El pasado 19 de marzo, el empresario venezolano Álvaro Pérez Miranda presentó su segundo libro: “Mi camino a Venezuela: La historia de un regreso a casa para dar y compartir” y anunció que lo recabado por las ventas de esta publicación y la primera, “Mi camino a Japón”, se destinarán al programa “Beca un estudiante”, de Fe y Alegría, indica una nota de prensa de la institución.
“Es mi pequeña contribución al trabajo tan importante que por 71 años ha hecho una organización que está en el corazón de todos los venezolanos. No es caridad, es invertir en el futuro de Venezuela“, dijo Pérez Miranda en el acto de bautizo del libro en la Galería Freites, en Caracas.
“Mi camino a Venezuela…” es el resultado de la gira “Venezolanos que sueñan”, realizada en 2024, con la que el promotor de proyectos gastronómicos y comerciante de arte recorrió distintas instituciones educativas de Caracas y otras ciudades del interior del país para compartir su historia de superación –se crió en el barrio San Blas de Valencia, se fue a Los Ángeles (EEUU) a trabajar como ayudante de cocina y llegó a manejar una cadena de 33 restaurantes italianos en Japón y a tener otros cuatro restaurante japoneses en Estados Unidos (uno de ellos ganó una estrella Michelin en 2023)– y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños.
De la gira surgieron proyectos que ya están en marcha como la barbería escuela “Jóvenes Barberos de La Vega”, integrada por 11 jóvenes de esa parroquia que recibieron la mentoría de Pérez Miranda y se formaron en “manejo de finanzas personales, emprendimiento y gestión de negocios”, según detalla una nota de prensa.
Durante la presentación del libro, el padre jesuita Manuel Aristorena, directivo de Fe y Alegría, agradeció el compromiso de Pérez Miranda y anunció oficialmente su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de Fe y Alegría.
“Vamos a hacerlo embajador de Fe y Alegría en el mundo para que dé a conocer a una institución que nació en el 23 de Enero de 1955 y que nació siempre por la generosidad de la gente. Gracias, Álvaro, por compartir tu historia con nosotros y permitirnos ser testigos de este camino de tu regreso a Venezuela”, dijo Aristorena en el acto.
Pérez Miranda anunció que pronto sostendrá nuevos encuentros con jóvenes de distintas escuelas de Fe y Alegría en diversas regiones del país y de otras organizaciones sociales que tienen impacto directo en el futuro de los jóvenes venezolanos.
“Quiero compartir con los jóvenes de nuevo y decirles que, si yo pude salir de un barrio humilde y convertirme en un empresario próspero, ellos también pueden. Mi historia no es excepcional, es la prueba de que con esfuerzo, disciplina y fe se pueden abrir los caminos”, expresó.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 23 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El aspirante a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017 y otros eventos, mencionando de forma explícita el caso de Juan Pablo Pernalete.
Durante una entrevista concedida a Venevisión este domingo, 22 de marzo, recordó aquella vez que lo entrevistó su hermano y periodista Vladimir Villegas, donde ambos tuvieron un encontronazo debido a las discrepancias que tenían sobre cómo ocurrió el asesinato del estudiante de 20 años.
Ernesto Villegas, que coordina el Programa de Paz y Convivencia Democrática, admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces con su hermano al comentar estos sucesos. “Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, manifestó.
El funcionario vinculó este reconocimiento de responsabilidad con su actual postulación para defensor del Pueblo. “No les pido perdón, lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”, añadió.
“Estados Unidos obviamente está dando instrucciones y está claro que (Washington) no va a ser parte de un régimen represivo”, María Corina Machado en entrevista con Financial Times.
Lo que rompe en redes
La noche del sábado, 21 de marzo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, anunció el “Plan de Ahorro Energético” por el “paso perpendicular de los rayos solares”. Según la explicación oficial, este fenómeno climático genera un pico de calor que obliga a un consumo extraordinario, especialmente en equipos de refrigeración. En ese sentido, exhortó a la población a reducir el uso de electrodomésticos de alta demanda para evitar “sobrecargas”.
Vladimir Padrino López, quien ocupó el Ministerio de la Defensa por más de una década, emitió un mensaje tras su reciente remoción del cargo por parte de la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez.
El texto, que sirve como un balance final de su extensa y cuestionada gestión, Padrino López busca justificar sus actuaciones al frente de la institución castrense en medio de una profunda reestructuración del mando militar venezolano.
En su escrito, compartido en Telegram, Padrino López insiste en la narrativa de haber actuado como un “muro de contención” frente a intentos de desestabilización que, según su visión, habrían arrastrado a Venezuela a una “guerra fratricida”. Al defender el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante su mandato, el exministro sostiene que la institución fue blanco de críticas y “ofensas” por parte de sectores que, a su juicio, promovían la anarquía y la violencia política.
El mensaje también incluye un reconocimiento tácito sobre el costo político y judicial de sus decisiones. Padrino admite haber sido objeto de rechazo tanto dentro como fuera de las fronteras venezolanas, citando específicamente las “imputaciones extraterritoriales” que han pesado sobre su figura durante años.
No obstante, lejos de asumir responsabilidad por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el exministro enmarca estas acciones bajo la premisa de la “paz” y la “preservación del Estado”. Al respecto, manifestó: “Reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias, por lo cual también fui objeto de condenas o desdén por algunos sectores de la vida política nacional”.
Padrino López estuvo casi 12 años frente al Ministerio de Defensa. En su gestión, estuvo al frente de la FANB en hechos que dejaron múltiples víctimas mortales siendo los cuerpos militares responsables de muchas de ellas, como ocurrió en las protestas de 2017, 2019 y 2024. Tras ser removido por Delcy Rodríguez, ahora ese puesto es ocupado por Gustavo González López, exdirector del Sebin y la Dgcim.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La guerra que involucra a Irán puede parecer lejana al hemisferio occidental. Sin embargo, el efecto más poderoso del conflicto, el aumento de los precios del petróleo y la presión sobre el suministro energético global, ya está transformando las dinámicas políticas y económicas de América Latina. Lo que ocurre en el estrecho de Ormuz rara vez se queda allí. Para las Américas, las consecuencias pueden incluir shocks inflacionarios, nuevos alineamientos estratégicos y la silenciosa normalización de uno de los regímenes autoritarios más arraigados de la región: Venezuela.
En el centro de la crisis se encuentra el punto de estrangulamiento energético más sensible del mundo. Aproximadamente una quinta parte del suministro global de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz. Incluso una interrupción limitada, o la amenaza creíble de un cierre, históricamente ha sido suficiente para disparar los precios. El conflicto actual ha hecho precisamente eso, ajustando la oferta y obligando a los mercados globales a buscar productores alternativos.
Para América Latina, el resultado es una dinámica conocida. El regreso del ciclo petrolero.
Un dividendo para los exportadores de energía
El aumento de los precios del petróleo es una buena noticia para los exportadores netos de energía de la región. Brasil, Guyana, Colombia y Venezuela se beneficiarán de mayores ingresos por exportaciones y balances fiscales más sólidos. Los descubrimientos offshore de Guyana ya están transformando al país en uno de los productores de petróleo de más rápido crecimiento del mundo. Los campos en aguas profundas de Brasil continúan expandiendo su producción y reforzando el estatus del país como proveedor energético clave en el Atlántico.
Colombia, pese a los debates internos sobre el futuro de su sector hidrocarburífero, también verá mejorar sus términos de intercambio en el corto plazo.
Pero el beneficiario políticamente más relevante podría ser Venezuela.
Los precios más altos y las presiones sobre el suministro global hacen que el crudo venezolano, durante años relegado por sanciones y riesgos políticos, vuelva a adquirir valor estratégico. Las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron históricamente diseñadas para procesar crudo pesado venezolano, y la lógica del mercado que empuja a los compradores a buscar ese petróleo se vuelve más fuerte cada vez que el suministro de Medio Oriente se vuelve incierto.
El resultado es una paradoja. Una guerra destinada a contener regímenes autoritarios en una región puede terminar estabilizando a otro en otra parte del mundo.
La normalización silenciosa del régimen en Venezuela
Durante años, la presión internacional sobre Venezuela buscó forzar una transición política mediante sanciones y aislamiento diplomático. Esa presión dependía en parte de que el mercado petrolero global tuviera fuentes alternativas de suministro.
La guerra en Irán socava ese supuesto.
Cuando los precios del petróleo suben y la oferta se restringe, gobiernos y mercados energéticos comienzan a buscar barriles adicionales. Venezuela vuelve a adquirir relevancia, no porque su sistema político haya cambiado, sino porque su petróleo sigue existiendo.
Esta dinámica permite a Caracas recuperar ingresos por exportaciones mientras preserva la mayor parte de su arquitectura política represiva. El régimen puede estabilizarse económicamente sin desmontar su aparato de seguridad ni negociar una transición democrática significativa.
En la práctica, el shock energético global corre el riesgo de normalizar la participación de Venezuela en los mercados petroleros mientras su estructura autoritaria permanece prácticamente intacta.
El otro lado del shock petrolero
Mientras los exportadores se benefician, gran parte de América Latina enfrenta el problema opuesto: la inflación.
Países como Chile y Argentina dependen fuertemente de combustibles importados. El aumento de los precios internacionales del petróleo se traduce rápidamente en mayores costos de transporte, electricidad e inflación al consumidor.
Brasil, a pesar de su creciente producción, también es vulnerable. Los precios del combustible son políticamente sensibles y los aumentos en las estaciones de servicio pueden erosionar rápidamente el apoyo político. Con elecciones acercándose, Brasilia probablemente intentará contener los precios internos mediante mecanismos fiscales destinados a proteger a los consumidores de la volatilidad internacional.
México presenta un caso híbrido. El país exporta petróleo crudo, pero importa una gran parte de los combustibles refinados que consume. Como resultado, los precios internacionales más altos del petróleo no se traducen automáticamente en beneficios económicos. México sigue expuesto a las fluctuaciones de los márgenes de refinación y del precio de la gasolina.
En toda la región, el mismo shock petrolero genera tanto ganancias como vulnerabilidades.
La mirada estratégica de Washington
El conflicto también se cruza con un cambio más amplio en el pensamiento estratégico de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental.
Durante gran parte de las últimas dos décadas, la política exterior estadounidense se concentró en Medio Oriente y Asia, mientras América Latina recibía relativamente menos atención. Eso está empezando a cambiar. Las preocupaciones sobre cadenas de suministro, seguridad energética, migración y competencia geopolítica, particularmente con China, han renovado el interés de Washington en la región.
La actual administración ha comenzado a enmarcar su enfoque hemisférico a través de lo que algunos analistas han denominado la “doctrina Donroe”, una referencia a una reinterpretación renovada de la doctrina Monroe que enfatiza el compromiso estratégico con socios democráticos en las Américas. El concepto apunta a priorizar la estabilidad hemisférica, la gobernanza democrática y la integración económica como elementos centrales de la política exterior estadounidense.
Cuando Marco Rubio asumió su cargo como secretario de Estado de Estados Unidos, reforzó esa dirección al prometer un enfoque de “Americas First” en la diplomacia estadounidense. Argumentó que Washington debe tratar al hemisferio occidental como su región estratégicamente más importante. La lógica es simple. La inestabilidad o la expansión autoritaria en las Américas afecta directamente la seguridad de Estados Unidos, su resiliencia económica y las dinámicas migratorias.
Desde esta perspectiva, los efectos del conflicto con Irán sobre América Latina no son periféricos. Son estratégicamente centrales.
Si las disrupciones en Medio Oriente elevan la importancia de los productores energéticos del hemisferio occidental, Washington enfrentará decisiones difíciles. Apoyar una mayor producción petrolera en aliados democráticos como Brasil, Guyana y Colombia encaja claramente con los objetivos de diversificación energética. Una mayor dependencia del crudo venezolano presenta un dilema mucho más complejo.
Estados Unidos podría verse obligado a equilibrar la estabilidad energética de corto plazo con sus compromisos de largo plazo con la restauración democrática en Venezuela.
Una guerra que se “desvanecerá, pero no terminará”
Mientras tanto, es poco probable que el conflicto en Medio Oriente produzca un cambio político decisivo.
El sistema político iraní ha demostrado una notable resiliencia a pesar de décadas de presión externa y descontento interno. Incluso escaladas militares significativas rara vez producen transformaciones de régimen. Con mayor frecuencia, estos conflictos se estabilizan en un equilibrio incómodo, marcado por episodios periódicos de escalada, pero sin una conclusión definitiva.
El resultado más probable no es el final claro de la guerra, sino un desvanecimiento gradual de las hostilidades hacia un estado prolongado de tensión. Los mercados energéticos se ajustarán, las negociaciones diplomáticas podrían reaparecer intermitentemente y la atención global eventualmente se desplazará hacia otras crisis.
Pero las consecuencias estructurales permanecerán.
Lo que está en juego para el hemisferio
Para América Latina, la guerra con Irán demuestra cómo crisis geopolíticas distantes pueden transformar los incentivos económicos y las trayectorias políticas en todo el hemisferio.
Los precios más altos del petróleo fortalecerán la posición fiscal de varios exportadores energéticos. Al mismo tiempo, ejercerán presión sobre las economías dependientes de combustibles importados y podrían agravar la inflación en la región.
Más importante aun, el conflicto podría redefinir la posición internacional de Venezuela. Al restaurar el valor estratégico de su petróleo, el shock energético global corre el riesgo de otorgar al gobierno venezolano espacio económico para respirar sin exigir reformas políticas.
La lección es familiar en la geopolítica. Las guerras que se libran en una región a menudo transforman el panorama político de otra.
En este caso, la búsqueda de seguridad energética en Medio Oriente podría terminar moldeando el futuro de la democracia en el hemisferio occidental.
Familiares de los hermanos ítalo-venezolanos Carmelo y Daniel De Grazia Suárez, principales accionistas de Bancamiga, denunciaron este sábado, 21 de marzo, que el director del centro penitenciario El Rodeo I, coronel Alexander José Martínez Endeiza, mantiene un desacato judicial al impedir la ejecución de sus boletas de excarcelación.
Mariana Parra Villegas, esposa de Carmelo De Grazia, denunció desde la entrada del penal que el director Martínez Endeiza se niega a acatar la orden del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo.
“El coronel tiene las boletas en su escritorio y, por capricho, se niega a ejecutarlas. Usted mantiene arbitraria e ilegalmente detenidas a personas que ya tienen orden de salida. Respete a las autoridades competentes”, exigió Parra Villegas.
Parra Villegas intentó entregar una copia de las boletas de excarcelación de estos hermanos a las autoridades del penal, pero no se lo permitieron, por lo que le dejó en la entrada un sobre con los documentos.
Un encierro carente de toda base legal
Los hermanos De Grazia llevan dos años en prisión tras ser detenidos en abril de 2024, vinculados por el Ministerio Público a la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto. Las acusaciones iniciales incluyeron delitos de traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Sin embargo, tras un exhaustivo proceso de revisión del expediente por parte de la propia Fiscalía General de la República, el tribunal competente emitió el pasado lunes 16 de marzo las boletas de excarcelación N° 165-26 y 166-26, otorgándoles una medida de detención domiciliaria. Así lo confirmó el abogado de ambos hermanos, Daniel Badell Porras.
“Hemos trabajado durante 23 meses defendiendo la honorabilidad y los derechos delos hermanos De Grazia. Resulta inaceptable que, contando ahora con una solicitud efectuada por la propia representación fiscal y la orden dictada por un tribunal de la república, nuestros representados sigan bajo un encierro que hoy carece de toda base legal. Ello constituye una privación ilegítima de la libertad”, afirmó.
*Con información de nota de prensa
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El aspirante a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, ofreció disculpas públicas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017 y otros eventos, mencionando de forma explícita el caso de Juan Pablo Pernalete.
Durante una entrevista concedida a Venevisión este domingo, 22 de marzo, recordó aquella vez que lo entrevistó su hermano y periodista Vladimir Villegas, donde ambos tuvieron un encontronazo debido a las discrepancias que tenían sobre cómo ocurrió el asesinato del estudiante de 20 años.
Ernesto Villegas, que coordina el Programa de Paz y Convivencia Democrática, admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces con su hermano al comentar estos sucesos. “Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”, manifestó.
El funcionario vinculó este reconocimiento de responsabilidad con su actual postulación para defensor del Pueblo. “No les pido perdón, lo que aspiro es que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”, añadió.
ÚLTIMA HORA | Ernesto Villegas pide disculpas a la familia de Juan Pablo Pernalete y de todas las víctimas de la violencia política en Venezuela.
A finales de abril de 2017, después que Juan Pablo Pernalete fue asesinado, diversos voceros del oficialismo posicionaron una matriz de opinión que revictimizaba al estudiante y a su familia. Precisamente, Ernesto Villegas contribuyó a esa ola de revictimización al asegurar, cuando era ministro de Comunicación e Información, aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que el joven podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva.
“Hay una aproximación policial que muestra con alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de perno cautivo”, señaló Villegas en esa declaración, donde además criticó a la prensa internacional donde se atribuía la muerte del estudiante al impacto de una bomba lacrimógena.
En ese entonces, Villegas también afirmó que, tras revisar varios videos del suceso, uno de ellos mostraba “que para el momento de los hechos no se ve en las proximidades ningún Guardia Nacional”.
Las declaraciones de Villegas fueron posteriormente desmentidas por la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien en una rueda de prensa Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena, produciéndole un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax”.
Ortega Díaz declaró que la responsabilidad de esta muerte fue de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por el cual hasta ahora, casi nueve años del asesinato, no se ha completado un juicio ni se han declarado culpables.
En una nota publicada por la ONG Provea en mayo de 2017, denunciaron que “el aparataje comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo su ministro de comunicaciones, Ernesto Villegas, intentó tapar la violación al derecho a la vida de un joven, en medio de una brutal represión en la que se accionó una bomba lacrimógena de forma horizontal y directa como arma letal”.
Los padres de Juan Pablo Pernalete denunciaron que las declaraciones de Villegas y otros funcionarios del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo. Incluso, los progenitores del estudiante hicieron una denuncia en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló el señor José Pernalete en una entrevista concedida a Runrun.es en 2023.
El gobierno tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana, a través de las declaraciones de Tarek William Saab, exfiscal general, quien, el 1 de mayo de 2021, indicó que 12 funcionarios del cuerpo castrense habían sido imputados por el delito de “homicidio preterintencional en calidad de complicidad correspectiva”.
Así murió Juan Pablo Pernalete
En su momento, el equipo de Runrun.es tuvo acceso exclusivo al contenido del acta de defunción del estudiante de 20 años de edad. El documento legal, firmado por el Ministerio Público con la participación de forenses de la Fiscalía y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), certifica que la causa de muerte fue un “shock cardiogénico, contusión cardíaca y traumatismo cerrado de tórax”.
Fuentes consultadas detallaron que el impacto no solo le fracturó el esternón, sino que llegó a perforar sus pulmones, derivando en un paro cardíaco inmediato. Llama la atención que, según expertos consultados como el traumatólogo Juan Carlos Perdomo, el certificado de defunción omitiera la especificación del objeto contundente que causó tales lesiones, una irregularidad notable en un documento de esta naturaleza.
A diferencia de los procedimientos estándar, que exigen el lanzamiento de bombas lacrimógenas con ángulos superiores a 45° y distancias de entre 56 y 70 metros, el impacto sobre Pernalete se produjo de forma horizontal y directa.
La evidencia técnica indica que el disparo se efectuó a una distancia extremadamente corta, de tan solo 2 a 3 metros. Según otro reportaje publicado por el equipo de Investigación de Runrun.es en mayo de 2017, el cuerpo de la víctima recibió una transferencia de energía cinética equivalente al golpe de un objeto de 80 kg desplazándose a una velocidad aproximada de 270 km/h.
La investigación también reveló que el proyectil utilizado, una bomba trifásica de calibre 37 a 40 mm y 14 cm de longitud, impactó directamente en la zona precordial (costado izquierdo del tórax). Los hallazgos forenses y las fuentes médicas de la investigación detallan:
Compromiso severo del esternón y fractura entre la tercera y quinta costilla del lado izquierdo.
Contusión cardíaca directa y traumatismo con afectación pulmonar bilateral.
El impacto desencadenó un fallo inmediato de la función de bombeo del corazón debido a la violencia del traumatismo.
La reconstrucción de los hechos demuestra que la letalidad no fue producto de un accidente, sino una consecuencia directa del modo de empleo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La salida del ministerio de la Defensa del general Vladimir Padrino López constituye todo un hito político y militar dentro de los confines de la revolución bolivariana en sus 27 años de existencia. El país, de alguna manera, cierra con su marcha un ciclo particularmente confuso y catastrófico: el de los años del gobierno de Nicolás Maduro (que no necesariamente el de la hegemonía de la revolución bolivariana).
Los doce años que estuvo Padrino frente al ministerio de la Defensa constituyen todo un récord administrativo en Venezuela. Siendo uno de los efectivos más longevos del mundo militar venezolano, Padrino logró consolidar, de acuerdo a las fuentes, una arraigada autoridad en los cuarteles durante mucho tiempo y un inusual e inconfesado poder político. Antes del ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, que parecen haber eclipsado su estrella, Padrino se había convertido en una de las bisagras de la estabilidad del país y en un garante del predominio chavista sobre la sociedad nacional. En uno de los hombres del poder de este tiempo.
“La salida de Vladimir Padrino del gobierno no tiene que ver exclusivamente con los sucesos del 3 de enero”, afirma Sebastiana Barráez, analista especializada en el ámbito militar. “Padrino no cabe en esta nueva realidad. Es una figura que no le gusta a los Estados Unidos, ni sus vínculos con Vladimir Putin”.
Simulando en todo momento -pero sobre todo al comienzo de su gestión- ser un actor institucional y apolítico, con el paso del tiempo, Vladimir Padrino López galvanizó una poderosa alianza con Nicolás Maduro, y le prestó a su gobierno un soporte de una utilidad invalorable. Ambos consiguieron la llave para garantizar la continuidad de la revolución luego de la muerte de Chávez y se convirtieron en la expresión personificada de la estrategia de poder cívico-militar del chavismo.
Además, dentro de las Fuerzas Armadas, Padrino se encargó de darle el soporte definitivo al nacimiento del estado revolucionario. Bajo su mando, se consolidó el carácter rupturista del proceso político actual. El pensamiento chavista colonizó el mundo castrense y la letra de la Constitución Nacional pasó a tener una importancia secundaria. Se endurecieron los procedimientos de control del personal militar y se adelantó un implacable proceso represivo con el mundo civil una vez que se concretó el colapso socioeconómico del país. Con Padrino, el pensamiento político de Hugo Chávez pasó a ser estudiado en términos doctrinarios en los cursos de formación especializada, y su presencia en los cuarteles obtuvo un rango similar al de Simón Bolívar.
Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, adelanta en este una ambiciosa cirugía en su gabinete para consolidar su autoridad y consolidar su equipo de trabajo en este “nuevo momento político” que ella misma ha invocado: el del “rodrigato”. Las conclusiones y consecuencias implícitas del ataque militar estadounidense del 3 de enero hacían ya difícil la prolongada presencia de Padrino en el Ministerio de la Defensa.
El cambio de gabinete que aludimos trae consigo una mutación de caras y personas en las cuales parece asentarse, sobre todo, un cambio de estilos, más que definiciones de fondo. El nuevo ministro de la Defensa será ahora Gustavo González López, especializado en labores de inteligencia, con años de experiencia en el gobierno, otro cuadro político comprometido con los lineamientos institucionales del estatus quo. La llegada de González López deja al mundo militar en el mismo lugar donde estaba en tiempos de Padrino: lejos de una reinstitucionalización constitucional, y dentro de los confines político-ideológicos del chavismo. Oscar Murillo, de Provea, denunció que en 2024 existen en el país “una suspensión de facto de las garantías constitucionales”.
A Padrino le tocó transitar tiempos especialmente anegados y caóticos: las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017; el veto impuesto a la Asamblea Nacional de 2015; la fallida Asamblea Constituyente; la escasez generalizada de bienes en los automercados; la ola criminal que azotó a Venezuela hasta 2020; el éxodo masivo de venezolanos al exterior; la crisis humanitaria y el ascenso de Juan Guaidó; la pandemia y el derrumbe de la economía; las primarias de María Corina Machado; la candidatura de Edmundo González Urrutia; las controvertidas elecciones presidenciales de 2018 y 2024. Las sanciones internacionales.
Al comienzo de su gestión, algunas personas abrigaban esperanzas sobre lo que podría ser la conducta de Padrino, en virtud de sus pergaminos profesionales, de su condición de militar formado en los tiempos de la democracia, y de la calculada neutralidad de sus declaraciones públicas, en las cuales ofrecía la confusa impresión de ser un funcionario estatal con una aproximación equidistante de las parcialidades políticas, como suelen ser los efectivos militares en una democracia (y como se lo prescribe la Constitución Nacional)
“El 6 de diciembre (de 2015) habrá una fiesta electoral en Venezuela”, habría declarado entonces. “No habrá golpes de estado, esa etapa debe quedar superada en América Latina. Habrá más democracia, y la paz debe prevalecer”, había afirmado poco antes de las elecciones parlamentarias en las cuales la oposición obtuvo una resonante victoria política y no pudo poner en vigor una sola ley.
Privilegiando el criterio de la lealtad, fue capaz de todo con tal de garantizar la continuidad de la revolución, tal y como lo dejó encargado Hugo Chávez antes de morir. Su salida marca el fin de un capítulo. Pero no necesariamente el fin de la historia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mariana* tiene 12 años, es lunes y no está sentada en el salón de clases en la fría ciudad de Paipa, en el departamento de Boyacá. No está tomando notas en su cuaderno, está tendida en la cama de una clínica de salud mental en Bogotá, a unos 180 km de su hogar, mientras recibe cuidados médicos.
Tras 2 años consecutivos de sufrir acoso escolar basado en su nacionalidad y ante la indiferencia y revictimización por parte de las autoridades educativas, sintió que había llegado a su límite: Mariana había intentado quitarse la vida.
“Yo nunca pensé que iba a vivir esto, que me iba a pasar a mí. Una niña excelente estudiante, llena de vida”, dice con la voz quebrada, Oiralih Rojas, la madre.
De nada valió apelar a “los canales regulares”. En las reiteradas peticiones que la madre hacía ante las autoridades escolares nadie intervino. Oiralih fue etiquetada de “madre conflictiva” cada vez que acudía en defensa de su hija, a medida que las secuelas físicas y psicológicas se hacían más evidentes en medio del acoso escolar y la xenofobia que Mariana sufría por parte de algunos compañeros.
“Yo tengo tres hijas, la mayor también padeció el acoso. Con Mariana se repite la historia. El hecho de que seamos venezolanas no quiere decir que nuestros hijos corran peligro en las instituciones educativas y que los docentes hagan caso omiso, que no les importen que los humillen, que siempre les saquen en cara que están en tierra ajena”.
Mariana, una ejecutante de violín, tenía uno de los mejores promedios del salón, pero su situación no contó con un abordaje oportuno. A las amenazas de sus agresores se sumó el robo de sus pertenencias y la intimidación de uno de los directivos cuando reclamó sus derechos.
“De ahí en adelante [Mariana] empezó a decaer mucho más emocionalmente, se llenó de más miedo. Mi hija está viva porque Dios es grande”, dice la madre.
Desde el colegio jamás llamaron para preguntar por la evolución de Mariana.
Con el tiempo, Luisa, la hermana menor de Mariana también empezó a enfrentar xenofobia constante, pese a que la madre decidió inscribirla en otro colegio. Las afectaciones van desde la ansiedad, la alteración del sueño, agotamiento, miedo, pero también se debate entre el hartazgo, en no querer ir a clases o guardar silencio para “no hacer sentir mal” a su madre.
Oiralih ha pensado muchas veces regresar con sus hijas a su país, pero el retorno a Venezuela no es una opción por ahora.
Al acoso escolar (o bullying, en inglés), si bien podía resultar conocido para los núcleos familiares de la diáspora venezolana que durante la última década ha llegado a Colombia, se une la xenofobia, el rechazo o discriminación hacia los extranjeros, hacia las personas en razón de su origen y nacionalidad y que sufre un grueso de la población en situación de movilidad humana en países en tránsito o destino.
El bullying cumple unas características específicas: el hostigamiento es reiterado y a veces de manera agresiva, se sostiene a lo largo tiempo con la intención de generar daño y se suele producir sin que exista una provocación por parte de quien lo sufre. Los perpetradores pueden ser los compañeros, docentes u otras personas del entorno escolar.
“El 73% de las niñas migrantes reporta sentirse “fuera de lugar” en la escuela, frente al 69% de los niños migrantes. El 4% ha sufrido bullying físico, el doble que entre las niñas nativas. Y el 9% ha faltado a clases porque sentía que allí podía sucederle algo malo, cuando la escuela debería ser el lugar más seguro de todos”, concluye la investigadora Marta Luzes, de la Unidad de Migración del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), quien junto a Felipe Muñoz, director de esta área, diserta sobre el desafío de las niñas migrantes en la escuela.
Colombia sigue siendo el primer país del mundo en albergar a la diáspora venezolana. De los 2,8 millones de migrantes y refugiados, unos 808 mil son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años de edad. En esta nación, la cantidad de estudiantes inscritos en la educación regular (preescolar, básica y media) asciende a unos 9,5 millones. De ese universo, un poco más de 576 mil aproximadamente son de origen venezolano, según cifras del Ministerio de Educación a octubre de 2025.
Consultados por Laboratorio Migrante, desde el ministerio de Educación colombiano aseguran que en los últimos seis años (enero/2020- febrero/2026) solo tienen 141 registros a nivel nacional por “discriminación por procedencia”, es decir, relacionados al origen de los estudiantes afectados. Los reportes fueron hechos a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) que recoge situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying).
Pero el “matoneo”, como se le llama en Colombia al acoso escolar, es un fenómeno social cada vez más extendido, que reproduce desigualdades y menoscaba el derecho a una educación segura.
En mayo de 2025, el propio ministerio reconocía que entre 2018 y 2025 se registraron más de 11.000 casos de acoso y agresión escolar.
Pero ¿cuánta articulación hay entre el sistema educativo, el de salud y el de protección de niñas, niños y adolescentes?
“La xenofobia sigue siendo un problema en las escuelas, manifestándose en microagresiones que a menudo pasan desapercibidas para docentes y directivos. Aunque existen iniciativas para prevenir la discriminación, muchas de ellas son esporádicas y no han sido integradas de manera estructural en las instituciones educativas.”, ha alertado un estudio liderado por las profesoras Nathalia Urbano (Universidad del Rosario) y Claudia Díaz (Universidad de Toronto).
Los investigadores Natalia Durán y Alejandro Mojica, lideran para la oenegé Innovations for Poverty Action (IPA) un estudio sobre integración social y resultados académicos en aulas con estudiantes migrantes en Colombia, en el que se recogieron datos de instituciones educativas públicas en las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín.
Entre los hallazgos, aseguran que, aunque no existen diferencias significativas en la victimización por acoso escolar entre estudiantes colombianos y venezolanos, su carácter generalizado resulta preocupante. Al tiempo que detectan que la discriminación no es innata, sino que es adquirida.
“Muchos estudiantes colombianos escuchan comentarios negativos sobre los migrantes en sus casas o círculos sociales (19% en 5º grado y 30% en 8º). Aunque estas percepciones no se traducen necesariamente en opiniones negativas hacia sus compañeros de clase, sí evidencian la necesidad de fortalecer las relaciones y la inclusión en comunidades más allá del aula”, detalla el informe.
Formar a docentes, directivos y alumnos en derechos humanos ¿tarea pendiente?
Cuando tenía seis años Alejandro migró forzosamente con sus padres y un hermano a Colombia tras el recrudecimiento de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.
Desde muy niño ha sido lector voraz, pero a sus 14 años le tocó incorporar un texto que no se parece a las historias de aventuras que suele leer.
Aunque nació en Caracas tiene doble nacionalidad, al ser hijo de una madre colombiana. Pero varios compañeros del salón, de un colegio privado en Medellín (Antioquia), le recriminan que “no tiene ese derecho”. Entonces, casi de memoria, les recita el artículo 96de la Constitución que consagra el derecho a ejercer la nacionalidad colombiana por nacimiento.
Es domingo por la noche y se abraza a la madre. “No quiero que llegue el lunes, no quiero entrar otra vez al salón”, le susurra a ella en voz bajita.
En los últimos 4 años, a Alejandro le ha tocado enfrentar lo más parecido a una especie de batalla en diversas intensidades en su escuela: mensajes constantes de discriminación por su color de piel, por su acento y por su nacionalidad. Ha sido un proceso que lo ha quebrado moralmente, no sólo a él, también a su núcleo familiar que es su soporte emocional.
Recientemente, como parte de una asignación escolar rutinaria, los alumnos debían grabar un corto vídeo de opinión sobre un tema libre y proyectarlo en pleno salón de clases. Cuando tocó el turno de quien había sido uno de sus acosadores constantes, la gran pantalla mostró un clip en el que su compañero se grabó asegurando que “el gobierno de Colombia debería enviar a todos los venezolanos a su país, son los culpables de la criminalidad y no tienen derecho a vivir aquí”.
El salón quedó en silencio. Todas las miradas se posaron sobre Alejandro. Nadie protestó, nadie salió en su defensa. Pese a la gravedad del mensaje que acababa de proyectarse, la clase siguió como si nada y el profesor tampoco intervino.
A los días, solo una extensa carta de la madre dirigida a las autoridades escolares en protesta por la muestra de xenofobia alertó a la coordinación académica desde donde hicieron un llamado de atención al alumno agresor y al docente del área. Nunca hubo un espacio posterior de reflexión.
“Abuelita ¿tú crees que yo soy un niño malo? ¿Por qué mi maestra no me quiere?”, eran las preguntas reiteradas que Gabriel de solo seis años le hacía a Gisela Serrano, una lideresa venezolana que trabaja desde hace varios años por el acceso a derechos de la población migrante en Colombia.
Su nieto, un niño colombo-venezolano empezaba un proceso de adaptación en una escuela pública de Bogotá y reiteradamente manifestaba que lo aislaban o relegaban en algunas actividades grupales.
Pese a ser un niño migrante forzado, no hubo un enfoque diferenciado para su situación, las maestras exigían acelerar el proceso de asimilación o acatar instrucciones como la de compartir con otros niños su propia botella de agua o sus alimentos, prácticas a las que el niño no estaba acostumbrado. Su conducta era pacífica y nunca había tenido episodios agresivos.
“Pero cuando faltaban solo 5 semanas para finalizar el año escolar el niño fue expulsado. A mi hija la llamaron argumentando que mi nieto era una amenaza para el colegio, para sus compañeros, para la maestra. Todo se lo dijeron a ella delante del niño y eso le afectó mucho”, relata la abuela, quien dirige la oenegé Mahuampi Venezuela.
Aunque el calendario escolar estaba a punto de culminar, la familia logró inscribirlo en otro colegio. En paralelo a la denuncia que hacían por tratos discriminatorios ante la Secretaría de Educación de Bogotá, conocieron otros cinco casos más de expulsiones de niñas y niños en la misma época. En el mismo lugar.
“Todos los casos eran de niños venezolanos. Los argumentos eran que “tenían mala conducta, que eran peligrosos y representaban un riesgo para los docentes”. A los padres no les dieron otra opción y perdieron el año escolar”.
En el tiempo que lleva trabajando con población migrante y refugiada, esta lideresa cree que, aunque ha habido avances institucionales, es un asunto de abordaje desde las aulas. “Hay conductas sistemáticas que cometen los docentes. Yo sé que con el caso nuestro podíamos avanzar más en a la denuncia, pero por salud mental preferimos dejarlo hasta ahí”, dice.
¿Quién prende las alarmas?
En 2022, la Alcaldía Mayor de Bogotá reconocía que “la xenofobia está presente en las interacciones sociales y la cotidianidad de la vida escolar. En la mayoría de los casos se manifiesta de manera soterrada y poco visible a la mirada de los profesores o profesoras, que de alguna manera representan una autoridad escolar”.
Para este reportaje , la Secretaría de Educación del Distrito (Bogotá), explicó a Laboratorio Migrante que cuentan con un Protocolo de Prevención y Atención de Casos de Presunta Xenofobia en 3 situaciones: 1. Cuando el menor de edad presenta señales o indicios de presunta xenofobia, 2. Cuando un tercero lo reporte o 3. Cuando se identifica en flagrancia un caso de presunta xenofobia.
“Yo sí empecé a notar que mi hijo no tenía amigos en el salón, pese a haber sido muy sociable. Una psicóloga de una oenegé que atendía a población refugiada y migrante también se dio cuenta que algo sucedía y me pidió hablar con mi niño”, nos dice Matilde Carrillo, madre de Daniel, quien a los cinco años había migrado forzosamente junto a ella a Colombia.
Una larga y detallada conversación entre Matilde y su hijo le confirmó que estaba siendo víctima de discriminación por su nacionalidad por parte una docente. Las afectaciones psicológicas y académicas hacían cada vez más mella en el niño y decidió pedir ayuda a la orientadora de la misma institución.
“Eso fue peor, se quejó de que era un niño problemático, un niño promedio y que no se esforzaba, cuando había egresado con honores de otro colegio anterior en Cartagena. Ella nunca quiso indagar en las razones de fondo, pero igual lo reportó con esas características en su expediente escolar”.
Tras pedir apoyo en un chat de líderes comunitarios de la zona, una funcionaria alertó a las autoridades del colegio. Empezaría lo más parecido a un viacrucis para madre e hijo.
Fue citada por la rectoría del colegio y acusada de “hablar mal de la institución”. Luego, las hostilidades hacia Daniel fueron escalando de un modo alarmante y ella temía represalias si escalaba la denuncia.
“Tenía miedo de denunciar y que siendo migrante me expulsaran del país. Pero a la discriminación del niño se sumaban la profesora titular, la orientadora y la coordinadora”. Jamás le permitieron hablar con la directora.
Denunció a la escuela y posteriormente el cupo para el siguiente año escolar de su hijo le fue negado. Fue reasignado a otro colegio conocido por sus elevados problemas de seguridad y convivencia en Ciudad Bolívar (localidad del Distrito Capital de Bogotá).
“Como yo había dado los nombres de todos los involucrados en la denuncia, sentía mucho miedo de que sucediera algo a mi niño y a mí. Entonces decidí mudarme”, confiesa Matilde.
Su caso llamó la atención de un medio local y cuando la historia se hizo pública su teléfono empezó a sonar sin parar.
“Cuando me vieron en las noticias, me empezaron a escribir por un chat de una red de apoyo de mujeres, era una cantidad de madres venezolanas contándome que habían padecido lo mismo con sus niños”, pero a diferencia de Matilde a estas madres las paralizó el miedo.
Daniel no ha vuelto a ser el mismo. Se volvió un niño desconfiado, poco sociable, más tímido para hacer contacto con los docentes, pero el cambio a un tercer colegio distrital fue positivo y ha ampliado su grupo de amigos. La recomendación es que acuda a un proceso de terapia, pero económicamente no lo pueden costear.
“Emocionalmente me marcó mucho, siempre que recuerdo ese momento me duele mucho. Como mamá no supe qué hacer, me sentí acorralada. A veces creo que no supe defender a mi hijo, que le fallé, pero yo tenía mis dolores, mi luto migratorio”, entonces a Matilde se le vuelve a quebrar la voz.
¿Cuánto se rompe en la vida de la niñez atravesada por la xenofobia y el bullying?
“Un niño que migra forzosamente ha perdido muchas cosas, su entorno, su casa, sus amigos, su seguridad emocional. Cuando ese mismo niño llega a una escuela nueva y en lugar de encontrar refugio encuentra burlas, insultos, violencia o rechazos por su origen, su color de piel, lo que ocurre es una doble herida emocional. La primera fue el desarraigo y la segunda es el rechazo social”, nos dice desde Panamá, Víctor Smoly, quien preside la Organización Global de Prevención ante el Bullying (OGPAB).
“Más allá de los datos hay una verdad humana, cuando un niño se le hace sentir extranjero, incluso en un aula, se le está diciendo que no pertenece a ningún lugar, y un niño debería crecer amado, valorado y respetado”, insiste Smoly, cuya organización maneja un formulario de denuncias confidencial que documenta estos casos.
Las consecuencias del acoso escolar en niñas, niños y adolescentes pueden ser devastadoras en su salud física y mental, además de obstaculizar su aprendizaje.
“Los niños acosados tienen mayor probabilidad de perder clases, ser excluidos de la escuela y sufrir depresión”, alerta el informe de las pruebas PISA 2022 (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en las que Colombia participa junto a otras 80 naciones, que evalúa capacidades, habilidades y aptitudes asociadas a lectura, matemáticas y ciencias y su relación con la resolución de problemas y situaciones de la vida en adolescentes.
¿Qué hacer? ¿Dónde y cómo se sanan las heridas?
“Un padre o madre pueden sentirse fracasados para ayudar a sus hijos, pero el solo hecho de buscar cómo apoyarlos ya es un acto valiente”, nos dijo Alexa, quién relata haber sido víctima de acoso escolar durante años y sin poderlo identificar como tal, pero quien recibió apoyo desde, Cecodap, una oenegé con más de 40 años en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela
A unos 400 kilómetros de Bogotá, Mónica Sequera, lidera en Medellín una estrategia de convivencia escolar en las comunas que concentran mayor población migrante y refugiada y que incluye a familias de colombianos retornados. Desde su organización trabajan con alumnos en el rango de la primera infancia hasta la adolescencia.
“Los padres deben poner al tanto al maestro, hablar con la coordinadora o la rectora. Si no se logra conciliar deben dirigirse al núcleo escolar por escrito todo lo que está sucediendo, dónde fue, cómo fue, cuáles son las pruebas que puedan tener sobre la situación. Si tampoco hay respuesta se pide acompañamiento a la Personería o a la Defensoría del Pueblo”, cuenta Sequera, directora de la oenegé Anauco.
El equipo de la ONG ANAUCO mantiene actividades de convivencia escolar y prevención de la xenofobia en escuelas públicas de Medellín. Foto: cortesía
Save the Children había alertado en un estudio (2022) que dentro del sistema educativo colombiano los “sentimientos de exclusión, el matoneo (acoso escolar) por el acento y otras diferencias culturales, generaban rechazo y maltrato discriminatorio”, afectando a niñas y niños migrantes especialmente en zonas fronterizas.
“La escuela no es el enemigo, pero se debe luchar, propiciar redes de apoyo entre padres y madres y escuelas abiertas al diálogo”, nos dijo, Indira Rojas, experta en comunicación quien también forma a periodistas en temas de infancia y adolescencia.
A cientos de kilómetros, entre Ciudad de Panamá, Bogotá, Medellín y Caracas, hay coincidencias.
En febrero de 2026, la OGPAB junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hicieron público un Manual Teórico Práctico de Prevención del Bullying y la Xenofobia, en el que insisten que los entornos escolares y comunitarios son vitales para ejecutar estrategias encaminadas a transformar las actitudes negativas hacia los migrantes y refugiados.
Precisamente, se publica en un año marcado por cambios políticos y procesos electorales en varios países de destino en las Américas, en medio del aumento del endurecimiento de las políticas migratorias en la región, de las restricciones de tránsito y del cierre, retroceso y/o retraso de mecanismos de regularización y solicitudes de protección internacional para la población en situación de movilidad humana forzada, mayoritariamente de origen venezolano.
Este artículo hace parte de un ejercicio periodístico impulsado desde del Programa de Formación “Periodismo comprometido con la primera infancia” (Coalición Somos Crianza) y el “Diplomado de Educomunicación para visibilizar la niñez y la adolescencia”, impartido por CECODAP, en los que la autora participó simultáneamente
*La identidad de las niñas, niños y adolescentes fueron cambiados por resguardo de su integridad
Paula Andrea Jiménez
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
