La ministra de Transporte, Jacqueline Farías, informó este domingo 29 de marzo que la ingeniera Paola Artahona será la nueva presidenta del Metro de Los Teques, en sustitución de Francisco Garcés quien estaba en el cargo desde el año 2017.
Artahona se desempeñó como vicepresidenta del Metro de Los Teques y secretaria de Telecomunicaciones del Ejecutivo regional del estado Miranda, según reportó El Universal. Agregaron que la funcionaria ha tenido un rol importante en los proyectos de modernización del subterráneo, que incluye la incorporación de sistemas inteligentes de monitoreo y protección.
Farías dijo que la decisión responde a las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para optimizar el servicio del Metro de Los Teques , sistema inaugurado de manera parcial en noviembre de 2006 y que tiene operativas cuatro estaciones que conforman la Línea 1.
El Metro de Los Teques pretendía extenderse con el proyecto de la Línea 2, para conectar a las y los usuarios con sectores como San Antonio de los Altos y Carrizal. Autoridades prometieron su inauguración para el año 2019. Sin embargo, las obras a cargo de la constructora brasileña Odebrecht quedaron paralizadas con un 76, 39 % de ejecución física del proyecto, de acuerdo a la ONG Transparencia Venezuela.
Damos una calurosa bienvenida a Paola Artahona, quien asume la presidencia del Metro de Los Teques para sumar liderazgo a nuestra invaluable clase obrera.
El sábado 28 de marzo, Jacqueline Farías también dio la bienvenida al nuevo presidente del Metro de Caracas, Carlos Silva Amarista.
El funcionario viene de la empresa estatal Movilnet donde tenía el cargo de Vicepresidente de Operaciones y Sistemas, donde fue responsable directo de los proyectos para expandir la cobertura tecnológica en las estaciones, túneles y trenes que circulan en las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Caracas.
Silva Amarista sustituye a Anibal Coronado, quien tenía poco en el cargo pues lo nombraron en febrero de 2026.
Foto publicada por la cuenta en Instagram del Ministerio de Transporte.
En el contexto de estos nombramientos, las autoridades no hicieron referencia al accidente que ocurrió hace dos semanas en el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora I, a cargo del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE).
El domingo 15 de marzo, un tren presentó una falla en el sistema de frenos. Los vagones traseros se descarrilaron y el vagón líder chocó con parte de la infraestructura de la estación terminal Caracas “Libertador Simón Bolívar”, que conecta con la estación La Rinconada del Metro de Caracas.
De acuerdo con una investigación de RunRun.es la avería se debió a fallas de mantenimiento relacionadas con el estado del cableado o la desactualización de los softwares de los frenos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Durante más de tres décadas, Cilia Flores se consolidó como una pieza clave dentro del chavismo y logró construir una red de influencia que abarcó el poder judicial, el legislativo, el electoral y el económico. Así lo detalla un informe de la ONG Transparencia Venezuela, publicado en su sitio web.
El documento reconstruye la trayectoria de Flores en la administración pública, y cómo incluyó a figuras de su confianza en instituciones del Estado. Detalla su relación con el fallecido presidente Hugo Chávez y cómo ayudó a su pareja Nicolás Maduro a llegar al poder, hasta que el 3 de enero fuerzas militares estadounidenses capturaron a ambos en Caracas y los trasladaron a Estados Unidos.
Cilia Flores se vinculó con el chavismo en los años noventa. Era parte del equipo de abogados que ayudó a Hugo Chávez y los militares golpistas del fallido alzamiento de 1992 a obtener el indulto del presidente Rafael Caldera. Se sumó al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 que creó Chávez y que en 1997 se convirtió en el Movimiento V República. Además, impulsó la candidatura del teniente coronel que lo convirtió en gobernante del país por 14 años.
Su ascenso fue constante desde entonces. En el año 2000 fue diputada de la Asamblea Nacional y jefa de fracción parlamentaria. En el 2006 se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento. Alcanzó la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue Procuradora General de la República entre 2012 y 2013, cuando Chávez estaba muy enfermo.
Desde la Procuraduría “tomó decisiones y avaló criterios jurídicos que resultaron fundamentales para que Maduro se quedara en el poder” tras la muerte de Chávez en el 2013, reza el informe.
Una red familiar al servicio del poder
El informe de Transparencia Venezuela identifica a familiares de Cilia Flores vinculados al aparato estatal, algunos de los cuales llegaron a ocupar cargos públicos. Su sobrino Carlos Erik Malpica Flores, por ejemplo, acumuló 16 designaciones entre 2005 y 2016 en organismos como la Tesorería Nacional y Pdvsa. El documento también recuerda cómo sus hijos —Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores— están sancionados por Estados Unidos, al igual que su hermana Eloisa Flores de Malpica, entre otros parientes.
En 2017 dos de sus sobrinos, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, recibieron una condena de 18 años de prisión en EE. UU. por narcotráfico. Los habían detenido en Haití en 2015 mientras negociaban el envío de cocaína. A ambos los liberaron en 2022 tras un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
La acusación penal presentada en Estados Unidos tras su detención el 3 de enero señala a Flores como parte de una presunta estructura de narcotráfico.
El informe documenta 122 empresas vinculadas a la primera combatiente, registradas en Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Singapur e Islas Mauricio. Las empresas se ubican en sectores que van desde servicios financieros e inmobiliarios hasta hidrocarburos y minería.
Transparencia Venezuela concluye que el rol de Flores no fue el de una figura de acompañamiento, sino el de una operadora central que garantizó la concentración del poder del Estado en manos del chavismo, mientras su red familiar se beneficiaba económicamente con impunidad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A dos días de su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se manifestaron desde la cárcel para pedir a los venezolanos “la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”.
En un mensaje difundido en redes sociales y canales de mensajería este sábado 28 de marzo, dijeron: “Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”.
Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde hace casi tres meses, luego de que el 3 de enero pasado se ejecutó una incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con su captura.
La Fiscalía de EE. UU. acusa a Maduro de “conspiración narcoterrorista”, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de armas.
A Flores la señalan de los delitos de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos.
La segunda audiencia
Este jueves 26 de marzo, Maduro y Cilia Flores tuvieron su segunda audiencia, en la que el juez Alvin K. Hellerstein rechazó desestimar los cargos en su contra.
Durante la sesión, un abogado del otrora gobernante solicitó que Estados Unidos permita que el Gobierno venezolano pague sus honorarios con fondos que embargó por su origen presuntamente ilícito. Por su parte, el fiscal Kyle Wirshba, sostuvo que esos fondos están congelados por razones de seguridad nacional y que Maduro podría recurrir a una defensa pública facilitada por el Estado.
En el comunicado que difundieron el sábado, Maduro y Flores afirmaron que admiran la capacidad del pueblo venezolano de mantenerse unidos en los momentos difíciles.
“Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país”, señalaron. “Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Comprender la realidad y el trasfondo de la «cuestión venezolana», como los alcances del proceso de extracción por las fuerzas militares norteamericanas del presidente de facto, Nicolás Maduro Moros y de su esposa, Cilia Flores, mediante una operación quirúrgica de represión criminal desplegada en Caracas el pasado 3 de enero, en la que fallecieron los agentes cubanos de su anillo de seguridad, exige conocer a fondo y en su complejidad el contexto.
La pregunta que bulle y que se reduce, para las élites en el poder causahabiente y en sus asociados, adentro y afuera de Venezuela, es si la cuestión de la recuperación petrolera y, por añadidura, la de la mera reconciliación entre las víctimas y los victimarios que sumieran al país en el horror del mal absoluto, desmaterializando a la república y pulverizando a la nación, bastan para conjurarlo.
María Corina Machado, en su histórica intervención ante el conglomerado global petrolero reunido en Houston ―leo la muy lúcida consideración de Elizabeth Sánchez Vegas― les habló de sus negocios y del ecosistema que demanda el éxito; como también para ganarse el afecto sincero del pueblo venezolano: “la gobernabilidad… la seguridad jurídica y la reconstrucción de un país que lleva demasiado tiempo reducido a ruina, arbitrariedad y saqueo”.
Mas de una década ha consumido la Corte Penal Internacional, a manera de ejemplo, en sus investigaciones sin destino cierto sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad que aún afectan a la población, mientras se acumulan los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, designada por Naciones Unidas (2020-2025).
En uno de estos, el de 2020, reza que “las violaciones y los crímenes allí documentados pueden dar lugar a responsabilidad penal individual como crímenes de lesa humanidad y como delitos específicos establecidos en la legislación nacional.
Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente [Nicolás Maduro] tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que él o la vicepresidenta [Delcy Eloína Rodríguez] conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió. La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”.
Simplificar lo ocurrido el 3 de enero como creer que se puede pasar la página solo abriéndole las puertas al necesario acompañamiento del conglomerado petrolero y de sus inversiones, bajo la égida de los mismos responsables de la destrucción de Venezuela y omitiéndose los ominosos datos de la experiencia, es, por consiguiente, ganarse el camino seguro hacia el fracaso. Todo quedaría en ejercicio virtual y de utilería, para consumo del narcisismo político y de redes. “Sin legitimidad democrática no habrá seguridad duradera para el capital; sin instituciones confiables no habrá reconstrucción real para el país”, ha señalado Machado, con escalpelo a mano.
Se trata, justamente, de la forja en Venezuela y de la permanencia, con otros rostros, de una organización o entramado criminal trasnacional organizado y estructurado, que juntó al terrorismo con el narcotráfico; que avanzó al secuestro del territorio del Estado para disponer de sus poderes públicos formales, como garantías de impunidad; dejando a la vera a sus millones de víctimas.
El asunto no es trivial. No lo resuelven ejercicios leguleyos, en un país sin Constitución. Tampoco ayuda el mero voluntarismo militante, por los oficiantes de la política menor. La permanencia visible de los actores reales del entramado represor que se estructurara a lo largo de casi tres décadas le da un claro sentido a la alerta de María Corina ante CERA Week, la asamblea del poder petrolero y energético mundial. En otras palabras, mal puede realizar el imperio de la ley una espuria Asamblea dirigida por tales actores y sí obstruirla la Justicia que le sirve con obsecuencia; esa que los causahabientes de Maduro aún manejan a su arbitrio.
Un repaso de pocos datos históricos basta para conjurar la simplicidad de las hipótesis críticas esgrimidas sobre los hechos del 3 de enero y sobre sus actuales derivaciones. Aquéllos desnudan lo que permanece oculto tras el telón, a saber, más que prejuicios ideológicos, intereses dinerarios internos y externos muy próximos a la expoliación petrolera y minera ocurrida durante casi 5 lustros. Arriesgan quedar en evidencia, una vez como se ventilen, en sede judicial federal norteamericana, los graves casos de corrupción y narcotráfico habidos; sobre todo, de ocurrir un verdadero quiebre democratizador en Venezuela.
Téngase presente, en orden a lo anterior, que, “de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2023), Venezuela es, junto con Sudán del Sur y Siria, el segundo país más corrupto del mundo, solo superado por Somalia”. Entre 1999 y 2014, durante la bonanza petrolera que acallaba toda resistencia en los círculos del poder económico y político global, el régimen del que a su vez es heredero Maduro Moros recibió USD 960.589.000.000, o si prefiere leerlo en letras: novecientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve millones de dólares, es decir, un promedio de USD 64.000.000.000 anuales, durante 15 años”.
El tiempo de la bonanza evitó, ciertamente, que se sintiese en lo inmediato el peso de la destrucción emprendida por Hugo Chávez Frías, y de sus esfuerzos para someter la voluntad democrática de los venezolanos y la de América Latina en su conjunto, haciéndoles depender de su inagotable prodigalidad corruptora. Y algunos hitos se olvidan. Son los que delinearon al Estado criminal en el que se transformó Venezuela a partir de 1999.
Ese mismo año, a través de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) ―lo que provoca la inmediata renuncia del comandante Jesús Urdaneta Hernández― Chávez pacta por escrito un “modus vivendi” con las FARC, el movimiento narcoterrorista colombiano. Les promete asistencia económica y posibilidades para el desarrollo de empresas en la frontera colombo-venezolana.
Al efecto, el 10 de agosto la policía política le informa al presidente Chávez sobre las tareas que emprenderá para asegurar la plataforma ideológica y las metas concretas con las que están comprometidos. Y a fin de obtener la cooperación narcoguerrillera, que se obliga a no entrenar venezolanos sin la previa autorización oficial y a comportarse dentro del marco de la ley cuando se encuentre dentro de nuestro territorio, le ofrecen a las FARC “apoyos especiales”, “venta de petróleo”, “registro y contratación de empresas, en el área bancaria un Banco de los Pobres, y apoyos “para asilo y tránsito”.
No ha de sorprender, entonces que, si antes de asumir este el poder el 2 de febrero de 1999 ocurrían en Venezuela un promedio de 4450 homicidios al año, a partir de 2003, bajo el nuevo estatus narco criminal del Estado venezolano sumen 11 342 los homicidios. Al morir Chávez, en 2012, le deja como herencia a su sucesor, Maduro Moros, unos 16 072 asesinatos durante dicho año. Este asume el poder, autorizado por el Tribunal Supremo, violando una prohibición constitucional, mientras se acrecienta con su violencia modeladora el número de homicidios, que frisan 19 030 en 2014. Es la antesala de la diáspora de millones de venezolanos.
En 2018, cuando Maduro se vuelve a autoelegir presidente y es desconocido por la comunidad internacional junto al integrante de su régimen, 23 047 muertes violentas sitúan a Venezuela como el país más peligroso de América Latina. La violencia criminal declina progresivamente, luego, al mudarse al extranjero y luego de haber dejado tras de sí una tierra arrasada. Pero volvamos atrás.
En el año 2000, teniendo Chávez bajo su férula la totalidad de los poderes del Estado, ingresan al país los primeros 30.000 legionarios cubanos travestidos en su mayoría de médicos, provenientes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El anuncio es celebrado con vítores ante el propio presidente, acompañado del comandante cubano Juan José Ravilero. Serán «comisarios» dentro de las instituciones venezolanas, incluida la militar. El territorio nacional, ya ocupado por la narcoguerrilla vecina desde el año anterior, queda desde entonces bajo el tácito gobierno de La Habana.
Linda Robinson da cuenta del entrenamiento que reciben los venezolanos hacia 2003, a manos de las narcoterroristas FARC en la Sierra de Perijá, mientras avanza la afirmación de la presencia árabe, esta vez como la variable terrorista, sobre la zona costera norte de Venezuela. Nadie se escandaliza, ni adentro ni afuera.
En 2005, tras el referendo revocatorio del mandato de Chávez ―del que lo salva la mediación del presidente norteamericano Jimmy Carter― la canciller colombiana, Carolina Barco, denuncia que 500 000 cédulas de identidad venezolanas estaban en manos de la narcoguerrilla; y que Rodrigo Granda, canciller de las FARC poseía una. Con ella, en efecto, en 2007 visita a Chávez en Caracas, en el Palacio de Miraflores. Nada costaba concluir sobre el maridaje ya sedimentado del narcoterrorismo con las estructuras constitucionales y políticas de Venezuela. Mas ello era irrelevante para las cancillerías europeas y americanas.
En 2006 hace su bautizo Hizbulá Venezuela, sita en la Universidad Bolivariana, al lanzarle bombas a los frentes de las embajadas americana e israelí en Caracas. Margarita, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Maicao, sirven de refugios al talibán y en ellos caminan a sus anchas los realizadores de la yihad. Y en 2008, en mensaje ante la Asamblea Nacional, Chávez reconoce y pide al mundo reconocer a las narcoguerrillas de las FARC y al ELN, pues “tienen un proyecto político que debe ser respetado”.
El ensamblaje político-criminal deja de ser una estratagema. Queda sobre la mesa como tema para su normalización, léase para su legitimación, en el marco de la deconstrucción social y cultural que ha tomado cuerpo durante los dos decenios anteriores en Occidente, luego de la fundación del Foro de São Paulo.
Haciendo la historia corta, ya dueño absoluto de Venezuela, en el año de 2010, a través de la televisión encadenada y desde la plaza Bolívar de Caracas dicta Chávez, indiscriminadamente, su orden terminante: ¡Exprópiese! Desde entonces, no queda en pie propiedad privada o actividad productiva alguna en Venezuela, salvo los mendrugos con los que se conforman los actores económicos y editores de medios que aceptan lo que el mismo Chávez manifestase una década atrás, en 2001: ¡La ley soy yo, el Estado soy yo!
Seguidamente, adoptados los principios y estatutos por su partido oficial, el PSUV, se alinea con el decadente socialismo científico. Y como consta en declaraciones de las autoridades venezolanas y cubanas, hacia 2011 ingresan a territorio venezolano otros 100.000 funcionarios procedentes de La Habana, ya sin la necesidad de los asaltos armados dirigidos por Fidel Castro contra el país durante los años 60.
“El país no solo quiere salir de la tiranía; quiere saber qué viene después”, y Machado despejó la incógnita. Obliga cambiar el terreno del debate, considera Sánchez Vegas. “En Houston, María Corina Machado no presentó sólo un modelo para la industria: ofreció una visión de gobernabilidad que la oposición venezolana nunca había logrado articular con tanta precisión”, afirma. Y añade: “Puso sobre la mesa, en pocas palabras, exactamente lo que los grandes inversionistas necesitan escuchar para creer que Venezuela puede dejar de ser una apuesta tóxica y volver a ser un país serio”.
Representantes del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez informaron que lograron recuperar las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos, lo que permitirá retomar y mejorar la asistencia a los connacionales en ese país.
El vicecanciller para Europa y América del Norte, Óliver Blanco, expresó este sábado 28 de marzo que junto al encargado de negocios de Venezuela para EE. UU., Félix Plasencia, habían retomado el control de los edificios consulares. Agregó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, estos espacios serán rehabilitados para ponerlos “al servicio de todos los venezolanos”.
Ambos funcionarios acudieron a Washington para la instalación de la misión diplomática de Venezuela en ese país. “Trabajamos para fomentar relaciones basadas en el respeto y la cooperación para la prosperidad de nuestros países”, declaró Blanco junto a Plasencia en un video compartido en X.
Como parte de su agenda, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau.
Sedes diplomáticas en el abandono
En 2019 cuando la administración de Donald Trump respaldó a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro ordenó el cierre de la embajada de EE. UU. en Caracas y retiró al personal de la sede diplomática venezolana en Washington.
Cuatro años más tarde, cuando el gobierno interino de Guaidó se disolvió, Estados Unidos tomó el control temporal de estos espacios. Sin embargo, con el paso de los años el deterioro de los edificios fue significativo. Según declararon algunos funcionarios venezolanos, las sedes consulares fueron poco a poco vandalizadas y desvalijadas.
El viceministro para Comunicación Internacional de la Cancillería, Rander Peña, fue uno de los realizó una inspección a los edificios y declaró el 6 de marzo que se requieren varios arreglos estructurales para devolverles la “dignidad institucional”.
Una nueva etapa de relaciones
Con la incursión militar del 3 de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores, Delcy Rodríguez asumió el poder. Trump informó entonces que ejercerían un tutelaje para conducir a la recuperación de Venezuela, a través del control de sus transacciones petroleras. El mandatario también dijo que el objetivo era una eventual transición a la democracia.
Como parte de esta nueva etapa, se designó a Laura Dogu como la encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela. La funcionaria se trasladó a Caracas el 31 de enero pasado.
El 5 de marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. informó que ambos países acordaron reanudar las relaciones diplomáticas. La mañana del 14 de marzo la bandera estadounidense se izó en la sede de la embajada en el sector Valle Arriba.
Esta activación de las sedes consulares es especialmente importante para los miles de migrantes venezolanos en ese país que quedaron sin acceso directo a trámites como la renovación de pasaportes, registros civiles o la asistencia legal. Ante la audiencias de los consulados, la mayoría debía trasladarse a otros países para realizar estas gestiones.
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El Gobierno de Donald Trump flexibilizó algunas sanciones sobre Venezuela para permitir que empresas estadounidenses firmen contratos e inviertan en el sector minero, incluyendo el mercado del oro.
La decisión es parte de las licencias que ha emitido en las últimas semanas el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para lograr que las empresas de ese país participen en negocios relacionados con el petróleo y el oro en Venezuela, reportó la agencia EFE este viernes 27 de marzo.
De acuerdo con esta nueva licencia, las operaciones pueden incluir la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales, así como la creación de empresas conjuntas.
Sin embargo, la licencia incluye algunas condiciones. Se prohíbe explícitamente que se realicen transacciones con personas o entidades relacionadas con Rusia, China, Cuba, Irán y Corea del Norte.
Continúan los acercamientos
Mientras tanto, en Venezuela continúa la discusión de la reforma de laLey de Minas. La Asamblea Nacional ya ha aprobado 55 de sus 130 artículos. El proyecto comenzó a debatirse días después de que el secretario del Interior de EE. UU, Doug Burgum, visitara Venezuela para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
En ese momento, el funcionario aseguró que las empresas estadounidenses vinculadas al sector minero estaban ansiosas por trabajar en Venezuela.
Desde la incursión militar de EE. UU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro para ser juzgado en New York, la administración de Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez han acercado posiciones. A principios del mes de marzo, incluso, se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde hace siete años.
De acuerdo con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, Estados Unidos ejerce un “tutelaje” sobre el Gobierno venezolano. Los funcionarios insisten en que Delcy Rodríguez ha cumplido con sus exigencias hasta ahora para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.
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Tras permanecer un año y un mes detenida en la cárcel de mujeres La Crisálida, este sábado 28 de marzo excarcelaron a la abogada Blanca Suárez, apoderada del diario La Voz. Así lo informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) en su cuenta de X.
A Suárez la detuvieron el 25 de febrero de 2025. De acuerdo con las actas procesales, su aprehensión estuvo vinculada a su rol como apoderada judicial del Diario La Voz en un recurso contencioso tributario.
Le imputaron los delitos de asociación para delinquir, retraso u omisión intencional de funciones y ventaja o beneficio económico de funcionarios públicos.
Sus familiares denunciaron que aunque la abogada sufría de crisis de presión arterial con frecuencia, no había recibido atención médica especializada.
Sus abogados introdujeron una solicitud de sobreseimiento del caso, en el marco de la Ley de Amnistía, el 5 de marzo pasado. “Sin embargo, recibió la libertad por una sentencia absolutoria dictada en el tribunal de la causa”, precisó el Sntp.
Un cierre cuestionado
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ordenó el cierre del diario La Voz el 2 de octubre de 2024. El periódico tenía 58 años de circulación en 21 municipios del estado Miranda.
Previamente funcionarios del ente habían visitado las oficinas del medio y alegaron que su cartelera fiscal estaba desactualizada y ordenaron el cierre por unos días. Sin embargo, en octubre se presentaron a los galpones donde se imprimía el periódico y clausuró las instalaciones.
“Rechazamos la censura indirecta contra medios y periodistas”, escribió entonces el Sntp en X. Además cuestionaron que la acción dejaba al personal sin empleo. Otros activistas cuestionaron la medida y afirmaron que era una vulneración a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.
El 2 de marzo pasado el Sntp y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) recordaron que se cumplían 600 días del cierre del medio de comunicación y que este se ejecutó por razones políticas. El CNP cuestionó que el sistema judicial impuso medidas cautelares exageradas contra los accionistas del periódico incluyendo el bloqueo de sus cuentas bancarias, la prohibición de vender sus bienes y restricciones para salir del país.
“Asimismo, el sistema judicial mantiene la detención del juez que dictó el Amparo Constitucional en favor del medio, una decisión que hasta la fecha no ha sido acatada”, añadió el sindicato.
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista Jesús Gutiérrez Andúz mientras hacía un reporte en los alrededores de El Helicoide.
Gutiérrez realizaba una cobertura en vivo la noche del viernes, 27 de marzo, en la que entrevistó a familiares de presos políticos que siguen recluidos en esa sede del Sebin. Hace dos meses, el 30 de enero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez prometió que cerraría la cárcel de El Helicoide y convertiría la infraestructura en un espacio deportivo y cultural para las comunidades de la zona.
Los uniformados se acercaron al lugar y, sin interrumpir la transmisión, empezaron a preguntar, entre los presentes, los datos del periodista.
La organización señaló que el reportero ha realizado cobertura permanente con los familiares de los presos políticos en distintos centros de detención del país. Rechazaron cualquier acción de intimidación en su contra y en contra de cualquier periodista.
“Responsabilizo al gobierno de lo que me pase. Soy un comunicador responsable y lo único que hago es informar”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.
#AlertaSNTP | La noche de este #27Mar, el periodista Jesús Gutiérrez Andúz (@jegacomunica) fue intimidado por efectivos del Sebin y de la PNB en las inmediaciones de El Helicoide, mientras realizaba una transmisión en vivo con familiares de presos políticos que siguen en ese… pic.twitter.com/7H0rXaMPTT
Esta semana el Sntp recordó que 20 periodistas y trabajadores de la prensa permanecen sometidos a medidas cautelares y sin libertad plena, a pesar de que en el 70 % de los casos las solicitudes de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, se presentaron ante los tribunales competentes.
“Lo más grave es que los lapsos legales establecidos para decidir ya se encuentran vencidos”, señalaron en su sitio web.
Denunciaron que existe un patrón de “dilación judicial” en esas causas, que se traducen en una violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre las irregularidades que han documentando incluyen fallas en la tramitación de solicitudes de sobreseimiento, falta de respuesta en plazo y desorden procesal que impide cerrar las causas abiertas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
