El Observatorio de Gasto Público de la ONG Cedice Libertad organizó este miércoles, 15 de abril, el foro virtual “Simplificar trámites con tecnologías digitales para disminuir el gasto público”. El encuentro contó con la participación de la economista Sary Levy, miembro del Comité Académico de Cedice Libertad y doctora en Estudios del Desarrollo, junto a la profesora Christi Rangel, economista y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
Al analizar la reciente Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, una normativa que busca eliminar las trabas y las largas esperas en las oficinas públicas, las ponentes coincidieron en que el sistema actual sigue siendo un obstáculo que detiene la productividad y no una ayuda para el ciudadano. Levy enfatizó que, aunque la normativa busca agilizar los procesos, esta choca con una estructura de 30 ministerios, un centenar de entes y organismos que hacen inviable cualquier mejora si no se reduce el tamaño desmedido del Estado.
Esta ineficiencia técnica se vio demostrada en la comparativa presentada durante la actividad, que evidenció que el tiempo necesario para emprender en Venezuela se duplicó en ocho años, pasando de 144 días en 2015 a una espera de 296 días en 2023 para abrir un nuevo negocio por la lentitud de los trámites.
“Porque si de algo podemos estar seguros, es que la burocracia administrativa no tiene dolientes. Y digo esto porque hasta los burócratas critican a la burocracia y es que se ha convertido en un problema sumamente elevado en el mundo moderno de hoy”, sentenció Levy.
Un pasaporte que vale más que el sueldo de todo un año
Christi Rangel puso la atención en el impacto directo al bolsillo del venezolano del costo de algunos trámites. Calificó de “abusivo” y “discriminatorio” que el costo de un pasaporte pueda superar los 200 dólares, o 350 dólares en su versión expedita, en un país donde el salario mínimo y las bonificaciones no alcanzan ni los 100 dólares mensuales para cubrir lo básico.
Para Rangel, el sistema actual solo resuelve el problema para quienes tienen recursos y deja al resto de la población excluida de un derecho de identidad fundamental.
La economista señaló que los trámites cotidianos, como la revisión de vehículos, encabezan las denuncias por cobros indebidos y sobornos que vienen de la “pequeña corrupción” de los funcionarios.
Según datos de Cedice, un trámite digital demora un74% menos que uno presencial y su costo operativo para el Estado es apenas una fracción de lo que cuesta mantener las taquillas físicas. Para el ciudadano esto representaría un gran ahorro, considerando que actualmente los traslados y gestiones externas consumen hasta el 89% del presupuesto destinado a un documento.
De la espera eterna a la aprobación
Las ponentes abordaron la ineficiencia de algunas plataformas, donde los usuarios denuncian que la digitalización sigue sujeta a supuestos criterios de los funcionarios. Sugieren transitar hacia un espacio donde haya completa transparencia y tecnología en los trámites, para que así se le devuelva la confianza al ciudadano.
Una de las propuestas centrales durante el foro fue darle operatividad real a la Ley de Celeridad con un modelo que ellas llamaron el “Silencio Administrativo Positivo”, este término se refiere a que, si el Estado no responde a una solicitud en un plazo fijado, el trámite se considera aprobado automáticamente. Esto obligaría a los entes a ser eficientes y eliminaría el poder de extorsión de los burócratas que retienen los documentos por tiempo indefinido.
Sary Levy también comentó un ejemplo de una experiencia en Italia, donde se aplica el principio de responsabilidad individual, en este, método el civil abre su empresa y asume la responsabilidad de cumplir las normas sin esperar a que el sector público le responda previamente.
El fin del “vuelva mañana”
Las expositoras del evento señalaron que la digitalización debe ir acompañada de la “interoperabilidad”, es decir, que las computadoras del Estado hablen entre sí para que el usuario no tenga que entregar la misma cantidad de documentos en cada oficina. También recomendaron el uso de la tecnología blockchain, una especie de registro compartido casi imposible de hackear con todas las transacciones grabadas de forma permanente, para que los procesos de solicitudes y registros sean inalterables y transparentes.
El foro concluyó con una advertencia: no se trata de digitalizar el “cáncer burocrático” del papel a la computadora. El objetivo final debe ser facilitar la vida de los venezolanos, quienes hoy enfrentan una verdadera misión imposible cada vez que necesitan una cédula, un registro o un pasaporte.
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