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Cómo se vive el ejercicio de la medicina siendo una persona trans

En los pasillos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Diego Rosal aprendió que el cuerpo humano es un mapa de sistemas complejos. Lo que los libros no le enseñaron fue cómo navegar un sistema de salud que, en lo legal y administrativo, se empeña en no reconocer su propia existencia. 

Diego tiene 26 años y es un hombre trans graduado como médico cirujano en 2024. Nació en Maturín, estado Monagas, pero su vocación por cuidar y sanar a otros lo llevó hasta Caracas a estudiar Medicina en la “casa que vence las sombras”.

Actualmente, ejerce como Oficial de Salud en el proyecto VIHvos y VIHsibles, donde su bata blanca no solo representa conocimiento científico, sino un refugio de identidad para poblaciones que históricamente han sido vulneradas por la sociedad y el Estado. 

En el marco del Día de la Visibilidad Trans, que está próximo a conmemorarse el 31 de marzo, Diego conversa sobre cómo se vive la medicina cuando tu título profesional es, al mismo tiempo, un recordatorio de una deuda del Estado.

Una certeza temprana

Diego cuenta que todo comenzó con una “certeza muy temprana”. Desde niño supo que le atraían las mujeres y recuerda que, estando en preescolar, practicaba la escritura redactando cartas a sus amigos. “Entre ellos había una niña que yo adoraba”, dice, y un día, le pidió a su mamá que le enseñara a escribir “te amo” a esa niña.

“Mi mamá, con mucha dulzura, intentó corregirme: ‘Hijo, a las amigas no se les dice te amo, se les dice te quiero’. Mi respuesta, con apenas cinco años, fue inmediata y firme: ‘Mamá, es que tú no entiendes… yo la amo’“, relata en entrevista con Runrun.es. Ese fue el preámbulo de una adolescencia en la que exploró cómo se sentía más cómodo en sus relaciones.

Aunque, dice, vivió “experiencias emocionantes y enriquecedoras”, siempre sentía que “algo no terminaba de encajar”. Pero añade: “No era un problema con la otra persona; era algo en mí que no cuadraba en esas interacciones”.

​”Siempre tuve una expresión masculina. Crecí haciendo deportes con entusiasmo, jugué fútbol profesional y me relacionaba desde códigos que la sociedad lee como masculinos. En el camino, tuve intentos de ‘corrección’: traté de obligarme a encajar en lo que se esperaba de mí, pero el resultado siempre fue una profunda infelicidad. No estaba viviendo mi vida; estaba cumpliendo un guion ajeno”, señala.

​Para él, su primer gran paso “hacia la libertad” fue cortarse el cabello. Ese, el que considera un acto simbólico, abrió la puerta a cambios en su vestimenta y, eventualmente, la elección de sus pronombres. “Fue un proceso de afuera hacia adentro, hasta que finalmente, a los 18 años, todo cobró sentido. Comprendí que siempre había sido Diego, y que simplemente me había tomado un tiempo transitar la vida hasta encontrar el nombre que hoy porto con tanto orgullo”.

El proceso de renacer

Diego cursaba tercer año de Medicina en la UCV cuando tomó la decisión de iniciar su transición social. Él era del interior y vivía hacía tres años en Caracas de forma “prácticamente autofinanciada”. Se sentía agotado y solo, y aunque siempre contó con la cordialidad de sus compañeros y semejantes, confiesa que esa “fue probablemente la época de mayor distress emocional” de su vida.

Durante mucho tiempo su narrativa interna se centró en la pérdida: “pensaba que para ser yo mismo tendría que sacrificarlo todo, incluso mi carrera”, cuenta. Pero hubo un punto de quiebre. “Un momento en que me vi frente al espejo y me atreví a reconocer los ojos que me miraban de vuelta y lloré, no de tristeza, sino de alivio“. En ese momento la balanza cambió: “entendí que no estaba abandonando nada, sino sumando vida desde una experiencia que finalmente me pertenecía. Elegirme a mí mismo fue el primer paso para ser, hoy, el médico y la persona plena que soy”, recuerda.

Salir al mundo como ‘Diego’ fue un proceso de renacimiento. Él entendía que esto involucraba presentarse nuevamente no solo con su círculo social cercano, sino con espacios universitarios y hospitalarios donde ya hacía vida activa.

“Como toda reintroducción, no fue un proceso fácil, experimenté casos puntuales de exclusión deliberada, resistencia en algunos otros, pero a pesar de ello, también vino acompañado de mucha curiosidad, que antecedió a una ola de respeto y validación”, relata. Aunque para él este proceso estuvo lleno de incertidumbre, siempre apostó por la “cordialidad de sus semejantes”, y eso le permitió “abrir caminos que antes parecían cerrados”.

Se considera afortunado al haber tenido “padrinos y madrinas”, quienes se aseguraban de que cada servicio en el que rotara de forma intrahospitalaria supiera de él y lo recibiera haciéndolo sentir, no solo bienvenido, sino celebrado. 

La deuda del Estado

Para Rosal, ejercer la medicina en Venezuela siendo un hombre trans “es vivir en una contradicción constante”. Señala que, por un lado, tiene la responsabilidad de cuidar la vida de sus pacientes “con el máximo rigor”, pero por el otro, el sistema lo obliga a firmar documentos, recetas y registros con un nombre que, dice, no le pertenece. 

“Me he sentido vulnerado en situaciones cotidianas donde el sistema aún no está actualizado —trámites administrativos o legales donde tu identidad no coincide con un documento— esos momentos recuerdan que todavía hay mucho trabajo por hacer en materia de políticas públicas”, relata. 

Pero, por otro lado, se sintió “inesperadamente aceptado” en el lugar que más le importaba: el gremio médico y sus pacientes. “Entender que mis colegas y pacientes valoran mi capacidad profesional por encima de cualquier prejuicio fue el impulso definitivo para caminar con seguridad”, dice.

Destaca también el recordatorio de la “deuda histórica del Estado”, al ver su título de médico cirujano y su cédula de identidad, ya que en todos estos documentos figuran su nombre y género asignados al nacer. “Cada vez que sello un informe o presento mi credencial, hay una fricción: el sistema ve un nombre legal, pero mis pacientes y mis colegas ven al doctor Diego”, reflexiona. A pesar de ello, su enfoque ha sido el de ofrecer un trato humano y ético, de manera que eso sea lo que vean sus pacientes en él.

En Venezuela, a pesar de que la Ley Orgánica de Registro Civil de 2009 permite el cambio de nombre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un bloqueo administrativo de facto al no emitir el reglamento para procesar estas solicitudes. 

Según el informe anual publicado en febrero de 2026 por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, esta falta de identidad legal forza a las personas trans a una “muerte civil cotidiana” que afecta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud.

Del “miedo institucional” a la organizaciones inclusivas

Diego Rosal lamenta que su identidad de género “ha sido utilizada como un condicionante directo” de sus capacidades, y que por ella ha sido privado del acceso a cargos y empleos en clínicas convencionales.

Señala, además, que la mayor traba que ha encontrado es “el miedo institucional”. Especialmente, en el sector privado, pocas instituciones se atreven a encarar el reto de enfrentar la realidad que él representa siendo un médico trans. Para él, es “más fácil” ignorar su currículo o su trayectoria en la práctica clínica, antes que adaptar procesos administrativos o su cultura organizacional a su identidad legal y social.

Ese contraste hace que Rosal valore profundamente los espacios en los que actualmente hace vida profesional, entre ellos, el Proyecto VIHvos y VIHsibles, donde llevan casi un año realizando pruebas de tamizaje de VIH y sífilis a poblaciones clave, educando y concientizando sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) y estrategias de prevención combinada.

“En este proyecto, mis particularidades no han sido un obstáculo, sino el motor que me ha permitido crecer organizacionalmente y ampliar los alcances de lo que significa un espacio seguro. Mi visión como médico y persona trans es vista como una pieza fundamental para construir una respuesta técnica y sensible frente al VIH”, relata.

Para el médico, poder estar en este proyecto es el ejemplo vivo de que, cuando una organización apuesta al talento sin prejuicios, el crecimiento no solo es profesional, sino que también se transforma la calidad de la atención para toda la comunidad. “Estamos demostrando que la salud inclusiva es, ante todo, salud de primera calidad y al alcance de todos por igual”, expresa.

La “lotería de la empatía”: vacíos en la formación médica

Para Diego Rosal, los vacíos en la medicina venezolana son profundos y los vive en carne propia. Según relata, la formación académica tradicional aborda la salud trans como una “nota al margen”, con pinceladas en endocrinología o psiquiatría que no cubren la complejidad clínica, ética y humana del acompañamiento en la transición. En ese contexto, identifica tres vacíos fundamentales que marcan la atención sanitaria en el país:

  • Ausencia de protocolos: No existe un estándar de atención transafirmativa en programas de estudio ni en hospitales universitarios. Esto obliga a cada médico a improvisar según su criterio, convirtiendo la calidad del servicio en una variable dependiente de la sensibilidad individual. “Eso no es medicina, es una lotería”, afirma.
  • Invisibilización de intersecciones clínicas: La formación actual no contempla la interacción entre condiciones médicas de base y la identidad trans. Diego cita su propio caso de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, una realidad que prácticamente no existe en la literatura médica nacional ni en la malla curricular de postgrado.
  • El miedo como factor clínico: La estructura educativa no enseña a manejar el historial de experiencias médicas invalidantes que cargan las personas trans. Para Rosal, el primer contacto médico debe ser “reparador”, una sensibilidad que no se imparte en los auditorios tradicionales.

A pesar de esos vacíos, para Diego, su identidad no es algo que se deja en la puerta del consultorio; es la herramienta de empatía clínica más poderosa que posee. “Cuando trabajo con poblaciones HSH (hombres que tienen sexo con hombres) o personas dentro del paraguas trans, la barrera del estigma se rompe en el instante en que cruzan la puerta, porque el paciente no ve a una figura de autoridad distante que lo va a juzgar, sino a un semejante que entiende sus miedos desde la vivencia propia”.

Esta confianza genera una mayor compenetración en los procesos de salud y enfermedad, fomentando la adherencia al tratamiento. Un paciente que se siente seguro, visto y representado es un paciente que regresa a consulta, se realiza sus exámenes y confía en el proceso.

Aunque un médico cisgénero (persona cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes) pueda tener la mejor intención técnica, Diego destaca que existe una “conexión de códigos compartidos” que surge al saber lo que es habitar los márgenes del sistema. Su presencia le dice al paciente:“Yo también ocupo este espacio, y tu salud me importa porque tu vida es valiosa para mí”.

Sanar los vacíos desde la consulta

En su ejercicio profesional, Diego intenta llenar estas carencias mediante tres ejes de acción inmediata:

  1. Validación de la identidad: Utiliza el nombre y pronombre correctos desde el primer momento, evitando el nombre legal a menos que sea estrictamente necesario para trámites administrativos.
  2. Escucha activa: Prioriza entender la historia de vida de la persona antes que el protocolo frío, integrando la vivencia del paciente como parte fundamental del diagnóstico.
  3. Derivación informada: Cuando un caso supera su alcance, Diego no “deriva a ciegas”. Acompaña al paciente hacia especialistas con la sensibilidad y el conocimiento técnico necesarios para continuar el proceso de forma segura.

Para el doctor Rosal, este enfoque no es una postura política: “La consulta transafirmativa no es un acto de activismo; es simplemente medicina bien hecha”.

Barreras para transiciones hormonales

Para Diego Rosal, la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) no ha sido un camino lineal, sino un sendero recorrido desde la espera y la resiliencia en dos momentos clave de su vida. El primero ocurrió a los 18 años, cuando se enfrentó a un sistema médico que, ante la falta de información, intentaba disuadirlo de iniciar su transición. Sin una ruta clara ni especialistas sensibles, la incertidumbre lo hizo desistir en aquel entonces.

Hoy, en su segundo intento, el proceso es activo pero complejo. Diego revela que su transición no es convencional debido a una condición de nacimiento: Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC). Esta condición hace que su cuerpo produzca una carga basal mayor de hormonas masculinas, lo que condiciona un grado de intersexualidad. Como médico, entiende que su dosis de testosterona debe ser calculada de forma milimétrica para evitar complicaciones de salud.

Diego además es claro en señalar que acceder a una transición supervisada en Venezuela va más allá de adquirir el fármaco; implica costear consultas especializadas y exámenes de monitoreo que se han convertido en un “privilegio inalcanzable” para la mayoría. Ante la brecha de servicios públicos, reconoce la labor de organizaciones como Fundaunitrans y Transafab, cuyo acompañamiento técnico y humano evita que las personas transicionen en soledad o riesgo.

Para Rosal, el objetivo final trasciende la hormona: “El enfoque real debe ser abogar por una atención médica transafirmativa genuina”. Su realidad es la de una comunidad que sigue trabajando para que la salud deje de ser una carrera de obstáculos y se convierta en un derecho humano garantizado, regulado bajo protocolos internacionales.

La “huella de protocolo”: transformar el hospital desde la bata blanca

En el mundo hospitalario, donde el uniforme, la credencial y el uso de los espacios están rígidamente normalizados, la presencia de Diego Rosal como hombre trans obliga a las instituciones a mirar sus propios vacíos protocolares. Ante esta realidad, su estrategia ha sido la “profesionalidad absoluta”. Para él, su uniforme y su bata no son solo vestimenta, sino el símbolo de su competencia profesional.

“He procurado que mi desempeño clínico sea tan impecable como sea posible, de forma que el debate sobre qué baño uso o qué dice mi credencial pase a un segundo plano frente a la calidad de mi atención”, explica.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo; ha requerido gestionar espacios de forma estratégica y recurrir al diálogo directo con actores institucionales para establecer acuerdos que respeten su dignidad. Su objetivo es que su paso por estos centros deje una “huella de protocolo” que facilite la atención de futuros profesionales o pacientes trans.

Más allá de la urgencia de una base legal en Venezuela, Rosal identifica tres cambios estructurales mínimos de gestión y sensibilidad necesarios para que el sistema evolucione hacia una atención basada en el respeto y el principio de no maleficencia:

  • Protocolos de atención transafirmativa: Implementar manuales de procedimientos que garanticen un trato digno, técnico y libre de prejuicios desde el triaje hasta el alta médica.
  • Enfoque de diversidad en la formación académica: Incorporar la identidad de género como objeto de estudio clínico y de atención integral en las facultades de medicina —como la UCV— y postgrados hospitalarios.
  • Espacios de trabajo seguros para profesionales: Crear políticas internas de no discriminación que permitan a los profesionales trans ejercer, ascender y ocupar cargos de toma de decisiones sin frenos administrativos por su identidad.

Diego cierra con una reflexión: cuando el sistema de salud sea seguro para todos, se convertirá en un verdadero refugio tanto para quienes padecen, como para quienes alivian el padecimiento. “No estamos pidiendo privilegios; estamos pidiendo institucionalidad y rigor científico aplicado a la diversidad humana”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Trump, esto sigue pasando en Venezuela”: Negaron nuevamente libertad a adolescente Samanta Hernández

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Abogados se acercaron a los tribunales de Caracas para denunciar que le fue negada la libertad a la adolescente Samanta Hernández.

“Samanta tiene 16 años y es la única adolescente presa a propósito de la represión poselectoral, igual que su hermana Aranza”, dijo el abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Eduardo Torres.

Profesionales del derecho y familiares denunciaron que ambas permanecen presas por el simple hecho de ser hermanas de un militar que se encuentra en el exilio.

“El llamado es a la Asamblea Nacional, aquí está un caso para hacerle seguimiento, también a Delcy y a Jorge Rodríguez, incluso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Marco Rubio, para que vean que esto sigue pasando en Venezuela”, dijo Torres.

Los profesionales del derecho denunciaron que el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez sigue aplicando el metro sippenhaft, implementado por la Alemania nazi, y el cual consiste en secuestrar o detener a familiares de objetivos politicos para hacerlos doblegar.   

Samantha, estudiante de bachillerato, fue detenida el pasado 9 de noviembre de 2025 tras un allanamiento a la residencia de sus abuelos en Caracas.

La adolescente fue aprehendida por funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM).

Varias organizaciones entre ellas, Justicia Encuentro y Perdón (JEP) exigieron su liberación inmediata y solicitaron la intervención de organismos internacionales. 

“Ningún Estado puede justificar el encarcelamiento de una adolescente ni someter su vida, su desarrollo y su futuro al peso de una prisión”, expuso la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

3 x 3 | Cuba al borde del colapso y sin el apoyo de Venezuela

67 años tiene Cuba con un régimen de izquierda. Desde que el fallecido Fidel Castro llegó al poder en 1959, los antillanos han estado sometidos a un gobierno vinculado en primera instancia a la extinta Unión Soviética y, posteriormente, a administraciones ideológicamente similares como la de la Alemania Oriental, que duró hasta 1990; así como China, la Rusia post caída de la cortina de hierro, naciones del Medio Oriente, la Nicaragua de Daniel Ortega, el México de la presidenta Claudia Sheinbaum y la Venezuela primero del fallecido Hugo Chávez y luego del encarcelado Nicolás Maduro, entre otros gobiernos transitorios latinoamericanos de similar tendencia.

Pero ahora, con la administración tutelada por parte del presidente, Donald Trump, el chorro de petróleo que regalaba o “vendía” Venezuela a Cuba a precios módicos llegó a su final y ello, sumado a un arrecio del bloqueo de Estados Unidos, han colocado a la isla al borde del colapso.   

Además de la crisis de servicios que ya padecían producto la crisis estructural, la población de la isla ha sufrido apagones prolongados y escasez de combustible.  

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró recientemente que el país lleva tres meses sin recibir petróleo. Trump firmó en enero de este año una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a países que suministren el mineral a la isla. 

“Toda mi vida he estado oyendo hablar de Cuba y Estados Unidos. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. A decir verdad, puedo hacer lo que quiera con ella. Son una nación muy debilitada en este momento”, dijo recientemente Trump en una de sus tantas alocuciones en la Casa Blanca.

“Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, escribió Díaz-Canel en la red social X, en respuesta a las declaraciones del mandatario estadounidense. 

El sucesor de Raúl Castro sostuvo que desde 1962 el gobierno americano mantiene un embargo a Cuba. 

“Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”, añadió. 

Trump aseguró que La Habana desea “concluir un acuerdo” con Washington, tesis que en principio fue negada por el régimen cubano, pero que después fue flexibilizada con el reconocimiento de “diálogo” entre las dos naciones.  

Para analizar este tema, Runrun.es conversó con Melissa Cordero Novo, editora del portal digital elTOQUE; Jorge Luis García Pérez Antúnez, expreso político cubano y José Ignacio Amador Brú, periodista independiente.

¿Cómo calificas la situación en Cuba en este momento de precariedad de vida en comparación con el pasado?

Melissa Cordero Novo: “Las crisis en Cuba siempre han existido. Son cíclicas. Y derivan, fundamentalmente, de tres puntos específicos: el modelo socialista no funciona, la economía estatal solo ha llevado a la ruina al país y el modelo político-ideológico se sostiene a base de represión. Cambia el contexto, cambian los tiempos, pero los picos de las crisis tienen la peculiaridad de siempre estar in crescendo. Cada crisis es peor que la anterior o, al menos, se suma algún elemento que la hace más terrible. En los momentos en los que el Gobierno ha perdido subvenciones, ya sea de la Unión Soviética o de Venezuela, esas crisis se agudizan. Se agudizan para los cubanos comunes, los cubanos de a pie, que durante estas décadas han perdido todo o casi todo, que no es lo mismo, pero es igual. No tienen luz ni comida ni salud, ni dinero que valga. No tienen prosperidad ni democracia, ni felicidad. Y todo eso no tiene otro culpable ni responsable que no sea el régimen de La Habana.

Lo que sucede con la crisis actual es que tiene un suelo de cultivo fértil; Cuba está en un momento de acumulación de desgracias: dirigentes cada vez más incapaces, corrupción de los emporios militares que durante décadas han acumulado riquezas, un sistema electroenergético depauperado por falta de mantenimiento a tiempo, empresas estatales incapaces de producir (ya sea alimentos, productos de necesidad básica o cualquier bien exportable), fuga masiva de cubanos al exilio, dolarización de la economía, una industria azucarera desmantelada, inflación desenfrenada, represión sostenida a cualquier muestra de disenso, cada vez más presos políticos, una industria turística en picada y en la que se sigue invirtiendo millones. Si a lo anterior le sumas la concentración del poder en una cúpula que ha vivido ajena a la gente durante casi 70 años, tienes como resultado un malestar general bastante extendido: ya sea que se manifieste en forma de cacerolazos en las noches en medio de un apagón, ya sea que se manifieste mediante una desafección intensa y una desconexión con esa idea de la Revolución caribeña que convertiría a Cuba en un lugar próspero. Hace muchas décadas que la vida de los cubanos se precariza mientras sostienen sobre sus espaldas a una casta que engorda, se aprovecha y miente”.

Jorge Luis García Pérez Antúnez:  “La situación de Cuba en estos momentos es de precariedad en comparación con la del pasado. Cuba está pasando por una situación económica y energética única en su historia y lo más significativo no es tanto la situación como la imposibilidad del régimen de encontrar una solución. Porque es un problema estructural. Es un inconveniente que denota la inoperabilidad de un sistema totalmente fracasado. El pueblo se ha dado cuenta de que no valen las promesas, de que todas son maniobras de la dictadura para mantenerse en el poder. La única solución que tiene esta situación es el abandono del poder por parte del régimen y que se permita al pueblo dar pasos a un verdadero proceso de democratización, porque la recuperación económica del país, el bienestar, la felicidad y la paz solo es posible con un sistema democrático y libre”.

José Ignacio Amador Brú: “La situación económica y social de Cuba está empeorando cada día en todos los aspectos. La diferencia entre el inicio de este año y el final del año pasado es considerable. Salvando pequeños matices, hay dos grandes realidades en Cuba. Una es la situación en la capital del país y otra distinta en las provincias. Aunque la situación general del país es mala, en La Habana es un poco más pasable. El transporte público está casi paralizado, el privado está reducido debido al precio del combustible. El gobierno ha restringido al mínimo la cantidad de gasolina que expende a privados, concentrando la venta para los automóviles de turistas extranjeros. La parálisis del transporte público llevó al cierre de la mayoría de los centros laborales estatales, la población está sintiendo está medida debido a que pierden su fuente de ingresos. Los precios de los alimentos están a la alza y producto de los apagones se hace imposible para muchas familias almacenar comida. Los apagones suelen durar entre 14 y 16 horas en la capital y en las provincias los ciclos pueden ser de dos o cuatro horas al día de electricidad al día. Salvo parte de La Habana, en que las casas disponen de gas por tubería, el resto de los cubanos están enfrentando serios problemas para cocinar. El suministro de gas es mínimo, muchas familias optan por cocinar todo lo del día en las horas de electricidad que tienen, siendo el carbón y la leña prácticamente la única opción. El abastecimiento de agua corriente está afectado por los apagones en las estaciones de bombeo. En La Habana pueden pasar hasta dos semanas sin suministro, pero en ciudades del interior como Santiago de Cuba hay ciclos de entre 20 y hasta 40 días sin agua. Los problemas de agua y los apagones han llevado a una parte importante de las personas a protestar por todo el país. A las protestas por estos problemas se han sumado el reclamo del cese de la represión y el fin del régimen político”.

¿Crees que Trump realmente vaya a realizar una intervención en la isla y qué consecuencias podría tener?

Melissa Cordero Novo: Es poco probable que Trump realice una intervención militar en Cuba, mucho menos ahora mismo cuando está en medio de un conflicto armado en Irán. Pero yo no puedo asegurar qué va a pasar y qué no. Mañana puede cambiar diametralmente el deseo o la idea o el plan de la administración Trump o puede cambiar cualquier variable en el cuadrante geopolítico (en uno u otro estrecho), y es difícil predecir en qué dirección cambiará. Lo que habría es que escuchar qué quieren y desean los cubanos que viven ahora mismo en la isla para ellos y para el futuro del país. Hay bastante gente que desea un cambio profundo en la isla, desean que haya libertad, que puedan cubrir las necesidades básicas con su salario, que liberen a los presos políticos, que no castiguen más por disentir, que no tengan que vender su casa y arriesgarse en una travesía por América central o por Asia para vivir decentemente.  Los cubanos llevamos 67 años con bastante poco, no hemos vivido en nuestro país con democracia, al menos no el que sea menor de esa edad. Queremos a Cuba libre. No lo hemos podido lograr en seis décadas. Para que algo se mueva quizá haga falta una fuerza, que ojalá venga desde dentro, desde el mismo pueblo que sufre. Si esa fuerza es externa y tuviera consecuencias negativas para el futuro soberano de Cuba, pues tocará seguir luchando”.

Jorge Luis García Pérez Antúnez: No lo sé, es difícil de pronosticar. “Muchas veces la nueva administración se ha mostrado imprecisa en muchas cosas, pero lo que yo sí puedo ver y asegurar es que el nuevo gobierno de los Estados Unidos en esta fórmula que encabeza Donald Trump y Marco Rubio sí se han tomado en serio el tema de Cuba y eso es un elemento estimulante que nos llena de optimismo, nos llena de fe y sobre todo de entusiasmo”.

José Ignacio Amador Brú:  “El malestar social está cerca de alcanzar una masa crítica, lo que podría conducir a protestas masivas. Esto es difícil de predecir debido al control y miedo que infunden en la población las fuerzas de seguridad del gobierno. La captura de Maduro generó muchas expectativas positivas entre los cubanos que queremos un cambio. En las calles se puede escuchar, en mucha mayor medida que antes, críticas de ciudadanos comunes al liderazgo del régimen. Al mismo tiempo la imagen de Trump es positiva y se espera con cierta ansiedad y optimismo que acabe de “meter mano aquí” o que actúe de una vez contra el gobierno. No puedo asegurar que Trump vaya a intervenir en la Isla, pero ciertamente la mayoría de los que queremos un cambio estamos conscientes de que sin su intervención en respaldo de la sociedad civil un cambio no sería posible. Según el tipo de intervención se pueden crear conflictos alternativos, como insurgencia de parte de fuerzas de seguridad del régimen que se resistan a deponer el poder. Cuba está en una situación límite y en caída libre hacia el abismo. Para un número creciente de cubanos, más allá de las consecuencias, lo importante es que se dé el cambio cuanto antes. Se nota en medios oficiales y alocuciones de dirigentes que las presiones del gobierno de Estados Unidos están haciendo efecto y los obligan a tomar medidas. Tengo la impresión de que buena parte de los cubanos ven las medidas que está tomando el régimen como parches y no como soluciones reales. El accionar de Estados Unidos ha debilitado la posición de fuerza del régimen de cara a la opinión pública. Hasta hace poco, el gobierno se negaba a que existiesen negociaciones con Estados Unidos, en medios oficiales se decía que era una campaña contrarrevolucionaria, el descrédito que les costó reconocer este hecho es enorme”.

¿Existe la tesis de que el interés por Cuba por parte de Estados Unidos no es tan fuerte como el de Venezuela porque en la isla no hay petróleo ¿Cuál es tu opinión al respecto?

Melissa Cordero Novo: “No creo que debamos reducir el “interés” o “desinterés” de Estados Unidos y el conflicto histórico (real y mitológico) entre ambos países solo a cuestión de si hay o no hay petróleo en Cuba. Va más allá. Es asunto de política interna, de votos electorales, de geopolítica, de ideología y de derechos. Hablar de Cuba colocando su democratización en perspectiva solo con Estados Unidos hace un daño terrible, sobre todo, para los cubanos que se desviven en la isla. Hablemos de Cuba como sujeto de la oración. En Cuba hay un régimen dictatorial opresivo, hay miles de presos políticos y hay desgracia y sufrimiento. Eso debería ser, por sí solo, de interés internacional, sin importar que esté Estados Unidos en la ecuación. Cuba debe ser libre y democrática porque no hay Estado de derecho ni libertades básicas en el país; porque millones de nosotros estamos regados por el mundo, por la fuerza. No coloquemos el futuro y la felicidad de los cubanos bajo ese lente. Yo no quisiera tener que esperar a que hubiera un interés por Cuba de otro país ‘superior’ para hablar de la liberación de la isla; para que dejemos de ser un pueblo que ha sido expulsado de su propia tierra”.

Jorge Luis García Pérez Antúnez: “Obviamente Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos, geoestratégicos y económicos. Es normal que una potencia como Estados Unidos tenga esos intereses. Hay potencias europeas y especialmente las que formaban parte del eje del mal, las que están permanente amenazando a los Estados Unidos de muchas formas, como es el caso de Rusia, China y en este momento Irán. Los intereses de nosotros son la libertad y la democracia y que el pueblo cubano pueda enrumbarse al concierto de las naciones libres y democráticas, que sea un cambio verdadero donde el pueblo pueda participar en el rumbo que debe tener la nación. Sería triste que por intereses mercantilistas o ambiciones políticas, algunos personeros de la dictadura en Cuba se vayan a acercar a los Estados Unidos para hacer un falso proceso de transición, eso sería terrible para los que están dentro de Cuba y también para los que estamos en el exilio. En Cuba, a diferencia de Venezuela, ha corrido mucha sangre, hay una una tiranía institucionalizada. En Venezuela hay oposición, la persiguen, pero existe. En Venezuela pueden hacer elecciones, se las roban, pero hay. Cuba es un país sin derechos y debe analizarse la diferencia entre una situación y la otra. Nosotros no podemos aceptar a una Delcy Rodríguez dentro de Cuba por razones morales y de principios. Nosotros necesitamos libertad, pero también necesitamos justicia”.

José Ignacio Amador Brú: “La economía cubana está en números rojos. Pero si se invierte en sectores como el turismo y la agricultura no serían del todo complicados de reestablecer. En Estados Unidos viven un número considerable de cubanos y descendientes de estos que verían con buenos ojos que hubiera un cambio de régimen. Es difícil asegurar si el interés de Trump y Rubio por intervenir en Cuba sería propiamente económico o político, pero sí creo que hay un interés de la actual administración norteamericana por implicarse de manera activa en promover un cambio de gobierno en la isla”.

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SNTP anuncia sobreseimiento de causa contra periodista Nakary Mena y su esposo

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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana ordenó este 20 de marzo el sobreseimiento de la causa contra la periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Gianni González.

La organización gremial destacó que con la decisión ambos son declarados inocentes y recuperan su libertad plena. Recordaron que a ambos les había sido negada la amnistía.

“En la audiencia de juicio celebrada hoy, el Ministerio Público solicitó una sentencia absolutoria, desestimando la acusación que cursaba contra los trabajadores de la prensa por supuesta publicación de noticias falsas e instigación al odio. Nunca debieron estar presos”, expresaron.

Nueve meses de detención y arbitrariedades

La periodista Nakary Mena Ramos y su esposo, Gianni González, fueron excarcelados el 14 de enero de 2026, tras permanecer 281 días detenidos. En esa fecha obtuvieron una libertad condicional sujeta a restricciones judiciales.

La pareja había sido arrestada originalmente el 8 de abril de 2025, tras difundir un reportaje sobre la inseguridad en Caracas e imputada por los delitos de «instigación al odio» y «difusión de noticia falsa». Sus familiares denunciaron que estuvieron desaparecidos forzosamente durante 70 horas antes de ser presentados ante un tribunal.

Un día después de la detención, el reportaje fue cuestionado en programas gubernamentales como “Con el Mazo Dando”, lo que fue interpretado por defensores de derechos humanos como una línea de persecución política antes que legal. Durante la transmisión, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, dijo que el trabajo periodístico hecho para el medio Impacto Venezuela formaba parte de una “campaña para que la gente tenga miedo” y que pretendía culpar a migrantes retornados de supuestos delitos. Cabello sugirió que la noticia lanzaba matrices de opinión sin fuentes ni datos sólidos.

13 de marzo de 2026, se conoció que el Tribunal 22 de Juicio de Caracas había declarado improcedente la solicitud de amnistía para Nakary Mena Ramos. Pocos días después, el 16 de marzo de 2026, el mismo tribunal negó formalmente la amnistía para Gianni González, argumentando que su caso no estaba contemplado en la ley aprobada recientemente por el Parlamento.

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 Vente Venezuela: “Jueces que violaron DD HH deciden ahora quién recibe o no amnistía”

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El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó este 18 de marzo de 2026 sobre las graves deficiencias en la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Alertaron que el texto legal aprobado el pasado 19 de febrero se ha convertido en un instrumento de “injusticia” y “exclusión”.

A pesar de haber sido promocionada como una vía para la paz social, la organización denuncia que su ejecución está marcada por la discrecionalidad de los mismos funcionarios judiciales que permitieron la persecución política en el pasado reciente.

Vente Venezuela detalló que la normativa falla en proteger los derechos fundamentales. Entre las omisiones más graves destaca que la ley no incluye las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República, ni contempla como beneficiarios a militares vinculados falsamente a delitos de rebelión.

Además, denuncian que el artículo 9 de la ley “excluye de manera caprichosa algunos delitos” con el fin de negar el beneficio a personas perseguidas políticamente. Un punto de honor en la denuncia es la falta de reparación: la ley “no establece la debida reparación moral y económica para las víctimas de la represión” y deja desamparados a quienes perdieron bienes o sufrieron daños patrimoniales tras detenciones injustas.

La “administración” del olvido

La crítica más severa se dirige al sistema de justicia. Vente Venezuela afirma que la aplicación de la amnistía queda en manos de jueces con competencia en terrorismo, cuya jurisdicción califican de inconstitucional.

“Los jueces que hoy otorgan o niegan la amnistía, son los mismos que avalaron la violación de TODOS aquellos derechos fundamentales (…) confinando a muchos de estos venezolanos a prisiones y centros de tortura, sin defensa ni asistencia jurídica”.

La organización advierte que el beneficio se otorga de forma sesgada siguiendo órdenes que, según se expresa directamente a los usuarios, “vienen de arriba”. Para el Comité, es una “injusta incongruencia” que el Estado decida “olvidar los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros” que están involucrados en las mismas causas judiciales.

“En definitiva, son los mismos jueces que no solo negaron, sino que se negaron a admitir la presentación siquiera de los cientos de ‘Habeas Corpus’ en contra de la desaparición forzada de miles de ciudadanos que hoy precisamente reclaman amnistía De esta forma, es imposible que haya paz en Venezuela, mientras los mismos funcionarios judiciales que permitieron las violaciones a la libertad de los ciudadanos lícitamente opositores y disidentes del régimen, sean quienes discreta y arbitrariamente decidan a quién se le concede y a quién no la amnistía”, advierten.

El exhorto a la comunidad internacional

Vente Venezuela expresó que, aunque comparten la “satisfacción con las personas que han recibido la amnistía”, el proceso actual constituye una “injusta incongruencia y una clara discriminación política” al aplicarse de forma desigual.

La organización recordó que este beneficio es un derecho que permite al Estado “‘olvidar’ la ocurrencia de los hechos por los que se le persiguieron y encarcelaron indebidamente”, pero advirtieron que “‘olvidar’ los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros”, involucrados en las mismas causas, viola el artículo 21 de la Constitución que ordena la igualdad ante la ley.

Según el comunicado, esta discrecionalidad judicial permite que se “prolongue el régimen de terror que alentó el clima de represión y zozobra ciudadana”, lo que impide hablar de una verdadera reconciliación mientras no se deroguen normativas como la “Ley contra el Odio”, la “Ley de Fiscalización de las ONGs” o el reciente “Decreto de Estado de Conmoción Exterior”.

Finalmente, el comité hizo un exhorto a los órganos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional para “no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela y a exigir enérgicamente la aplicación de la ley”. En este sentido, saludaron la postura del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas al solicitar claridad sobre el alcance de las excarcelaciones, subrayando que en el país “no puede seguir prevaleciendo la opacidad y la discrecionalidad en el respeto a los derechos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | ¿Cuál es el balance a un mes de la aprobación de la Ley de Amnistía?

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A un mes de la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática (19 de febrero), el panorama de los derechos humanos en Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica.

Aunque la normativa fue presentada por el Estado como un paso definitivo hacia la reconciliación, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), en alianza con Alerta Venezuela, advierte en su más reciente informe que la medida está funcionando como un “espejismo jurídico”. La opacidad en su implementación y la falta de cronogramas claros han generado una brecha profunda entre el discurso oficial y la realidad de quienes aún permanecen tras las rejas.

En el texto, advierten que este primer mes ha revelado que el sistema de justicia se ha transmutado en un “aparato de control social que instrumentaliza la arbitrariedad procesal como una herramienta técnica para la neutralización de la disidencia”. El informe denuncia que las liberaciones no responden a un reconocimiento de la vulneración de derechos, sino a cuotas de negociación estratégica.

Lejos de ser un cierre definitivo al conflicto, la organización percibe esta ley como una maniobra para “mitigar la presión nacional o internacional, seguidas casi de inmediato por nuevas oleadas de arrestos”, manteniendo vigente la estructura de persecución.

Estancamiento de las cifras y el fenómeno del subregistro

El monitoreo realizado durante las primeras cuatro semanas de vigencia de la ley revela que la reducción de la población carcelaria por motivos políticos no ha sido tan drástica como prometía la narrativa oficial. JEP explica que existe una resistencia institucional a vaciar los centros de reclusión, lo que genera una sensación de libertad selectiva.

Asimismo, el informe alerta sobre el afloramiento de casos antiguos que el miedo había mantenido ocultos, una consecuencia directa de la aplicación de castigos al entorno familiar conocidos como Sippenhaft.

Población persistente: A pesar de las 677 salidas verificadas en el primer trimestre de 2026, aún permanecen 689 prisioneros políticos identificados.

Efecto de sustitución: Se observa un ciclo donde las excarcelaciones son compensadas con nuevos arrestos o el mantenimiento de perfiles críticos de larga data.

Opacidad informativa: La ausencia de listados públicos impide contrastar las cifras oficiales, que hablan de hasta 7,000 beneficiarios, con la realidad de los centros de reclusión.

Perfil de los detenidos: El castigo a la disidencia civil y militar

El informe desglosa la demografía de quienes aún no han sido alcanzados por el beneficio de la amnistía, evidenciando que el Estado mantiene un control estricto sobre sectores específicos. La organización sostiene que el gobierno se concentra en retener a aquellos que poseen capacidades técnicas o liderazgo social, afirmando que esto “corrobora la motivación política de mantener tras las rejas a quienes pueden amainar su permanencia en el poder”.

Sociedad Civil: Representa el 53.99% (372 personas), incluyendo a 43 militantes de partidos opositores y numerosos sindicalistas.

Sector Militar: Un 35.12% (242 personas) de los detenidos pertenecen a cuerpos de seguridad o fuerzas armadas, siendo este el grupo con procesos más opacos.

Género y Vulnerabilidad: Permanecen detenidos 590 hombres y 99 mujeres; para ellas, el informe cita que “la libertad se ha vuelto un alivio a cuentagotas que se detiene ante el umbral de sus celdas”. Se confirma, además, la presencia de una menor de edad en cautiverio.

La persistencia de la tortura en los centros de reclusión

Más allá de la libertad física, el balance a un mes de la ley pone el foco en las condiciones de reclusión y la integridad física de los prisioneros. JEP documenta que la amnistía no ha borrado las secuelas de los tratos crueles ni ha mejorado significativamente la situación en los recintos donde la vigilancia es más férrea. El informe denuncia que el 39.76% de las víctimas reporta haber sufrido torturas sistemáticas que dejan huellas imborrables en su salud mental y física.

Métodos documentados: Se reportan casos de golpes, asfixia, violencia sexual y la denominada “tortura blanca” (aislamiento sensorial prolongado).

Focos de mayor detención: Los centros con mayor concentración de presos políticos siguen siendo Ramo Verde (93 personas), El Rodeo I (88 personas) y Fuerte Guaicaipuro (44 personas).

Estado de salud: Muchos de los que esperan la aplicación de la ley presentan cuadros médicos graves que no son atendidos por las autoridades carcelarias.

La amnistía como sustituto de la legalidad procesal

El informe denuncia que la Ley de Amnistía se está utilizando para subsanar, de forma cosmética, graves irregularidades procesales que ya deberían haber resultado en libertades por vía ordinaria. Justicia, Encuentro y Perdón argumenta que el Estado presenta como un “gesto de magnanimidad” lo que en realidad es una obligación legal vencida según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

Vencimiento de términos: Más de 300 personas califican para libertad inmediata por los artículos 230 y 231 del COPP, debido al retardo procesal y el decaimiento de las medidas.

Instrumentalización de la ley: Se utiliza la amnistía para “perdonar” a personas cuyos juicios nunca se realizaron o cuyas pruebas fueron inexistentes, evitando que el Estado asuma la responsabilidad por la detención arbitraria.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Convocan a nueva movilización nacional el #23Mar para exigir mejoras salariales

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La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) convocó una nueva movilización nacional para el próximo lunes, 23 de marzo, con el fin de seguir exigiendo mejoras salariales para todos los trabajadores.

José Gregorio Alfonso, presidente de Apucv, informó que esta convocatoria será a las 10:00 de la mañana en Parque Carabobo, para movilizarse hacia Plaza Caracas. Lo mismo debe replicarse en todas las regiones del país, donde acudirán a las diferentes inspectorías de trabajo.

El profesor universitario destacó que el reclamo será “la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional”. Además, señaló que ese día pedirán a la comisión tripartita que no quieren “seguir dilatando las soluciones salariales de los trabajadores”, así como también recordarán al nuevo ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, que el Estado debe dar respuesta a sus exigencias.

“Llamamos a todos nuestros jubilados afiliados a la federación, que son 72 organizaciones del nivel central y 24 en el interior, a que atiendan este llamado y salgan también acompañando a todos los trabajadores”, añadió Alfonso.

El pasado 12 de marzo, representantes gremiales, sindicales, trabajadores, jubilados, pensionados y estudiantes acudieron a la Plaza Morelos, en Caracas, para exigir mejoras salariales y de pensiones. Sin embargo, su sorpresa fue conseguir una inmensa tarima del chavismo a escasos metros bloqueando el acceso en la avenida Universidad, además de presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La multitud pasó frente al Ministerio Público ante la mirada de empleados. Asimismo, trabajadores del Metro de Caracas salieron a observar la protesta, conformada básicamente por personas de la tercera edad. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Magaly Vásquez: “Es necesario depurar el Ministerio Público” 

“No se trata de una cacería de brujas”, respondió la aspirante a convertirse en Fiscal General de la República, Magaly Vásquez, cuando la directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), Ronna Rísquez, le preguntó sobre una eventual depuración del Ministerio Público durante La Conversa de este miércoles 18 de marzo de la coalición conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que llevó por título “El reto de tener una Fiscal General independiente”.

La secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es una de las 74 aspirantes al cargo, según expuso Víctor Amaya, director de Tal Cual.

Vásquez aseguró que hay capacidad de depurar al Ministerio Público y es necesario hacerlo.

“No podemos seguir siendo selectivos a la hora de investigar. Así como hay fiscales que han delinquido y tienen que ser sometidos a la justicia, también queda gente honorable en la institución. Con esta posibilidad que tengo, muchas personas me han escrito expresando su deseo de pertenecer o volver a formar parte de la administración pública”, dijo la abogada, quien aspira ocupar la plaza que dejó vacante Tarek William Saab luego de su renuncia el pasado 25 de febrero.

Luis Blanco, director de Runrunes, hizo hincapié en la necesidad de adelantar investigaciones a funcionarios envueltos en posibles crímenes contra los derechos fundamentales del venezolano.

A juicio de Vásquez, toda persona, independientemente de su cargo, puede ser investigada por el MP y rendir cuentas.

“Las víctimas tienen derecho a que les den una respuesta. El asunto es que no podemos cambiar tantas desatenciones a las leyes de un día para otro, hay mucho que hacer, pero no le tengo miedo al volumen de trabajo, es necesario establecer concursos para escoger gente, hacer planes, indicadores, proyectos y promover políticas públicas”.

Según Vásquez, el MP ha tomado atribuciones que no le corresponden. 

“Un Fiscal General no puede calificar a nadie de culpable, esa es una función de los jueces. El Fiscal General no debe interrogar, debe saber de derecho, ir más allá de las redes sociales, es un funcionario que representa la institución para que haya unidad de criterio”.

Vásquez aseguró que de quedar seleccionada para el cargo que Tarek William Saab ocupó por nueve años, no actuará con revanchismo.  

“Yo no tengo enemigos, ni llegaría para perseguir a nadie. No tengo compromisos, siempre he combinado mi actividad docente con el ejercicio profesional. Hay que empezar a ofrecer respuestas expeditas”.

La profesional del derecho indicó que de los 73 postulados restantes conoce apenas a una decena y con algunos posee reservas.

Alertó que lo fundamental es que quien sea seleccionado por la Asamblea Nacional cumpla con el perfil adecuado y no tenga vinculaciones políticas. 

Vásquez aspira que el proceso para la escogencia del funcionario público sea transparente en función del supuesto ambiente de reconciliación y reinstitucionalización que se respira en el país.

“Tomé la decisión de postularme porque mi perfil se adapta, siempre me ha gustado la función pública, llegué a la universidad por un préstamo y ya han pasado 29 años, anteriormente era abogada en el Congreso Nacional”.

La docente informó que el Colegio de Abogados del estado Lara la postuló en 2014 al puesto de magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Sala de Casación Penal, pero no fue seleccionada.

Vásquez indicó además que fue coredactora del Código Orgánico Procesal Penal.

“Es el instrumento que definió la verdadera función del Ministerio Público, he dedicado parte de mi vida a estudiar al MP. ¿Entonces por qué no voy a participar por el puesto de Fiscal?”.

Aunque asegura contar con los requisitos para ocupar la función, no sintetiza la escogencia a un mero tema de credenciales 

“Hay que ir un poco más allá, el MP debe caracterizarse por una actuación imparcial e independiente, de ausencia de compromiso”. 

La docente dijo que las víctimas venezolanas han buscado refugio en organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque sienten que en Venezuela no hay justicia imparcial.

“El Estado no hace su trabajo, hay que rescatar la soberanía y eso se activa actuando”.

La gente en la calle

Rísquez apuntó que las diversas protestas que se han generado en Venezuela recientemente demuestran el descontento de las personas, que ven ingresos por concepto petrolero para el Estado que no se generan en una mejora de calidad de vida para el pueblo.

Este lunes 16 de marzo, la ciudad de Caracas amaneció con un paro de transporte que devino en un aumento del pasaje a 100 bolívares, menos de un cuarto de dólar.  

Previamente se produjo una marcha de gremios, sindicatos y estudiantes a la Asamblea Nacional para exigir incremento del salario mínimo, estacionado en 130 bolívares desde 2022, y una concentración frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en pos de una demanda por el desbloqueo de portales web de información independientes y de la red social X.

Blanco sostuvo que el palpitar de la gente en Venezuela apunta a que la situación económica ha empeorado en lo que va de 2026.

Rísquez indicó que el chavismo ha mostrado señas de debilidad después de la incursión armada del pasado 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y por eso la población ha decidido hacer exigencias frontales a quienes están en el poder. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.