Inicio Blog Página 254

Antonio de la Cruz: Ciudadanos deben exigir cronograma electoral y de transición

0


El analista político y director de Inter-American Trends, Antonio de la Cruz, aseguró que la prioridad de la sociedad venezolana actualmente debe ser la exigencia de un cronograma electoral a la administración de Donald Trump.

En una entrevista con el periodista César Miguel Rondón, De la Cruz señaló que la ausencia de elecciones podría favorecer que este arreglo se vuelva permanente e impida la recuperación de la soberanía nacional.

Bajo la analogía de “¿El anillo para cuándo?”, el entrevistado explicó que es necesario poner un punto final a la crisis actual.

“El riesgo mayor no es político sino psicológico, el cinismo que destruye la voluntad de cambio desde adentro”, sentenció.

¿Soberanía? No, protectorado

De la Cruz definió la situación de Venezuela no como una transición, sino como un “protectorado pragmático”. Según el analista, este término se refiere a que el país mantiene su estructura interna y sus autoridades visibles, pero cede las decisiones estratégicas a un actor externo, en este caso, Estados Unidos.

“Es un arreglo funcional, basado en intereses concretos (…) Hay gobierno, pero no plena autonomía. Hay soberanía, pero no hay control total de todo lo que significa y sobre todo lo que estamos hablando, el manejo, que representan más del 95% de las divisas que entran a Venezuela por las exportaciones petroleras que se quedan en una cuenta manejada por el Tesoro de los Estados Unidos”, amplió el analista.

De este modo, la gestión interna del país se mantiene bajo la aprobación de Washington que utiliza las sanciones como herramienta de control para garantizar la estabilidad en el territorio nacional.

Según De La Cruz, el venezolano puede quedar “en una zona gris, sin recuperar plenamente su soberanía ni consolidar una democracia real”.

El escenario que esperaría el chavismo

El analista político y director de Inter-American Trends opinó que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez estaría apostando a un escenario en el que Donald Trump perdiera las dos cámaras en las elecciones de noviembre, lo que limitaría “considerablemente” su coerción diplomático y lo obligaría a gobernar vía decretos ejecutivos que son solo aplicables a su gestión y pueden ser revocados luego por otra que le suceda.

“Hay un cansancio del mundo con respecto a Trump y ven que la forma de pararlo es que pierda las dos cámaras. Si eso ocurre, Delcy no tendrá el miedo que tiene hoy a otra acción militar en Venezuela, porque ahí la cámara alta, el Senado, va a empezar a cuestionar los poderes de guerra de Trump”, amplió.

Consideró indispensable los venezolanos logren marcar el ritmo del proceso y ponerle una fecha a los comicios: “Para salir de esto que estamos viendo, que es un escenario muy posible, tenemos que exigir como sociedad un cronograma de transición y elecciones. Si perdemos esa opción puede haber una continuidad con Trump y Delcy Rodríguez”.

Cien días de silencio

Los sucesos del 3 de enero marcaron un antes y un después tras la operación militar americana que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran bajo custodia en Nueva York. Este evento consolidó un modelo donde el poder nacional está bajo la supervisión de Estados Unidos.

Este mecanismo de EE.UU ignora lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su artículo 233, impone un plazo de 30 días para convocar a elecciones ante una falta absoluta del presidente.

Al cumplirse casi los primeros 100 días de los hechos del 3 de enero, De la Cruz advierte que se está normalizando un protectorado que ha estado postergando indefinidamente las votaciones en el país. 

“Tenemos que empezar a ejercer como sociedad el reclamo de generar un cronograma de la transición y, sobre todo, de las elecciones”, concluyó De la Cruz, quien además resaltó que el voto ha sido una de las herramientas de resolución de las crisis en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Provea pide garantizar derecho a la manifestación de cara a protestas del #9Abr

0

La ONG Provea publicó un comunicado en la red social X donde expresa su preocupación por el “continuo debilitamiento” de los derechos de los venezolanos a la manifestación y al libre tránsito. 

La organización definió la situación actual como una especie de “represión blanda”, donde en lugar de violencia directa, el Estado utiliza obstáculos como piquetes policiales y contramarchas para impedir que los ciudadanos lleguen a sus destinos.

“Los constantes obstáculos contra el derecho a la manifestación pacífica promovidos por altos funcionarios del Estado venezolano continúan socavando la garantía de este derecho y contradicen la narrativa oficial sobre la supuesta voluntad de diálogo”, sentenció la ONG.

La ONG recordó que Venezuela suscribe el Pacto de Derechos Civiles y Políticos desde 1978, el cual promueve la libertad de reunión pacífica y de asociación. Además, la Constitución Nacional, en sus artículos 53, 62 y 68, establece que toda persona tiene el derecho a manifestar pacíficamente, reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, así como también que el Estado está obligado a facilitar la generación de las condiciones más favorables para el ejercicio pleno de ese derecho y su práctica.

El comunicado lo emitieron a propósito de dos marchas que este 9 de abril tendrán lugar en el centro de Caracas. Provea recordó que las últimas dos movilizaciones convocadas por el movimiento sindical en Caracas para exigir aumento salarial  no pudieron llegar a su destino, pese al anuncio de un “nuevo momento político” basado en el “diálogo y la reconciliación” por parte de las autoridades.

El pasado 12 de marzo se bloqueó, repetidas veces, el paso hacia la Asamblea Nacional, obstaculización que los manifestantes atribuyeron a efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Mientras que en la manifestación del 23 de marzo se denunciaron amedrentamientos y el robo de pancartas por parte de grupos oficialistas. 

Con la nueva convocatoria de mañana en Plaza Venezuela a las 9:00 a.m., los sindicatos buscan poder romper con este ciclo de obstáculos constantes. La protesta aspira llegar al Palacio de Miraflores para exigir una respuesta convincente a las exigencias con relación al aumento salarial y la defensa de sus prestaciones sociales.

Los voceros de la movilización han declarado que la intención es ejercer su derecho constitucional de reclamar soluciones directamente en el centro de poder político del país.

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de los Trabajadores (Sinatra-UCV), señaló que ya cumplieron con todos los protocolos legales para este desplazamiento. “Miraflores es el centro del poder y como venezolanos tenemos el derecho de ir a exigir respuestas, vamos con nuestra frente en alto y la Constitución en la mano”, afirmó Sánchez en una nota reseñada en el sitio web Noticias UCV. quien además rechazó todas las presiones que buscan eliminar el derecho de los trabajadores a protestar.

El oficialismo también marchará

En respuesta a la marcha de los trabajadores, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, anunció que el jueves 9 de abril también habrá una movilización nacional, pero en este caso para celebrar los 20 años de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Cabello aseguró que la manifestación busca defender “la paz y la estabilidad”.

Esta coincidencia de fechas en las marchas ha generado preocupación ya que el oficialismo suele usar estas convocatorias para bloquear el paso de las protestas opositoras o gremiales hacia el centro de Caracas, en este caso específicamente a Miraflores.

El aumento será el 1 de mayo

Los trabajadores insisten en que el gobierno respete el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. 

Establece además que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, “tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

En horas de la noche de este 8 de abril la presidenta encargada con el aval de EE.UU., Delcy Rodríguez, informó que el 1 de mayo el gobierno espera anunciar un ajuste de salario “responsable y sostenible”, sin precisar si el aumento será de salario mínimo o de bonificaciones.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 9 de abril: Rodríguez anuncia aumento de salario para el #1May

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 9 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.

La presidenta encargada con el aval de EE.UU no precisó de cuánto será el monto del aumento. aunque sin precisar monto. En una alocución centrada en justificar la debacle económica y atribuirla a las sanciones y bloqueos, informó nuevas comisiones, reformas y vinculó la mejora salarial a ingresos extraordinarios y activos bloqueados, en la víspera de una marcha laboral que exigirá reivindicaciones salariales.

Lea más de esta noticia acá

Recién salido del horno: otras noticias

Nicmer Evans exigió renuncia inmediata de rectores del CNE

Negación de amnistía y aplicación discrecional configura nueva violación de DDHH

La perla de Delcy tras preguntarle a la IA sobre Ley de Amnistía: “Es la que se ha aplicado más rápido”

Carlos Trapani: “Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave, negarle la amnistía es aún peor”

Mejora salarial sin resolver el problema inflacionario será insostenible

Piden libertad plena de Perkins Rocha tras dos meses de arresto domiciliario

Dólar/Euro BCV

La perla

Carlos Trapani sobre la negación de la amnistía para la adolescente Samantha Hernández: “Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave, negarle la amnistía es aún peor”.

Lo que rompe en redes

Delcy Rodríguez anuncia la creación de un Consejo Nacional de Economía para crear un nuevo modelo tributario en Venezuela.

Azuquita pa’l café

¡Este fue uno de los momentos más graciosos de los Juegos Olímpicos!

La ñapa (recomendamos…)

No te pierdas los eventos gratuitos que puedes disfrutar en La Gran Caracas este fin de semana.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Rodríguez promete aumento “responsable” del salario el #1May

0

A solo horas de que los gremios y trabajadores intenten llegar al Palacio de Miraflores para exigir aumento salarial y condiciones dignas de trabajo, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, dirigió una alocución en horas de la noche de este 8 de abril con una dosis de esperanza calendarizada: informó que el próximo 1 de mayo su gobierno anunciará un aumento de salario. Eso sí, aclaró con insistencia que será un aumento “responsable y sostenible en el tiempo“.

Rodríguez dedicó gran parte de su discurso a justificar la debacle económica nacional. Atribuyó la inflación de seis dígitos, el desabastecimiento crítico y la migración masiva —que dividió en “inducida” para profesionales y “vulnerable” para el resto— exclusivamente al “bloqueo y las sanciones”.

No obstante, dejó colar un llamado a la reflexión: “Pido que corrijamos errores propios del pasado, los reconocemos, los corregimos, pido no repetirlos”, señaló, sin precisar si esos errores incluían las políticas que llevaron al “socavamiento del concepto legal del salario” que ella misma admitió.

Cuentas alegres

Tras resaltar el “esfuerzo y sacrificio” de los trabajadores venezolanas en los años más aciagos de la crisis, la mandataria presentó la “evolución del ingreso mínimo”. Aseguró que, tras el programa de recuperación económica iniciado en 2018 por Nicolás Maduro, “Venezuela acumula “20 trimestres consecutivos de crecimiento” y “cinco años de recuperación económica”.

Según precisó, el ingreso mínimo de los trabajadores venezolanos -que es una categoría acuñada por este gobierno y no el salario mínimo establecido en la Constitución- pasó de 30$ en 2021 a 190$ en marzo de 2026, esto último recientemente gracias a supuestos “ingresos extraordinarios por venta de petróleo”.

Pero el dato más llamativo de su presentación fue el “ingreso no monetario” que de acuerdo con sus cuentas, reciben indirectamente los trabajadores del país. Según la funcionaria, los venezolanos perciben el equivalente a 189 dólares adicionales a través de subsidios directos, entre los que detalló un 97% de subsidio a través de los CLAP, 95% de subsidio por electricidad, 91,7% de subsidio de agua potable y 98% de subsidio de gas.

Más comisiones y agilización de trámites

Para “blindar” el futuro, Rodríguez anunció una serie de medidas administrativas y políticas, sin mencionar un cronograma electoral ni indultos a presos políticos, que son algunas de las demandas que destacan en agenda. Entre las acciones que implementará en el corto plazo se encuentran:

Promulgación de Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos: El presidente de la Asamblea Nacional y su hermano, Jorge Rodríguez, se la llevó para que la firmara: “En su artículo 6 me da facultades para eliminar los trámites innecesarios, reducir plazos que deban reducirse y agilizar los trámites que, a lo largo de la historia, atropellan a los ciudadanos y ciudadanas. Esta ley que firmo hoy es una ley de justicia para los venezolanos”.

Comisión para el Diálogo Laboral: Rodríguez anunció la instalación de la Comisión para el Diálogo Laboral que abarque la constituyente Laboral y de Seguridad Social en curso, con participación del Estado, sector privado, trabajadores y pensionados. Un nuevo espacio para “visualizar un modelo” sin sanciones, donde el sector privado —que hoy aporta el 9% de las pensiones frente al 91% del Estado— tenga silla. Sin embargo, en este punto no se refirió a la ley de protección de pensiones publicada en mayo de 2024, que estableció una contribución especial del 9% sobre el total de pagos (bonos y salarios) de empresas privadas a sus trabajadores. Hasta ahora, eso no se ha traducido en mejores sustanciales a pensionados, quienes han sido rezagados en cada ajuste de bonificaciones.

Estudio de nuevo orden tributario: Delcy Rodríguez dispuso también instalar inmediatamente el Consejo Nacional de Economía Productiva para recibir propuestas de reformas en materia tributaria con miras a un sistema más competitivo y un nuevo modelo tributario “más eficiente” y en consenso con todos los sectores económicos.

Reforma inmobiliaria: Pidió a la Asamblea Nacional revisar leyes para “descongelar” medio millón de viviendas y ponerlas en el mercado inmobiliario para facilitar que sean adquiridas por los jóvenes.

Naturaleza estratégica de activos del Estado: La encargada anunció la creación de una Comisión que determine la naturaleza estratégica o no de los activos del Estado, conformada por el Estado, sector privado y poder popular. Queda excluida la industria de los hidrocarburos. “Quienes en sueño aspiran la privatización de Pdvsa, por ejemplo, para entregarla a poderes trasnacionales, sencillamente, están equivocados y se encontrarán con la fortaleza de un pueblo decidido a defender sus recursos estratégicos, porque es la industria que da vida, sustento, justicia social al pueblo de Venezuela, la que da crecimiento económico e impulsa otros sectores para seguir avanzando.

      Mejorar calidad de vida dependerá de recuperación de activos

      Rodríguez afirmó que la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero forma parte de la estrategia para sostener el ingreso de los trabajadores y atender el deterioro de los servicios.

      “La recuperación de los activos y recursos en el extranjero bloqueados, y que son del pueblo, se destinará para impulso productivo de industria de hidrocarburos y minería, que garantice dar incrementos de salarios e, inmediatamente, rehabilitación de infraestructura básica electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales. Así está previsto en los dos fondos creados”, puntualizó.

      La funcionaria insistió en que estos recursos solo podrán ejecutarse plenamente en la medida en que cesen las sanciones internacionales. “Una vez que cese el bloqueo y sanciones los recursos irán para el pueblo venezolano”.

      “Peregrinación” contra las sanciones

      Rodríguez convocó a una “gran peregrinación” que arrancará el 19 de abril en toda Venezuela y llegará a Caracas, casualmente, el 1 de mayo, fecha en la que tradicionalmente los trabajadores salen a las calles a exigir reivindicaciones.

      Esta “peregrinación”, en la que instó a participar a todos los sectores económicos del país (industriales, pequeñas y medianas empresas, economía comunal), “a los sectores sociales jóvenes, estudiantes, mujeres, afrodescendientes y a los políticos” -previo llamado a dejar de lado diferencias- será para exigir en conjunto el “cese al bloqueo y a las sanciones.

      La encargada del país con el aval de Donald Trump cerró su discurso citando una frase de Simón Bolívar en Angostura, que apela a la imaginación en los “siglos futuros”. Mientras, los trabajadores de hoy solo esperan que, por una vez, el aumento del 1 de mayo no se lo coma la inflación antes del 2.

      *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

      Carlos Trapani: “Imputar terrorismo a una adolescente ya es grave, negarle la amnistía es aún peor”

      El abogado y coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, se pronunció por el caso de la adolescente Samantha Hernández, quien fue detenida el pasado 19 de noviembre de 2025, imputada por terrorismo, y a quien recientemente negaron concederle la amnistía.

      En marzo de 2026, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo le negó la amnistía a la adolescente sin ofrecer detalles al respecto.

      Samantha está detenida por la misma razón que otras tres personas -miembros de una misma familia- terminaron también recluidas: por ser allegados a Cristian Hernández, un militar disidente en el exilio. Por este caso continúan tras las rejas Aranza Hernández, de 19 años y su tío Henry Castillo Hernández. Asimismo, Maykelis Borges, esposa de Cristian, permaneció un año en prisión, dio a luz en la cárcel y fue liberada con medidas cautelares en el mes de febrero.

      A través de su cuenta en X, Carlos Trapani señaló que el caso de la adolescente no es solo un caso penal, sino que es el de una adolescente “enfrentando el poder del Estado y una sentencia que no explica por qué le niega un derecho”.

      “La Ley de Amnistía no es una opción que el juez puede aceptar o rechazar libremente. Es obligatoria. Si se cumplen sus condiciones, debe aplicarse”, explicó el abogado.

      Carlos Trapani afirmó que en este caso el tribunal tenía una tarea concreta y ordenada. Primero, analizar si los hechos ocurrieron en el contexto que la ley cubre especialmente situaciones vinculadas a procesos políticos y electorales. Segundo, verificar si esos hechos encajan dentro de los casos que la ley permite amnistiar; y tercero, determinar si existe alguna razón legal que impida su aplicación.

      El análisis, a juicio del abogado, es básico; sin embargo la sentencia no lo realiza.

      Falla estructural

      El coordinador de Cecodap señaló que un segundo problema en el caso de la adolescente es cómo la sentencia usa las exclusiones de la ley. Trapani explicó que el tribunal sugiere que, por tratarse de terrorismo, la amnistía no puede aplicarse, pero la ley no excluye delitos por su nombre, sino por su naturaleza, salvo por violaciones graves de derechos humanos o los crímenes de lesa humanidad.

      “Para afirmar que una exclusión aplica, el tribunal debía explicarlo con claridad, demostrando por qué los hechos encajan en esos supuestos según estándares jurídicos. Eso no ocurre. La exclusión se da por sentada, sin explicación”, indicó Trapani.

      Para el abogado, la decisión trata la amnistía como si fuera una opción del juez. Pero no lo es. La ley establece que, cuando se cumplen sus condiciones, la acción penal se extingue por efecto de la amnistía y el tribunal debe declarar el sobreseimiento.

      “No se trata de una decisión basada en la voluntad del juez, sino del reconocimiento de una consecuencia jurídica prevista por la ley. En ese sentido, no es discrecional: es una obligación derivada del cumplimiento de los supuestos legales”, explicó Carlos Trapani.

      Cabe destacar que en la justicia penal adolescente, el sistema no está diseñado para castigar, sino para proteger, educar y favorecer la reintegración, por lo que cada decisión debe evaluar cómo impacta en su desarrollo, su salud mental, su entorno familiar y su proyecto de vida.

      Decisión arbitraria

      El abogado y coordinador de Cecodap explicó que cuando un adolescente es señalado por delitos de alta complejidad como terrorismo, el análisis no puede limitarse a su conducta. “Es imprescindible preguntarse si ha sido influenciado, instrumentalizado o utilizado por personas adultas o ha sido víctima de dinámicas de manipulación, captación o utilización por parte de terceros adultos”, escribió.

      En ese contexto, señala Trapani, que imputar delitos como terrorismo sin un análisis individualizado riguroso y sin considerar estas dinámicas no solo plantea dudas de legalidad, sino que puede constituir una forma de victimización institucional.

      “En ese contexto, la amnistía no era solo una opción jurídica, sino una herramienta de protección. La sentencia no lo entiende así. No analiza la ley en su núcleo, aplica incorrectamente las exclusiones, ignora el principio de interpretación favorable, desvirtúa el carácter obligatorio de la amnistía y omite el enfoque propio de la justicia penal adolescente”, explicó Trapani.

      El abogado recalcó que el caso de Samantha Hernández no es una simple diferencia de criterios, sino una decisión jurídicamente inmotivada y, en consecuencia, arbitraria.

      “Cuando una decisión judicial es arbitraria, deja de ser solo un error: se convierte en una violación de derechos. Este caso debe ser revisado. No solo por lo que dice la ley, sino por lo que está en juego: la vida, la dignidad y el desarrollo de una adolescente frente al poder punitivo del Estado. Porque cuando la justicia falla en proteger, también puede convertirse en fuente de daño”, analizó.

      La directora de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Carolina Jimenez, se pronunció sobre el caso y alertó que la Ley de Amnistía “significó un paso positivo” pero su “uso arbitrario lesiona posibilidad de reconciliación y ahora deja a una niña en la cárcel”.

      *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

      La perla de Delcy tras preguntarle a la IA sobre Ley de Amnistía: “Es la que se ha aplicado más rápido”

      Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, elogió la Ley de Amnistía en Venezuela este martes, 7 de abril, basándose en un análisis generado por la respuesta que le dio una inteligencia artificial.

      Durante una alocución televisada, Rodríguez dijo que su equipo le preguntó a la inteligencia artificial sobre la Ley de Amnistía en el país. La respuesta supuestamente comparó este texto legal con otros similares aprobados en otros países: “Es la ley que se ha aplicado con mayor rapidez, con mayor aplicación técnica. Pero siempre va a haber críticas y consideraciones”.

      La oficialista sugirió a las personas hacer el mismo ejercicio para comparar este recurso legal con los implementados en procesos de reconciliación en países como Sudáfrica y España.

      Por otra parte, Rodríguez denunció que supuestamente hay personas beneficiadas con esta ley y otros mecanismos judiciales “que están ahorita planificando el conflicto”. A su juicio, ese no es el “sentir de los venezolanos” y no cree que tras el 3 de enero “la agenda sea de conflicto, extremismo, radicalismo”. Asimismo, agregó: “No lo veo en el horizonte. No es el sentir de Venezuela”.

      En ese sentido, pidió al Foro Interreligioso acompañarla a “hacer seguimiento a la Ley de Amnistía”, porque, según Rodríguez, “no hay nada que ocultar”.

      “Ojalá se puedan incorporar. Ver el proceso. Ver quiénes se han beneficiado. Ver quiénes no pueden ser beneficiados de la Ley de Amnistía, pero se ha abierto otro espacio de consideración en mecanismos alternativos de la justicia. Y dejemos ya la palabra conflicto de lado”, agregó.

      Finalmente, Rodríguez adelantó que le hablará al país próximamente “de los cambios que necesita Venezuela, de los cambios que queremos en Venezuela, pero lo más importante, del futuro que tenemos que garantizarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes”.

      Una ley ejecutada por un “gobierno dictatorial”

      Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, se refirió a la comparación que hizo Delcy Rodríguez sobre la Ley de Amnistía de Sudáfrica, señalando que la misma “se promovió cuando se terminó el apartheid, no cuando este se mantenía en vigencia”. En cambio, destacó que en Venezuela esta ley “es ejecutada por un gobierno dictatorial, no democrático”.

      “Y todas las experiencias de leyes de amnistía en América Latina, promovidas bajo gobiernos autoritarios, lograron liberar algunos presos políticos, pero su principal fin fue consolidar la impunidad“, añadió Uzcátegui vía X.

      Para el defensor de derechos humanos, todos “los procesos genuinos de justicia transicional” en el continente, ocurrieron bajo “gobiernos democráticos que reconocieron la responsabilidad del Estado en las violaciones de DDHH”.

      *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

      Negación  de amnistía y aplicación discrecional configura nueva violación de DDHH

      Para varios defensores de derechos humanos y abogados venezolanos, la negación de la amnistía a algunos presos políticos constituye una nueva violacion flagrante a los derechos humanos. 

      Así lo expuso, Liliana Ortega, cofundadora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 conocido como “El Caracazo” (Cofavic), quien expresó a través de su cuenta de X que la paz sin justicia, verdad y reparación no es paz: es silencio impuesto.

      “Y que quede claro,  las violaciones de los derechos humanos nunca podrán calificarse de infracciones como tampoco intentar obviar la triada de verdad, justicia y reparación en nombre de la paz”, escribió en sus redes sociales. 

      Por su parte, Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz calificó la aprobada por la Asamblea Nacional Ley de Amnistía como “chucuta” y denunció que las autoridades siguen considerando a los beneficiarios de la norma como delincuentes. “Incluso, instándolos a no cometer esos mismos supuestos delitos en el futuro”. 

      El exmiembro de la ONG Provea indicó que esto es el reflejo de que el Estado no ha reconocido su responsabilidad en “graves violaciones de derechos humanos”. 

      Para Uzcátegui, más que ser considerado un proceso de reparación integral, la ley representa un acto mediático para reiterar la impunidad de los victimarios, bajo la “banalización del perdón sin justicia y el diálogo”. 

      “Proponer que victimarios y víctimas se encuentren y dialoguen suena lindo y hasta muy cristiano. Pero sería un profundo y terrible error en estas circunstancias. Bajo este ambiente, juntar responsables y afectados en una mesa será revictimizar, nuevamente, a quienes han sufrido abuso de poder”, dijo el defensor de DDHH. 

      En este sentido, el abogado Joel García, sostuvo en una publicación en X que la libertad no puede ser una concesión discrecional cuando se fundamenta en la inocencia probada y el respeto a los derechos, en referencia a la situación del también profesional del derecho, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto en su casa portando un grillete electrónico. 

      ​​”Sostengo que dicha ley es un fraude jurídico, carece de generalidad y progresividad. Al excluir lapsos temporales críticos y omitir la interpretación pro homine, se convierte en un instrumento de control político y no en un mecanismo de justicia restaurativa”, escribió el abogado.  

      En referencia a su colega Rocha, García dijo que la justicia no se negocia bajo simulacros legales que niegan la dignidad humana.

      “Una amnistía que no es general no protege al perseguido por sus ideas, contraviene la ontoepistemología del Derecho Penal democrático”, puntualizó. 

      Asimismo, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Blanca Rosa Mármol lamentó que buena parte de los presos políticos sigan sin ser liberados.  

      “La patraña de una presunta Ley de Amnistía sigue y presuntos jueces la aplican. Una verdadera desgracia, muy lejos de la transición a la democracia”, escribió en X.

      *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

      Nicmer Evans exigió renuncia inmediata de rectores del CNE

      Este miércoles, 8 de abril, el politólogo y expreso político Nicmer Evans exigió la renuncia inmediata de los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

      Desde las afueras de la sede del organismo en Caracas, Evans informó que el Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión consignó una comisión que contiene la solicitud formal de la renuncia de los miembros del CNE para “facilitar el proceso electoral” que demanda el país después de los hechos ocurridos el 3 de enero.

      El segundo ítem incluye una propuesta de cronograma electoral para ejecutarse en un lapso máximo de 10 meses la cual implica revisión del Registro Electoral Permanente, la depuración de los circuitos electorales, todos los elementos contentivos de centros de votación y la necesidad de aceleración del registro electoral para los venezolanos en el extranjero.

      La propuesta, según explicó, busca garantizar una selección más amplia y legítima de las autoridades electorales.

      Nicmer Evans expresó que los elementos burocráticos propios del Poder Electoral han dado largas para la recepción y firma de la comunicación.

      ¿Quiénes integran actualmente el CNE?

      En agosto de 2024, el parlamento -de mayoría oficialista- designó a Elvis Amoroso, Rosalba Gil Pacheco y Carlos Quintero, como presidente, vicepresidente y rector principal, respectivamente. Todos con una marcada tendencia política afín al gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

      Amoroso está sancionado por Estados Unidos, Panamá y la Unión Europea por acciones que, según estos organismos, “socavaron la democracia”.

      En enero de 2025, la Unión Europea incluyó a Rosalba Gil en su lista de funcionarios sancionados por su responsabilidad en irregularidades electorales y el deterioro del estado de derecho en el país, después de las cuestionadas elecciones del 28 de julio.

      Carlos Quintero también está sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (desde 2017) y por Panamá, bajo acusaciones de “facilitar el fraude electoral y socavar la democracia en Venezuela”.

      Juan Carlos Delpino, quien actualmente se encuentra en la clandestinidad tras no haber aparecido para oficializar los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, es junto a Conrado Pérez, rector principal del CNE.

      La opositora Aime Nogal, funge también como rectora del ente. Aunque institucionalmente ocupa el espacio correspondiente a la oposición, su desempeño ha generado desconfianza entre quienes esperaban una postura más firme frente a las decisiones del chavismo dentro del organismo electoral.

      *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.