El abogado Perkins Rocha informó que le fue negada la solicitud de amnistía hecha ante el Tribunal Especial Primero de 1era Instancia en funciones de Juicio con Competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo.
“He sido notificado de una decisión dictada por el juez José Antonio García Morán, en nombre del Tribunal Especial Primero de 1era instancia en funciones de juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. En ella se comunica la declaratoria ‘sin lugar’ del sobreseimiento de la causa que por extinción de la acción penal, dentro del marco de la Ley de Amnistía, solicité a través de mi abogado, Omar Mora, el día 24 de febrero”, escribió a través de X Rocha.
Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley.
El abogado explicó en su post que el juez García Morán le negó la amnistía por considerar que está “dentro de los casos de exclusión del beneficio”.
“Manifiesto públicamente mi rechazo y contrariedad a este fallo, contra el cual, por intermedio de mi apoderado judicial, ejerceré en la primera oportunidad procesal hábil posible, el recurso de apelación de conformidad con el artículo 12 del instrumento legal que ha sido indebidamente interpretado”, se lee en la publicación.
Tras conocer el fallo, Rocha manifestó públicamente su desacuerdo con la interpretación realizada por el tribunal sobre la ley. Indicó que ejercerá un recurso de apelación contra la decisión judicial.
Hago esta participación pública de un acto judicial (que no declaración) en legitimo ejercicio de mi Dcho ciudadano contenido en el art 57 Constirucional: “ A las 3:59 de la tarde del día de hoy, viernes 13/03/2026, he sido notificado de una decisión dictada por el Juez Jose… pic.twitter.com/ADf3njduZ8
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desmantelamiento del aparato represivo, renovación del sistema de justicia y del Ministerio Público, revisión del marco de aplicación de la Ley de Amnistía, protección a las víctimas y familiares y fortalecimiento del rol de las organizaciones de la sociedad civil, son algunas de las exigencias que hizo la ONG Foro Penal en su informe represión política en Venezuela correspondientes a los meses de enero y febrero de 2026.
El informe expuso que desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero, el régimen que controla la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha prometido paz y reconciliación a través de mecanismos como la Ley de Amnistía, sin embargo, persisten la represión, la desconfianza institucional y la opacidad judicial.
La ONG expuso que de acuerdo a su más reciente registro, en Venezuela todavía hay 573 presos políticos y se han verificado 436 excarcelaciones desde el 8 de enero y 109 libertades plenas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, el pasado 19 de febrero.
Según Foro Penal, el 8 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez anunció un número importante de excarcelaciones sólo fueron salieron de centros de reclusión 42 personas y para finales de febrero se contabilizaron 436 excarcelaciones y 109 libertades plenas
“Aunque hubo avances, persiste la falta de transparencia en los listados oficiales y la ausencia de criterios jurídicos claros para estos procesos”, reza el reporte.
Aquí algunas claves del reporte:
–Sigue represión institucional: El Foro Penal ha documentado casos de abstención de familiares a denunciar detenciones por temor a represalias, señalando que la opacidad y el miedo persisten como rasgos estructurales. Expusieron que tras los anuncios de excarcelaciones surgieron un número creciente de casos postelectorales que no fueron denunciados oficialmente, debido a temor o desconfianza en las instituciones.
-Trump y Rubio meten presión: De acuerdo al reporte de la ONG después que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, escribieran en sus redes sociales y declararan que el proceso de excarcelaciones iba “acelerado” en Venezuela, hubo un incremento en las liberaciones lo que sugiere que dichos mensajes ejercieron presión pública adicional sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez.
–Lo negativo de la Ley de Amnistía: Aunque abarca formalmente desde 1999 a 2026, en la práctica solo cubre períodos limitados, equivalentes a aproximadamente 20 meses de casi 28 años de persecución. Asimismo, para quienes están fuera del país, no garantiza que la amnistía sea otorgada antes de la comparecencia ante un tribunal; si es negada, la persona queda sujeta al proceso penal, lo que genera un riesgo real, mientras que el artículo 9 excluye a quienes puedan ser vinculados con acciones armadas contra la República, prestándose a interpretaciones discrecionales.
–Sugerencias: La ONG recomendó a la administración venezolana tutelada por Estados Unidos, desmantelar el aparato represivo y plantear una reforma profunda de los cuerpos de seguridad para eliminar prácticas abusivas. Renovar el sistema de justicia y el Ministerio Público con la designación de un nuevo Fiscal General de la República, que sea independiente, conforme a estándares internacionales de autonomía e imparcialidad. Revisar el marco de aplicación de la Ley de Amnistía, evitando discrecionalidad judicial. Proteger a las víctimas y familiares con una estrategia de reparación integral y garantías de no repetición, reconocer el rol de las organizaciones de derechos humanos y mantener la observación activa de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este 13 de marzo de 2026, SenosAyuda A.C. arriba a su vigésimo aniversario consolidada como la institución de referencia principal en la lucha contra el cáncer de mama en Venezuela. Fundada en 2006 por Ingrid Borges, Beatriz Ottengo y Bolivia Bocaranda —tres mujeres que transformaron su diagnóstico en acción—, la organización ha evolucionado de ser un grupo de acompañamiento a convertirse en una robusta plataforma asistencial.
Hoy, la fundación atiende a más de 600 personas mensualmente y logra el diagnóstico oportuno de entre 25 y 30 mujeres cada mes, una cifra vital en un entorno donde el tiempo es el factor determinante entre la vida y la muerte.
“Los indicadores son alarmantes… [y] lejos de ser un motivo de celebración, se ha convertido en todo un reto cumplir con uno de nuestros propósitos: la detección temprana de la enfermedad”, enfatizó Bolivia Bocaranda, presidenta y fundadora de la organización.
Un enfoque integral: paciente y familia
Entendiendo que el cáncer de mama impacta todo el núcleo social, la fundación ha fortalecido sus programas de salud mental. El apoyo psicológico para pacientes y familiares es una prioridad, otorgándoles herramientas para transitar las etapas más complejas de la enfermedad.
“Nuestra historia es una historia de redes. Hemos aprendido que la resiliencia no es un acto individual, sino el resultado de un tejido sólido de voluntades. Estos 20 años representan la fuerza del trabajo en equipo y la convicción de que ninguna mujer debe transitar este camino en soledad”, señaló Bolivia Bocaranda.
Alianzas que amplifican el mensaje
La sostenibilidad de este esfuerzo responde a alianzas estratégicas de larga data con la empresa privada y los medios de comunicación. Destaca la labor de la agencia Concept McCann, cuyos profesionales han desarrollado de manera pro bono las campañas de la organización, convirtiéndose en aliados indispensables para la concientización.
Gracias a este apoyo, SenosAyuda ha retomado con fuerza las campañas masivas. Tras el éxito de “Palabras”, la fundación se prepara para estrenar en octubre la segunda fase de esta campaña, esta vez poniendo el foco en los cuidadores. La difusión contará nuevamente con el respaldo de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión.
“El apoyo de los medios y la radio ha sido vital para subir el volumen de la prevención. Nuestra meta es incidir directamente en los indicadores de mortalidad, y eso solo se logra con información oportuna”, afirmó Vanessa Ochoa, miembro de la junta directiva.
En octubre de 2025, en el marco del mes rosa, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) presentó ante los medios de comunicación su campaña “Florecer en Rosa”, la cual fusiona las experiencias de vida de supervivientes de cáncer con el arte y la acción comunitaria y desde la que se promueve la detección temprana y la importancia del compromiso personal con la salud femenina, como un ejercicio de valentía y autocuidado.
En el encuentro el doctor Juan Saavedra, director de proyectos y relaciones institucionales de la SAV, indicó que el cáncer es el problema más serio que enfrenta la mujer venezolana, y que el de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres: cada día se diagnostican 25 nuevos casos y hay 10 fallecimientos. En 2024, la incidencia fue de 9.148 y la mortalidad de 3.707.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a familiares, amigos y defensores de derechos humanos realizar un pancartazo pacífico frente al centro de detención La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda.
A través de su cuenta en X, el comité informó que los efectivos forzaron a los asistentes a retirarse, alegando que debían ubicarse a una distancia mínima de 500 metros de la sede por ser esta una “zona militar”.
“Debido a esta restricción arbitraria y al hostigamiento recibido, los familiares se vieron obligados a trasladar la actividad a una zona distante del centro de detención para poder alzar su voz”, se lee en el post.
El Clippve aseguró que la acción pacífica tenía como único objetivo exigir la libertad de las más de 100 mujeres que actualmente se encuentran tras las rejas en Venezuela por motivos políticos.
El comité reiteró que manifestar pacíficamente es un derecho y que la exigencia de justicia para las presas políticas no debe ser objeto de amedrentamiento.
🚨 ALERTA | Hoy, #13Mar, denunciamos que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron a familiares, amigos y defensores de derechos humanos realizar un pancartazo pacífico frente al centro de detención La Crisálida, en Los Teques. Bajo el argumento de que el… pic.twitter.com/lQ4ueEsZTs
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 13, 2026
Caminata por las mujeres
Los familiares de mujeres detenidas hicieron una caminata para exigir la liberación de todas las presas políticas.
“No olvidemos a nuestras mujeres”, se lee en una de las pancartas.
#13Mar Familiares de mujeres detenidas por motivos políticos hicieron una caminata hacia la cárcel La Crisálida, en Los Teques, para exigir la liberación de todas las presas políticas. "No olvidemos a nuestras mujeres", se lee en una de las pancartas.
Los manifestantes coreaban: “justicia, justicia y libertad, todas son inocentes, ninguna delincuente”.
El último balance del Foro Penal difundido el pasado 9 de marzo, precisó que hasta el momento 508 personas están detenidas por motivos políticos en el país, de ellas 54 son mujeres.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 09/03/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 508* Desde la semana pasada
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En Venezuela, el empleo formal ha dejado de ser una garantía de bienestar. Un reciente monitoreo nacional realizado por la Red Sindical Venezolana revela una realidad crítica: el 95,5% de las trabajadoras venezolanas activas percibe ingresos que son insuficientes para costear los gastos más elementales.
La situación es todavía más dramática para quienes dedicaron su vida al servicio del país. Entre las jubiladas y pensionadas, el déficit alcanza al 97,7%, dejando a este sector en una vulnerabilidad casi absoluta. El estudio, que consultó a 528 mujeres en 22 estados y el Distrito Capital, demuestra que ni la formación académica ni décadas de experiencia logran frenar la pérdida del poder adquisitivo.
Priorizar el plato de comida sobre la salud
Para la mujer trabajadora, el presupuesto familiar se ha convertido en un ejercicio de descarte. Según el informe, el 74,6% de las encuestadas destina la totalidad de sus ingresos exclusivamente a la alimentación, mientras que apenas un 15,5% logra priorizar la compra de medicinas.
Esta precariedad financiera impacta directamente en la estructura familiar, considerando que el 59,1% de las participantes tiene bajo su responsabilidad económica a tres o más personas.
Sobrecarga laboral y el peso de los cuidados
El estudio destaca que los sectores más golpeados son salud y educación, pilares fundamentales del país. A pesar de su importancia, el 23,3% de estas profesionales reporta jornadas que superan las 40 horas semanales.
A la explotación salarial se suma la “doble jornada” no remunerada: El 72,2% de las mujeres asume en solitario el cuidado de niños, adultos mayores o personas con discapacidad.
La ausencia de sistemas públicos de cuidado obliga a las mujeres a restringir sus oportunidades de crecimiento económico para atender las crisis domésticas.
La jubilación: Un descanso inexistente
Uno de los hallazgos más dolorosos del reporte es el fin de la jubilación como etapa de retiro. El 63,8% de las jubiladas se ha visto obligada a reincorporarse al mercado laboral —muchas veces en condiciones informales— para poder subsistir.
“La jubilación en Venezuela ya no es un derecho conquistado, sino una extensión forzada de la vida laboral ante la falta de protección social del Estado”, señala el informe.
Salud en crisis y deterioro emocional
El acceso a la salud es, para la mayoría, un lujo inalcanzable. Solo el 15,2% de las consultadas cuenta con atención médica regular, y casi la mitad (46,8%) admite que no puede comprar sus tratamientos básicos. Existe, además, una denuncia recurrente sobre el maltrato institucional: mujeres que trabajaron 30 años en el sistema de salud público son hoy desatendidas en los mismos centros que ayudaron a levantar.
Este panorama ha fracturado la salud mental de las trabajadoras. Solo el 8,7% califica su bienestar psicológico como “bueno”. El resto sobrevive bajo un estado de estrés crónico, agotamiento e incertidumbre.
Un grito común: “Hacer magia”
Los testimonios recogidos por la Red Sindical Venezolana coinciden en una palabra: sobrevivir. Frases como “hacer magia con lo poco que recibimos” o “ir a trabajar sin dinero para el pasaje o comida” resumen la cotidianidad de una fuerza laboral que hoy apenas resiste el día a día.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Al teniente coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Víctor Eduardo Soto Méndez lo detuvieron en marzo de 2018 luego de que hablara con unos compañeros sobre la situación crítica por la que atravesaba Venezuela en ese momento, escasez de comida en los batallones, inconvenientes para acceder a medicamentos y precariedad del sistema de salud, condiciones que siete años después no han cambiado.
Soto fue aprehendido junto al también teniente coronel, Igbert José Marín Chaparro, ex asistente del fallecido presidente Hugo Chávez y otra decena de militares del Batallón de Infantería Juan Pablo Ayala en Fuerte Tiuna, Caracas.
Uno de los militares que escuchaba la tertulia, frecuente en cualquier espacio del país, los señaló de estar preparando un golpe de Estado. Acto seguido fueron acusados y condenados a siete años y seis meses de prisión por delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y acciones contra el decoro militar.
Cumplida su sentencia el pasado 9 de septiembre de 2025, Soto, junto a sus compañeros de promoción, tenientes coroneles Deibis Mota Guerrero, Carlos Peña Palmentieri y Pedro Garrido Guillén fueron secuestrados de la cárcel de Ramo Verde en Los Teques en noviembre de ese año y trasladados arbitrariamente al centro de máxima seguridad Procemil Central en el Fuerte Guaicaipuro, ubicado entre Santa Teresa y Charallave, estado Miranda.
“Esa es una cárcel militar que el gobierno llama centro de reflexión, pero realmente es una prisión de castigo para aquellos que tienen mala conducta en otros penales, allí lo aíslan por un rato y después son devueltos a su centros de origen”, dijo Ana Raquel Velázquez León, esposa de Soto.
Velázquez no tiene explicación de por qué su esposo con condena cumplida no está en libertad.
La esposa de Soto indicó que después de trajinar por tribunales y conversar con abogados, en la la Fiscalía le confirmaron que a su esposo le habían abierto una segunda causa, que además de los delitos que ya tenía imputados le agregaron el de motín.
“¿Cuál motín? Si para el momento en que se lo llevan, pensaba que lo iban a liberar. Mi esposo no se vio envuelto en ningún motín mientras estuvo privado de libertad”.
Velázquez expuso que un miembro de la Comisión de Política Interior y de seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional reconoció que “cuando no quieren liberar a un privado de libertad, le abren otra causa”.
El numeral 7 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente”.
A Soto le asignaron un defensor público militar que en las primeras de cambio no sabía el estatus legal del caso y “no estaba autorizado a hablar”. Su recomendación fue implorar para que fuese beneficiado con la recién aprobada Ley de Amnistía.
“Consignamos un documento en el tribunal tercero de control y el secretario se negó a recibirnos la comunicación, violando el artículo 51 de la Constitución, donde dice que ningún funcionario se puede negar a recibir documentos. La juez de ejecución que debía librar las boletas de libertad por la primera causa se niega a dar la cara”, dijo Velázquez.
#Actualización la esposa del Teniente Coronel Victor Soto Méndez, preso político con pena cumplida desde el 9 de septiembre, ratifica que aún permanecen en desaparición forzada. Salieron desde Ramo Verde ayer engañados a un supuesto traslado al tribunal y no aparecen. Que dice de… https://t.co/qiA0ujH3COpic.twitter.com/IsDbalr75p
La esposa de Soto indicó que durante el primer juicio se nombró un tribunal accidental en la Corte Marcial, donde estuvo el capitán retirado y abogado Juan Carlos Guillén, quien posteriormente estuvo preso por el caso de una disputa judicial de un hato en Apure, salió en libertad y se fue del país.
Una vida que cambió repentinamente
Velázquez relató que antes de que su esposo cayera en desgracia por simplemente expresar dentro de los cuarteles la realidad del país, su vida estaba repleta de armonía.
“Ambos somos del estado Mérida, pero yo me vine para Barinas en el año 2004 cuando éramos novios y nos casamos en el 2006. Tenemos tres hijos, uno de 18 años, otro de 13 y una niña de 11”.
Velázquez indicó que su hija menor no ha podido sobrellevar la ausencia física de su padre.
“Ha sido algo que lamentablemente he tratado de normalizar. Le he dicho que su papá ya cumplió la sentencia y que en cualquier momento va a salir. Pero realmente no es algo que a mí me llene de agrado o tranquilidad”.
A juicio de Velázquez, en el seno de la FANB hay falta de seriedad, compañerismo y humanidad.
“No tiene nombre el hecho de que lo tengan pagando una condena injusta en ese lugar tan horrible, él no le debe nada al Estado. Es algo que no se puede entender”.
Velázquez sostuvo que en el Fuerte Guaicaipuro no están permitidas las visitas, las llamadas telefónicas ni las comunicaciones por escrito. A diferencia de Ramo Verde, tampoco se pueden llevar alimentos para que los presos políticos los preparen.
“En el lugar donde él está es aislamiento puro y rudo, deshumanizante totalmente. La idea es enterrarlos en un hueco donde no puedan ver ni abrazar a los suyos, donde no se puedan comunicar ni saber de su familia. Simplemente ir allá a llevar paquetería es una tragedia para uno como familiar. No quiero ni pensar cómo él pasa los días y las noches. Realmente eso es un depósito humano donde los llevan para que mueran de mengua”.
Velázquez sentenció que no conoce a persona alguna que haya salido en buenas condiciones de ese centro de reclusión.
“Lo se por familiares de otros privados de libertad que han salido de allí enfermos, con desnutrición, con menos de 15 kilos, con problemas gastrointestinales, sarna y enfermedades en la piel”.
Velázquez relató que no ha visto a su esposo desde que fue trasladado de forma arbitraria al Fuerte Guaicaipuro
“La única vez que le permitieron una llamada en cinco meses me pidió que le llevara una crema con esteroides”.
La esposa de Soto indicó que el hecho de que no permitan visitas hace suponer cosas en torno a las condiciones de reclusión. “Lejos de mejorar la situación emocional, lo que hace es complicarla, es absurdo que este tipo de cosas se normalicen”.
Madre del preso político Victor Soto Méndez, teniente coronel del ejército, arbitrariamente detenido el 2 de marzo de 2018, y quien fuera sentenciado injustamente a 7 años y 6 meses de prisión, pide sea puesto en libertad.#LiberenASoto#Venezuelapic.twitter.com/MkVJfNqG7n
Velázquez cree que efectuar una visita como las permitidas a los presos políticos en la cárcel de El Rodeo I podría ser contraproducente para el estado emocional de ambos.
“Son visitas sentados a metros de distancia, cada uno en una silla con un custodio al lado, con un teléfono donde graban la visita, no se pueden tocar, no pueden hablar de cosas que no sean su situación jurídica y familiar. Yo no quiero tener una visita de ese tipo para ver cuántos kilos ha perdido o en qué estado está y para que los custodios escuchen lo que hablamos. Creo que eso me haría más daño que bien”.
El presupuesto se fue al foso
Velázquez es odontólogo y previo a la detención de su esposo considera que la condición económica de su núcleo familiar era favorable
“Tengo mis pacientes y de alguna manera me he mantenido a flote. Para el momento que Victor cayó preso todavía teníamos ahorros y podía pagar a un abogado privado”.
Velázquez confesó que su esposo ascendió por mérito propio en la carrera militar y eso trajo consigo beneficios.
“Estuvo dos veces haciendo cursos fuera del país. Fue uno de los mejores de su promoción y pudimos vivir en Brasil y Cuba por un tiempo. Casualmente dos días antes que lo metieran preso le pagaron los viáticos de uno de los viajes y eso lo agarré para lo que nos ha tocado enfrentar”.
Velázquez manifestó que aunque ha tratado de rendir el dinero, la inflación y la dolarización de facto lo han pulverizado.
“Mi hijo mayor quería estudiar odontología y estábamos ahorrando para que lo hiciera afuera dadas las condiciones de la educación en este país. No se logró. Estudia Farmacia en la Universidad de Los Andes (ULA). Todo lo que Víctor y yo ahorramos se fue en sus primeros seis años de prisión”.
Velázquez indicó que cuando había holgura económica iba a visitar a su esposo con frecuencia
“Pero ya a mediados de 2023 me quedé sin ahorros y caí en desgracia, empecé a vivir un día a la vez”.
Cuando se enteró de que el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, había anunciado la excarcelación de un “número importante” de presos políticos el pasado 8 de enero no dudó en hacer una maleta y viajar a Caracas.
“Estuve casi todo el mes de febrero en Caracas creyéndole a Jorge Rodríguez y nada. Cuando empecé a ver signos de enfermedad en mi cuerpo me devolví a continuar con mis rutinas, con mi trabajo y atendiendo a mis hijos”.
Velázquez sentenció que desde la encarcelación de Soto, todo su núcleo familiar se ha activado para colaborar económica, psicológica y espiritualmente.
“Mi mamá, mi papá y mis hermanas son las que me ayudan. Los hermanos de Víctor son profesionales los dos, pero cada uno tiene sus cargas que impiden que puedan echarnos una mano. Ellos hacen caramelos artesanales de coco y los vendían en Ramo Verde”.
La odontóloga sostuvo que en los momentos más difíciles ha tenido la nevera completamente vacía.
“Esto ha sido una desgracia, y emocionalmente una tragedia familiar, debería ser un capítulo cerrado en mi vida y se mantiene como una herida abierta que no cicatriza. Dios ha sido mi gran proveedor. Tengo un entorno maravilloso que sin yo estar pidiendo me ayudan”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el marco del Día Mundial contra la Censura en Internet, la organización VE sin Filtro, junto a más de treinta organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, acudieron este viernes, 13 de marzo, a la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para exigir el levantamiento definitivo de los bloqueos que afectan el ecosistema digital venezolano.
A través de una comunicación formal dirigida al Director General, Enrique Quintana Sifontes, la coalición de organizaciones señaló que los bloqueos administrativos y discrecionales se han acumulado por más de quince años, afectando a 206 dominios, 65 medios de comunicación y 30 sitios de herramientas de evasión de censura (VPN). También a plataformas como la red social X y herramientas de comunicación como Signal.
Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), acudió a Conatel para denunciar una política deliberada de restricción al acceso a la información en Venezuela.
#Ahora || Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), acudió a Conatel para denunciar una política deliberada de restricción al acceso a la información en Venezuela.
Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de Provea, advirtió que “las restricciones a la libertad de expresión tienen un impacto devastador en la vida y los derechos de los ciudadanos”.
Provea acompaña a medios y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana porque las violaciones a la libertad de expresión tienen un efecto sobre la vida de las personas y las libertades democráticas.@oscarfmurillo explica cómo se da esta relación y exige una… pic.twitter.com/qPqiOnbPZC
Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, pide ante Conatel que se levanten los bloqueos a todos los portales informativos y redes sociales como X. “Hemos tenido portales donde se hacen reclamos hacia el salario digno y ese portal se bloquea”, denunció.
#13Mar Luis Serrano, coordinador general de Redes Ayuda, pide ante Conatel que se levanten los bloqueos a todos los portales informativos y redes sociales como X.
"Hemos tenido portales donde se hacen reclamos hacia el salario digno y ese portal se bloquea", denunció pic.twitter.com/HHKwaRUb2M
En el documento entregado a CONATEL, las organizaciones enfatizan que el acceso a un internet libre es una obligación del Estado y una condición indispensable para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. “El levantamiento de estos bloqueos es una medida necesaria para cualquier esfuerzo de reconciliación democrática creíble y una obligación en materia de derechos humanos”.
La solicitud principal presentada a la institución estatal es clara: CONATEL puede, de oficio y sin necesidad de cambios legales, ordenar a todos los proveedores de internet de Venezuela el cese inmediato y general de los bloqueos. Esto permitiría una “limpieza” de medidas restrictivas, incluyendo aquellas que persisten de órdenes ya rescindidas o que afectan a sitios web extintos.
Los planteamientos al Estado y a CONATEL son precisos para la promoción de un ecosistema de medios libre y plural y el acceso a internet universal y sin restricciones al ejercicio de los derechos: que el ente ordene el cese los bloqueos arbitrarios e ilegales de sitios web informativos y plataformas digitales, que se publique información sobre cualquier restricción de acceso, incluyendo fundamento jurídico, alcance y mecanismos de revisión, se quite responsabilidades a CONATEL de control de contenidos y bloqueo de páginas web y se garantice la neutralidad de la red y el acceso abierto a la información.
Transparencia bajo la lupa
Además del exhorto, VE sin Filtro entregó a CONATEL una solicitud formal de información pública amparada en los artículos 51, 141 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En dicho documento se exige que la institución aclare:
Los criterios y bases legales utilizados para ordenar el filtrado de contenidos.
La lista detallada de dominios, URL y servicios bloqueados actualmente.
Los procedimientos técnicos empleados para identificar qué aplicaciones o páginas limitar.
“Llevamos casi 10 años entregando versiones de esta solicitud sin una respuesta efectiva”, recordó Andrés Azpurua, director de Ve sin Filtro, quien apuntó que los bloqueos deben ser medidas de última instancia, proporcionales, necesarios y siempre ordenados por un juez competente, condiciones que hoy no se cumplen en la mayoría de los casos registrados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En el mapa de políticas ambientales sobre plásticos de América Latina y el Caribe, Venezuela aparece en rojo. No es el único de la región. Lo mismo sucede con Bolivia y Surinam, en Suramérica, y con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua en Centroamérica. El color que los identifica significa que en ninguno de estos países existen legislaciones específicas para manejar de forma correcta uno de los materiales más contaminantes del mundo.
Pero, más allá de no desarrollar políticas para el uso del plástico, estas naciones tienen otra característica que las une. Para el momento en que se hizo el estudio, la mayoría de los gobiernos de estas naciones tenían un corte autoritario: Nicolás Maduro llevaba más de 12 años frente al gobierno de Venezuela, mientras que el chavismo que él representaba tenía 26 años en el poder. En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) tenía dos décadas al mando. En Nicaragua, el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo aún domina al país desde 2007, con un régimen que tiene miles de presos políticos, centenares de muertos en protestas y que ha llevado al exilio a todos los medios de comunicación independientes. En El Salvador está Nayib Bukele desde 2019, con una administración cuestionada por la corrupción, la violación de derechos humanos y la persecución a la oposición y a la prensa independiente. Honduras y Guatemala atravesaron, en años recientes, turbulentas crisis políticas marcadas por la corrupción y la tiranía.
“El plástico es omnipresente. Está en todas las industrias, desde la salud, alimentación, tecnología, transporte. Por eso, la necesidad de desarrollar marcos normativos sólidos se vuelve imperativa, así como la producción de una base científica sólida que oriente esas políticas públicas para que sean efectivas, además de estrategias de sensibilización social orientadas a transformar los actuales patrones de producción y consumo”, comenta el investigador de la Universidad de Sao Paulo, Felipe Rodríguez Torres, responsable del estudio Panorama normativo de los plásticos en América Latina y el Caribe, presentado en noviembre de 2025, que incluye el mapa que evaluó las legislaciones sobre este material en cada país de la región.
Venezuela y los otros seis países en rojo están rezagados en una región donde 68% de las naciones ya cuenta con leyes nacionales para plásticos, mientras que 12% (cuatro países) tienen avances significativos en algunas de sus provincias.
A ese atraso legislativo se suman cifras alarmantes sobre contaminación por plásticos en el país. En 2022, la ONG internacional The Ocean Cleanup advirtió que Venezuela era uno de los 20 países del mundo que llevaba más plástico al océano a través de sus ríos y que apenas 2% de este material se recicla en el territorio. Eso no ha cambiado. En un reportaje de Runrun.es de 2024, el director del Área de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (SA – UCAB), Joaquín Benítez Maal, reclamó que desde el Estado no ha se haya incentivado el reciclaje ni el manejo de los desechos sólidos.
Entre los países en amarillo que se muestran en el mapa, con leyes estatales aprobadas pero no nacionales, están los tres gigantes: México, Argentina y Brasil, además de Guyana. Y en verde están Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y todas las islas del Caribe. Estas últimas han aprobado leyes nacionales para plásticos con un interés especial: su territorio reducido hace que el problema de la basura sea difícil de manejar, y por eso dependen de recursos externos y no tienen espacio para una gran industria de reciclaje.
Políticas ambientales en una “democracia real”
Para Alejandra Parra, bióloga chilena, activista ambiental y asesora en Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), las libertades de un país tienen todo que ver con la aprobación de leyes vinculadas al medio ambiente. “Se necesita, la verdad, una democracia real. Lo más efectiva posible. Y que es algo de lo que carecemos mucho lamentablemente en nuestra región”, asegura al ser entrevistada por Runrun.es.
Parra señala que las naciones donde hay menos avances en estas legislaciones sobre plásticos son la “que tienen menos libertades cívicas y menos libertad de expresión”.
“Son los países donde las organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas, tienen que pasar a la ilegalidad para poder existir. Donde se arriesgan a pesar de las represalias de parte de los gobiernos (…) porque exponen responsabilidades gubernamentales en los daños ambientales. Es en esos países donde las legislaciones avanzan menos o no avanzan nada”, subraya.
En esa misma línea, Alberto Quezada, consultor en política ambiental y conservación marina, además de asesor de la Agencia de Investigación Ambiental, apunta que es clave que los ciudadanos actúen para promover este tipo de leyes. Así lo sentenció en medio de la presentación online del Panorama normativo.
“Creo que la sociedad civil tiene un primer punto esencial para lograr estas regulaciones, y es logrando colocar los temas en la agenda pública, es decir, en los medios de comunicación, en las comunidades. Y esto pasa, necesariamente, por esta labor de educación ambiental, información, socialización de ideas de un problema serio. Ese es el primer rol, o sea, sin la sociedad civil ni siquiera el tema se convierte en un tema político”, dice en medio de la discusión.
Para ambos expertos, las leyes aprobadas sobre plásticos en la región recaen sobre el uso de ciertos objetos, como bolsas o pitillos, por parte de los consumidores, cuando en realidad estas legislaciones deberían actuar sobre los productores de estos materiales.
Elegir con libertad
Para Parra, unas elecciones democráticas, transparentes y libres son clave para escoger representantes que puedan apoyar y solventar los problemas ambientales que preocupan a los ciudadanos.
Por eso, en este caso, es importante que en el Poder Legislativo haya congresistas que no sean parte de una elite, que apoyen las causas ambientales y que puedan mantener su independencia pese a las presiones de los actores que evitan que las normativas sobre plásticos lleguen a aprobarse. “Por eso es tan necesario profundizar y perfeccionar los sistemas democráticos”, sostiene.
“(Los ciudadanos) necesitamos seguir organizados para que sea una preocupación general y, de esa manera, se presione a los legisladores, porque ellos se ven presionados permanentemente por los poderes económicos que llegan a hacer lobby directamente a los parlamentos, a los congresos, a las oficinas parlamentarias, a los gobiernos directamente”, afirma.
Ese trabajo entre ciudadanía y congresistas debe ser directo, indica la experta, para que las iniciativas legislativas que lleguen a discutirse en el pleno sean realmente eficaces. “Y para eso también se necesitan parlamentarios que escuchen estas demandas y propuestas. Entonces, es una cuestión muy multifactorial”, advierte.
La activista ambiental señala que las grandes compañías de plásticos presionan a los congresistas con el argumento de que son generadoras de empleo, mientras que en otros casos usan la carta del financiamiento de campañas políticas.
Pero el trabajo de los ciudadanos no termina allí. Los expertos resaltan que ellos deben ser los primeros en fiscalizar si una ley funciona o no.
“Yo creo que son precisamente las personas quienes están el día a día, actuando como consumidoras, y tienen la gran posibilidad de ser el principal termómetro, la principal línea para conocer si se están aplicando o no efectivamente estas normativas. Claro, los Estados deberían tener mecanismos para que la ciudadanía pueda acceder a reportar, denunciar o solicitar. Estamos hablando incluso del concepto de participación pública, que no solo es informarse, sino que haya espacios para acceder a que se cumpla la ley y también para reparar”, señala Quezada.
El otro punto clave que destaca Parra es la “educación cívica y política” de los votantes, que les permita sufragar de manera informada y con un pensamiento crítico, sin que se dejen influenciar por noticias falsas, “para que finalmente las elecciones sean un ejercicio de soberanía de los pueblos y no simplemente un mecanismo de manipulación de masas”.
Para que en Venezuela y en otros países se puedan aprobar leyes sobre el uso de los plásticos, la sociedad civil organizada debe difundir información, con perspectiva crítica y con completa libertad, dice Parra. También propone que el Estado provea condiciones para que haya un balance justo entre los contenidos que promueve la sociedad civil y aquellos que provienen de las grandes industrias que, con frecuencia, se pagan para que se publiquen.
