La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expuso este domingo 8 de marzo que si bien llevan contabilizadas 659 excarcelados desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la salida de prisión de un “número importante” de presos políticos, aún quedan tras las rejas más de 700 personas.
“A los efectos de colaborar con la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano ha decidido excarcelar a un número importante de venezolanos y extranjeros, agradecemos al expresidente José Luis Rodriguez Zapatero, al presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y al reino de Qatar”, dijo el ex alcalde de Caracas y también ex ministro de Comunicación e Información.
De acuerdo a la organización, 459 excarcelaciones se produjeron luego del anuncio del presidente del Parlamento controlado por el chavismo y 200 después de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía.
Por su parte, la ONG Foro Penal ubicó su cifra de excarcelaciones desde el 8E hasta este domingo 8 de marzo en 670.
“Este registro de excarcelados no solo constituye un avance importante, sino que también evidencia el reconocimiento de cientos de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, representando un hito que de una parte deja evidencia la dimensión que ha alcanzado la persecución política en Venezuela y al mismo tiempo un respiro para cientos de familias que tras años de sufrimiento y privación, han logrado reunirse con sus seres queridos”, escribió la ONG JEP en su cuenta de X.
Pese a que la organización celebra que centenas de personas vuelvan a reencontrarse con sus familiares, apuesta por la expedita excarcelación sin medidas cautelares de quienes permanecen en prisión política “privadas de su libertad en condiciones que vulneran derechos humanos y obligaciones constitucionales del Estado”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa anunció este lunes, 9 de marzo, que fue sobreseído de la causa de “terrorismo” que pesaba en su contra, por la estuvo casi 10 meses encarcelado.
A través de sus redes sociales, Guanipa indicó que el pasado sábado, 7 de marzo, un “alguacil del sistema de justicia” se acercó a su domicilio para entregarle una notificación del Tribunal en primera instancia con competencia en Terrorismo. “En ella se me informa que se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal”, expresó.
Los delitos por los que hasta ahora había sido perseguido y encarcelado Guanipa son terrorismo, asociación y obstrucción de la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria. “¡El Chacal se quedó pendejo!”, ironizó el político.
Guanipa recordó que, finalmente, la semana pasada pudo nombrar exitosamente al abogado Joel García como su defensor privado -algo impedido en múltiples casos de presos políticos- logrando acceder al expediente el cual evidencia “una vulgar persecución política”.
“Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién. Sin hechos no hay delito. Sin delito no hay proceso legítimo. Esto es persecución, no justicia. La amnistía no perdona, olvida hechos. ¿Y qué ocurre cuando no hubo hechos? Que lo que se ‘olvida’ es la persecución. La gran mayoría de los amnistiados nunca cometió delito alguno. La amnistía no limpia culpas, desnuda abusos”, reflexionó.
Guanipa consideró “profundamente indignante” que tanto a él como a miles de personas y familias los “hayan sometido a esta ominosa opresión solo por pensar distinto, buscar la democracia y luchar por la libertad”.
“Y todo esto lo han hecho porque sufren de la patología del poder, esa ambición desproporcionada y desmedida que lleva a algunos a cometer cualquier barbaridad para alcanzar o mantenerse en el poder. De casos parecidos está llena la historia”, cuestionó.
Señaló que Venezuela se encamina “hacia la solución de esta ya larga crisis a través de un proceso que culminará en elecciones”. Finalmente, indicó que esto debe servir como “aprendizaje para que nunca más vuelva a vivirse esta historia de terror en la que un Estado ilegítimo persigue a la nación a la que debería servir”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este 9 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Este 8 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, las calles de Caracas se tiñeron de consignas y reclamos en una movilización que partió desde la Plaza Altamira hacia el inicio de la Plaza Brión, en Chacaíto. La caminata, marcada por un fuerte componente de exigencia de Derechos Humanos, reunió a activistas, familiares de víctimas, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, jubiladas, líderes sociales y políticas bajo una premisa clara: “Sin mujeres no hay democracia, y sin democracia, no hay transición”.
Durante el recorrido, el nombre de las mujeres que permanecen tras las rejas por motivos políticos resonó con fuerza. Andreína Baduel, activista de DDHH y miembro del @clippve, alertó sobre la brecha de género en las medidas judiciales: “La organización registra más de 100 presas políticas y las excarcelaciones de mujeres no son proporcionales a las que se han dado de hombres”.
Al término de la marcha, la dirigente y activista Sairam Rivas leyó un manifiesto que concentra las demandas estructurales de las venezolanas de cara al proceso político del país, y en el que expresaron su preocupación por la forma en la que se está manejando la situación tras los hechos del 3 de enero.
“Las mujeres nos hemos ganado a pulso un lugar en esa mesa en la que se plantea un proceso de transición sin certezas ni compromisos claro con el restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela (…) Exigimos una ruta clara y un lugar en la mesa, las venezolanas, reclamamos el derecho a unas elecciones libres, que restituyan nuestro derecho ciudadano a elegir nuestro gobierno. Solo la reinstitucionalización del país y un compromiso firme con el restablecimiento de la democracia, como está establecido en la Constitución, habilitará la posibilidad de que las mujeres recuperemos de forma plena nuestros derechos”, expresaba el texto.
— World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026
La ñapa (recomendamos…)
¿Cómo puede desaparecer un hombre en el aeropuerto más vigilado de Venezuela? 🛬🇻🇪 Hugo Marino Salas, experto internacional en salvamento marítimo, aterrizó en Maiquetía el 20 de abril de 2019. Tras un último y extraño mensaje de WhatsApp (“Te llamo de otro móvil”), su rastro se desvaneció por completo. Casi siete años después, el Estado venezolano guarda un silencio absoluto. En este episodio de Mapas de Poder, revelamos los hallazgos de la unidad de investigación de El Pitazo sobre un caso que estremece:El enigma de la DGCIM: Testimonios extraoficiales lo ubican en las celdas de Boleíta, pero no hay registros, boletas de detención ni fe de vida.
Decía la escritora británica Rebecca West que ella solo sabía que la llamaban feminista cada vez que expresaba sentimientos que la diferenciaban de un felpudo. En Venezuela, ese concepto ha tomado una dimensión que trasciende cualquier teoría académica para instalarse en el tuétano de nuestra supervivencia. Ayer, 8 de marzo, no celebramos la concesión de un espacio; conmemoramos la resistencia de quienes se han negado a ser el felpudo de la desidia y el autoritarismo.
La mujer venezolana es, en palabras que me gusta repetir, trama y urdimbre. Somos ese hilo que, aunque parezca delgado, sostiene el tejido social de una nación que otros se han empeñado en deshilachar. Si uno observa con detenimiento las colas, los hospitales, las escuelas vacías y los centros de votación, encontrará siempre una mirada femenina que no solo reclama, sino que resuelve.
He sostenido a menudo que Venezuela me encanta y me subleva. Me encanta por esa capacidad casi hidráulica de nuestras mujeres para fluir y avanzar en todos los espacios, pero me subleva ver cómo esa energía debe consumirse en lo elemental: en buscar el agua que no llega, en estirar el sueldo que no alcanza o en consolar a los hijos que la migración nos arrebató.
A mí la vida me cambió, como a tantas, cuando mis hijas se fueron. Ese vacío, ese “síndrome del nido vacío” multiplicado por la distancia geográfica, es la herida compartida de la madre venezolana. Sin embargo, en medio de esa diáspora de afectos, la mujer sigue siendo la columna vertebral de la familia y de la comunidad.
No nos definen los términos peyorativos que pretenden rebajarnos en el extranjero, ni las etiquetas políticas de ocasión. Nos define la dignidad de Josefa Camejo o de Luisa Cáceres; pero, sobre todo, nos define la mujer anónima que hoy, a pesar de que el equilibrio de seguridad “pende de un hilo”, sale a la calle convencida de que su rol es fundamental para la reconciliación del país.
Este Día de la Mujer, mi deseo es que dejemos de ser heroínas por necesidad y volvamos a ser ciudadanas por derecho. Que nuestra fortaleza no sea una respuesta al maltrato, sino el motor de una reconstrucción civilizada.
Porque al final, como siempre ocurre en las grandes tragedias, será la mano de una mujer la que termine de bordar la bandera de la libertad que tanto anhelamos.
De acuerdo con reportes deEl Ucabista, el pasado 26 de febrero se celebró en la Universidad Católica Andrés Bello el V Simposio de Seguridad Vial 2026: «Dos ruedas, una sola vía. Movilidad urbana responsable». El encuentro, que reunió a 177 especialistas y asistentes, puso el foco en una crisis de salud pública: la alta siniestralidad de las motocicletas en el país.
Las cifras presentadas por el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial (OSV) son contundentes: durante enero de 2026, más del 70% de los fallecidos en accidentes de tránsito en Venezuela eran conductores o pasajeros de motocicletas. Esta realidad se inserta en un contexto global donde los siniestros viales cobran aproximadamente 1,19 millones de vidas anualmente.
La brecha de género en el asfalto
Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la ponencia de la ingeniera Celia Herrera, directora del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería (CIDI) de la UCAB. Herrera señaló que el crecimiento del parque automotor de motocicletas ha empujado a más mujeres a este medio por razones económicas, pero bajo condiciones de mayor vulnerabilidad.
La experta advirtió que la seguridad vial actual es “técnicamente incompleta” por no considerar las diferencias de género:
Falta de equipos: No existen dispositivos de protección diseñados específicamente para la anatomía femenina.
Rol de pasajera: Las mujeres suelen viajar como acompañantes, lo que las deja a merced de las decisiones —muchas veces erradas— del conductor.
Estereotipos: El acoso callejero y prejuicios machistas limitan el acceso de las mujeres a una formación técnica adecuada frente al manubrio.
Pese a estos riesgos, Herrera destacó que las estadísticas muestran que las mujeres, cuando conducen, son más propensas a respetar las normas, evitar el exceso de velocidad y abstenerse de consumir alcohol.
El peligro de la “conducción empírica”
Por su parte, Wilbany León, director de la Escuela de Motoprevención y paramédico vial, reveló que el 97% de los siniestros en Venezuela se deben al factor humano. Según el especialista, la mayoría de los motorizados operan bajo un aprendizaje empírico que deriva en “fallas críticas” al momento de una emergencia.
Entre los errores técnicos más comunes mencionados por León destacan el uso incorrecto del embrague, pues muchos conductores presionan el embrague al frenar por instinto, lo que resta adherencia al vehículo y aumenta la distancia de frenado. Incluye también el desconocimiento de ángulos ciegos (incapacidad para detectar vehículos laterales) y la visión de túnel, un fenómeno psicofísico causado por la velocidad que anula la visión periférica, impidiendo reacciones oportunas ante peatones o cruces.
Una mirada regional y técnica
El simposio contó con una dimensión internacional para comparar la situación venezolana con el resto del continente, donde los motociclistas representan el 27% de las muertes viales globales, cifra que en América Latina puede superar el 50% en algunos países.
Especialistas de República Dominicana, Ecuador, Colombia, Panamá y Estados Unidos evaluaron desde el uso de tecnología de seguridad hasta la implementación de Sistemas de Protección de Motocicletas (SPM) en barreras de contención, una infraestructura vital para disminuir la letalidad de los impactos.
La jornada concluyó con un llamado de Xiomara Hoyos, presidenta de la Asociación de Industriales Fabricantes y Ensambladores de Motociclos (AIFEM), quien instó a consolidar alianzas entre el Estado, la empresa privada y la academia para implementar auditorías viales y campañas de concientización urgentes que logren salvar vidas en las carreteras venezolanas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) pidió la libertad plena de cuatro periodistas: Carmela Longo, Nakary Mena Ramos, Deisy Peña y Ana Carolina Guaita.
Aunque fueron excarceladas, el SNTP denunció que siguen “sometidas a procesos judiciales y medidas cautelares en Venezuela”.
“En su día, reivindicamos a todas las mujeres que luchan por derechos y justicia. Que este #8Mar sea también una voz por la libertad”, demandaron.
Este 8 de marzo, activistas, familiares de víctimas, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, jubiladas, líderes sociales y políticas marcharon en Caracas bajo una premisa clara: “Sin mujeres no hay democracia, y sin democracia, no hay transición”.
Durante el recorrido, el nombre de las mujeres que permanecen tras las rejas por motivos políticos resonó con fuerza. Andreína Baduel, activista de DDHH y miembro del @clippve, alertó sobre la brecha de género en las medidas judiciales: “La organización registra más de 100 presas políticas y las excarcelaciones de mujeres no son proporcionales a las que se han dado de hombres”.
En un manifiesto que leyó la activista Sairam Rivas, se enfatizó en un clamor conjunto: “Las venezolanas queremos justicia, verdad, memoria, reparación y compromisos claros de no repetición de un nuevo ciclo de terrorismo de Estado en Venezuela”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Se cruzan las críticas, las hace el mismo presidente francés, Emmanuel Macron, sin dejar de acompañar a Estados Unidos por otros caminos, arguyendo la violación por la Casa Blanca del derecho internacional. Haber actuado punitivamente sobre Venezuela y ahora, en guerra abierta, unido a Israel, contra el régimen terrorista iraní.
El innombrable jefe del gobierno español, Sánchez, haciendo evidente su personalidad hipócrita, a la vez que describe a Irán como el reducto del mal absoluto condena la actuación norteamericana.
Resulta pertinente, sin caer en esta trampa dialéctica e inútil, reparar en ese derecho internacional que les sirve hoy de vía de escape a los regímenes depredadores del planeta, para blindar sus propias impunidades. El contexto real, si se quiere, es de desmaterialización de un orden internacional real y efectivo capaz de conjurar los peligros inéditos del siglo XXI y que pueda canalizar, ordenadamente, reduciendo incertidumbres, sus ingentes desafíos, como el de las revoluciones posmodernas, la digital y la de la inteligencia artificial.
El derecho internacional que ha regido desde 1945, aspirando a verse asegurado mediante un mecanismo orgánico de gobierno representado en el Consejo de Seguridad de la ONU; cuyas normas, teóricamente, son aceptadas voluntariamente los Estados al entenderlas como expresión de la «conciencia común», se demuestra ineficaz desde la guerra de Corea (1950-1953) y experimenta su agotamiento final tras el quiebre epocal de 1989.
Durante esa elipse, que llega hasta 2019 con la pandemia y sin que el Estado chino hubiese reparado el daño transfronterizo que causó, tal como lo manda el mismo derecho internacional, ocurre un cambio radical de paradigmas. Ello se constata en los planos de lo cultural como en lo económico, en lo político e institucional, de suyo en el campo de lo jurídico normativo.
Más allá de la ruptura entre lo que está escrito en los tratados internacionales y la distinta realidad histórica y sociológica que ahora les desafía, la atalaya de la Justicia –el GPS que a todos nos permite validar y justificar sea los comportamientos sociales como sus descripciones técnicas por las leyes internas o internacionales– ha sido banalizada. La idea de la libertad, correctora de la voluntad arbitraria de los gobiernos, ha sido puesta de lado desde cuando se cree –valga el giro de Friedrich Nietzche (1844-1900)– que Dios ha muerto. Somos ahora o fanáticos intelectuales o contumaces relativistas; de allí el caradurismo sanchezco.
El orden jurídico internacional emergido sobre los escombros de la Segunda Gran Guerra del siglo XX y la experiencia del Holocausto, cuyo principio o piedra angular se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana, agoniza. Pensemos en Venezuela y en su diáspora de casi 9 millones de marchantes. ¿Cómo puede entenderse que, a pesar de las misiones de Naciones Unidas encargadas de verificar los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen de Nicolás Maduro Moros, con informes que escandalizan, nada haya concluido desde hace más de una década la Corte Penal Internacional?
Otro ordenamiento en medio de un «estado de naturaleza» planetario se está formando. Y como fatalidad de la experiencia, su parto, dentro de un escenario hasta ahora dominado por las fuerzas de la deconstrucción identitaria que o bien expulsan a la racionalidad de lo humano, tanto como regresan lo humano al plano hobbesiano señalado, resultará de un «choque reordenador» entre los poderes de mayor potencia mundial.
Ocurre una reedición, al interno de los mismos Estados, sujetos por excelencia del derecho internacional en declive, de la “situación hipotética, prepolítica y teórica de “guerra de todos contra todos” (bellum omnium contra omnes) que describiese a cabalidad el autor del Leviatán (Londres, 1651). Es lo característico e inevitable en toda hora del caos, “del miedo constante a una muerte violenta y la ausencia de ley”, según este.
“Durante el tiempo en que los hombres –escribe el filósofo y teórico político inglés Thomas Hobbes– viven sin un poder común que los mantenga a todos en temor, se encuentran en esa condición que se llama guerra; y tal guerra es de cada hombre contra cada hombre… Porque, así como la naturaleza del mal tiempo no radica en un par de lluvias, sino en una inclinación hacia ello durante muchos días consecutivos: así la naturaleza de la guerra no consiste en pelear realmente, sino en la disposición conocida hacia ello durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo otro tiempo es paz”.
Las guerras o acciones militares punitivas que han venido sucediéndose en el siglo corriente son más que aleccionadoras y reveladoras en su sistematicidad, en sus novedades que confirman lo anterior. Ya no se trata de la mera ruptura de la paz entre Estados como lo señalan los textos jurídicos del siglo XX, tampoco del antiguo Ius ad bellum agustiniano: “La iniquidad de la parte contraria, es la que da ocasión al sabio de traer la guerra justa” (La ciudad de Dios, Madrid, 1614, Libro XIX, Capítulo VII).
Desde el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York por un grupo terrorista deslocalizado, sin estatuto, hasta la generalización de la guerra que en el instante compromete al Occidente de las leyes como al Oriente de las luces, a propósito de la transformación de Irán en el bastión del terrorismo global: socio de China y de Rusia, puede decirse que el mundo presencia su Tercera Guerra. O es la Primera del siglo en curso. Ha lugar, por ende, a la definición que se busca de un orden nuevo global y sus respectivos espacios de poder. Occidente se empeña en restablecer su liderazgo, con una Europa a cuestas que deshoja la margarita y parte de sus gentes parecen avergonzarse de ser occidentales, tributarios de la civilización judeocristiana.
El asunto es que, a diferencia del pasado, cuando ocurrían las guerras de honor o había lugar al Ius at bellum medieval solo entre los poderes políticos localizados, ahora se trata de la persecución dilemática de las fuerzas del narcoterrorismo y del crimen transnacional estructurado, coaligado con las dictaduras y despotismos residuales en el mundo o de reciente data, o con el radicalismo cultural y religioso. Todos a uno, entre 1989 y 2019 han querido hacer ceder toda forma de legalidad para favorecer esquemas institucionales que legalicen la ilegalidad, para ganarse muros de impunidad.
Los ejemplos sobran, desde el primer día inaugural de este siglo. Basta con enumerarlos: Perú/terrorismo (2001), USA-al-Qaeda/Oriente Medio (2001), Afganistán (2001-2021), Yemen (2002-2011), Irak (2003-2011), Sudán (2003-2020), República Centroafricana (2004-2007), Somalia (2005), México/narcotráfico (2006), Rusia-Georgia (2008), Líbano (2011-2017), Siria (2011-2024), Rusia-Ucrania (2014/2022), Yemen (2014), Estado islámico (2014), Irak (2014-2017), Libia (2014-2020) Golfo Pérsico (2019-2021) Israel-Gaza (2023), USA/Venezuela (2026), USA/Israel en Irán (2026).
El fraccionamiento de la justicia
Es pertinente que se analicen tales cuestiones en sus dimensiones varias, purgando los reduccionismos, como los de quienes ofician en la diplomacia memorizando códigos y textos sin mirar que la tierra gira y que las aspiraciones humanas se exacerban, hasta se desvían de su propia naturaleza. Urge auscultar y valorar al conjunto de premisas que han cedido o están cediendo dentro del derecho internacional formal y en vigor, oteando sobre la forma en que lo hacen y que tendencias distintas muestran en la coyuntura.
Pensemos, v.gr. en la manida soberanía, ¿deja de ser territorial y abstracta o ha de humanizarse, atendido a la voluntad popular? ¿Quién responde y cómo, de manera eficaz e inmediata, cuando se atenta desde los gobiernos contra las leyes de humanidad y se reclama de una prevención o represión policial urgentes? O, mientras las revoluciones de la técnica vuelven virtuales e instantáneas las realidades políticas y económicas, facilitando el despliegue y desplazamiento de la criminalidad estructurada transnacional ¿qué hacemos con los megaterios de la ONU o de las cortes de La Haya?
Pensemos otra vez en Venezuela y volvamos al derecho internacional sabido y conocido. La mayoría de las normas contenidas en los acuerdos y tratados internacionales para la persecución y represión del terrorismo o del narcotráfico se basan en las ideas de la cooperación internacional entre los Estados –reparemos otra vez en Pedro Sánchez o en Maduro, encarcelado en Nueva York.
Se apoyan los gobiernos sobre los principios y las reglas de la extradición o devolución de los terroristas y narcotraficantes a manos de sus Estados de nacionalidad. No pocas constituciones hasta proscriben la extradición de sus nacionales. Pues bien, para acatar lo que dicen las normas jurídicas internacionales ¿ha de regresar Maduro a Venezuela, para que lo juzguen sus poderes públicos, sus cómplices necesarios, mientras los informes de la ONU sostienen que los jueces y fiscales, como jueces del horror, han sido los responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos de los venezolanos? Han sido estos los que han facilitado la transformación del Estado venezolano en una guarida de criminales y liberado a los perseguidos por el tráfico internacional de drogas.
Hemos dicho, al efecto, que, por su atípica forma de institucionalidad y por evidenciar lo que lo deteriora, a saber, la pugna entre la norma en vigor formal y la que es efectiva como comportamiento entre los Estados, el derecho internacional global y del porvenir –tal como lo confirman las experiencias del siglo XX y las primeras del siglo XXI– ha de reclamar la conciliación de esos comportamientos o conductas estatales o paraestatales, no solo con las descripciones técnicas y normativas que se alcancen, sino con los valores inherentes a la idea de la justicia. Es lo único que, al término, cerrará el circuito de la lógica pura del poder.
Ello nos permitirá la superación de las apreciaciones sesgadas de la realidad internacional que intentan reducir las certezas mínimas en medio de la incertidumbre, como las de quienes acuden –diplomáticos y consultores legales de las cancillerías– a lo escrito en los tratados para mejorar la postura de sus intereses estatales mientras que los omiten cuando les afectan. O la de quienes solo miran y juzgan lo que ocurre en la arena internacional desde las aceras del realismo, sin considerar que lo escrito en la ley o el comportamiento que se impone por consenso o con la autoridad de la fuerza solo puede encontrar su justificación en la protección de las víctimas; en el aseguramiento de los mayores espacios de libertad a las personas que forman las naciones integrantes de los Estados.
El realismo sin contención siempre degenera en la arbitrariedad del hombre como lobo del hombre, en la práctica de los llamados «repartos heterónomos». Tanto como la defensa de lo escrito en los catecismos de ley, cuando se divorcia de la realidad y de los predicados de la justicia, se hace cómplice del mal absoluto.
El que pretenda juzgar al todo y a todo como justo o injusto de cara a la violencia internacional que nos envuelve, tal como lo hacen quienes han dado a Dios por muerto, en la práctica buscan sustituirlo para dictar el Juicio Final.
La enseñanza, para mejor comprender los anteriores predicados no se hace esperar. La resume el dicho a cuyo tenor, cuando todo se comprende todo se perdona, pero en igual orden, cuando todo se comprende todo se condena, lo recuerda el maestro de la dikelogía o ciencia de la justicia, Werner Goldschmidt (1910-1987). Cada hecho que ocurre dentro de la vida de la comunidad internacional no puede entenderse ni digerirse cabalmente –renglón aparte los relativismos diplomáticos y sus zonas grises– sino se ponderan, juntan y armonizan, a la vez, los comportamientos históricos de los Estados con las normas formales que los fijan y describen en los tratados y en las leyes, justificándoles a la luz de los valores de la Justicia, que los tiene como objetos.
Por lo que cabe la otra enseñanza. Solo donde hay comunidad –algo en común que se comparte, como la dignidad de la persona– puede exigirse la veracidad; pues en toda sociedad que es la simple obra del acuerdo o pacto entre los poderes factuales, reina la hipocresía.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) reclamó la liberación de siete campesinos agricultores que tienen casi un año detenidos en el estado Barinas, acusados de terrorismo.
José R. Camacho, Elio García, María I. Padrón. José G. Donado. Alberto Rivas, Samuel Parra e Ismael Cordero fueron aprehendidos sin orden judicial, según revelaron, durante el mes de abril de 2025. Afirman que los conuqueros ocupaban legítimamente el parcelamiento “Conuqueros Zamoranos” (adyacente al Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi) desde hace más de 10 años “con permisos otorgados por parte de las autoridades venezolanas”, pero pese a eso, terminaron arrestados.
Mujeres y adultos mayores entre los afectados
María Isabel Padrón fue detenida el 7 de abril de 2025 mientras recolectaba sustento para sus hijos, según informó Fundehullan: “Al momento de su detención , se encontraba en período de lactancia”.
Elio García tiene 58 años, es conuquero y padre de familia y lleva casi un año detenido en el Destacamento 331 de la Guardia Nacional Bolivariana de Barias, acusado según Fundehullan “sin pruebas” por “terrorismo”. En la misma situación está Samuel Parra, un adulto mayor de 60 años que tiene 11 meses preso en la sede de la Guardia Nacional de Barinas.
Fundeuhullan destacó que a Parra lo acusaron de terrorismo por “ser conuquero y sembrar plátanos y topochos cerca del aeropuerto para subsistir”. En ese sentido, instaron a la Defensoría y al Ministerio Público la revisión inmediata de este caso.
Otro adulto mayor afectado es Ismael Cordero, de 70 años de edad, quien fue detenido el 7 de abril de 2025 y acusado igualmente de “terrorismo” por sembrar alimentos en su parcela.Cordero padece cáncer de próstata y de acuerdo con la ONG, su vida corre peligro sin tratamiento médico. Insisten en que la detención de un adulto mayor en estas condiciones viola el derecho a la salud y la vida, por lo que exhortaron a que se le conceda una medida humanitaria “inmediata”.
“Sembrar comida es un derecho humano, no un atentado. La justicia no puede ser el castigo para los más vulnerables”, recalcaron. Añaden que mantener privadas de libertad a estas dos personas “viola derechos constitucionales derechos humanos y tratados internacionales”, por lo que exigen a las autoridades liberarlos de manera “inmediata”.
En Venezuela, se considera adulto mayor a toda persona que haya cumplido 60 años o más, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores vigente desde septiembre de 2021. Esta edad aplica tanto para hombres como para mujeres en el contexto de protección social.
“Criminalizar el campo es un golpe a la soberanía alimentaria. Desde @Fundehullanvzla exigimos al Estado Venezolano el respeto al debido proceso y la libertad plena para estos trabajadores”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
