Luego de 16 meses en resguardo, Andrés Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y dirigente de La Causa R, reapareció en la escena pública para desgranar la compleja realidad venezolana tras lo que denomina el “portal” abierto el pasado 3 de enero. En una conversación marcada por el análisis de la transición y la denuncia de los mecanismos de represión que aún persisten, Velásquez advirtió que no se puede “pasar la página” del 28 de julio.
Durante su participación en Espacio Runrun.es, entrevistado por Luis Ernesto Blanco, el exgobernador de Bolívar describió su tiempo en la clandestinidad como una etapa “dura”, especialmente en lo humano, marcada por la imposibilidad de acompañar a su familia en momentos clave. Sin embargo, explicó que decidió salir a la “superficie” debido al cambio de circunstancias tras el 3 de enero, fecha que considera un punto de inflexión que permitió movilizaciones masivas, como las del Día de la Juventud.
Para el exgobernador, esta fecha abrió un “portal” o “boquete gigantesco” que la dirigencia debe aprovechar para retomar la acción política en la superficie, a pesar de que los aparatos de represión del Estado, como el Sebin y el Dgcim, permanecen activos e intactos bajo el control de figuras como Diosdado Cabello.
La “estafa” de la amnistía
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el análisis del proyecto de Ley de Amnistía que se discute en la Asamblea Nacional. Para Velásquez, este instrumento representa una “estafa política” y una “revictimización” de los ciudadanos.
“Es una revictimización del preso político, que tiene que ir a admitir unos delitos que no cometió para ser cubierto por esa ley”, opinó.
Denunció que el proyecto busca obligar a los perseguidos a admitir delitos prefabricados, como el terrorismo, a cambio de una “clemencia” que no les corresponde, pues son prisioneros de conciencia. Asimismo, advirtió que el régimen intenta utilizar esta ley para “lavarse la cara” y otorgar impunidad a los jueces, fiscales y torturadores responsables de las violaciones a los derechos humanos, lo cual contraviene los estándares internacionales de justicia y reparación.
Según el dirigente de la Causa R, el caso de Juan Pablo Guanipa demuestra que el régimen “no resistió el reto democrático” y que, mientras la cúpula actual permanezca, no hay garantías plenas para la actividad política.
Transición, petróleo y EE. UU.
Ante la agenda de normalización económica que parece priorizar Estados Unidos bajo la administración Trump, Velásquez fue tajante al señalar que “la estabilidad solo vendrá con un gobierno bendecido por el voto popular”.
Si bien coincidió en la necesidad de recuperar la industria petrolera como pivote económico, advirtió a Washington no dejarse engañar por la “obediencia” de figuras como Diosdado Cabello o Vladimir Padrino López. “Ellos son la inestabilidad. Su plan es ganar tiempo para seguir al frente”, sentenció.
Insistió en que la ruta hacia la democratización exige plazos y acciones concretas que pasan por reconstituir el ente electoral y devolver los partidos a sus autoridades legítimas; permitir la participación de todos los actores políticos y finalmente unas elecciones libres que incluyan tanto la presidencia como la Asamblea Nacional.
Velásquez y el liderazgo de Machado
Sobre María Corina Machado, quien se encuentra actualmente en Washington cumpliendo una agenda internacional, Velásquez aseguró que su liderazgo es incuestionable y que su retorno al país se producirá en el “momento oportuno”. “María Corina va a venir porque el pueblo quiere que venga y para restablecer definitivamente la democracia en Venezuela”, concluyó.
Velásquez reafirmó que la legitimidad de la oposición reside en el resultado del 28 de julio, una fecha que considera imposible de borrar por ser el detonante de la crisis de ilegitimidad de Nicolás Maduro ante la comunidad internacional. Sostuvo que el liderazgo de María Corina Machado es sólido y que la agenda de la oposición debe centrarse en recortar los tiempos para lograr elecciones libres, la libertad plena de todos los presos políticos, el desmontaje del aparato represivo y la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral.
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