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Liderazgo femenino define claves para la redemocratización

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En un momento crucial para la historia política contemporánea del país, el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtió este 24 de marzo en el epicentro del pensamiento democrático sobre el liderazgo femenino.

Bajo el título “Transición con temple y visión de mujer”, la Plataforma Unitaria Democrática llevó a cabo un conversatorio que cerró las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, en el que diferentes líderes políticas concluyeron que el cambio en Venezuela tiene una impronta femenina indiscutible.

La moderadora Paola Hernández inició el evento presentando a un panel que representa la diversidad y firmeza del liderazgo opositor: Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano; Adriana Pichardo, coordinadora política nacional de Voluntad Popular; Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R; y Deyalitza Aray, directora nacional de Proyecto Venezuela.

Las dirigentes políticas desglosaron una visión de país que trasciende la simple alternancia de poder, enfocándose en las etapas de estabilización, recuperación y transición definitiva propuestas en enero por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Las cuatro líderes coincidieron en que la transición no será solo un cambio de administración, sino una sanación nacional impulsada por el “temple de mujer”.

Descentralización y servicios públicos en las regiones

Paola Hernández preguntó a Deyalitza Aray sobre el itinerario de recuperación de los servicios públicos, para que esta reconstrucción no sea centralizada y tome en cuenta la “economía del ciudadano”, que hoy recae mayoritariamente en las mujeres de zonas rurales.

Aray describió cómo el colapso de los servicios castiga de forma cruda a las mujeres del interior. “Tenemos que lamentablemente sacrificar horas de trabajo, horas en mi hogar, para ver cuándo llegaba el agua, cómo la racionamos, cómo la recogemos… y estamos agotadas”, relató.

Además, la dirigente denunció que el centralismo destruyó los logros de la descentralización, obligando a las mujeres a liderar una gestión de crisis permanente ante la falta de agua y luz, afectando su formación y capacidad productiva.

Al definir el rol de la mujer en la transición, Aray sostuvo que son ellas quienes mejor conocen las deficiencias del sistema y deben liderar su reconstrucción con transparencia. Afirmó que el liderazgo femenino debe empujar para que el modelo de transición sea “inédito” y responda al clamor de la gente en la calle: “La gente no nos estaba pidiendo que se arreglara el techo… nos estaban pidiendo libertad, democracia, el retorno de la familia”.

Concluyó que la recuperación efectiva solo vendrá si se garantiza un sistema que administre la inversión con criterios que eviten la corrupción y devuelvan la calidad de vida a las regiones.

Estabilización, derechos humanos y el fin de la persecución

La moderadora Paola Hernández consultó a Adriana Pichardo sobre cómo enfrentar, en una fase de estabilización, el deterioro institucional y el irrespeto a los derechos humanos, y qué papel juegan los organismos internacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos civiles.

Pichardo argumentó que no puede haber estabilidad mientras el Estado mantenga un aparato represivo apuntando a la ciudadanía. “Para poder empezar a hablar de estabilización, lo primero que tiene que ocurrir precisamente es el cese de la persecución”, sentenció. 

Propuso, como paso innegociable, el desmontaje de los cuerpos policiales dedicados a la tortura e intimidación, asegurando que la persecución ha sido un patrón de los últimos quince años que se convirtió en un “horror” para todos tras el 28 de julio.

Pichardo denunció la revictimización sistemática de las mujeres presas políticas al ser separadas de sus hijos o enfrentar condiciones de vulnerabilidad en la búsqueda de justicia por sus familiares detenidos. Sostuvo que el liderazgo femenino es el que está impulsando que el proceso de transición sea “humano y no de despacho”, asegurando que la libertad de los presos políticos sea plena. 

“No podemos hablar realmente de una transición hasta que la libertad se ordene, hasta que su proceso sea humano”, afirmó, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que sea garante real de que en Venezuela existan “libertades reales”.

Reconciliación social y la dignificación del trabajo

La pregunta para Andrea Tavares se centró en cómo la ampliación del espacio cívico puede servir para que los venezolanos se encuentren en soluciones comunes y cómo transformar el diálogo social en reconciliación real, priorizando la recuperación del salario y el reconocimiento del otro.

Tavares ofreció una reflexión profunda comparando la democracia con la respiración: “Cuando la perdimos, fue que entendimos que algo que estaba allí en nuestras narices… tenía el valor vital que tenía esa respiración que era la democracia”. 

Criticó el modelo de “Estado Comunal” por fracturar la solidaridad vecinal para imponer un control político y propuso en su lugar recuperar la organización natural de parroquias y municipios donde el ciudadano se reconoce en el otro.

A las mujeres, la dirigente les asignó la misión de ser las “guardianas de la democracia” cuado esta sea recuperada:  “Porque aquí más nunca podemos permitir que se nos arrebate el modelo político que permite el desarrollo. Cuando salga alguien a decir que es la democracia, zapatea para otro lado”. 

Vinculó lo anterior con la dignidad laboral y denunció que hoy los trabajadores son tratados como “esclavos a los que se pretende tener allí produciendo por una bolsa de comida”. Afirmó que la transición debe devolver el valor social al trabajo bajo los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Institucionalidad y justicia como pilares del cambio

Delsa Solórzano inició su intervención saludando a familiares de presos políticos recientemente excarcelados presentes en el auditorio, como José Riera y Naomi Arnaudez. 

La dirigente política fue consultada sobre los “puntos de honor” necesarios para que un nuevo proceso electoral no sea una “reconfiguración del autoritarismo”, sino una vía segura a la democracia, considerando el actual CNE sin independencia y los partidos intervenidos.

Para Solórzano, el primer punto de honor es la reinstitucionalización basada en la verdad y el cumplimiento de la Constitución. “Esta reinstitucionalización pasa por volver a generar confianza en las instituciones. La Constitución dice que el defensor del pueblo y el fiscal general se designan luego de la conformación de un comité de postulaciones independiente… no dice que se reúne en el seno de un parlamento y designan una comisión de diputados”, denunció.

Al abordar el rol de la mujer en la transición, Solórzano destacó que hoy las mujeres ocupan espacios de decisión real, al destacar que en la Plataforma Unitaria cinco de los ocho representantes son mujeres. Afirmó que la mujer ha sido el rostro más visible de la resistencia: “La persecución ha tenido cara de mujer en muchos sentidos, incluso, en las hermanas de los prisioneros políticos”. 

Para ella, el liderazgo femenino garantiza que la transición sea un acto de justicia y no de venganza: “Nuestra Venezuela va a luchar por ese cambio para que nuestra nación pueda decir que finalmente tuvo una transición a la venezolana… sin distingo del color político”. 

Concluyó exigiendo un CNE que “no ponga los resultados en una servilleta” y donde el voto de cada ciudadano sea contado con transparencia absoluta.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Ernesto Villegas retira su postulación a la Defensoría del Pueblo tras días de polémica

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El periodista y actual coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas Poljak, anunció la tarde de este martes su decisión de desistir de la postulación al cargo de defensor del pueblo. La noticia fue confirmada por el propio funcionario a través de su cuenta en la red social Instagram, donde compartió lamisiva enviada al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional.

En la carta dirigida al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la instancia legislativa, Villegas formaliza el retiro de su candidatura, y argumentó su decisión en la necesidad de la búsqueda de una figura que logre unificar criterios en el país.

“Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana”, reza el documento fechado hoy en Caracas.

Villegas expresó su confianza en que el Parlamento seleccionará a un perfil idóneo que ejerza a plenitud las atribuciones constitucionales de una institución que calificó como “esencial para el funcionamiento equilibrado del Estado”. Asimismo, ratificó su compromiso con el proyecto político del chavismo.

“Desde mi posición de ciudadano, en ejercicio del periodismo o cualquier otra responsabilidad que el destino me depare, seguiré acompañando los esfuerzos por la construcción del proyecto de país escogido por el pueblo en el referendo aprobatorio del 15 de diciembre de 1999”, remarcó en el texto de la misiva.

Disculpas a medias y señalamiento a medios

La renuncia de Villegas a su aspiración como defensor del pueblo ocurre apenas 48 horas después de una serie de declaraciones que generaron un fuerte impacto en la opinión pública.

El pasado domingo, 22 de marzo, durante una entrevista concedida a Venevisión, el aspirante ofreció disculpas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017. Villegas recordó específicamente el caso de Juan Pablo Pernalete y un tenso episodio televisivo ocurrido años atrás con su hermano, el periodista Vladimir Villegas, donde ambos discreparon sobre las circunstancias del asesinato del estudiante. Admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces y lanzó la siguiente polémica frase:

“Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”.

Vinculando este gesto con su aspiración al Poder Ciudadano, añadió:“No les pido perdón, lo que aspiro es a que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”.

Pese al tono conciliador mostrado inicialmente, el clima cambió tras otra intervención en el portal La Iguana.tv. Allí, Villegas cuestionó duramente a la planta televisiva Venevisión, acusándola de intentar “calentar las calles” mediante la cobertura de fallas eléctricas en los alrededores canal.

El periodista señaló que resulta preocupante “el uso de algunos medios para tratar de crear un clima de exacerbación de malestares” y advirtió que “la tentación del 11 de abril sigue gravitando en algunas mentes”.

Villegas dirigió una crítica directa al presidente de la planta, Andrés Badra, cuestionando el valor noticioso de informar sobre la falta de luz en vivo: “¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere construir quien toma esas decisiones allí? Yo vine a conocer hace un poco al presidente de Venevisión, Andrés Badra. Me parece una persona muy educada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intrascendente, que en medio de una contingencia intrascendente, entonces, ¿por qué hace de eso una noticia?”.

Este giro discursivo parece haber sellado el destino de su postulación, la cual hoy llega a su fin con el objetivo declarado de permitir un “consenso” que, tras sus últimas apariciones, lucía cada vez más lejano.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rechazan negación de amnistía a dirigente de Voluntad Popular en el exilio

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Y siguen negando la amnistía a los venezolanos, en este caso le tocó al dirigente de Voluntad Popular en el estado Aragua, Manuel García, quien se encuentra fuera del país en vista a la persecución a la que fue sometido.

De acuerdo a la ONG Un Mundo sin Mordaza, un tribunal declaró improcedente la solicitud hecha por el abogado y líder político. 

“Nosotros vamos a apelar esta decisión porque todos sabemos que los casos donde se ha negado la amnistía son políticos, donde la justicia buscó judicializar la práctica política. Los jueces y fiscales tienen la oportunidad de redimirse. Este proceso de amnistía no es transparente y es selectivo”, acotó el dirigente político. 

“Al declarar improcedente su solicitud, el sistema judicial no solo castiga su disidencia, sino que prolonga el destierro forzoso como una condena perpetua. Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos que el uso selectivo de la Ley de Amnistía impide una verdadera reconciliación nacional. El exilio forzado también es una violación a los derechos humanos”, expuso en un comunicado la organización no gubernamental. 

García no es el único a quien le ha sido negada la amnistía, que hasta ahora ha sido un proceso discrecional.

Apenas este martes, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, anunció que también le fue negada la amnistía. 

También le fue negado el beneficio al abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, quien permanece en casa por cárcel con un grillete en el tobillo, así como a varios militares entre ellos el teniente coronel Juan Carlos Caguaripano, cuyos familiares han denunciando que ha sido sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos.  

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Fiscalía se niega a devolver equipos decomisados durante campaña de EGU

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“Los decomisaron y los equipos fueron enviados a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez en Caracas”, dijo Julio José Jiménez en una publicación de X que fue difundida por la ONG de derechos humanos Fundehullan.

Jiménez, oriundo del estado Barinas, denunció que luego del acto de cierre de campaña del excandidato presidencial opositor, Edmundo Gonzalez Urrutia, en julio de 2024 en esa entidad le fueron decomisados una camioneta, una tarima y un equipo de sonido. 

La ONG denunció que pese a que el tribunal tercero de Primera Instancia de Barinas determinó mediante sentencia firme que no se cometió delito alguno y dictaminó la entrega inmediata de los bienes, la Fiscalía se niega a devolverlos.

La ONG informó que el decomiso estuvo a cargo del Dispositivo de Inteligencia Penal (DIP) de la PNB, bajo el mando del Comisario Jefe Boris Olaizola.

La organización sentenció que el sustento de vida de Jiménez se encuentra inmerso “en un proceso marcado por el silencio administrativo y el desacato a las autoridades judiciales por parte de organismos de seguridad y el Ministerio Público”.

“A pesar de existir una orden judicial clara, la Fiscalía se niega a devolver mis herramientas de trabajo. Trabajar no es un delito, y hoy mi sustento de vida sigue secuestrado por el Estado”, sentenció Jiménez.

Fundehullan hizo un llamado para dar cumplimiento inmediato a la orden emanada por el Tribunal tercero de Barinas, cesar la retención arbitraria de los bienes y garantizar el debido proceso.

“La comunidad de derechos humanos y gremios profesionales se mantienen en alerta ante este caso de vulneración a la propiedad privada y al derecho al trabajo en las regiones de Venezuela”, puntualizó la ONG. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Piden a Mercosur no reincorporar a Venezuela sin cambios sustantivos en situación de DD.HH.

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Más de 30 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos venezolanas enviaron, el pasado miércoles 18 de marzo, una comunicación a la Presidencia Pro Tempore y a los Estados Parte del Mercosur ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las que planteó la posibilidad de solicitar la reincorporación de Venezuela al bloque.

En la comunicación, las organizaciones expresan su preocupación ante esta posibilidad en un contexto en el que persisten la ruptura del orden democrático, las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías institucionales en el país.

Las organizaciones recuerdan que Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 en aplicación del Protocolo de Ushuaia, que establece que la plena vigencia de la democracia es una condición esencial para la integración regional.

A juicio de los firmantes, las condiciones que motivaron dicha suspensión no solo no han sido superadas, sino que se han agravado en los últimos años, particularmente tras los acontecimientos de 2024 y 2026 que profundizaron la crisis institucional en Venezuela.

Por ello, las organizaciones solicitan a los Estados Parte del Mercosur:

  • Mantener la vigencia de la cláusula democrática del bloque.
  • No avanzar en procesos de reincorporación sin cambios sustantivos en la situación del país.
  • Condicionar cualquier eventual reingreso a avances verificables, incluyendo elecciones libres, separación de poderes, liberación de personas detenidas por motivos políticos y el inicio de una transición democrática real.

“La credibilidad del Mercosur depende de su coherencia con los principios democráticos que le dieron origen”, señala la comunicación.

Las 30 organizaciones firmantes reiteraron su disposición a contribuir a los esfuerzos regionales orientados a la recuperación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Mercosur 180326 by Yeannaly Fermin

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Venevisión busca calentar las calles” y otras perlas de Ernesto Villegas

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El candidato a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, denunció que el canal Venevisión busca “calentar las calles” y exhortó al presidente de la planta Andrés Badra, a “aclarar” qué hay detrás de la línea editorial.

En entrevista para el portal La Iguana.tv, Villegas declaró que resulta preocupante “el uso de algunos medios para tratar de crear un clima de exacerbación de malestares”.

Villegas aseguró que “la tentación del 11 de abril sigue gravitando en algunas mentes” que tienen incidencia en algunos medios y mencionó directamente al canal por mostrar imágenes a oscuras.

El periodista cuestionó que una noticia como esa -la de informar en vivo que en la zona en la que queda el canal en Caracas no había luz- ocupe un espacio tan costoso de su programación.

“¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere construir quien toma esas decisiones allí? Yo vine a conocer hace un poco al presidente de Venevisión, Andrés Badra. Me parece una persona muy educada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intranscendente, que en medio de una contingencia intrascendente, entonces, ¿por qué hace de eso una noticia?”, objetó Villegas.

Crisis eléctrica no da tregua

La presidenta encargada, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció la noche del 21 de marzo un plan de ahorro energético por 45 días por el aumento de las altas temperaturas en Venezuela y la incidencia de los rayos solares.

“Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de Ahorro de Energía Eléctrica”, informó.

En una entrevista publicada en enero de 2026, en el portal Web Bitácora Económica, el ingeniero Eduardo Paéz-Pumar señaló que el 60% de la infraestructura eléctrica nacional está inactiva, subutilizada o dañada.

El experto explicó que la recuperación del sistema eléctrico venezolano requiere una inversión multimillonaria de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, para lograr desde la rehabilitación de centrales hasta la modernización de redes.

En marzo de 2025 el Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la generación eléctrica en Venezuela se encuentra “80 % por debajo de su capacidad”.

Según un estudio de HumVenezuela, en 2024, el 69% de los hogares venezolanos enfrentó fallas constantes de electricidad y 17,1% sufrió interrupciones casi diarias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CLAVES | Ley de Minas perpetúa ecocidio en la Amazonía según ONG

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El nuevo proyecto de Ley de Minas (Ley Orgánica de Minas), que actualmente se discute en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, profundizará el saqueo del oro y la destrucción ambiental en el sur del país al consolidar un entramado legal que permite prácticas opacas, ignora los estudios de impacto ambiental y la participación social, y continúa la violación de derechos humanos en la Amazonía.

Así lo afirmaron este lunes, 23 de marzo, 16 organizaciones (SOSOrinoco, Provea, Clima21, AC Chunikai, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Civilis, Fundación Aguaclara, Fundación ECOVITA, Fundación Hoffmann Salud Integral, Fundación Memoria Colectiva, Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas IVACEA, Movimiento SER, Fundaredes, Laboratorio de Desarrollo Humano, Red de DDHH en Acción y Universidad Autónoma Indígena- Wainjirawa) que analizaron los artículos de la legislación que atentan con perpetuar el ecocidio y la explotación del “oro de sangre” en el país.

No son los únicos. Ya el pasado 19 de marzo, Vladimir Aguilar, abogado especialista en derechos indígenas y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, publicó un artículo de opinión en el que advirtió los riesgos que corren los pueblos indígenas tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la futura sanción de la Ley de Minas.

Para Aguilar, la legislación intenta formalizar la minería informal e ilegal “a través de alianzas estratégicas, empresas mixtas y el papel de la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”. Todo contribuye a “un nuevo relanzamiento del extractivismo, ya no solo hidrocarburífero sino minero”.

“El interés geopolítico global con la venia del Estado venezolano en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros, viene a plantear la continuación del mismo saqueo pero esta vez con orden. La violencia generada por la presencia de actores armados no estatales (sindicatos mineros, grupos irregulares, etc.) que controlan los territorios en disputa, entrarán en una nueva fase de choque con las guardias corporativas de las empresas transnacionales que entrarán a operar en los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos”, señala el texto de Aguilar.

De acuerdo con el grupo de organizaciones, esta nueva legislación desconoce la Constitución y el marco legal vigente, tal como lo han hecho “normas lesivas —como la Ley Antibloqueo— que han profundizado la devastación ambiental y social del país”.

Lo que preocupa de la Ley de Minas:

El artículo 8 de la normativa introduce el término “Desarrollo Minero Ecológico”, nombre con el que se designa en Venezuela al Ministerio de Minas desde 2016. El grupo rechaza el concepto porque considera que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” que propone una falacia: la sostenibilidad de un extractivismo que, en la realidad, solo esconde la devastación de ríos y de la biodiversidad.

Los artículos 4, 10, 11 y 17 de la Ley de Minas, afirman las organizaciones, permiten que el Ejecutivo Nacional actúe con discrecionalidad y criterios de confidencialidad al momento de otorgar títulos y regular y fiscalizar las actividades de explotación, exploración y comercialización de “minerales estratégicos”. La propuesta solo incrementará la opacidad e impedirá que la ciudadanía participe y se informe sobre cada proyecto.

También se denuncia que el tema ambiental solo se aborda “de forma declarativa”. Los estudios de impacto ambiental no se establecen como un requisito obligatorio para otorgar concesiones. Tampoco existe un enfoque que prevenga el daño “y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos”.

Sumado a ello, la Ley de Minas “tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”. Ni propone medidas que contribuyan a mitigar emisiones.

Si bien la legislación excluye a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales de las zonas permitidas para establecer concesiones mineras, esto no ocurre con otros espacios que requieren la misma protección como reservas de biósfera, zonas protectoras y reservas forestales.

La Ley de Minas pasa por encima de los derechos indígenas al ignorar la obligatoria demarcación de territorio de estos pueblos, que lleva décadas de retraso, y no mencionar el “consentimiento libre, previo e informado” que deben tener las comunidades sobre los proyectos mineros.

Los artículos 13 y 14 establecen la creación del “Resguardo Nacional Minero“, que controlará la Guardia Nacional Bolivariana, y “formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas”, que se ha asociado a la “violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”.

Lo que se debe incluir:

Para las organizaciones es clave que la ley de Minas tenga “mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos” que están dentro de la normativa. También exigen que se haga “explícita” la obligación –incluida en la Constitución– de hacer “Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en todos los proyectos de explotación minera”.

Sostienen que se deben incluir “mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental” para que haya una verdadera gestión de los recursos naturales acorde con los más altos “estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos”. En este sentido, apuestan por un marco legal que controle la seguridad industrial y laboral, que cuente con inspecciones públicas y abiertas, mantenga a raya la contaminación por residuos y contemple la remediación y mitigación ambiental.

El grupo propone que se incorporen a la ley medidas para orientar actividades mineras que respeten los derechos humanos. Esto se traduce en normas que “garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación”.

Finalmente, insisten en que la Ley de Minas solo debe incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas determinadas por la Constitución y las Leyes. Todo sea para garantizar los derechos humanos, sobre todos los de comunidades tan vulnerables como las indígenas.

El improbable ascenso de Gustavo González López como titular de MinDefensa

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Comandante General de la Guardia de Honor, Director General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, finalmente, Ministro de la Defensa. El ascenso vertiginoso del general en jefe Gustavo Enrique González López en los 75 días que nos separan del 3 de enero sólo es comparable a la mágica llegada de la mismísima Delcy Rodríguez, a la Presidencia de Venezuela. 

En menos de tres meses Gonzalez López pasó de ser director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al líder máximo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una de las figuras más poderosas del gobierno venezolano. Su nombramiento apunta en varias direcciones: hacer contrapeso al poder de Diosdado Cabello —desde hace mucho no son aliados— en el monopolio de la violencia, proteger a la presidenta encargada de los enemigos que tiene dentro del propio chavismo y construir una fuerza de choque que responda al nuevo clan que gobierna.

En medio de la celebración por el triunfo de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, el miércoles 18 de marzo, Delcy Rodríguez aprovechó para hacer un verdadero cambio de dirección a su equipo ministerial. Una de las medidas más radicales fue la destitución del ministro más longevo del gabinete chavista, Vladimir Padrino López, quien luego de 12 años al frente del despacho de Fuerte Tiuna no será recordado precisamente por sus hazañas en la defensa de la patria. 

Aunque se rumoraba que el general en jefe Padrino López -quien estuvo en el cargo desde el 25 de octubre de 2014– dejaría el ministerio en los próximos días, fue el nombramiento de su sucesor el que rompió las quinielas. 

El cambio de Padrino López por González López tiene varias lecturas o implicaciones, y trae algunas interrogantes: 

¿Cuál será su rol en la estructura de poder, hasta ahora repartida entre cuatro clanes familiares (Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, la familia Chávez y la familia Maduro-Flores)? 

Si estamos ante un nuevo momento político, ¿por qué se siguen reciclando funcionarios de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? 

¿Para qué sirven las sanciones de Estados Unidos, si la presidenta encargada premia con designaciones en cargos claves a funcionarios que fueron amonestados desde hace más de una década por distintos países? 

¿El nombramiento de González López como ministro implica que quedarán impunes las violaciones a los derechos humanos cometidas por la estructura represiva y de tortura que lideraba?

¿Esta decisión, que ocurre luego de las visitas del director de la CIA y del jefe del Comando Sur, tiene el aval de Donald Trump?

Ni prócer, ni mártir 

Pero antes de explicar por qué fue González López el elegido, lo que sí está claro es que sobraban los argumentos para justificar la sustitución de Padrino López.

El 3 de enero de 2026, cuando las fuerzas estadounidenses bombardearon infraestructura militar estratégica en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro, no hubo resistencia, ni reacción por parte de la FANB. Mientras que el ataque dejó 83 bajas entre los comandos que protegían a Maduro y defendían la revolución –incluyendo 32 cubanos–, los estadounidenses reportaron apenas un par de heridos leves. Tampoco hubo movilización de contingentes militares en las calles, luego de la incursión para garantizar el orden público o para repeler otras posibles agresiones.

Padrino solo apareció ese día, un par de horas después del bombardeo, en un video solitario para decir, entre otras cosas: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.

Días después, Padrino López soltó esta frase para justificar su inacción: “Es que hubiese sido una matanza si nos enfrentamos a los gringos”. 

Pero esta no ha sido la única derrota de este general en jefe durante su prolongada estancia en el despacho de la Defensa. En 2021, la FANB perdió la llamada guerra de Apure, una operación militar que pretendía expulsar del territorio venezolano a las Disidencias de las FARC.

En esa ocasión la exguerrilla colombiana mató a 17 militares venezolanos, además de que secuestró a otros ocho para forzar una negociación que le permitiera mantenerse un tiempo más en territorio venezolano. En enero de 2022 fue el ELN el que terminó de hacer la tarea que le habían encomendado a las FANB, es decir, reducir la presencia de los faracos de la zona fronteriza.

Tampoco hubo acciones desde el Ministerio de la Defensa respecto a los bombardeos de más de 20 embarcaciones venezolanas en el Caribe por parte de Estados Unidos. Además, en las narices de Padrino López, equipos tácticos de EE. UU. han secuestrado, al menos, ocho buques petroleros venezolanos, sin que hubiera una reacción de la Armada. El exministro no fue capaz de usar el Plan República para evitar el robo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Además de casi media docenas de soles, Padrino López tiene otro estandarte difícil de ocultar: Firmó la resolución número 008610 que permite usar “armas de fuego o armas potencialmente letales” en el control del orden público.

¿Por qué González López?

Gustavo González López fue la primera persona que recibió un cargo en el nuevo gobierno de Venezuela, después de la propia Delcy Rodríguez. El 6 enero de 2026 fue designado Comandante General de la Guardia de Honor y Director General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ambas posiciones claramente enfocadas en brindar protección a la nueva jefa de Estado.

Desde entonces no se despega de la Presidenta encargada, es su sombra, su perro guardián. Es el hombre duro de los Rodríguez. Su designación es clave para la consolidación del nuevo clan político que gobierna Venezuela, los clanes anteriores tenían o tienen sus hombres fuertes, expertos en inteligencia, con poder de fuego o ascendencia sobre los cuerpos de seguridad, la FANB y los grupos de choque. Es el factor que los iguala a las otras facciones, la pieza que faltaba en el ajedrez de los hermanos Rodríguez. 

No tener el respaldo de un ejército armado era su talón de Aquiles, una carencia que los limitaba para ser una fuerza independiente de las otras tribus del chavismo. Los Rodríguez ya se habían erigido con poder económico y esto les permitió vincularse a una amplia gama de negocios, incluyendo el petróleo. También el paso por la Cancillería le dejó a la actual presidenta una importante red de conexiones internacionales. 

González López se ha mantenido cerca de Delcy Rodríguez, al menos, desde 2018, cuando ella como vicepresidenta de la República tenía a su cargo el SEBIN, uno de los cuerpos represivos más temidos del país, que era liderado por el militar.

Luego, en 2024, Rodríguez asumió como ministra encargada de Hidrocarburos y lo designó Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de PDVSA, cargo creado para él, que combinaba seguridad, contraloría y control operativo.

Ha sido su hombre de confianza y también la mano que mece la cuna, el ejecutor de las órdenes de la actual Presidenta encargada de Venezuela. 

Por otra parte, en estos 26 años, el chavismo creó un ecosistema de poder que además supone complicidad. De allí el reciclaje permanente de funcionarios. Aunque los Rodríguez quisieran, no pueden desprenderse totalmente de esa estructura que ha constituido la base del poder de la revolución bolivariana. De hacerlo su gobierno podría desmoronarse, porque aún no goza de cimientos propios. 

Bendecido y afortunado 

Luego de encabezar, desde el SEBIN, las detenciones arbitrarias de más de 2.000 personas en 2024, ser catalogado como uno de los jefes de la tortura del gobierno de Maduro y responsable de las muertes de presos políticos en cautiverio, con la caída del dictador, González López en un lugar de un castigo recibió un ascenso.

Su nombramiento ignora las denuncias y advertencias de las organizaciones de derechos humanos y supone que no se ha roto la cadena institucional, una de las fortalezas del chavismo. Si hay juicios para sancionar a alguien por violaciones a los derechos humanos, lo más probable es que –como ya es costumbre– el grupo que gobierna consiga algunos chivos expiatorios. Incluso, su designación podría anticipar una razia, no solo para fortalecer la estructura de poder de los Rodríguez, también podría significar un intento para adecentar la imagen del Estado malandro.

González López, padre de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), ya mostró una línea de tolerancia cero frente a los grupos delictivos. En nombre de la lucha contra el crimen, esta política que comandó derivó en el exterminio de jóvenes en los barrios pobres del país. Su perfil coincide con el que exhibe ICE en su persecución a migrantes en EE. UU. y puede agradar a ciertos sectores en Washington. 

Esto podría explicar por qué recibió el visto bueno de Donald Trump. ¿Acaso es posible que Delcy Rodríguez designe un ministro de esa importancia sin la aprobación de su tutor del norte? Quizás no todos los ministros sean avalados por la Casa Blanca, pero el de la Defensa, obviamente sí.  

Otros detalles que apuntan a que su designación tenía la bendición de las autoridades norteamericanas fue su aparición como anfitrión durante la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, y como parte de la comitiva que se reunió con el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan. Además, de las versiones sobre su rol como supuesto informante de la agencia de inteligencia de Estados Unidos desde hace varios años, lo cual no sorprende, pues la “inteligencia” y la represión son sus especialidades.

Por ahora, las sanciones que le impuso el Gobierno de Barack Obama y los  señalamientos por crímenes de lesa humanidad no están en la agenda del nuevo momento político de Venezuela, que prioriza “la estabilización, la recuperación económica y la transición política”, pero no los derechos humanos y la justicia.

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