La ONG Transparencia Venezuela propuso un Estatuto Electoral Especial, un instrumento jurídico transitorio destinado a corregir las fallas estructurales del sistema electoral y abrir una ruta verificable hacia una transición política.
El documento, elaborado por el periodista e investigador Eugenio Martínez, señala que la crisis electoral en Venezuela no responde a fallas puntuales, sino a un problema estructural marcado por la debilidad institucional, opacidad, exclusión de votantes y falta de garantías en todo el proceso.
La organización sostiene que el deterioro institucional del árbitro, la opacidad normativa y la exclusión de votantes hacen imposible confiar en la mera aplicación de la legislación vigente.
El documento técnico que acompaña la propuesta identifica siete áreas esenciales que deben ser corregidas para garantizar elecciones confiables.
Sobre la reinstitucionalización política y la autonomía del Poder Electoral el informe advierte que ninguna reforma será creíble si el árbitro continúa sometido a controles partidistas.
Propone rediseñar el proceso de selección de rectores, restablecer la deliberación pública del directorio y garantizar transparencia en decisiones, contrataciones y publicación de resultados.
Del Registro electoral y el derecho a la identidad, la organización alerta sobre fallas estructurales en inscripción, actualización y depuración del padrón, así como sobre la exclusión masiva de venezolanos en el exterior.
El documento recuerda que para las presidenciales de 2024 solo 69 211 venezolanos estaban inscritos fuera del país, apenas el 1,4% del universo potencial de la diáspora.
En las próximas entregas del estatuto se estarán desarrollando y planteando las demás propuestas para garantizar elecciones libres.
Instrumento temporal
Según Transparencia Venezuela, el Estatuto Electoral Especial tendría prevalencia expresa sobre la legislación vigente únicamente en los aspectos necesarios para garantizar integridad, inclusión y verificabilidad. Su vigencia sería limitada al primer proceso electoral de la transición y debería incluir una cláusula de caducidad automática.
La ONG insiste en que no se trata de sustituir la Constitución ni de crear una “ley paralela”, sino de establecer un marco excepcional que permita corregir abusos y omisiones acumulados durante dos décadas.
“El objetivo final es reconstruir la confianza pública y asegurar que el próximo ciclo electoral sea competitivo, transparente y verificable”, se lee en el texto.
Puede leer el informe completo aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
