mensaje del expreso político y periodista, Ramón Centeno, desde la protesta de este #12Feb al referirse a sus medidas cautelares: "La medida más dura que tengo en mi pecho es pensar en mis compañeros aún presos, porque sé lo que están sintiendo" pic.twitter.com/yr3F2I265f
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este jueves, la Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, aplazó el segundo debate sobre el proyecto de Ley de Justicia para la Convivencia Democrática, también conocido como Ley de Amnistía.
El diferimiento se realizó a solicitud de la diputada de oposición por el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Nora Bracho, al “haber diferencias” por el artículo 7 de la ley, que exige a los procesados y condenados presentarse ante la justicia.
En la sesión celebrada esta jornada con dos días de retraso, la AN aprobó dicha ley hasta el artículo sexto. Se tiene previsto que para el martes de la semana próxima, después de Carnaval, continúe el debate y se apruebe en su totalidad la normativa.
AN difiere segunda discusión del proyecto de ley de Amnistía. Se discutió hasta el punto 7. pic.twitter.com/K5d065RsjK
El diputado opositor Luis Florido, de Un Nuevo Tiempo, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.
El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, propuso aplazar “la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios” y “mantener el clima necesario de conciliación”.
La propuesta de Ley de Amnistía fue realizada por la presidenta encargada de Venezuela con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez. La misma fue aprobada en primera discusión el pasado 5 de febrero por unanimidad.
La normativa consta de 13 artículos y plantea una amnistía general para personas procesadas o condenadas por “delitos políticos o conexos” cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.
Quedan excluidos de la amnistía los casos de violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, narcotráfico y delitos contra el patrimonio público.
Así reaccionaron las ONG
Ante el aplazamiento de la discusión, distintas organizaciones no gubernamentales se pronunciaron alegando que no se han producido producido cambios sustanciales en el texto, más allá de la incorporación de principios constitucionales que ya son de aplicación obligatoria.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló a través de su cuenta en X que siguen “atentos a que el proyecto cumpla con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo relativo a la no exclusión, la no revictimización y la garantía de reconocimiento del daño y reparación”.
Tras la discusión realizada hoy en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de amnistía, observamos que no se han producido cambios sustanciales en el texto, más allá de la incorporación de principios constitucionales que ya son de aplicación obligatoria.
La ONG Espacio Público advirtió que el proyecto deLeydeAmnistía “subordina la libertad de las personas detenidas y procesadas injustamente, así como también a la discrecionalidad de los tribunales”.
#AlertaLeyDeAmnistía | Desde Espacio Público advertimos que el proyecto de Ley de Amnistía subordina la libertad de las personas detenidas y procesadas injustamente, así como también a la discrecionalidad de los tribunales | #LibertadPlenaParaTodoshttps://t.co/nnGqWrYZ70
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó que el diferimiento “sofoca y tortura más a miles de venezolanos. Además, demuestra que todo lo que promete la Dictadura es falso, si incluye algún derecho o beneficio para las mayorías”.
DIFERIDA LA LIBERTAD | Si bien la Ley de Amnistía, tal como la están presentando, no garantiza ninguno de los pilares fundamentales, a saber: 1) Libertad Plena para todos los #PresosPolíticos, 2) Reparación y Justicia y 3) Garantía de No Repetición, la aprobación hoy era una… pic.twitter.com/nHkqnszJtV
— Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) February 12, 2026
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En el Palacio de Miraflores se pusieron las alpargatas y bailaron un joropo a ritmo de música country este miércoles 11 de febrero con el arribo a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
A ritmo de música llanera y como si no hubiese habido un ataque que provocó la muerte de más de 100 personas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió con sonrisas y loas al funcionario americano.
🔴 #Urgente Así recibió Delcy Rodríguez a Chris Wright en Venezuela.
Parecía que hace poco más de un mes no hubiese habido una acción bélica que desembocó en la prisión y futuro juicio que ahora enfrenta Maduro, a quien la propia Rodríguez aún llama “presidente constitucional”.
A propósito de la acción de los miembros de las fuerzas armadas americanas el pasado 3 de enero, Wright indicó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump “no quiere más acciones militares ni conflictos”, con lo que la posibilidad de un segundo ataque pierde fuerza.
Estas fueron unas de las frases que dijeron este 11 de febrero en el palacio de gobierno venezolano.
Chris Wright
-“Vengo a traer un mensaje del presidente Trump para transformar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y traer prosperidad, trabajos, oportunidades para la gente”
-“Queremos liberar al pueblo y a la economía de Venezuela”
-“Queremos seguridad, invertir dinero, aumentar la producción petrolera, crear nuevos trabajos e incrementar las exportaciones”
-“Venezuela tiene enormes recursos naturales, pero lo mejor es la gente”
-“Tuve un diálogo muy amable y cálido para solventar todos nuestros problemas y establecer desafíos”
-“Tenemos planes específicos para hacer América grande otra vez. La agenda del presidente Trump es la paz”
Delcy Rodríguez
-”Hemos conversado en acuerdos en materia de petróleo, gas, minería y electricidad”
-”Tenemos una agenda de trabajo con puntos focales importantes y una asociación productiva a largo plazo”
-“Estoy segura que a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias”
-“Sabemos que este primer viaje será el primero de muchos”
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En el marco del Día de la Juventud, los estudiantes de distintos estados del país se lanzaron a la calle para exigir la libertad de todos los presos políticos, el cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de los exiliados.
Cada 12 de febrero, los estudiantes venezolanos salen a las calles para conmemorar una fecha que, más que un hito histórico, se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia.
Desde tempranas horas, los jóvenes de Mérida, Táchira, Zulia, Maracay, Valenciay Barquisimeto recuerdan no solo la Batalla de La Victoria de 1814, también conmemoran hechos más recientes como los ocurridos en el 2014 cuando fueron asesinados en una protesta antigubernamental los jóvenes Bassil Da Costa y Robert Redman.
A continuación una muestra de cómo se vivió este 12 de febrero en otras ciudades del país:
Zulia
En Maracaibo decenas de jóvenes, estudiantes y sociedad civil tomaron las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos. Los manifestantes recordaron a Paul Moreno, estudiante de Medicina y miembro de la Cruz Verde asesinado por la represión chavista en las protestas de 2017.
Los jóvenes merideños marcharon hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de los presos políticos. “Ya cayó, ya cayó, este gobierno ya cayó”, era el coro de los manifestantes.
El movimiento estudiantil tomó las calles de Barquisimeto con una exigencia clara: libertad inmediata para todos los presos políticos y el cese de la persecución.
Estudiantes de la UDO núcleo Maturín, se concentraron en la entrada de esta casa de estudios para exigir la completa libertad de los presos políticos, salarios y pensiones dignas, así como mejoras en todas las universidades del país.
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A juicio de Andrés Guanipa, su hermano, el dirigente político Juan Pablo Guanipa no cometió delito alguno antes de que fuese nuevamente encarcelado por el gobierno de Delcy Rodríguez.
Guanipa fue junto al abogado penalista Joel García, invitado de la edición número 100 este martes 10 de febrero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.
Guanipa dijo en el programa semanal donde estuvieron, Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que al régimen chavista le molestó el apoyo recibido por su hermano en las calles de Caracas posterior a su excarcelación el pasado fin de semana.
“Porque en apenas unas horas libre, levantó el tablero sin planificarlo, haciendo lo que sabe hacer: dar la cara y decir la verdad”, dijo Guanipa.
Andrés relató que su hermano fue secuestrado por personas sin identificación que lo metieron en una camioneta y le taparon la cara con una franela para que no supiera hacia dónde lo llevaban.
El hermano de Juan Pablo afirmó que en una primera instancia le dijeron que lo iban a llevar a Maracay, pero luego se percató que estaba de vuelta en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de donde horas antes había salido.
“Allí se tranquilizó un poco porque sabía que no se trataba de grupos irregulares, sino del propio régimen”.
Guanipa manifestó que su hermano fue trasladado en un operativo policial “exacerbado” a Maracaibo para someterlo a casa por cárcel, portando un grillete y con funcionarios policiales permanentemente apostados a las afueras de su residencia.
Guanipa reiteró que su hermano no incumplió medida cautelar alguna porque en la boleta de excarcelación emitida el pasado fin de semana solo le indicaron presentarse en un tribunal en Caracas cada 30 días y no salir del país.
“Lo que hizo fue ir a visitar a otros presos políticos y dar declaraciones, si esos son delitos entonces estás demostrando que estamos en dictadura”.
Joel García indicó que el Ministerio Público tiene la potestad de pedir la revocatoria de una medida cautelar, pero lo grave es que haya un juez que la conceda.
“Si estuviésemos en un Estado de Derecho se apela la decisión y el juez tiene que ser destituido porque eso es un error inexcusable de derecho”, enfatizó el abogado.
El penalista sentenció que por esa razón es que el gobierno impide que se nombre a una defensa privada.
“Eso no es una excarcelación, Juan Pablo ahora está silenciado, vigilado y con un grillete en el tobillo. Es incoherente si estamos hablando de reconciliación y paz”.
Para Rísquez la decisión de volver a aprehender a Guanipa no fue aislada, sino tomada por el grupo que gobierna.
Amaya aportó que la detención de Guanipa fue una acción neutralizante, porque este le inyectó un tono político a las protestas de los familiares de los presos en El Helicoide y la Zona 7 de Boleíta.
“A Juan Pablo lo que le tienen es miedo, lo que le molesta al régimen es el apoyo que recibió, pero no lo van a poder silenciarlo, él no hizo nada imprudente. Me siento orgulloso de cómo actuó”, dijo Guanipa.
Andrés aseguró que tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como el senador republicano Rick Scott, brindaron apoyo mientras se desconocía el paradero de su hermano. “Me dijeron que me quedara tranquilo”.
Para Batiz, Guanipa es el primer preso de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
El director de El Pitazo indicó que Diosdado Cabello está en el Ministerio de Interior y Justicia para recordarle a la sociedad civil que “quien se salga de la línea será castigado con severidad”.
Según Batiz, el cargo de Tarek William Saab al frente de la Fiscalía se encuentra amenazado y por eso acata las instrucciones de los hermanos Rodríguez.
Una ley “chucuta”
Para el abogado García, la aprobada en primera discusión Ley de Amnistía le atribuye la responsabilidad de los supuestos crímenes al beneficiario y exime al Estado de atropellos cometidos.
“Ellos nunca hubiesen hecho una Ley de Amnistía, porque les funciona la represión. La hacen porque reciben instrucciones y es probable que antes de ser totalmente aprobada pase por un tutelaje”, sentenció García.
El experto en derecho penal denunció que pese a la promesa de Delcy Rodríguez de contemplar una amnistía de 1999 hasta el presente, la sumatoria de las fechas expuestas en el documento suman apenas dos años y dos meses.
“Eso no es nada y va a excluir a mucha gente, en el texto los militares están invisibilizados, no se incluyen aquellos delitos que tienen que ver con opinión, no se habla de reparación ni de indemnización de las víctimas, tampoco de la conformación de una Comisión de la Verdad que incluya a ONG y academias, es algo improvisado”.
García aplaudió que la discusión de la ley se haya diferido y los parlamentarios estén reuniéndose con familiares de presos políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
“Hay que criticar a esos diputados que aprobaron esa ley en primera discusión sin conocerla. Tiene que ser evaluada y mientras tanto se pueden seguir produciendo excarcelaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Juan Pablo Guanipa acarició algo parecido a la libertad durante apenas cinco horas. Tras ocho meses de detención arbitraria, la excarcelación del dirigente opositor tuvo lugar el pasado 8 de febrero de 2026. Se dirigió a la Zona 7 de Boleíta, en Caracas, para acompañar a los familiares de quienes aún siguen tras las rejas. Ofreció algunas entrevistas y, desde sus redes sociales, hizo un llamado a seguir luchando por la libertad plena y la restitución de la democracia en Venezuela.
Pero la emoción se esfumó muy rápido. Antes de la medianoche de ese mismo domingo, al menos 10 sujetos armados se lo llevaron por la fuerza. La madrugada del lunes 9 de febrero, el Ministerio Público admitió haber solicitado revocar su medida cautelar por un supuesto “incumplimiento de las condiciones impuestas”, aunque su familia divulgó una boleta de excarcelación en la que claramente se evidenciaba que solo tenía régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.
El castigo para Guanipa no fue el regreso a una celda común, sino una modalidad de encierro distinta: fue trasladado a su domicilio, donde ahora vive con un grillete electrónico en el tobillo, custodia policial en su estacionamiento y la prohibición absoluta de declarar a medios o redes sociales, denunció su hijo, Ramón Guanipa, este 10 de febrero.
“Mi papá solo fue a decirle a los familiares -en Zona 7- que pronto iban a salir, a darle ánimos de que serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Lo mismo que hizo Jorge Rodriguez, exactamente lo mismo.Pero Jorge Rodríguez sí puede hacerlo, pero mi papá no lo puede hacer, ah no, mi papá por eso desestabilizó al país, por darle apoyo a las personas que están esperando afuera de los centros”, reclamó Guanipa hijo.
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El caso de Guanipa ilustra una realidad técnica y dolorosa: para los presos políticos en Venezuela, salir de un centro de reclusión no significa ser libre. Las organizaciones de derechos humanos enfatizan que el término correcto en este contexto es“excarcelación” y se limita al acto físico de salir del centro de reclusión. No implica que la persona sea libre de cargos, ni que recupere sus derechos civiles plenamente, pues sus procesos judiciales siguen abiertos y distintas restricciones los acompañan.
Alfredo Romero, director del Foro Penal, lo advirtió con claridad: “No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar. Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad”.
A más de un mes del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela han ocurrido a cuentagotas y a medias. Ni siquiera hay un número “oficial” que se pueda tomar como referencia y que se actualice periódicamente. Mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, cifraba los beneficiados en más de 600 a finales de enero, el ministro Diosdado Cabello elevó la cifra a más de 800 el pasado 9 de febrero.
En paralelo, y en un arduo esfuerzo, las organizaciones no gubernamentales verifican exhaustivamente cada excarcelación para corroborar que efectivamente se estén contabilizando quienes estaban detenidos por razones políticas. De acuerdo con el conteo del Foro Penal, hasta el 10 de febrero de 2026, habían sido 431 los excarcelados.
El castigo después de las rejas
Al no haber una sentencia de libertad plena, los presos políticos excarcelados enfrentan el riesgo de ser devueltos a prisión si el tribunal así lo decide, o si se alega un incumplimiento de las medidas. Para quienes logran cruzar la puerta del penal, las restricciones se convierten en una extensión de las rejas.
Las medidas cautelares suelen incluir prohibición de salida del país, régimen de presentación periódica ante tribunales y, cada vez con más frecuencia, el “voto de silencio” o prohibición de hablar con medios de comunicación, publicar en redes sociales o asistir a manifestaciones.
Entre muchos otros casos, esto último es lo que experimentan figuras como la abogada Rocío San Miguel, excarcelada el 8 de enero de 2026 tras casi dos años de prisión, y Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González, excarcelado el 21 de enero. Ambos tienen prohibido declarar públicamente sobre sus experiencias en prisión.
Así como ocurrió con Guanipa, la prisión se trasladó también hasta los hogares del defensor de derechos humanos y exmagistrado Perkins Rocha y el coordinador de Voluntad Popular, Freddy Superlano, excarcelados ambos el pasado 8 de febrero y a quienes se les impuso arresto domiciliarios.
Las fotografías de Guanipa y Rocha con sus grilletes han generado la reflexión de varios juristas. Para el defensor de derechos humanos y experto en Derecho Penal, Joel García, si una persona sale de la cárcel para vivir “vigilada, silenciada y con un grillete en el tobillo”, no ha sido excarcelada, “ha sido trasladada a otra modalidad de encierro” y el cambio de escenario no implicó una restitución de sus derechos.
El temor de estar excarcelados, pero no libres, sigue siendo una constante aunque algunos detenidos por razones políticas ahora estén en sus casas. Andreína Baduel, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) reveló a Runrun.es que el caso “ejemplarizante” de Guanipa ha causado mucha “zozobra” entre los recientemente excarcelados, quienes temen que con ellos se repita esta acción irregular.
“Ellos -los excarcelados- han estado acompañando las vigilias, concentraciones y actividades de incidencia del comité y allí, el foco para fotografías y monitoreos son ellos y los líderes de cada actividad”, comentó. “Ningún excarcelado sale totalmente libre, todos salen con medidas restrictivas, así que el drama no termina para ellos, como tampoco ha terminado para quienes permanecen en condiciones de horror como mi hermano desde hace ocho años”, sumó Baduel.
Otra condición común que comparten quienes salieron de la prisión política es la obligatoriedad de la presentación periódica, sin importar cuán precarias sean sus condiciones de salud. Es el caso del periodista Ramón Centeno, quien debe seguir asistiendo a audiencias de juicio a pesar de su situación de salud. El 5 de febrero de 2026, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que Centeno, quien permanece en silla de ruedas a espera de una cirugía urgente para volver a caminar, fue sometido a una espera de nueve horas en su última comparecencia a tribunales. “La justicia no puede ser utilizada como una herramienta de desgaste físico para quien ya tiene su salud comprometida”, advirtieron.
Mantenerlos en silencio parece ser la norma. Nicmer Evans, periodista recientemente excarcelado, denunció que los miembros de la comisión de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional intentaron impedirle participar en la reunión que tuvo lugar el pasado 10 de febrero con presencia de familiares de víctimas y defensores.
“Nicmer, tú después me mandas lo que me quieres mandar, tú sabes cómo hablar conmigo, me has escrito varias veces”, le refutaba Jorge Arreaza en un video difundido en redes sociales. “Yo como excarcelado tengo derecho a hablar”, insistía Evans. Al final, por la presión de los defensores y personas asistentes, le dieron el derecho de palabra.
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No hay transición sin libertades plenas
El defensor de Derechos Humanos y director de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, opinó que el hecho de que luego de la detención de Nicolas Maduro y los bombardeos en Venezuela se produzcan excarcelaciones confirma que los presos políticos “siempre fueron fichas de canje” y que tal acumulación de personas en prisión “estaba esperando un momento de negociación como este”.
Aunque sostiene que las excarcelaciones son una alegría, insiste en que la libertad plena es lo que debería proceder, ya que todas las causas penales y acusaciones continúan abiertas en todos los casos.
“Habría que ver cuántas cesan como consecuencia de la Ley de Amnistía. Para que haya libertad plena, el proceso penal debe terminar, no solo suspenderse. Eso ocurre cuando el Ministerio Público solicita el archivo fiscal, o el tribunal dicta un sobreseimiento definitivo, declarando que el hecho no existió, no es delito, o la persona señalada no participó en los hechos”, profundiza.
El sociólogo comenta que el caso de Guanipa –detenido nuevamente a pocas horas de ser excarcelado y enviado a arresto domiciliario con medidas más restrictivas- recuerda a todos los venezolanos que las libertades cívicas (manifestación, expresión y libre asociación) “continúan suspendidas en el país por la vía de los hechos”, así como también que todavía “no podemos hablar que estamos siendo testigos de una transición democrática en el país”.
Destaca asimismo que medidas como el silencio impuesto a los excarcelados (prohibición de declarar, opinar, denunciar, participar) y uso de grilletes no son “condiciones administrativas” ni “medidas de seguridad” neutras.
“En derecho constitucional y en estándares internacionales, son formas de castigo encubierto y control político aplicadas a personas que no han sido condenadas o que ya deberían estar en libertad plena. Lamentablemente, este tipo de restricciones se fueron normalizando bajo un contexto autoritario”, amplía.
La prohibición de declarar o participar en actividades políticas viola los artículos 57, 62, 63 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV) que consagran los derechos a la libertad de expresión, derecho a la participación política y libertad personal. La Carta Magna, además, prohíbe expresamente la censura previa, por lo que condicionar la libertad a “no hablar” es inconstitucional per se. En el marco internacional, este impedimento de expresar públicamente las opiniones o brindar declaraciones vulnera los artículos 13, 23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que abarcan la libertad de expresión, derechos políticos y protección judicial efectiva.
Mientras que con el endurecimiento arbitrario de medidas cautelares (como en el caso de Juan Pablo Guanipa) se violan asimismo los principios de proporcionalidad (artículo 44 de la CRBV), debido proceso (artículo 49 de la CRBV) y presunción de inocencia (art. 49.2 CRBV)
Uzcátegui enfatiza también que las medidas cautelares solo pueden restringir lo estrictamente necesario para asegurar la presencia del imputado en juicio y que endurecerlas sin nueva imputación ni incumplimiento “es ilegal”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
