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“Diálogo en el discurso, represión en los hechos”: Un Mundo sin Mordaza sobre situación de DD.HH en el país

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Durante los primeros diez días de abril de 2026, Venezuela volvió a mostrar una marcada contradicción entre el discurso oficial de diálogo y modernización institucional y una realidad atravesada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, deterioro social y consolidación del control político. Así lo documenta el más reciente informe de la organización Un Mundo sin Mordaza, que advierte sobre la continuidad de patrones autoritarios y la ausencia de cambios estructurales en materia de garantías fundamentales.

El reporte sostiene que, aunque el Ejecutivo promovió anuncios económicos y señales de apertura internacional, “los hechos del período reflejaron otra realidad: persistencia de la prisión política, restricciones al espacio cívico, conflictividad social no resuelta, servicios públicos colapsados y un rediseño institucional cada vez más orientado al blindaje del poder”.

Prisión política, sistema penitenciario que violenta los DD.HH. y cárcel para controlar

Uno de los ejes más críticos del informe es la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas. Según el documento, al menos 485 personas permanecían detenidas al 8 de abril, entre ellas 44 extranjeros o binacionales, lo que confirma la continuidad de la prisión política como herramienta de control estatal.

El episodio más grave que relata Un Mundo Sin Mordaza fue el ocurrido en el penal Rodeo I, donde presos políticos extranjeros habrían sido reprimidos con “gases lacrimógenos, golpes y otros tratos crueles”, en medio de denuncias de heridos y una presunta muerte no confirmada oficialmente, que luego el Ministerio Público aseguró que no ocurrió.

Destaca reporte que en lugar de una política uniforme de excarcelaciones y restitución de derechos, el panorama siguió marcado por negativas selectivas de amnistía, traslados sin notificación, continuidad de procesos penales contra personas ya excarceladas y nuevas denuncias de represión dentro de centros de reclusión. En paralelo, Foro Penal advirtió quela ley de amnistía se ha convertido en un “embudo” que ralentiza o paraliza libertades.

También se mencionó el deterioro de salud de Rolando Guevara, preso desde 2004, el cual consideran, evidencia la persistencia de la negligencia médica. Su condición fue descrita como crítica, en un contexto donde la Corte Interamericana ya había ordenado su liberación.

A ello se suma la denuncia de que al menos 11 adultos mayores de 70 años siguen detenidos, pese a que su condición permitiría medidas alternativas. El informe también documenta decisiones judiciales que refuerzan la arbitrariedad. La negativa de amnistía a 50 presos políticos de la causa Plaza Venezuela, sin motivación suficiente, confirma que este mecanismo “continúa operando con criterios selectivos y poco transparentes”.

Asimismo, se reportaron traslados sin notificación de detenidos de la Operación Gedeón a Yare III, lo que refuerza prácticas de incomunicación, y un uso desigual de beneficios judiciales, como el caso del periodista Rory Branker, a quien se le negó la libertad plena, frente a la concesión de ese beneficio a la activista Nélida Sánchez.

Represión a la protesta social

En paralelo, la protesta social también enfrentó restricciones. Una movilización de sindicatos, jubilados y estudiantes para exigir mejores salarios y reivindicaciones laborales fue contenida y reprimida por cuerpos policiales antes de llegar a Miraflores, mediante bloqueos y desvíos que limitaron su recorrido.

El documento recoge, a propósito del tema salarial, que el gobierno de la encargada con el aval de EE.UU. Delcy Rodríguez, anunció un paquete de medidas que incluye un aumento “responsable” del ingreso para el 1 de mayo, sin detallar montos ni mecanismos.

La organización advierte que estas propuestas “siguen siendo programáticas” y no ofrecen garantías suficientes de exigibilidad, transparencia ni protección efectiva de derechos, especialmente en un contexto donde el salario mínimo permanece congelado desde 2022.

Designaciones cuestionadas

El período evaluado por Un Mundo sin Mordaza también estuvo marcado por decisiones clave en el plano institucional. La Asamblea Nacional designó a Larry Devoe como fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del Pueblo, en un proceso cuestionado por falta de transparencia e independencia.

El informe sostiene que estas designaciones profundizan la “captura política del Poder Ciudadano” y debilitan las garantías de acceso a la justicia.

Además, la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas refuerza el modelo extractivo del Estado y amplía riesgos para derechos ambientales e indígenas.

En paralelo, la eliminación de Delcy Rodríguez de la lista de sanciones de la OFAC y la reapertura diplomática con Estados Unidos reflejan una creciente normalización internacional, sin que ello implique mejoras equivalentes en materia de derechos humanos, advierte Un Mundo sin Mordaza.

Libertad de expresión y opinión sigue siendo criminalizada

El entorno para la libertad de expresión se mantuvo restrictivo. El informe recopila que el Colegio Nacional de Periodistas reportó casi 80 violaciones en el primer trimestre de 2026, entre las que se incluyen detenciones, deportaciones, cierres de emisoras e impedimentos de cobertura.

El informe destaca el caso de un ciudadano detenido por comentar en TikTok sobre la captura de Nicolás Maduro, lo que evidencia la expansión del uso del delito de “instigación al odio” para castigar opiniones en redes sociales. Espacio Público informó que el detenido fue identificado como Yorman Acevedo. Según la información difundida, Acevedo fue arrestado por agentes del Sebin en el estado Aragua el 13 de enero, acusado de “instigación al odio”, y permaneció 19 días en condición de desaparición forzada.

Estos hechos se producen, además, en un contexto en el que IPYS Venezuela y VE Sin Filtro reportaron que al menos 43 medios de comunicación nacionales e internacionales permanecen bloqueados en Internet dentro del país.

Servicios y sistema de salud siguen en crisis

El informe documenta un agravamiento de las condiciones económicas y sociales. El sector transporte advirtió que el aumento del pasaje urbano ya resulta insuficiente frente a los costos operativos, lo que evidencia el desbalance estructural entre tarifas e ingresos.

En materia eléctrica, organizaciones exigieron transparencia en los racionamientos ante apagones prolongados. La falta de información oficial fue cuestionada con la advertencia de que “la incertidumbre no puede seguir siendo la única respuesta”.

El sistema de salud también refleja un deterioro crítico. Según la Federación de Colegios de Bioanalistas, 81 % de los laboratorios públicos está inoperativo, lo que limita el acceso a diagnósticos básicos.

Aunque el Ministerio de Salud anunció un plan de recuperación hospitalaria, el propio informe advierte que estas medidas evidencian la magnitud del deterioro acumulado, especialmente en servicios esenciales como agua y electricidad.

Migración, repatriaciones y cambios en el escenario internacional

En el ámbito migratorio, el informe registra la llegada de dos vuelos de repatriación desde Estados Unidos con un total de 350 venezolanos, lo que confirma que la movilidad humana sigue siendo un eje central de la relación bilateral.

Al mismo tiempo, España anunció el cierre de la vía exprés de regularización para venezolanos a partir de junio de 2026, lo que incrementa la incertidumbre de miles de migrantes.

La reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas marcó un hito diplomático, aunque sin restablecimiento inmediato de servicios consulares, lo que limita su impacto práctico.

Grupos vulnerables y opacidad estatal

Finalmente, el documento resalta la situación de grupos vulnerables a partir de cifras y alertas de otras organizaciones, como el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien denunció 16 años de promesas incumplidas hacia personas trans, o la CIDH que documentó abusos laborales en misiones médicas cubanas, con Venezuela como caso central.

Transparencia Venezuela, por su parte, alertó sobre la falta de rendición de cuentas en estructuras estatales, lo que refuerza las preocupaciones sobre opacidad en el manejo de recursos públicos.

Un Mundo sin Mordaza concluye que la crisis venezolana no solo se expresa en la represión visible, sino también en “omisiones estructurales, discriminación persistente y una administración pública que sigue operando con bajos niveles de transparencia y control”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Suspendieron visitas y entrega de medicamentos a Josnars Baduel en El Rodeo I

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La activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Andreína Baduel, denunció que a su hermano Josnars Baduel, recluido en El Rodeo I le suspendieron las visitas y también se negaron a recibir los medicamentos que necesita.

“Me señalan de liderar actos violentos”, dijo en un video difundido en redes sociales, en el que aseguró que estas restricciones se las notificaron este sábado, 11 de abril. Durante esta semana, tanto ella como otras familiares de presos políticos han alzado la voz para denunciar la crítica situación que se vive en ese penal.

Baduel recalcó que los propios presos políticos de ese centro denunciaron las torturas a las que es sometido su hermano. En ese sentido, responsabilizó al gobierno de su vida: “No nos van a silenciar, ni vamos a claudicar, hagan lo que hagan, más temprano que tarde va a haber justicia”. Añadió que tampoco teme a las amenazas de que les abrirán investigaciones si denuncian en tribunales los hechos ocurridos.

En el mensaje que acompañó a su video, explicó que lo que único que intentó fue comunicarse con él desde las cercanías del penal y exigir respuesta oficial sobre su condición, tras conocer a través de otros detenidos que lo habían llevado a la enfermería después de desmayarse “por las condiciones de reclusión inhumanas y torturas en El Rodeo I”.

Andreína Baduel insistió en que Josnars corre peligro bajo custodia del Estado: “A pesar de requerir cirugías de emergencia por secuelas de tortura, sus necesidades médicas han sido ignoradas durante años de forma deliberada. ¡Ya basta de estas atrocidades. Ser Baduel no es un delito! Exijo fe de vida inmediata. Reitero que el Estado es el único responsable de su integridad física y de lo que pueda ocurrirle en prisión”.

Más de 90 días de vigilias

Familiares de presos políticos cumplieron más 90 días en vigilia permanente a las afueras de El Rodeo I, denunciando un régimen de visitas deshumanizado que impide el contacto físico y el uso de capuchas durante los traslados.

La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.

La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente.

En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Celebran concesión de premio Rudolf Benario de DD. HH. a la defensora Ligia Bolívar

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La fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), socióloga, educadora y defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, fue galardonada con el premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026, otorgado por la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), de Alemania.

La institución expresó en un comunicado que le otorgaron este reconocimiento en virtud de “sus destacadas contribuciones globales a la promoción de los derechos humanos”. Añadieron que el premio “honra especialmente su compromiso con los migrantes y refugiados, así como sus esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos en Venezuela”.

Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, y actualmente reside en el exilio en Colombia. Anteriormente, fue directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y representante regional de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, España y Portugal. También lideró un proyecto de participación de la sociedad civil en el marco de la iniciativa de reforma judicial de la Corte Suprema de Venezuela.

La Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU) destaca que en los últimos años, Bolívar ha sido una “crítica acérrima de las tendencias autoritarias tanto del actual gobierno de Maduro en Venezuela como de la administración Trump en Estados Unidos”.

“Un faro de integridad que no ha podido ser silenciado”

Diversas organizaciones celebraron el reconocimiento otorgado a Ligia Bolívar. Justicia, Encuentro y Perdón consideró que es motivo “de inmenso orgullo y una luz de esperanza al ver reconocida la labor de una activista venezolana cuya entrega ha sido inquebrantable”.

Consideraron que en un contexto marcado por el asedio a las libertades, la trayectoria de Bolívar—desde la fundación de Provea, su labor en el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y desde hace unos años en AlertaVenezuela- “representa la columna vertebral del activismo ético y valiente en nuestra región. Este galardón exalta su admirable determinación para documentar la verdad y su compromiso inquebrantable con los más vulnerables, especialmente con los migrantes y refugiados que hoy recorren el continente, reafirmando que su voz es un faro de integridad que no ha podido ser silenciado ni por el exilio ni por el autoritarismo”.

Desde Provea, la organización de la que fue fundadora, aplaudieron que haya sido reconocido “el consecuente compromiso de Ligia Bolívar con la causa de los Derechos Humanos en Venezuela y la región”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Liberaron a cuatro detenidos en protesta del 9 de abril

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La noche del 10 de abril fueron liberados los cuatro hombres que habían sido detenidos en la protesta del 9 de abril por reivindicaciones laborales de trabajadores y pensionados, que tuvo lugar en la ciudad de Caracas y que fue reprimida por funcionarios policiales.

La información fue confirmada por el expreso político, abogado y especialista en derechos humanos y laborales, Eduardo Torres, a través de su cuenta en X. En el mensaje, agradeció a familiares, a la Coalición Sindical, a estudiantes, a periodistas y a embajadas, por mantener el apoyo a la causa y también exigió libertad para todos los presos políticos.

Los detenidos y hoy liberados fueron:

  • Ort Betancourt de 21 años de edad, estudiante de la Unexpo.
  • César Gómez, dirigente vecinal de Catia la Mar, estado Vargas.
  • Adrián Balza, trabajador informal.
  • Tony Zapata, profesor de una escuela en Carapita, Antímano, que sufre de epilepsia.

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sindicales informó que se hablaba de un quinto detenido, pero la información no había sido confirmada.

Represión como en los “viejos tiempos” políticos

La protesta del 9 de abril, cuya aspiración era llegar al Palacio de Miraflores, se vio empañada por la represión y la violencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En medio del caos que generó el impedimento a los manifestantes de transitar libremente, ciudadanos de los distintos gremios, así como adultos mayores, denunciaron que fueron víctimas de represión, agresiones físicas, verbales, maltratos y detenciones arbitrarias.

Los manifestantes tuvieron que sortear al menos seis barricadas policiales que impedían el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación.

Varias organizaciones de derechos humanos condenaron la represión y alertaron que se mantienen las mismas prácticas del gobierno que encabezó Nicolás Maduro.

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, recalcó que estas detenciones en el marco de una protesta pacífica significan “que se mantiene viva la criminalización a la protesta en estos ‘nuevos tiempos'”. Preguntó al nuevo fiscal general Larry Davoe “si seguirá con lala política de su antecesor o empezará a rectificar prácticas contrarias a los derechos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La paz no se decreta: mujeres, diálogo y poder en Venezuela

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El reciente encuentro convocado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez para promover un supuesto “Acuerdo por la paz y el bienestar nacional” plantea una pregunta incómoda: ¿estamos ante un sincero intento de diálogo o frente a un nuevo mecanismo de control político disfrazado de inclusión?

Para responder a esa pregunta, es necesario partir de una premisa fundamental: el feminismo, en su esencia, es profundamente pacifista. Pero eso no significa que todas las mujeres lo sean.

El feminismo es también, como señala Amelia Valcárcel, un proyecto civilizatorio. Gracias a luchas pacíficas, aunque firmes y valientes, las mujeres hemos conquistado derechos fundamentales: acceso a la educación, a profesiones que por años nos fueron negadas por inapropiadas para las “mujeres honestas”, a los derechos civiles, a ser juzgadas con los mismos baremos que los hombres, a la participación política y la igualdad ante la ley. En otras palabras, hemos obligado a que los ideales de la Ilustración del siglo XVIII, igualdad, libertad, ciudadanía, se cumplan también para nosotras.

No fue fácil. Durante siglos, esos ideales se formularon en masculino. La “fraternidad” de la Ilustración dejó claro que las mujeres no estaban incluidas. Querían sociedades humanitarias y libres, pero solo para ellos. Y mientras ellos se reservaban el espacio público, a nosotras se nos relegaba al ámbito doméstico, consideradas incapaces de participar en los asuntos “elevados” de la sociedad.

Y, sin embargo, hemos avanzado. Hace menos de 80 años, apenas el 2,38 % de los egresados de la Universidad Central de Venezuela eran mujeres. Hoy llenamos las aulas y hemos irrumpido en todos los espacios, incluida la política.

Aclaro esto porque el feminismo siempre necesita ser explicado, defendido, reivindicado. Pero vuelvo al punto inicial: el feminismo es pacifista, aunque no todas las mujeres sean pacifistas. No somos una categoría moral o antropológica distinta de los hombres. También hemos sido parte de conflictos y guerras cuando las circunstancias lo han exigido. La historia lo demuestra: mujeres que combatieron en la resistencia contra el nazismo, enfrentando con valentía a regímenes totalitarios, y hoy mujeres que integran fuerzas aéreas en zonas de combate. La participación en la guerra no nos es ajena.

Y a lo que voy.

En más de 20 años trabajando por los derechos de las mujeres, convocando a mujeres de posiciones políticas diversas porque creo profundamente que el feminismo debe ser un espacio de encuentro, he aprendido algo esencial sobre el poder y la violencia: que el poder rara vez se entrega voluntariamente, y que la violencia, explícita o estructural, es una de sus principales barreras de acceso.

Esa violencia está profundamente arraigada en nuestras sociedades patriarcales, donde persisten estructuras de subordinación y sistemas de valores que descalifican sistemáticamente las voces y acciones de las mujeres.

En Venezuela, esa tensión se hizo evidente desde hace años. Ya en 2002, las fracturas dentro del movimiento feminista comenzaron a profundizarse debido a diferencias políticas. Algunas mujeres defendían un proyecto político que justificaba el uso de la violencia como mecanismo para alcanzar una supuesta justicia social.

Frente a eso, desde la Asociación Cauce, apostamos por otra vía: convocar a mujeres de distintas tendencias a trabajar juntas en la defensa de sus derechos dentro del único marco que podía garantizarlos de manera sostenible: el proyecto democrático.

El chavismo, sin duda, supo apropiarse del discurso feminista para proyectarse como una vanguardia. Promovió leyes importantes, pero al mismo tiempo diseñó mecanismos de participación controlada. La Ley de Consejos Comunales de 2006, presentada como una herramienta de democracia directa, amplió la participación de las mujeres, pero bajo estructuras de supervisión política que terminaron excluyendo a quienes no se alineaban con el proyecto oficial.

El resultado es conocido: restricciones a las libertades, criminalización del disenso, debilitamiento institucional y una profunda crisis social, política y ética. Nada de esto es compatible con los principios del feminismo.

Y, sin embargo, muchas mujeres continuaron creyendo que participaban en una lucha emancipadora, mientras se silenciaban las responsabilidades concretas de quienes sostenían ese sistema de poder.

Por eso sorprende (y preocupa) que hoy se convoque a un “Acuerdo por la paz y el desarrollo integral de las mujeres venezolanas” en términos que hablan de inclusión, soberanía y estabilidad, sin que existan condiciones reales para un diálogo genuino.

No hay paz posible sin espacios donde se pueda hablar libremente. Sin reconocimiento de las heridas. Sin posibilidad de cuestionar. Sin aceptar la necesidad de procesos de justicia transicional y restaurativa.

Cuando el diálogo se plantea sin estas condiciones, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo para acallar el disenso, para legitimar decisiones ya tomadas, para dar apariencia de inclusión donde no hay verdadera participación.

Mis años de trabajo en la construcción de espacios de diálogo entre mujeres en Venezuela me han enseñado que, aunque no todas las mujeres sean pacifistas, la gran mayoría anhela vivir en paz. Pero esa paz no puede construirse desde arriba ni desde el control.

Requiere que las mujeres sean verdaderas actoras del proceso. Que haya escucha real. Que las víctimas puedan hablar. Que quienes han ejercido el poder reconozcan sus responsabilidades. Así ha ocurrido en los procesos de paz en otros países, como Colombia, donde el reconocimiento del conflicto y la inclusión de múltiples voces fueron condiciones indispensables para avanzar. Tomó tiempo, el tiempo que era necesario.

La paz no se decreta ni se construye desde espacios controlados. Al contrario, la paz exige verdad, justicia y participación real. Y si las mujeres hemos de ser convocadas, no puede ser para legitimar acuerdos ya definidos, sino para incidir en ellos. De lo contrario, no estaremos ante un proceso de diálogo, sino ante una nueva forma de silenciamiento.

Tampoco puede convocarse a las mujeres para legitimar la ausencia de elecciones libres, ni para sostener arreglos de poder que, como en El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, buscan que todo cambie para que nada cambie. La paz no puede construirse sobre la expectativa de una aquiescencia silenciosa por parte de las mujeres.

@nataliabrandler | nataliabrandler@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

24 años del 11Abr: tres policías metropolitanos dependen de una “orden política” para ser lbres

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Este año 2026 se cumplen 24 años de los hechos del 11 de abril de 2002, por los que tres policías metropolitanos —Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar— permanecen privados de libertad, en un caso marcado por cuestionamientos judiciales, denuncias de irregularidades y el reclamo persistente de sus familiares por su excarcelación.

Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina son los rostros de una justicia suspendida. Con el 75% de su pena cumplida y beneficios procesales que nunca llegan, sus familias denuncian que su libertad depende de una “orden política” que el chavismo se niega a firmar.

Los agentes de la extinta Policía Metropolitana (PM) son hoy los últimos de su grupo que permanecen en prisión, convertidos en símbolos de lo que sus allegados califican como un ensañamiento político.

Aquel día, la marcha opositora que se dirigía al Palacio de Miraflores terminó en hechos de violencia, tras ser confrontada por oficialistas civiles en Puente Llaguno. Tras un juicio cuestionado y calificado como el más largo de la historia venezolana, once funcionarios fueron condenados. Hoy, mientras otros han recibido medidas humanitarias o cumplido su condena, Bolívar, Rovaín y Molina siguen esperando.

Para Katherine Molina, hija de Luis Molina, cada negativa a sus solicitudes representa una nueva fractura emocional, “una nueva caída, un golpe al corazón y a la razón, demasiado brutal para mí y mi familia”, expresó, en nota de prensa.

Insiste en que no se trata de una concesión, sino de un derecho: la libertad que, afirma, le corresponde a su padre desde hace más de una década.

“Ellos saben que son inocentes”

María Isabel Bolívar, tía de Erasmo Bolívar, alzó su voz recientemente en una misa por la libertad de los presos políticos en La Guaira. Su reclamo tiene destinatarios directos: la presidenta encargada con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Ustedes saben que son inocentes, que las leyes no se pueden utilizar de la manera como la están utilizando, pisoteando al pueblo, haciéndonos sufrir esta agonía”, sentenció María Bolívar.

Insistió en que ya al haber cumplido el 75% de la pena impuesta, por ley, los policías deberían ser beneficiarios de las medidas alternativas que otorga el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Sin embargo, la respuesta en los tribunales es siempre la misma: “Están esperando una orden”.

“Es tanta gente que sufre cuando deja a sus familiares tras las rejas, mientras esperan una ley que nunca llega, una orden que no se da, porque esa gente del gobierno parece que no tiene palabra”, expresó.

La sombra de una sentencia política

Los once funcionarios procesados por los hechos del 11 de abril fueron sometidos a lo que sus allegados califican como el juicio más largo de la historia judicial venezolana. Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Marco Hurtado, Arube Pérez, Julio Rodríguez, Héctor Rovaín, Luis Molina y Erasmo Bolívar fueron juzgados por dos de las 19 muertes registradas ese día.

Con excepción de Hurtado y Pérez, quienes recibieron condenas de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses, respectivamente, el resto fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión.

Sin embargo, la sentencia estableció que no fueron hallados culpables de delitos de lesa humanidad ni de homicidio intencional. La responsabilidad atribuida fue por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva, una figura que implica participación indirecta en los hechos. A pesar de ello, la condena impuesta fue la máxima prevista en la legislación venezolana.

Familiares de los funcionarios sostienen que el caso estuvo influenciado por decisiones políticas. Elba Rovaín, hermana de Héctor Rovaín, afirma que la condena no fue estrictamente judicial. “Fue una orden”, repite.

Sus declaraciones se apoyan, entre otros elementos, en la confesión del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, quien años después admitió haber recibido instrucciones políticas en decisiones judiciales relacionadas con estos hechos.

También ha sido cuestionada la actuación de la jueza Marjorie Calderón durante el proceso.

Lejos de casa, lejos de la familia

Actualmente, los tres funcionarios están recluidos en la cárcel Fénix de Barquisimeto, estado Lara, a cientos de kilómetros de sus hogares en Miranda y La Guaira. Sus familiares describen este traslado como un castigo adicional. Las visitas se dificultan por la distancia y la situación económica.

“Hoy en día Erasmo está ansioso, nervioso, a veces se me cae un poquito y yo lo entiendo, porque son 23 años esperando la bendita libertad, que no llega. Todas las puertas se nos han cerrado, la famosa orden no llega”, relató María Bolívar.

Las consecuencias se acumulan con el paso del tiempo: hijos que crecieron sin sus padres, nietos que no los conocen, celebraciones familiares ausentes. En el caso de Erasmo Bolívar, su tía señala que tiene tres nietos que no ha podido conocer.

Para las familias, el tiempo se mide en ausencias. Katherine Molina expresa el anhelo de reconstruir la vida junto a su padre: “Quiero armar vivencias y recuerdos bonitos, ya no detrás de una reja, sino, en libertad plena”.

Ese deseo se repite en otros hogares marcados por la misma historia. María Bolívar también lo resume en una frase: “Hoy hay tanta gente pasando trabajo, tantas madres, esposas, hijas llorando, pues junto con ellos estamos presos los familiares”

A pesar del desgaste, los familiares continúan organizándose para visibilizar el caso. En La Guaira, vecinos impulsan una campaña por la liberación de Erasmo Bolívar, incluyendo acciones en redes sociales y actividades comunitarias. También se creó una Comisión Pro Derechos Humanos que articula estas iniciativas.

Para sus allegados, el caso de los policías metropolitanos no solo representa una lucha individual, sino un símbolo más amplio.

“No es solamente Erasmo, es Molina, es Rovaín”, insiste María Bolívar.

*La nota fue estructurada con declaraciones de los familiares remitidas a esta redacción

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Preocupación por torturas y maltratos en el Rodeo I se acentuó tras “la noche de los gritos”

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La noche del 10 de abril, las adyacencias del centro penitenciario El Rodeo I no solo se iluminaron con velas, sino con el reclamo persistente de familiares que suman tres meses pernoctando a la intemperie. Lo que comenzó como una espera por promesas oficiales de liberación se ha transformado en una guardia de denuncia ante tratos crueles y el aislamiento sistemático de los presos políticos.

La actividad de este 10 de abril tuvo lugar luego de tensos días, debido a una protesta de presos extranjeros en ese sitio de reclusión que fue reprimida violentamente. Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), calificó la situación como una “violencia institucional”.

“No fue sino a través de gritos de los presos políticos que supimos de la situación. Ellos no solo denunciaban que fueron agredidos, torturados y amenazados con armas de fuego, sino que había muchas personas heridas sin recibir atención médica, como es el caso de mi hermano Josnar Adolfo Baduel”, sentenció Baduel desde la protesta.

Pese a la gravedad de los testimonios, el viernes 10 de abril el beneficio de visita fue suspendido para tres de los reclusos tras las estrictas medidas de vigilancia impuestas.

En esta protesta simbólica, los asistentes exigieron el cierre de los centros de tortura y denunciaron la persistencia de condiciones que vulneran la integridad de los detenidos.

Insisten en que el derecho a la integridad personal y familiar está siendo vulnerado en el Rodeo I mediante protocolos que parecen diseñados para la deshumanización: las visitas ocurren a través de un vidrio, duran escasos minutos y prohíben cualquier contacto físico, incluido un abrazo. Se ha reportado que tanto detenidos como familiares son obligados a usar capuchas durante el proceso de traslado a las áreas de visita.

Además, a raíz de las protestas por maltratos a presos extranjeros, recientemente se prohibió el ingreso de cartas o fotografías.

La respuesta oficial vs. la realidad en las puertas

En un intento por mitigar las denuncias, el Ministerio Público emitió un comunicado afirmando haber verificado los protocolos de respeto a los DDHH en el recinto. La Fiscalía desmintió específicamente el fallecimiento del ciudadano colombiano Luis Eduardo Quinchia, y en un comunicado publicado en su cuenta en Instagram, aseguró que fue entrevistado por funcionarios.

Sin embargo, para Hiowanka Ávila, hermana de Henrybert Rivas, la realidad es de desgaste físico y emocional. Ávila denunció que más de 500 personas detenidas por motivos políticos siguen esperando los beneficios de la Ley de Amnistía, mientras las familias cumplen 90 días durmiendo frente al penal, esperando una libertad que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asomó meses atrás pero que no llega.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la vida de quienes están bajo custodia es responsabilidad directa del Estado, exigiendo el cese inmediato de las prácticas que vulneran la dignidad humana y el cierre de los espacios de tortura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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Condenan recientes hechos de violencia contra la prensa en Venezuela

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El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó los actos de violencia contra comunicadores que cubrían la marcha del 9 de abril.

“Estas acciones deben ser investigadas de manera pronta e imparcial, y los responsables deben rendir cuentas. Obstruir el trabajo de los periodistas es una violación directa del derecho del público a acceder a información de interés público”, consideró el comité en una publicación en la red social X.

La protesta fue liderada por sindicatos de trabajadores, jubilados y estudiantes, quienes exigían salarios y pensiones dignas

La concentración, que partió de Plaza Venezuela, tenía como destino Miraflores, pero fue interrumpida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes impidieron el paso y enfrentaron a los manifestantes con escudos antimotines.

La libertad de expresión continúa reprimida

Durante la cobertura, varios comunicadores fueron golpeados, rociados con gas pimienta y despojados de sus herramientas de trabajo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó diez agresiones, entre ellas las sufridas por José Mireles Alcalá (El Martillo Venezuela), Francisco Cáceres (La TV Calle), Sergio González (Provea), José Caruci (CaracasInfo24), Maryorin Méndez y Ana Rodríguez Brazón.

La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (Apevex) también rechazó la agresión contra el equipo de VPITV. Tanto la reportera como el camarógrafo —quien resultó herido en el rostro— fueron atacados por funcionarios de la PNB. Estos hechos vulneran el Artículo 57 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y de pensamiento por cualquier medio de difusión.

El riesgo de informar

La censura contra el gremio periodístico no es nueva y se ha mantenido a lo largo de los años. El pasado 6 de abril, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela denunció que al menos 20 periodistas permanecen en un “limbo jurídico”, atrapados en procesos judiciales sin cerrar y medidas cautelares. Esta situación, descrita como una forma de censura y castigo permanente, limita la movilidad y libertad de trabajo, a pesar de las excarcelaciones.

El CNP también denunció este miércoles 10 de abril la postergación del juicio contra Ramón Centeno, periodista venezolano cuyo estado de salud es delicado.

“El retardo procesal también es una forma de castigo”, expresó el CNP a través de Instagram.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado que, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, Venezuela ocupa el puesto 23, el último de la lista. “Este entramado ha derivado en el cierre de más de 400 emisoras de radio, la casi desaparición de medios impresos independientes y el exilio masivo de periodistas”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.