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La Conversa de ARI con la Luz | Joel García: “El principal responsable en el caso Quero es el juez”

Para el abogado Joel García, el principal responsable en el caso de la muerte bajo custodia del Estado del preso político, Víctor Hugo Quero Navas, reconocida por el Ministerio de Servicio Penitenciario el pasado jueves 7 de mayo, es el juez que llevaba la causa.

García dijo en la La Conversa con la Luz de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual y Efecto Cocuyo que el juez del tribunal segundo de control con competencia en materia de terrorismo, Carlos Liendo, es quien estricitamente debía saber el paradero de Quero. 

César Batiz, director de El Pitazo, recordó que Liendo es uno de los jueces señalados en liderar una supuesta estructura de corrupción, donde operaba el destituido presidente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Antonio “El Potro” Alvarez.   

De acuerdo con Luz Mely Reyes,directora de Efecto Cocuyo, se contabilizan 31 muertos bajo custodia del Estado y 27 presos políticos desaparecidos, la mayoría mujeres.

Ronna Rísquez, directora de ARI, expresó que el caso de Quero produjo indignación y rabia en la sociedad civil, que fue testigo de como el Estado sometió a una madre octogenaria a una búsqueda infructuosa de un hijo aparentemente detenido, cuando en realidad llevaba más de diez meses muerto.

Luis Blanco, director de Runrunes, indicó que sin la presión ejercida por Carmen Navas, madre de Víctor Quero, y el acompañamiento de medios de comunicación y sociedad civil, no se hubiese dado con la verdad. 

Juez tiene que conocer centro de reclusión

Para García, es inaudito que el Estado identifique a Quero como un presunto mercenario extranjero con supuestos vínculos con la Central de Inteligencia Americana (CIA), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el servicio de inteligencia de España, y no sepa quién es su madre.

El abogado aseguró que de acuerdo al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) si el juez dictamina privativa de libertad para un individuo, este debe conocer su centro de reclusión. 

Estado responsable de privados de libertad

El profesional del derecho recordó además que según el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona bajo custodia es responsabilidad del Estado.

“Esto no lo podemos ver como un hecho aislado, cuando Víctor  Hugo supuestamente fue aprehendido el 3 de enero de 2025 debió haber sido llevado para una reseña en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y también al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), allí se identifica plenamente a la persona, quienes son sus padres, si están vivos y tiene que dar un número de contacto”, aseguró García. 

Debió pasar por ciencias forenses y ser presentando

El abogado sentenció que el privado de libertad también debe ser conducido al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para una evaluación de rigor y 48 después de su detención llevado ante un tribunal de control para la audiencia de presentación, donde se le designa un abogado privado o público.

“Estas son las consecuencias de no permitir defensa privada, y aquí responsabilizo al ex fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien mantuvo esa práctica de no permitir nombramiento de abogados particulares a presos políticos a partir de la muerte del artista Canserbero. La audiencia preliminar no se puede hacer más allá de 20 días, y me va a decir el juez que no sabe si Quero estaba vivo o muerto”, dijo García.

El profesional del derecho sentenció que a la abogada del Foro Penal, Stefania Migliorini, no la dejaron juramentarse porque el tribunal ya había decidido el pase a juicio de Quero, cuando en realidad había muerto (según el Ministerio de Servicio Penitenciario) en julio de 2025. 

Traslado de preso enfermo tiene que ser autorizado

El abogado sentenció además que de acuerdo a las leyes, si un preso llega a enfermar, el tribunal debe autorizar su traslado a un centro de salud.

“¿Entonces cómo nadie va a poder darle razón a la madre de Quero donde estaba, si debió ser trasladado de la cárcel del Rodeo I al Hospital Militar en Caracas? Me han dicho que el Rodeo I no está a cargo del Ministerio de Servicio Penitenciario, sino de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que es sumamente grave”, expuso el abogado.

García sentenció que otra incongruencia en el caso Quero es que después de muerto, el propio juez Liendo le negó una amnistía que había pedido el Foro Penal Venezolano a través de su causa, alegando que no aplicaba.

Muerte es causal de sobreseimiento 

El abogado sentenció que según el artículo 303 del COPP, la muerte es causal para el sobreseimiento de la causa.

“¿Cómo es que el juez Liendo, 10 meses después de muerto Quero se atreve a emitir una notificación diciendo que le fue negada la amnistía? Eso es evidentemente un trato cruel, una violencia psicológica contra Carmen Navas”.

Para García, llama la atención que el caso Quero haya sido destapado una decena de meses después. 

“Tengo una teoría y esto puede obedecer al método pasticho para tapar un escándalo con otro, recientemente el New York Times había publicado un artículo develando los acuerdos opacos entre Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y algunos funcionarios de Donald Trump”, dijo el abogado. 

Para Blanco, el develamiento de la muerte de Quero también pudo responder a la presión hecha por su madre, organizaciones civiles y medios de comunicación independientes.

“Había muchas personas que sabían de la muerte de Quero. Ese fallecimiento no obedece a razones de muerte natural, esto va un poco más allá, se ocultó a pesar de que había una madre clamando por la ubicación de su hijo y un registro público. Esto es una crueldad con todo el tamaño de las letras”, apuntó el abogado. 

Exhumación con presencia imparcial 

García aseveró que la exhumación del cadáver de Quero debió hacerse con la presencia de expertos independientes, aplicando el protocolo de Minnesota, una guía internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la investigación de muertes potencialmente ilícitas o sospechas de desaparición forzada.

“Esto debe abrir la ventana para las desapariciones forzadas, esto es un delito de acción pública y es necesario que la Defensoría del Pueblo solicite que se inicie una investigación, sino puede pecar por acción y omisión”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Enfermería en el cuidado oncológico: Un pilar de esperanza

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En honor al aniversario de Florence Nightingale, considerada la pionera de la enfermería moderna, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En este contexto, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) compartió con Runrunes un comunicado destacando el rol fundamental que tienen estos profesionales en el cuidado de los pacientes oncológicos.

En la Clínica de Prevención SAV, el equipo de enfermería convierte diagnósticos complejos en un proceso de acompañamiento ético y cercano para los pacientes. Son el primer rostro de atención y humanizan un proceso de salud que suele ser complicado para muchas personas. 

Un acompañamiento humano en situaciones complejas 

Las enfermeras en Oncología son responsables de recibir, orientar y acompañar a los usuarios en cada una de las etapas de su evaluación. Gracias a su trabajo, la información científica se transmite de forma comprensible y agradable para el paciente, lo que fomenta una conexión genuina con las personas.

La doctora Laura Salvestrini, gerente general de SAV, destacó que los pacientes tienden a crear vínculos más cercanos con los profesionales de enfermería, lo que ayuda a construir la confianza, un elemento clave para el bienestar de cada individuo. 

Más allá de los procedimientos técnicos y científicos, el equipo de enfermería de la Clínica de Prevención SAV realiza un seguimiento integral, que incluye el análisis de casos sociales complejos. En estos análisis se considera la realidad socioeconómica de cada familia, lo que permite evaluar soluciones viables y adaptar la atención a las capacidades económicas de los pacientes, siempre con un enfoque humanizado. 

La prevención es la clave 

El diagnóstico de cáncer puede ser devastador para muchas personas. Por eso, los enfermeros y enfermeras de la SAV son conscientes de que la prevención es clave. El discurso diario de este gremio se centra en la educación y la resiliencia, con el objetivo de derribar los estigmas asociados al cáncer y promover el control regular como la vía de curación más efectiva. La doctora Salvestrini enfatizó que la detección temprana representa una oportunidad de vida, no el fin. 

Bajo el lema “el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo”, estos profesionales de la salud demuestran su dedicación y empatía en cada aspecto de su labor.

“El equipo de la institución se mantiene firme frente a las dificultades, priorizando siempre la atención de excelencia para el público”, afirmó la doctora Salvestrini.

La labor de estos especialistas es crucial para el bienestar de las personas, ya que demuestran que el profesionalismo y la compasión son los pilares que sostienen la esperanza en momentos tan difíciles, como suele ser enfrentar un diagnóstico oncológico. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Una “orden de arriba” impidió que liberaran al argentino Germán Giuliani

El abogado argentino Germán Giuliani cumplirá este mes de mayo un año encarcelado en Venezuela, tras ser detenido en 2025 en un contexto de alta tensión política previo a las elecciones regionales y parlamentarias, donde el oficialismo denunció supuestas “operaciones terroristas” que tendrían el fin de sabotear el proceso electoral. 

Su arresto fue confirmado públicamente por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien en aquel entonces acusó al profesional del Derecho de supuestamente haber sido detenido “cuando iba a buscar a un narcotraficante”. Cabello explicó que había al menos 60 detenidos entre venezolanos y extranjeros.

Tras 12 meses de encierro, su esposa, Virginia Rivero, relata que el proceso de liberación se frenó abruptamente el pasado mes de febrero, a pesar de que el detenido ya había firmado las actas de excarcelación correspondientes y “estaba todo listo” para ser liberado.

Un año de detención tras el anuncio oficial

El anuncio de la detención de Germán Giuliani se produjo el 23 de mayo de 2025, aunque su rastro se había perdido días antes. Virginia Rivero explica que la confirmación de su paradero llegó a través de declaraciones oficiales del gobierno venezolano replicadas por la prensa internacional. 

“La verdad que lo que sabemos es a través de los medios que difundieron la noticia el año pasado. Acá la noticia salió a través de Infobae, que habló Diosdado Cabello y dijo que habían detenido a un argentino mientras navegaba con otros extranjeros también”. Según la versión oficial de ese momento, Giuliani formaba parte de un grupo que incluía a ciudadanos españoles y venezolanos.

Rivero relata que su esposo había viajado al país el 5 de abril de ese año para cumplir con compromisos profesionales. Había sido contratado en Argentina por un cliente para resolver trámites comerciales y legales pendientes. 

La última comunicación ordinaria con su familia ocurrió la noche del martes 20 de mayo, cuando Giuliani conversó con su hijo menor de 11 años: “Germán le dijo, ‘Timo, la semana que viene ya estoy volviendo, quédate tranquilo’. Bueno, eso fue el martes 20 de mayo. El miércoles 21 hablé a la mañana, así, ‘hola, buen día, cómo estás’, nada más”, dijo Rivero en entrevista con Runrun.es.

Desde aquel reporte de Diosdado Cabello, los cargos imputados contra Giuliani se diversificaron sin que la defensa haya podido rebatirlos en sede judicial. “Al principio lo relacionaron con María Corina Machado. Nada que ver, mi marido ni sabía quién era María Corina. Después, a la semana, le agregaron terrorismo y narcotráfico”, precisa Rivero. 

A pesar de que la familia ha mantenido contacto con la Cancillería argentina, denuncian que las gestiones diplomáticas no han logrado destrabar la causa judicial ni mejorar su situación procesal.

La orden que detuvo la excarcelación en Yare II

El momento de mayor proximidad a la libertad ocurrió el domingo 22 de febrero de 2026. Virginia Rivero relata que recibió notificaciones de que la Cruz Roja había ingresado al centro penitenciario Yare II para revisar a los ciudadanos que serían liberados. 

“Revisan a mi marido para liberarlo, le dicen que lo van a liberar, y ahí se empieza a preparar todo el avión que lo va a traer”, narra la esposa. El protocolo estaba tan avanzado que, según Rivero, autorizaron al periodista Ramón Centeno, previamente excarcelado en enero, para que lo fuera a buscar. “Lo iba a ir a buscar en el auto del cónsul de Italia”.

Sin embargo, el procedimiento se detuvo de forma inesperada antes de que el abogado cruzara la puerta del penal. “Me lo dijo tanto el abogado como otros contactos que tengo, que a último momento, de muy arriba, bajaron la orden de que a Germán no lo liberaran”, afirma. Esta instrucción administrativa dejó a Giuliani bajo custodia, mientras que otros ciudadanos internacionales en situaciones similares, como el gendarme argentino Nahuel Gallo, pudieron concretar su salida del país en los días posteriores.

La frustración familiar se fundamenta en que el trámite legal ya estaba concluido antes de la contraorden política. “A mi marido, 15 días más o menos antes del 22 de febrero, ya le habían hecho firmar la excarcelación. Ya la había firmado 10 días antes, más o menos. A él lo habían dejado llamarme y me dijo, ‘ya firmé la excarcelación, me dicen que la semana que viene ya me liberan'”, sostiene Virginia. Ella no tiene certeza de quién pudo haber dado esa orden, pero le suenan los nombres de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.

Condiciones de reclusión y duelo familiar

Los primeros meses de Giuliani transcurrieron en un comando antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, en una celda de dimensiones reducidas compartida con otras ocho personas. 

Rivero señala que, aunque Giuliani intentaba transmitir tranquilidad en sus llamadas, la realidad era distinta: “En enero, cuando liberaron a Ramón Centeno, el periodista que estuvo siempre con mi marido, ahí nos enteramos que en esos días que él nos decía que estaba bien, que no nos preocupáramos, al principio lo habían torturado para que firme y acepte todos los cargos que se le ponían, y mi marido no quiso saber nada (…) porque era todo mentira”.

Tras ser trasladado a Yare II el 21 de diciembre de 2025, el abogado enfrentó un periodo de aislamiento de 21 días y dificultades para acceder a una alimentación regular. La situación se ha tornado más compleja para la familia Giuliani tras el reciente fallecimiento del padre del abogado en Argentina, el pasado 8 de mayo.

“Él está solo allá, no podemos abrazarlo, no podemos contenerlo. Sus hermanas acá estaban todas contentas en cierto modo por dejar de ver sufrir a su papá… pero Germán allá solo con esta noticia me parece que debe ser terrible”, expresa su esposa.

Ayuda de terceros para poder darle recursos desde Argentina

Para garantizar la subsistencia básica de Giuliani en los centros de reclusión, la familia ha tenido que articular una red logística desde Buenos Aires. Virginia Rivero explica que el envío de dinero y alimentos ha dependido de la solidaridad de otros familiares de detenidos. 

“Nosotros al principio le transferíamos dinero a una persona, la esposa de un preso político que está ahí con mi marido, que también fue trasladado a Yare; así que a través de ella cada 15 días transferíamos dinero y compraba todas las cosas”, dice.

Con el traslado a Yare II, la red de contactos se amplió, permitiendo una gestión un poco más fluida de la paquetería. “Después cuando pasó a Yare conocimos otros familiares más, así que abrimos un poco ese tema y había más personas que podían hacerle llegar cosas a Germán”, comenta Virginia. 

Este esfuerzo económico representa una carga significativa para la familia, que se define como de “clase media baja” y que ya atravesaba deudas antes del viaje de Germán.

A pesar de estas gestiones, la dinámica dentro del penal ha impuesto una lógica de supervivencia colectiva que el propio Giuliani ha comunicado a su esposa. “La última vez que hablé con Germán me dijo que no, que no necesitaba nada, que ahí se compartía todo, que no transfiera nada, que no me preocupara por la paquetería, que ahí se comparte todo”, relata Rivero.

Un proceso judicial paralizado y sin pruebas

El avance del caso de Giuliani en los tribunales venezolanos ha sido nulo, según denuncia su esposa. El momento procesal más importante debía ocurrir en julio de 2025, cuando se fijó una audiencia telemática en la que la defensa esperaba su libertad por falta de elementos incriminatorios.

“En esa audiencia mi marido tendría que haber quedado liberado al no haber pruebas”, explica Rivero. Sin embargo, la sesión no cumplió con las garantías mínimas: “Fue una payasada esa audiencia, se la hicieron con una computadora, dijeron que no había internet, entonces (dijeron) que se suspendía y no se volvió a reprogramar ni nada”.

Actualmente, el proceso se encuentra en un punto muerto que afecta no solo a Giuliani, quien cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino a otros vinculados a la misma causa. “Cuatro personas de la causa de mi marido ya fueron liberadas. Quedan todos venezolanos. Los que quedan son Germán, que es argentino, creo que en El Rodeo I hay un búlgaro, y no sé si queda también un español”, detalla la esposa.

La familia de Giuliani se siente temerosa tras conocer los decesos que han ocurrido en el último mes y medio bajo custodia del Estado y que han tenido amplia repercusión. Aunque esto no ocurrió en el mismo pabellón donde está su esposo, Virginia Rivero no deja de estar preocupada. También se siente alarmada tras conocer la noticia del fallecimiento del preso Víctor Quero Navas, cuyo deceso fue informado casi 10 meses después de ocurrir. 

“Esas cosas nos asustan, y pensamos que tiene que ser urgente su liberación, ¿qué hay que esperar?”, finaliza.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Un gobierno rico y un pueblo en miseria”: Profesores universitarios protestaron frente a la OPSU

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gregorio Afonso, afirmó este martes que más de 170 000 trabajadores universitarios quedaron por fuera del denominado “bono responsabilidad”, anunciado por el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez. 

“La ecuación que propone el gobierno es inaceptable, un gobierno rico y un pueblo en la miseria” ,dijo Afonso en una protesta efectuada este martes frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria.

“Durante el pago del bono de responsabilidad profesional excluyeron a varios sectores y nuestro contrato colectivo establece que el beneficio que es para los profesores activos y también es para los jubilados”, agregó. 

Afonso aseguró que el reciente ajuste del bono de guerra es el resultado de la presión ejercida por profesionales, gremios, sindicatos y trabajadores en general. 

“Ha habido un aumento de 80 dólares del bono de guerra de marzo hasta el presente, desde el 2 de febrero que fuimos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al 1 de mayo hemos estado exigiendo que el trabajo sea valorado justamente”, sostuvo Afonso.

Pero recalcó que la crisis salarial en el sector universitario sigue sin resolverse.

“El abuso y el atropello alcanzaron a las instituciones universitarias del país, ya son muchos años de crisis”, añadió. 

El representante gremial reveló que tenían previsto sostener una reunión con representantes del ministerio universitario y no descarta que los profesores vayan a un paro universitario si sus exigencias no son satisfechas.

“Este viernes vamos a tener una reunión con varios dirigentes sindicales y haremos un balance. El paro para nosotros es incómodo, pero es el gobierno el que nos presiona a esta situación”, acotó.   

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Lo que se sabe de la reactivación de vuelos de United Airlines tras casi 9 años

United Airlines retomará sus vuelos directos diarios entre Houston y Caracas a partir del 11 de agosto de 2026. Esta decisión marca el fin de una ausencia de casi nueve años en el mercado venezolano.

La aerolínea utilizará aeronaves Boeing 737 MAX 8 para cubrir la ruta entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush (IAH) y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (CCS). Los boletos ya están disponibles para la venta en su sitio web y aplicación móvil.

El itinerario contempla la salida del vuelo UA1046 desde Houston a las 11:45 pm, con llegada a Caracas a las 5:30 am del día siguiente. Para el trayecto de retorno, el vuelo UA1045 despegará de la capital venezolana a las 8:00 am y aterrizará en Houston a las 12:30 pm. La compañía busca con esto fortalecer los vínculos económicos y facilitar la reunificación familiar.

Al hacer una búsqueda sobre el costo de los boletos, los mismos oscilan entre los 1,242 dólares para la categoría “United Economy”, hasta los 2,986 dólares para los asientos más amplios de la categoría“United Business”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, subrayó el papel estratégico de esta nueva etapa bilateral: “Este vuelo específico será fundamental para el traslado de trabajadores del sector petrolero al país mientras EE. UU. y Venezuela trabajan juntos para expandir la producción y generar nuevas oportunidades económicas”.

El contexto de una despedida forzada

United Airlines suspendió sus operaciones en Venezuela el 30 de junio de 2017. Reuters informó que la aerolínea cesaría sus operaciones diarias hacia Venezuela debido a que la ruta no cumplía con sus expectativas financieras.

En aquel momento, un portavoz de la empresa explicó a la agencia de noticias que, si bien el vuelo era popular entre ejecutivos petroleros, la baja ocupación y la crisis económica obligaron a suspender el servicio de manera efectiva el 1 de julio de ese año.

Por su parte, la cadena Univision destacó en un reportaje de la época que la suspensión también respondía a los “meses de protestas y la inestabilidad económica que atraviesa el país”.

La seguridad de las tripulaciones fue un factor crítico; Reuters detalló que United había añadido una escala técnica en Aruba para evitar que su personal durmiera en suelo venezolano debido a los disturbios. Esta salida se sumó a la de otras aerolíneas como Lufthansa y Air Canada, que citaron disputas por el control de cambios y preocupaciones de seguridad.

Segunda aerolínea estadounidense en retomar vuelos en 2026

United se posiciona como la segunda aerolínea de Estados Unidos en reactivar vuelos comerciales con Venezuela durante 2026, siguiendo los pasos de American Airlines. Según reseña Informe Aéreo Noticias, este regreso ocurre tras el levantamiento de restricciones de vuelo que el gobierno estadounidense mantenía desde 2019.

La elección de Houston es estratégica debido a su importancia en la industria energética. El portal One Mile at a Time subraya que la ruta es fundamental para conectar mercados petroleros clave. Mientras American Airlines ha centrado sus operaciones desde Miami, United aprovecha su centro de conexiones en Texas para captar la demanda del sector corporativo y de la diáspora venezolana.

Patrick Quayle, vicepresidente senior de planificación de red global y alianzas de United, expresó la importancia de este retorno para la red de la empresa: “Después de casi una década, United agradece la oportunidad de reanudar el servicio entre Houston y Venezuela gracias al liderazgo y apoyo del Departamento de Transporte y del gobierno de los EE. UU.”

De acuerdo con Quayle, este vuelo “ayudará a fortalecer los vínculos culturales y económicos en las Américas y refuerza aún más el centro de operaciones de United en Houston como una puerta de entrada líder a la región”.

Las tres razones por las que gremios exigen derogar la Ley de Minas recientemente aprobada

El Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero Metalúrgica (SVIMM) expresaron su preocupación ante los riesgos que implica la aprobación de la Ley Orgánica de Minas (LOM) y advirtieron que el país podría estar encaminándose a una “inadecuada apertura minera”.

Tras haber analizado el contenido de la LOM, aprobada el pasado 9 de abril por la Asamblea Nacional (AN), ambas organizaciones reconocieron que la minería ha contribuido al crecimiento económico del país desde la Colonia hasta la era republicana; sin embargo, insistieron en que cualquier reactivación del sector debe hacerse bajo estándares internacionales estrictos, con instituciones sólidas y una visión de desarrollo sostenible.

Resaltaron que ante la actual crisis económica, un resurgir de la actividad minera que atraiga cuantiosas inversiones privadas, nacionales y foráneas, pudiese contribuir a dar inicio a un nuevo estilo de desarrollo, siempre y cuando “esté exento de los vicios de los esquemas rentistas y extractivistas”, y se canalice dentro de una institucionalidad apropiada, con procedimientos actualizados y cumpliendo exigentes estándares internacionales.

En el comunicado, el Grupo Orinoco y la SVIMM destacaron que la agresión socio ambiental más severa de la historia de Venezuela es generada por el Proyecto del Arco Minero del Orinoco, la cual ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas, ha destruido irreversiblemente suelos y bosques, contaminado numerosas corrientes fluviales con metales pesados, destruido parques nacionales, y ha promovido una anarquía y una opacidad institucional que son propiciatorias de violencia y corrupción.

Las tres razones centrales para exigir la derogación de la LOM:

 Ignora los derechos de las minorías

Según los gremios, la ley no respeta ni garantiza los derechos de las comunidades indígenas. Ignora la participación empresarial privada y mantiene una amplia discrecionalidad del Ejecutivo para la toma de decisiones en asuntos críticos para las empresas mineras las cuales esperarían contar con marcos jurídicos seguros y blindados ante la corrupción administrativa.

Las organizaciones aseguran que la Ley crea una estructura innecesariamente compleja y altamente burocrática que no ayuda a la eficiencia y transparencia de los procesos productivos ni a los de regulación y supervisión por el Estado.

Mantiene un modelo de intervención

El pronunciamiento señala que en dicha ley existen procedimientos administrativos poco expeditos, disuasivos de la minería moderna y potencialmente propiciatorios de actos de corrupción, los cuales rigidizan a una ley Orgánica. 

Sin estándares internacionales

 La Ley no establece los estándares internacionales reconocidos como pauta para la auténtica gestión socioambiental minera.

Por todas las razones expuestas, el Grupo Orinoco para el desarrollo sostenible y la Sociedad Venezolana de Ingeniería Minero-Metalúrgica, abogan por la derogatoria de la Ley Orgánica de Minas vigente y por acometer la elaboración de un nuevo instrumento con la asesoría de expertos reconocidos y un amplio régimen de consultas públicas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Convocan a tercera colecta solidaria de insumos para presos políticos 

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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los prisioneros políticos y a la documentación de detenciones arbitrarias en el país, convocó para este sábado 23 de mayo a la tercera colecta de insumos para las familias que llevan cuatro meses acampando a las afueras de los centros de reclusión.

El evento se llevará a cabo en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. La recolección contará con el apoyo de un movimiento estudiantil.

Las personas interesadas en donar podrán hacerlo mediante el aporte de alimentos no perecederos, como agua potable, enlatados, jugos y galletas; artículos de higiene personal, como toallas sanitarias, repelente, papel higiénico y crema dental; así como ropa abrigada, como almohadas, sábanas individuales, ropa de adultos en buen estado y cobijas, entre otros artículos.

Un acto de resistencia

A una semana de la confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, preso político fallecido bajo la custodia del Estado, son muchas las familias que siguen esperando la liberación de sus seres queridos. De acuerdo con el Comité, estas familias sacrifican la comodidad de su hogar como un acto de dignidad y resistencia frente a la injusticia.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos instó a las personas a solidarizarse con las madres y familiares de los presos políticos que aguardan el regreso a casa.

“Cada aporte cuenta. Cada donativo es un gesto de acompañamiento y esperanza para las familias que esperan”, afirmó el Clippve.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La visión “ochentera” sobre el VIH que aún persiste en Venezuela

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Camila  —nombre ficticio en resguardo de su privacidad y la de su familia—, vive con VIH desde hace 12 años. Supo de su diagnóstico en 2014, en pleno proceso de exámenes para una operación de fibromatosis uterina. Después del resultado, todo cambió. Su cirugía se postergó por dos años porque los médicos se negaban a operarla. Fue tanto el estrés que experimentó durante esos años, que Camila sufrió un ACV isquémico que paralizó parte de su rostro.

—Me decían que era por falta de insumos, porque me faltaba algún examen… me decían cualquier cantidad de cosas, pero era por discriminación. Hasta que en 2016 un médico intercedió por mí, pero durante la operación también hubo discriminación. Para referirse a mí usaban una etiqueta, supuestamente era para protegerme, pero eso duele, porque yo no soy un número, no soy una palabra, yo tengo una identidad.

Camila vive en la ciudad de Coro, estado Falcón, junto a su madre y su hija de 14 años. Ejerce como docente desde hace 18 y, además, se convirtió en una activista que acompaña a personas que recién descubren su diagnóstico. Lo hace con la empatía y la sensibilidad con la que ella no contó en su momento.

Desinformación = discriminación

Los mitos y el desconocimiento en torno al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y al sida comenzaron desde su descubrimiento en la década de 1980. Con la epidemia no solo llega la desinformación, también profundas y amplias formas de segregación, que persisten hasta la actualidad. Incluso, aún hay quienes creen, erróneamente, que el virus puede transmitirse por gestos cotidianos como un abrazo.

Décadas después, estigmas y prejuicios se mantienen dentro de la sociedad venezolana, especialmente dentro de los centros de salud.

—El VIH no se debe abordar únicamente desde el ámbito médico, sino que debe hacerse desde un aspecto interseccional, en el que se aborde tanto la parte médica, como la social—, expresa Julián Álvarez, activista de PP Foundation y una persona que vive con VIH— este virus ha afectado mayormente a poblaciones que históricamente han sido reprimidas, como la población LGBTIQ+ y trabajadoras sexuales. Eso significa que son personas que siempre han sido consideradas de segunda categoría por todos los aspectos de la sociedad, incluyendo el sistema de salud.

El uso de términos clave

En centros de salud, sobre todo en hospitales del interior del país, persiste el uso de términos clave por parte del personal sanitario para referirse a los pacientes con VIH, ya sea que ingresen por emergencia o que acudan a consulta. En el hospital de Coro donde atendieron a Camila, la llamaban «clave 80».

—Eran pocas las personas que me llamaban por mi nombre, dice Camila.

—Esta mala práctica se usa cada vez menos dentro del gremio de la salud, aunque lamentablemente aún hay sitios donde se pueden escuchar— aclara Geraldine García, médico pediatra e infectólogo—, Los estudiantes deben aprender desde el inicio de la carrera de medicina sobre el VIH y, muy importante, aprender sobre el trato digno que se le debe aplicar a cualquier paciente con cualquier diagnóstico, no solo con VIH, agrega.

El VIH en mujeres 

Hay registro de que al menos 31 130 mujeres viven con VIH en Venezuela. Solo en 2024, se reportaron 2100 casos nuevos, lo que representa un aumento de 1,7 % respecto a 2023. A escala global, las mujeres y niñas representan 53 % de la población que vive con VIH, una realidad atravesada por la vulnerabilidad biológica, social, económica y cultural. Siendo la transmisión hetorosexual la principal vía de contagio. 

—La discriminación es distinta por género y orientación sexual. Con las mujeres es mucho más agudizaba en el sentido de que siempre están los prejuicios y los tabúes—agrega Camila— Se cree que las mujeres que tienen VIH es porque son promiscuas o trabajadoras sexuales, y no. Además, cuando cuentas tu historia, siempre viene el «pobrecita».

Otras formas de exclusión

Durante los años que padeció de fibromatosis uterina, Camila tuvo que enfrentar reiterados episodios de marginación. Mientras sangraba, acostada en una camilla, el equipo de enfermería la dejaba sola o la mandaban a cuartos solitarios y alejados. Era su familia la que tenía que ir en busca del personal de salud para que la atendieran o le aplicaran el tratamiento.

—Incluso, un día antes de mi cirugía, una paciente que estaba en la misma sala que yo, decía que se tenía que ir porque le habían dicho que en esa misma sala había una sidosa, para mí, escuchar eso, fue un golpe muy duro.

Datos al respecto

En Venezuela, no hay cifras oficiales que permitan dimensionar el nivel de discriminación hacía las personas que viven con VIH. Ante este vacío, han sido las ONG las que han documentado y visibilizado parte de esta problemática.

Un informe de la ONG Acción Solidaria (2022), documentó que algunas de las principales manifestaciones de desigualdad de trato dentro centros de salud están relacionadas con chistes, chismes, comentarios negativos, el abuso verbal o con la negativa de brindar atención a pacientes con VIH.

Una encuesta del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (2024) evidenció que el estigma asociado al VIH sigue siendo un problema universal. Según sus resultados, un tercio de las personas consultadas mostró preocupación por recibir un trato diferenciado por parte del personal sanitario, mientras que 18 % afirmó haber evitado asistir a servicios de salud por temor a ser atendidos de una forma desigual.

También, al presentarles varias afirmaciones, basadas en evidencia científica, al personal médico encuestado, como que una carga viral indetectable equivale a intransmisibilidad (I=I), el uso de la profilaxis preexposición (PrEP) y la profilaxis postexposición (PEP), menos de un tercio identificó que todas son correctas, mientras que una cuarta parte reconoció su desconocimiento o no las aceptó como válidas.

Los famosos kits especiales de bioseguridad

La exigencia de kits especiales de bioseguridad es otro acto frecuente de discrminación. Estos suelen incluir guantes, batas, sabanas, lentes, mascarillas adicionales o de colores distintos. Basta con escribir en google la frase «kits de bioseguridad», para que entre las primeras sugerencias aparezca «kits de bioseguridad para VIH». Además, su comercialización se promocionada abiertamente en redes sociales bajo ese mismo nombre o como «kits de alto riesgo».

No obstante, en Venezuela solicitar estos kits «especiales» a pacientes está prohibido por normativas del Ministerio de Salud y la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares.

El artículo 7 de esta ley prohibe «todo acto o conducta de discriminación cometido por cualquier persona natural o jurídica, de naturaleza pública o privada, contra las personas con VIH/Sida, y sus familiares, basado en su condición de salud». Además, el artículo 37 sanciona a quienes violen los derechos de las personas que viven con VIH, y en el caso de personal de salud, establece la suspensión del ejercicio profesional.

«Pero, ¡aquí estoy!»

12 años después de su diagnóstico, Camila reconoce que vivir con VIH no ha sido fácil, «pero, ¡aquí estoy!», exclama.  Sus días comienzan antes del amanecer. A las 5:30 de la mañana ya está en pie, revisa su agenda y ordena su día. A veces, antes de salir, debe apresurarse a llenar los tobos y anticiparse al racionamiento del agua en su comunidad. Luego sale a dar clases y, cuando termina su jornada, asume su rol de activista. Dependiendo del día, da charlas en diversos espacios o hace acompañamientos.

En medio de esa rutina también se abre espacio para sí misma. A Camila le gusta leer y bailar, y en esos momentos encuentra una forma de distracción. De vez en cuando se arregla las cejas o se pinta las uñas, pequeños gestos que la hacen sentirse mejor consigo misma. Y para cultivar su lado espiritual acude los domingos a misa.

En casa conviven tres generaciones de mujeres, su madre, su hija y ella. Cada vez que pueden se sientan a conversar, a contarse cómo les fue. Entre sí son compañía y soporte, sobre todo para Camila. Estos últimos días han sido para planear el festejo del cumpleaños número 15 de la adolescente de la familia.

¿Cómo se combate el miedo al VIH?

La empatía, la educación y una comunicación efectiva aparecen como ejes centrales para desmontar el miedo que aún rodea al VIH. Especialistas y activistas coinciden en que no basta con tratar la enfermedad, también es necesario acompañar, escuchar y humanizar la atención sanitaria. 

—Mientras más se conozca sobre el VIH, menos miedo habrá, resume la infectóloga Geraldine García.

Durante años, el virus se ha asociado erróneamente con grupos específicos o con relatos infundados, lo que ha impedido que sea asumido como un tema que concierne a toda la sociedad. En ese contexto, persisten mitos peligrosos, como que el VIH afecta únicamente a la población LGBTIQ, que puede transmitirse por picaduras de zancudo o incluso a través de agujas contaminadas en espacios públicos, como salas de cine.

— La falta de difusión de la información en cuanto a la concientización es lo que da como resultado que aún exista tanto miedo, porque la información está allí, simplemente no se está difundiendo ni se están utilizando los medios correctos para poder informar a la población, dice Julián Álvarez, activista.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.