Parece, pero no es. Después de la incursión armada del pasado 3 de enero se respira un aire de estabilización en Venezuela, pero al parecer, es solo una sensación.

A juicio de activistas en materia de derechos humanos luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas armadas estadounidenses a comienzos de este año, el aparato represivo del chavismo continúa intacto, aunque probablemente su ritmo no sea similar al escenario poselectoral del 28 de julio de 2024. Pero la sociedad civil sigue a merced de la discrecionalidad de un régimen ahora tutelado por la administración del presidente Donald Trump.

“Efectivamente, la persecución no ha cesado. Una de las novedades de la represión post 28J fue su masividad y ahora parece que estamos volviendo a la época de detenciones selectivas”, dijo Rafael Uzcátegui de la ONG, Laboratorio de Paz.

Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que mientras por un lado el Estado a través de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo promulga una Ley de Amnistía y excarcela a centenas de personas con medidas restrictivas de libertad, por el otro, familiares y afectos continúan denunciando detenciones arbitrarias y atropellos a los derechos fundamentales.

“Sí han ocurrido nuevas detenciones políticas a partir del 3 de enero, pero no queremos dar una cifra específica porque algunas están en fases de investigación y también por cuestiones de seguridad”, dijo la abogada.

Para Diego Casanova, miembro del Comité por la Liberación de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), las aprehensiones luego del 3E son tan quirúrgicas como la operación que decantó en el traslado de Maduro y Flores a una cárcel en Nueva York.    

“Estamos viendo detenciones puntuales, algunas de corta duración, pero efectivamente tenemos registros”, precisó.

Máquina represora en funcionamiento

Entre el 21 y el 22 de febrero, familiares y allegados denunciaron la supuesta detención y tortura de una treintena de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por negarse a alterar los resultados de las pesquisas sobre las muertes de los bombardeos del 3E en Fuerte Tiuna.

Días después, el director del organismo, Douglas Rico, desmintió en sus redes sociales el número de apresados, pero no se refirió al motivo por el cual están en la cárcel. 

“No existe ningún procedimiento que involucre la detención de tal cantidad de funcionarios”, afirmó Rico.

Una misiva a la que tuvo acceso Runrun.es señala que los efectivos fueron llamados a una reunión y obligados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales”, y a quienes se negaron a hacerlo, los detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó de “intento de homicidio” contra Douglas Rico.

Familiares de los funcionarios denunciaron que estos permanecen detenidos desde el 23 de enero y que han sido sometidos a desaparición forzada y torturas.

De acuerdo a la ONG Espacio Público, al menos cinco ciudadanos fueron aprehendidos por celebrar la captura de Maduro en enero: dos en Carabobo, un par en Mérida y otro en Anzoátegui. Efectivos del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (Iapem) detuvieron en el municipio Guaraque a los hermanos sexagenarios Edubín y Pablo Montilva por supuestamente festejar el traslado de Maduro y Flores a Estados Unidos.

“Se encontraban gritando consignas en contra del gobierno, celebrando el secuestro del presidente y la primera dama”, expresó un comunicado del organismo policial, que además asegura que los agricultores dispararon al aire y pronunciaron ofensas contra vecinos que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

En Anzoátegui, Carlos José Guzmán Armas, de 40 años de edad, corrió con la misma suerte por presunta “incitación al odio”. A través de un video de TikTok, el habitante de Puerto La Cruz habría dicho consignas en contra del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.   

A comienzos de febrero, el coordinador nacional de DDHH del partido Vente Venezuela, Orlando Moreno, denunció el secuestro por razones políticas de Ciro Antonio Castro Pacheco en la parroquia Santa Rosalía de Caracas. Según Moreno, efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se lo llevaron sin una orden judicial. “Ciro es diabético y su salud corre grave riesgo sin su medicación”, escribió.  

El comerciante Pedro José González Cavanier, de 42 años, fue aprehendido el 21 de enero en el estado Bolívar y excarcelado el viernes 27 de febrero de El Rodeo I. González fue detenido por emitir una opinión en WhatsApp sobre el arresto de Maduro. Según el partido Vente Venezuela, recibió amenazas de un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por apenas colocar un emoji. 

“El decreto de estado de conmoción exterior ha permitido las extorsiones y detenciones de personas en el país bajo el argumento de haber celebrado la detención de Maduro o haber aplaudido la acción de una fuerza extranjera en territorio venezolano”, indicó Uzcátegui.

A juicio del activista, este tipo de aprehensiones estarían excluidas de la Ley de Amnistía.

“Lamentablemente, las detenciones van a continuar, porque el aparato represivo, las leyes que avalan la persecución y los funcionarios que han estimulado el hostigamiento por razones políticas siguen en sus puestos y el Estado no ha reconocido que ha violado derechos humanos en el caso de las personas presas políticas, sino que continúa considerándolas como delincuentes”.

Denuncias de confiscaciones, robos y más censura 

Así como los ojos del fallecido presidente Hugo Chávez, los de Trump están posados sobre Venezuela a través de su encargada de negocios Laura Dogu, sin embargo, el régimen de Delcy Rodríguez sigue persiguiendo a la disidencia y aplicando prácticas similares al pasado.

Laura Acosta, asistente de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este 27 febrero que funcionarios confiscaron su casa en Caracas y robaron todo lo que estaba dentro.

“Soy Laura Acosta y hoy les hablo desde el exilio. Tuve que huir con un bolso de Venezuela, pero toda mi vida, mis recuerdos, se quedaron en mi casa. Desde el 24 de marzo de 2025, el régimen venezolano se apropió de nuestra casa en Caracas y la declaró asegurada, pero este 5 de febrero, fueron más lejos: sacaron todas mis pertenencias. Se robaron mi casa. Para el régimen soy una terrorista y la verdad es otra. Soy madre, soy docente, soy americana de origen, pero venezolana por decisión”, expresó Acosta en un video publicado por Vente Venezuela. 

Días previos, Magalli Meda, colaboradora cercana a MCM, hizo una denuncia similar. “16 hombres armados entraron a mi casa para destruir y llevarse o sembrar lo que les dé la gana”.

La prensa sigue bajo “bombardeo”

A la persecución contra las personas, se suma el asedio a los medios de comunicación independientes. Al menos cuatro emisoras de radio han sido cerradas luego del 3E.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) publicó en su cuenta de X que el pasado viernes 27 de febrero miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sacaron del aire a Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, estado Carabobo.

“Además del cierre, los funcionarios incautaron equipos y bienes de la estación, que tenía 26 años al aire de manera ininterrumpida. Cerca de 30 trabajadores quedaron cesantes. Rechazamos esta acción que restringe el derecho a la información y la libertad de expresión”, escribió el organismo gremial.  

Mientras que Espacio Público comunicó el viernes 20 de febrero el cierre de Urbana La Salserísima 93.4 FM en el estado Miranda, y a finales de enero -después de 19 años, salió del aire la emisora comunitaria de corte cristiano Unika 92.1 FM, en la parroquia Coche de Caracas. También, fue clausurada Impacto 105.3 FM, ubicada en La Fría, municipio García de Hevia del estado Táchira, después de que no fuera renovada su concesión.

Asimismo, Venevisión denunció a finales de enero que su señal fue sacada del aire del sistema satelital y digital de televisión abierta luego de que el ministro Cabello hizo referencia al canal privado, a propósito de la emisión de una declaraciones de Machado desde Estados Unidos.

Otro hecho irregular contra la prensa ocurrió el pasado 4 de febrero cuando presuntos funcionarios de la PNB detuvieron parcialmente al corresponsal del canal de televisión alemán Deutsche Welle, Alvaro Algarra.

Durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero, fueron detenidos 14 periodistas y trabajadores de la prensa: 13 de ellos de agencias y medios internacionales y uno de medios nacionales. Horas después los profesionales de comunicación fueron liberados y deportados.

Reavivó la protesta

La protesta, que había estado adormecida debido a la criminalización de esta práctica consagrada en la Constitución que hizo el gobierno luego del 28J, tomó un nuevo aire después del 3E.

Asimismo algunos dirigentes políticos opositores y miembros de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) han regresado a la palestra pública. Motivados por los familiares de presos políticos que no han abandonado la calle desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciara el 8 de enero la excarcelación de un número importante de detenidos, distintos protagonistas de la sociedad civil retomaron sus reclamos.

El 12 de febrero, día de la juventud, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas convocó a una masiva concentración en Caracas, mientras que en el interior se dieron réplicas en distintas casas de estudio de educación superior.

“El 3E bombardeó también la intocabilidad del poder. Y la gente percibe que es posible hablar, movilizarse y organizarse de una manera que no era posible antes de esa fecha”, dijo Uzcategui.

El activista sentenció que el silencio terminó perjudicando a las personas presas, y por eso, cientos de familiares emergieron del anonimato luego del 3E para exigir la libertad plena de sus afectos.

“De manera progresiva, la ciudadanía está recuperando la confianza en ejercer sus derechos en un contexto de alta expectativa por el tutelaje y acompañamiento de Estados Unidos”, opinó Uzcátegui.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.