La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) reclamó la liberación de siete campesinos agricultores que tienen casi un año detenidos en el estado Barinas, acusados de terrorismo.
José R. Camacho, Elio García, María I. Padrón. José G. Donado. Alberto Rivas, Samuel Parra e Ismael Cordero fueron aprehendidos sin orden judicial, según revelaron, durante el mes de abril de 2025. Afirman que los conuqueros ocupaban legítimamente el parcelamiento “Conuqueros Zamoranos” (adyacente al Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi) desde hace más de 10 años “con permisos otorgados por parte de las autoridades venezolanas”, pero pese a eso, terminaron arrestados.
Mujeres y adultos mayores entre los afectados
María Isabel Padrón fue detenida el 7 de abril de 2025 mientras recolectaba sustento para sus hijos, según informó Fundehullan: “Al momento de su detención , se encontraba en período de lactancia”.
Elio García tiene 58 años, es conuquero y padre de familia y lleva casi un año detenido en el Destacamento 331 de la Guardia Nacional Bolivariana de Barias, acusado según Fundehullan “sin pruebas” por “terrorismo”. En la misma situación está Samuel Parra, un adulto mayor de 60 años que tiene 11 meses preso en la sede de la Guardia Nacional de Barinas.
Fundeuhullan destacó que a Parra lo acusaron de terrorismo por “ser conuquero y sembrar plátanos y topochos cerca del aeropuerto para subsistir”. En ese sentido, instaron a la Defensoría y al Ministerio Público la revisión inmediata de este caso.
Otro adulto mayor afectado es Ismael Cordero, de 70 años de edad, quien fue detenido el 7 de abril de 2025 y acusado igualmente de “terrorismo” por sembrar alimentos en su parcela. Cordero padece cáncer de próstata y de acuerdo con la ONG, su vida corre peligro sin tratamiento médico. Insisten en que la detención de un adulto mayor en estas condiciones viola el derecho a la salud y la vida, por lo que exhortaron a que se le conceda una medida humanitaria “inmediata”.
“Sembrar comida es un derecho humano, no un atentado. La justicia no puede ser el castigo para los más vulnerables”, recalcaron. Añaden que mantener privadas de libertad a estas dos personas “viola derechos constitucionales derechos humanos y tratados internacionales”, por lo que exigen a las autoridades liberarlos de manera “inmediata”.
En Venezuela, se considera adulto mayor a toda persona que haya cumplido 60 años o más, de acuerdo con la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores vigente desde septiembre de 2021. Esta edad aplica tanto para hombres como para mujeres en el contexto de protección social.
“Criminalizar el campo es un golpe a la soberanía alimentaria. Desde @Fundehullanvzla exigimos al Estado Venezolano el respeto al debido proceso y la libertad plena para estos trabajadores”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
