Este viernes 27 de febrero, al menos ocho presos políticos militares fueron excarcelados, informó en la red social X, Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal.
Según la organización no gubernamental, entre los excarcelados se encuentran Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.
Ambos estaban detenidos arbitrariamente desde agosto de 2024, a raíz de la ola represiva crisis desatada tras la cuestionada “victoria” de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio julio de ese año, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó al chavista sin hasta ahora mostrar datos desagregados.
El grupo de militares fue excarcelado ocho días después de quela Asamblea Nacional aprobara una amnistía que si bien contempla un período de 27 años, desde 1999 al presente, establece que se concederá a personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años distintos.
El presidente de la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, el chavista Jorge Arreaza, indicó que un total de 223 personas han salido de prisión desde la aprobación de la normativa, el pasado 19 de febrero.
“La amnistía ha beneficiado a 223 personas que estaban privadas de libertad y a 4.534 personas que tenían libertades restringidas con medidas cautelares”, detalló el diputado en un mensaje en Telegram.
De acuerdo al diputado del Parlamento dominado por el chavismo, se han otorgado 4.757 libertades plenas de las 8.110 solicitudes que han recibido las autoridades para la amnistía.
En su última actualización, Foro Penal contabilizó 182 presos políticos militares, así como 386 civiles, para un total de 568.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“El Juez Luis Ovalles negó el sobreseimiento de la causa correspondiente al Caso Paramacay, ignorando de manera flagrante lo establecido en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, escribió en su cuenta de X el abogado Luis Armando Betancourt.
Betancourt sostuvo que la decisión de mantener el proceso judicial contra Juan Carlos Caguaripano, Omar Escalante, José Rengifo y otros ciudadanos constituye una violación directa al principio de legalidad.
El abogado dijo que los acusados enfrentan cargos por traición a la patria y rebelión.
Calificó al actual sistema judicial como una herramienta de persecución política al ignorar una ley vigente.
“La amnistía no es discrecional, es ley de la República”, sentenció expuso Betancourt, quien agregó que la norma debe aplicarse por encima de cualquier criterio subjetivo del tribunal.
El 6 de agosto de 2017 un grupo de aproximadamente 20 personas, liderado por el excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, asaltó el Fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo.
Luego de un enfrentamiento que dejó dos muertos y varios heridos, Caguaripano y el capitán Yuaris Rengifo lograron escapar con el arsenal, siendo capturados días después en Caracas.
El objetivo de la operación era sustraer armamento de alta potencia para iniciar un movimiento de resistencia contra el gobierno del actual preso de los Estados Unidos, Nicolás Maduro.
Los implicados fueron acusados por tribunales militares de delitos como traición a la patria, rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y ataque al centinela.
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En procura de atender un brote de fiebre amarilla en el país, la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez, aseguró que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez está adquiriendo nuevas dosis de vacunas.
La funcionaria chavista dijo que darán prioridad a los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, lugares donde las autoridades tienen certeza de que el virus está circulando
“Estamos estimando que, aproximadamente, bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto de los estados que nos falta, puede ser dos meses más o menos”, indicó en entrevista efectuada en Venezolana de Televisión (VTV).
El Ministerio de Salud publicó una infografía en Instagram con datos de casos y decesos por fiebre amarilla en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana, pero no reveló las cifras de Venezuela.
Según informó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla.
Gutiérrez aseguró que en el resto del país también están garantizadas las vacunas contra la fiebre amarilla e hizo un llamamiento a la población a inmunizarse contra esta enfermedad.
En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que en la última década el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura de vacunación en Venezuela.
El aviso de supuesta vacunación masiva sucede después que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Armando De Negri Filho, sostuvieron una reunión.
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La organización Insight Crime publicó un especial de seis capítulos para explicar el estatus en el que se encuentra el negocio del narco, el Cartel de los Soles, la actuación de la guerrilla y el rol de los nuevos jerarcas del país, luego de que Estados Unidos bombardeara distintos puntos de Caracas el pasado 3 de enero para capturar y llevar ante la justicia a Nicolás Maduro.
Aquí las claves de este análisis:
Venezuela después de Maduro
Pese a que la captura de Nicolás Maduro marcó un hito en la historia política y criminal de Venezuela, esto no significó el desmantelamiento del chavismo. Su sucesora, Delcy Rodríguez, quien cuenta con el aval de Donald Trump, es ahora la heredera de un modelo de gobernanza híbrida que sigue teniendo a dos de sus piezas claves en el mismo lugar: el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Rodríguez, en su nuevo cargo, tiene una doble tarea: evitar escándalos de corrupción que impulsen una segunda intervención militar estadounidense en el país y, al mismo tiempo, mantener el flujo de dinero ilícito hacia los sectores más radicales y militares para evitar una rebelión interna.
La llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia no garantiza limpieza institucional. Según Insight Crime, testimonios de figuras como el general Clíver Alcalá la definen a ella y a su hermano Jorge como los “arquitectos del régimen”.
Delcy Rodríguez , de verde, junto a su hermano Jorge Rodríguez (derecha) y Diosdado Cabello (izquierda). Foto: Prensa Presidencial.
¿Qué pasó con el negocio del narco?
La captura de Nicolás Maduro no ha significado el fin del narcoestado en Venezuela. Al contrario, este especial sugiere que el negocio no solo sobrevive, sino que está más institucionalizado que nunca bajo la sombra de Rodríguez, Cabello y Padrino López.
De acuerdo con Insight Crime, las rutas tradicionales del narco se enfriaron temporalmente debido, sobre todo, a la presencia de la Armada estadounidense en el Caribe. Cuando estas se retiren, el negocio retornará a las costas del occidente del país.
La actividad, sin embargo, no se ha detenido por completo, sino que ha mutado. Ahora, los cargamentos se han desplazado hacia el sur y la costa oriental, utilizando a Guyana y Surinam como plataformas de salida hacia Europa, un mercado más rentable que el estadounidense.
Además, Insight Crime ha detectado la construcción de “narcosubmarinos” capaces de transportar hasta nueve toneladas de cocaína directamente hacia el viejo continente.
La organización afirma que la misma Delcy Rodríguez ha estado bajo la lupa de la DEA por presunta participación en narcotráfico y esquemas de corrupción vinculados a contratos públicos.
Además, asegura que Venezuela dejó de ser solo un puente para convertirse en un eslabón completo de la cadena del narco, ya que se han detectados cultivos de coca a escala industrial y laboratorios de alta pureza en suelo venezolano.
Las consideraciones sobre el Cartel del los Soles
En 2020, Maduro fue señalado como el jefe del Cartel de los Soles. Foto: Truth Social de Donald Trump
El especial señala que Maduro no operaba como el jefe de un cartel tradicional, sino como el arquitecto de un sistema de gobernanza criminal híbrida que construyó cuando el Estado quedó empobrecido.
Por eso, el Cartel de los Soles, una estructura nacida bajo el amparo de Hugo Chávez que comenzó como una tolerancia hacia el narcotráfico para llenar vacíos presupuestarios, se consolidó con Maduro y se transformó en una política de Estado para regular las economías ilegales. El negocio de las drogas, el oro y el contrabando se convirtieron en los salvavidas financieros de miles de uniformados.
El informe revela cómo el Cartel de los Soles no es una banda estática, sino un sistema que ha mutado en tres fases: la primera (época de Chávez) surgió cuando los militares “miraban hacia otro lado” a cambio de dinero. De esta manera, el expresidente pedía lealtad política para permitir que los uniformados participaran en el negocio del narco con las FARC.
La segunda fase (el Estado híbrido de Maduro) comenzó con el colapso económico que provocó que el narco y la minería ilegal pasaran de ser un “extra” a ser el sustento del Estado. Se crearon las “Zonas de Paz” y se delegó el control territorial a bandas criminales y colectivos.
En la tercera fase (recalibración), el gobierno se convirtió en el “regulador supremo”, usando operativos policiales no para acabar con el crimen, sino para eliminar competidores y premiar a aliados (como el ELN).
El especial destaca el cambio de narrativa de la fiscalía estadounidense en cuanto al Cartel de los Soles. Mientras que en 2020 se le describía como una estructura jerárquica y militar, con Maduro al mando, en 2026, la nueva acusación lo define como una “cultura de corrupción”. Esto coincide con el concepto de “Estado Híbrido” que sostiene Insight Crime, donde las élites políticas y criminales —incluyendo al Tren de Aragua— coexisten en una simbiosis para retener el poder.
Aunque Maduro ha sido designado como “terrorista global” por el Departamento del Tesoro, el juicio en su contra se inclina hacia lo penal-narcótico. Los cargos formales actuales se centran en el tráfico de drogas y delitos de armas, dejando de lado las imputaciones directas por terrorismo en los tribunales.
El peso de la corrupción
El análisis de Insight Crime explica que la brecha entre los salarios oficiales y las ganancias ilícitas revelan por qué la corrupción se volvió sistémica en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Mientras que un coronel recibe US$170 mensuales como sueldo, un solo gramo de oro en el mercado local ronda los US$125. Autorizar un solo vuelo irregular o una operación minera pueden equivaler a años de sueldo base.
La corrupción no es solo ambición de la cúpula, es un mecanismo de supervivencia. Con oficiales superiores ganando menos de US$200 al mes en una economía dolarizada y costosa, el incentivo para abandonar el narcotráfico es nulo. Sin salarios competitivos ni contrapesos democráticos, el sistema judicial y militar sigue “comprometido al 100%”.
El papel de la guerrilla
La caída de Nicolás Maduro dejó al descubierto las historias más oscuras del Estado Híbrido. Entre ellas, el drama de ganaderos como “Raúl”, cuya finca en Apure fue confiscada tras ser torturado por negarse a venderla a Diosdado Cabello. El objetivo de Cabello no era el ganado, sino la pista de aterrizaje de la propiedad para mover cocaína junto al ELN. Hoy, la propiedad es un centro de operaciones donde la guerrilla protege pistas y despacha cargamentos de droga hacia el Caribe y Centroamérica.
Con la desmovilización de las FARC y el fracaso de sus disidencias (diezmadas en enfrentamientos internos en 2021), el ELN pasó de ser un actor secundario a ser el principal proveedor del Cartel de los Soles: así, la guerrilla pone la droga desde Colombia y custodia el territorio venezolano, mientras que el Ejército garantiza el transporte, vende armas a los rebeldes y resguarda la salida de los cargamentos.
Según Insight Crime, Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito“, comanda el Frente de Guerra Oriental del ELN y es señalado como el cerebro detrás de laboratorios y pistas en Venezuela.
Los nuevos “cabecillas”
La visita del general Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE UU, a Venezuela el pasado 18 de febrero marcó un hito no solo por el viaje, sino por los interlocutores, pues se sentó a la mesa con dos de los hombres que encabezan la lista de los más buscados por la justicia de su propio país: Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, con una recompensa de US$25 millones sobre su cabeza; y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, por quien se ofrecen US$15 millones. El encuentro fue la evidencia de que, para Washington, la estabilidad inmediata pesa más que las órdenes de captura pendientes.
El especial recordó que el indicment de 2026, señala a Cabello no solo como un político, sino como un operador del crimen que incluso, entre 2022 y 2024, viajó personalmente a pistas clandestinas del ELN para garantizar el despacho de cocaína.
Tras la caída de Maduro, Cabello ha intentado consolidar su control sobre las rutas de tráfico eliminando rivales internos mediante purgas judiciales. Padrino, en cambio, ha perdido influencia y su pasividad durante la captura de Maduro generó fracturas en los cuarteles.
El general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),Ramón Antonio Lozada Saavedra, no está detenido en el Helicoide, ni en el Sebin y tampoco en una cárcel común como otros militares presos políticos. Su caso combina patrones de opacidad, castigo prolongado, tratos crueles y violaciones a los derechos humanos, elementos comunes en la administración actual de la justicia.
Lozada Saavedra tiene actualmente 71 años. Lleva ocho años detenido y los últimos tres los ha pasado postrado en una cama del Hospital Militar Dr Carlos Arvelo, en Caracas, donde permanece aislado y con un cuadro de salud “crítico”, según informó Anny Uribe Táriba, defensora de derechos humanos.
Ramón Lozada Saavedra forma parte de la amplia lista de militares detenidos por motivos políticos en el país. Según el último balance de la ONG Foro Penal publicado el 25 de febrero, la cifra de castrenses presos se ubicaba en 182.
El general dedicó su vida al servicio militar y al país. Se desempeñó como General de Brigada y oficial de la Comandancia General Especialista en Seguridad y Defensa. También fue director de Recursos Humanos del Ministerio de la Defensa cuando Raúl Isaías Baduel era el titular del despacho castrense entre 2006-2007.
Tras su retiro en 2002, el general Lozada participó activamente en la política opositora, desempeñándose como secretario ejecutivo del sector agroalimentario en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El vínculo como castigo
El calvario del general comenzó el 13 de abril de 2013, siete días antes de que Nicolás Maduro asumiera su primer período presidencial. Lozada Saavedra estuvo en desaparición forzada durante 26 días.
Según informó Uribe Táriba, funcionarios delServicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo interceptaron, lo interrogaron y lo vincularon con el general Raúl Isaías Baduel, quien era su gran amigo y compadre. La estrecha relación entre ambos sería suficiente para convertirlo en una “amenaza” latente para el gobierno.
Uribe detalló que luego de ser brutalmente torturado, Lozada Saavedra fue entregado a un grupo armado irregular que lo mantuvo retenido hasta que sus heridas sanaron. Fue liberado en el estado Apure sin cargos judiciales.
Cuatro años después del secuestro, el 24 de enero de 2017, Lozada fue vinculado nuevamente a la causa de Raúl Baduel, pero esta vez fue detenido y acusado de conspiración, rebelión y traición a la patria.
En el 2018, un tribunal le otorgó al militar casa por cárcel debido a su deteriorado estado de salud, pero la medida humanitaria le duró muy poco. En 2019, efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se lo llevaron detenido nuevamente alegando que el general estaba en rebelión.
Según Uribe Táriba, Lozada Saavedra estaba en absoluto reposo tras sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) y presentar otras patologías como diabetes e hipertensión arterial.
En ese mismo año, Jorge Rodríguez, quien fungía como Ministro de Comunicación e Información, informó que el gobierno frustró un plan de magnicidio en contra de Nicolás Maduro que además contemplaba un bombardeo al Palacio de Miraflores, la toma de la Base Aérea La Carlota y la fuga del ex general Raúl Isaías Baduel para proclamarlo presidente de Venezuela.
Por este supuesto plan conspirativo también fueron detenidos los militares Miguel Castillo Rodríguez, Eduardo José Báez Torrealba, Ángel Vivas y Ovidio Carrasco Mosqueda. Juan Guaidó y otros militares también fueron señalados por su presunta complicidad.
Raúl Isaías Baduel falleció bajo custodia del Estado en 2021. El fiscal saliente Tarek William Saab informó que el general murió producto de un paro respiratorio por complicaciones asociadas al covid-19. Sin embargo, la familia cuestionó la versión oficial y denunció falta de atención médica, torturas y tratos crueles e inhumanos durante su detención.
Salud mermada y el limbo jurídico
En 2022, Ramón Lozada Saavedra sufrió un segundo ACV mientras estaba detenido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta. Fue trasladado al Hospital Militar donde fue intervenido.
Desde entonces, el nosocomio se convirtió en el lugar de reclusión del general. Su familia puede visitarlo una vez al mes.“Su salud está muy muy deteriorada, está en condiciones infrahumanas, igual que como tenían a Baduel”, afirmó la defensora de derechos humanos Anny Uribe Táriba.
Sobre el estatus judicial del general Lozada Saavedra no se tiene ninguna información. No hay sentencia, no hay juicio, no hay un expediente que lo vincule con planes conspirativos.
“No pido perdón”
Ramón Antonio Lozada no puede levantarse de la cama. Tampoco puede escribir, pero le pidió el favor a un familiar para que le ayudara a escribir una carta en la que expone su postura acerca del indulto que recién aprobó el gobierno para los presos por motivos políticos, beneficio que este no recibirá al estar señalado de conspiración.
El general rechaza tajantemente pedir disculpas, ya que considera que sus acciones estuvieron motivadas por la defensa de la Constitución y del pueblo venezolano contra lo que califica como un régimen “tirano, asesino y opresor”.
Aquí las frases más contundentes de Lozada Saavedra sobre el indulto:
“No pido perdón. Mucho menos le pediré perdón al régimen de oprobio que nos asesina, encarcela, persigue, subyuga, martiriza, humilla, saquea, denigra, tiraniza, oprime, tortura, degrada, burla, hambrea, embrutece…”.
“…sería reconocer que faltamos a la Ley y al orden, que cometimos actos criminales, y que reconocemos nuestra culpa y merecemos el castigo impuesto”.
“Lo que proponen es que se nos otorgue el PERDÓN, para dejarnos marcados por la eternidad como delincuentes.”
“No pediré perdón porque quienes me lo exigen son, en su gran mayoría, si no todos, delincuentes de lesa patria, lesa humanidad y reconocidos traidores a la patria…”.
“No pediré perdón porque ello constituiría una entrega gratuita de mi dignidad y mi lucha (y la de ustedes) de más de 26 años contra ese estado de cosas…”.
“No pediré perdón porque me asquea verme sumiso ante un régimen que no merece tal reverencia”.
“Nadie me pide perdón por mi encarcelamiento superior a los nueve (9) años en condiciones de tortura, privaciones de servicios y derechos elementales”.
“Estaré preso mientras ese régimen pueda sostenerse en el gobierno o mientras pueda mantenerme en cautiverio, pero jamás obtendrán de mí una sola palabra que les suplique perdón”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó la liberación de cinco ciudadanos que permanecían detenidos en los centros penitenciarios Yare II y Yare III, en el estado Miranda.
Según el Clippve, los liberados detenidos en Yare II responden a los nombres de Rafael Torres Vargas, John Rivas, Omar Vázquez Lagonel y Yuger Bahsass, mientras que desde Yare III recuperó la libertad Simón Osorio.
La ONG señaló que si bien cada abrazo y cada reencuentro es un motivo de alegría para sus familias y para el país “aún quedan muchas personas detenidas por razones políticas en los distintos centros de reclusión de Venezuela”.
El comité aseguró que no descansará hasta que cada una de ellas esté de vuelta en su hogar, con sus seres queridos y en plena libertad.
SALEN DE PRISIÓN | Hoy recibimos con esperanza la confirmación por parte de familiares y amigos de la liberación de un grupo de ciudadanos que se encontraban detenidos en Yare II y Yare III.
Desde Yare II: – Rafael Torres Vargas – John Rivas – Omar Vázquez Lagonel – Yuger… pic.twitter.com/EMTDeqqLxT
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 26, 2026
Liberaron al científico Laudin Mora
La ONG Espacio Público informó que el científico Laudin Mora, oriundo del estado Mérida, fue excarcelado este jueves tras cinco meses y 24 días de detención arbitraria.
#DenunciaEP | Al científico Laudin Mora lo excarcelaron este jueves #26feb tras cinco meses y 24 días de detención arbitraria.
Mora, creador del el Método Laudin para dejar de fumar, estuvo detenido en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, acusado de “terrorismo” e “incitación al odio” por tener contenido político en un chat de WhatsApp.
El científico fue detenido el 2 de septiembre 2025, en horas de la tarde, cuando lo abordó una alcabala del CONAS en donde le revisaron su celular.
Según información compartida en redes sociales por el coordinador del Foro Penal en el estado Mérida, Fernando Cermeño, Laudin Mora presenta un cuadro de salud delicado, que incluye hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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Este viernes, 27 de febrero, el excandidato presidencial Enrique Márquez ofreció una rueda en el Hotel Marriott de Caracas, en la que aseguró que “no ve elecciones en el corto plazo” en Venezuela.
“No veo elecciones en el corto plazo, por lo tanto, no soy candidato. Tengo una candidata, la constitución. Y la segunda candidata que tengo se llama democracia. Voy a estar trabajando porque mis dos candidatas ganen. Esa es la verdad”, dijo Márquez quién fue liberado el pasado 8 de enero en el marco de un proceso de liberaciones de presos políticos.
“Sería un error empezar una fiesta electoral de una elección que no existe todavía. No caigamos en errores”, pidió Márquez.
A tres días de su llegada de los Estados Unidos, tras una reunión con el presidente Donald Trump, Márquez afirmó sentirse útil en la acción política en Venezuela. Aseguró que su papel está al lado de la gente “buscando cambios sólidos” para la construcción de la democracia.
La ruta democrática y la amnistía
Para Márquez la ruta para unas elecciones libres debe ser impulsada por los mismos venezolanos. “Tenemos que renovar las instituciones porque no podemos tener una elección con este Consejo Nacional Electoral , las fallas, con este TSJ o sin libertades”.
Aclaró que no volvería a dirigir el ente electoral nuevamente: “No me veo en el CNE, ya es una experiencia vivida, hice el trabajo que tenía que hacer allí”. Márquez insistió en que el actual ente electoral “no sirve para unas elecciones limpias”.
El dirigente reiteró que la reconstrucción del país solo podrá generarse mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a las instituciones.
Enrique Márquez celebró la Ley de Amnistía pero recordó que “aún queda mucho por hacer”.
“Yo saludo la Ley de Amnistía; me parece que no está completa, pero es un paso indispensable. La Ley de Amnistía debe ser un primer paso, no un paso definitivo y último”, dijo.
“No he conversado con María Corina”
En la ronda de preguntas, Marquez informó que no ha conversado con la lider de oposición María Corina Machado desde que fue excarcelado.
“No he conversado con María Corina desde que salí de la prisión, no he recibido contacto. A propósito de lo de EEUU tampoco hemos hablado”, aseguró.
El dirigente dejó claro que tiene la disposición de trabajar con ella, pero también con todos los sectores del país. “Yo tengo la posibilidad de hablar con todos los sectores, me siento preparado para eso. Creo en un gobierno de unidad nacional. (…) Yo tengo relaciones con la Plataforma Unitaria Democrática, tengo grandes amigos allí. A la par de eso, tengo grandes amigos en la Asamblea Nacional, los conozco a todos, los aprecio a todos. Me parece que están haciendo un buen trabajo”.
Gratitud a Zapatero y Petro
Enrique Márquez manifestó sentir un profundo agradecimiento hacia el expresidente español Rodríguez Zapatero -acusado en varias oportunidades por temas de corrupción-,a quien considera que “juega un gran papel” en Venezuela y espera que “el tiempo se lo reivindique”.
“El presidente Rodríguez Zapatero cuenta con todo mi amor y cariño y lo digo así. No solo por la cercanía que tuvimos, sino porque se portó con mi esposa como se puede portar un hermano, mientras yo estuve preso”, dijo y agregó que no va a negar su amistad con él.
Asimismo, Márquez afirmó que el mandatario colombiano Gustavo Petro fue un gran aliado para lograr su liberación. Informó que ha estado en contacto con el embajador y que muy pronto visitará a Colombia y algunos países de Europa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo (Cofavic) la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, como fue aprobada por los miembros de la Asamblea Nacional, no cumple con los estándares internacionales de reparación, verdad, justicia y garantías de no repetición.
De acuerdo a la ONG, el documento legal tendrá un efecto positivo siempre que facilite la liberación plena de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente “con carácter humanitario inmediato”.
Para la organización, la Ley debe incluir a personas acusadas de cometer presuntos delitos contra el patrimonio público, traición a la patria y conspiración, cuyos procesos de detención fueron declarados como arbitrarios e ilegales por organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
Pese a que la ONG expresó algarabía por las excarcelaciones y liberaciones que se han producido, a la vez hizo pública su preocupación por el incumplimiento de la Constitución y de los Tratados y Pactos Internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por la República.
También alertó que la amnistía es insuficiente mientras estén en vigencia otro compendio de leyes como la de Fiscalización a las ONG, contra el Odio y la Simón Bolívar. Igualmente consideró perentorio la revisión de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual contiene conceptos indeterminados que causan inseguridad jurídica, y que han sido utilizados como herramienta de persecución.
Crímenes de lesa humanidad no son amnistiables
COFAVIC explicó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la prohibición de amnistiar crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos.
“El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”, reza el artículo 29 de la Carta Magna.
La ONG expuso que pese a que el artículo 9 de La Ley de Amnistía menciona que estarán excluidos perpetradores de violaciones a los DDHH, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, el mismo no establece ninguna acción directa para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y administrativa de los agentes del Estado venezolano que hayan incurrido en esa clase de delitos.
La organización también alertó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las leyes de amnistía son incompatibles con la Convención Americana cuando impiden la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sostenido los mismos principios.
“Existe una tendencia universal fuerte y creciente de que las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos no están sujetas a amnistías o indultos bajo el derecho internacional”, reza el artículo 17 del Estatuto de Roma.
Para COFAVIC a la ley le hacen falta los siguientes aspectos:
–Compatibilidad con la obligación estatal de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos.
–Respeto de los derechos de las víctimas.
–Observancia del principio de No Impunidad respecto de crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones.
–Adecuación del proyecto a estándares de justicia transicional genuina.
–Evaluación de riesgos de responsabilidad internacional del Estado.
–Perspectiva de género y la obligación reforzada frente a la violencia sexual.
–Enfoque de interseccionalidad, principio de participación de las víctimas en procesos que puedan afectar sus derechos y debida diligencia reforzada en contextos de violaciones graves y sistemáticas.
Artículos “chucutos”
Para COFAVIC los siguientes artículos presentan inconsistencias desde el punto de vista legal.
-En el artículo 8 no se establece ninguna acción directa para hacer efectiva la responsabilidad penal, civil y administrativa de los agentes del Estado venezolano que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos.
-En el numeral 10 del artículo 8 de la Ley queda excluida la rebelión. “Este es un delito político por excelencia y, como lo establece el Derecho Internacional, no debe hacerse de este un uso abusivo con el fin de perseguir y criminalizar la disidencia”.
-El artículo 14 de la Ley de Amnistía señala que “los órganos y entes administrativos, policiales o militares en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas”. De acuerdo a COFAVIC esto puede contribuir a la impunidad y falta de investigación y reparación de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra los amnistiados.
-El artículo 15 establece la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de la Ley de Amnistía. “Para que este mecanismo reúna las características de idoneidad, sea genuino y creíble, se debe establecer un órgano independiente que supervise la aplicación de la Ley, integrado por distintos sectores de la sociedad civil, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
-El artículo 16 de la Ley de Amnistía reza que “las personas beneficiadas por esta Ley que resulten incursas en delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia, serán procesadas de conformidad con la legislación aplicable”. De acuerdo a COFAVIC no existe garantía alguna de que no se inicien nuevos procesos de criminalización por el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la manifestación pública y pacífica y derecho a defender derechos humanos.
-En los artículos 7 y 11 se configura un trámite para presentar la “solicitud de amnistía” ante el Tribunal competente. Según COFAVIC este paso contradice lo establecido en el artículo 4, el cual sostiene que las “disposiciones de esta ley son de orden público e interés general”. En el mismo artículo 7 se incorpora la posibilidad de representación ante los tribunales competentes de las personas que se encuentren fuera del territorio nacional. “Aquellas personas que se vieron obligadas a salir del país debido a comprobados elementos de criminalización y persecución por parte de los órganos del Estado, quedan en situación de dependencia de un dictamen judicial poniendo en riesgo su libertad e integridad personal.”
Que recomienda COFAVIC
–Establecer la obligación del Estado de crear un mecanismo para la revisión y evaluación de diferentes tipos de reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
–Declarar el sobreseimiento o la extinción de la pena de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente y restituirles todos sus derechos constitucionales.
-Crear mecanismos de preservación de las actuaciones judiciales y de conservación de los expedientes. “Es decir, el registro de las violaciones a sus derechos humanos. Solo esto garantizará la posibilidad de futuras investigaciones al respecto”.
–Concretar un procedimiento expedito, accesible y efectivo para que las personas destinatarias de Ley de Amnistía que se encuentran fuera del territorio nacional, puedan solicitar y obtener el reconocimiento de su caso en condiciones de celeridad, igualdad y seguridad jurídica.
–Garantizar la transparencia en cuanto a liberaciones y excarcelaciones. “Mantener la desinformación, discrecionalidad y la opacidad en todo el proceso de excarcelaciones, alimenta la inseguridad psicológica en las víctimas y sus familiares, profundiza el dolor y aumenta el riesgo de daños irreversibles. Insistimos en que es obligación ineludible e intransferible del Estado la publicación de la lista de personas detenidas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
