En Venezuela, el patrón de violaciones de derechos humanos se ensaña con las presas por motivos políticos. Torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica especializada, no son hechos aislados, sino un esquema que organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han venido documentado durante años.
Las cifras de la ONG Foro Penal indican que actualmente hay 25 mujeres privadas de libertad por motivos políticos. Aunque este número se redujo considerablemente tras los sucesos del 3 de enero de 2026, entre 2024 y 2025 la cifra llegó a alcanzar picos de más de 230 detenidas.
Lenny Cruz y Andreína Acosta forman parte de este patrón. Aunque fueron detenidas en hechos aislados y por distintos motivos, sus casos tienen mucho en común: fueron víctimas desaparición forzada, detención arbitraria, procesos judiciales viciados, negación de la defensa privada, condiciones infrahumanas que las han llevado a padecer enfermedades que comprometen su salud.
El castigo contra Lenny Cruz
El 20 de octubre de 2025, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron detenida a Lenny Cruz bajo el argumento de hacerle una entrevista que duraría poco tiempo.
Según el relato de un familiar de Lenny, que prefirió mantener en anonimato su identidad por temor a represalias, a la casa de la joven -ubicada en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure- llegaron aproximadamente 10 funcionarios policiales y se la llevaron “como si fuera una delincuente”.
Durante tres meses, la familia de Lenny no supo nada de ella. A pesar de que la buscaron en varios organismos policiales del estado Apure “era como si se la hubiese tragado la tierra”, según el familiar.
Fue el 6 de enero de 2026 cuando a Lenny Cruz le permitieron comunicarse con sus familiares a través de una llamada telefónica que duró menos de un minuto.
“Alcanzó a decirnos que estaba bien y que todo ese tiempo estuvo detenida en Boleíta, en Caracas, ahí el alma nos volvió al cuerpo porque pudimos constatar que estaba con vida”, narró el familiar.
A Lenny Cruz se le acusa de estar vinculada al caso Pdvsa-Obrero, una investigación que derivó en la detención de 170 personas entre trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, funcionarios policiales y personas que no guardaban relación alguna con la empresa petrolera. Su familia introdujo el recurso de la amnistía, pero le fue negado.
El familiar de Cruz cuestiona que a Lenny se le vincule con el caso Pdvsa-Obrero, cuando ella ha vivido toda su vida en Apure y se ha dedicado cien por ciento a ser ama de casa y al cuidado de sus tres hijos, uno de ellos afectado profundamente con su condición de TDAH e hiperactividad.
Antes de ser detenida, Lenny ya tenía planificada una intervención quirúrgica porque una de sus prótesis mamarias estaba encapsulada y a punto de explotar, por lo que necesitaba ser operada lo antes posible. Actualmente, la salud de la joven está comprometida, presenta, según el relato de su pariente, prolongados cuadros de fiebre y dolor crónico.
“Han pasado ocho meses, tiempo suficiente para que ya la hubiesen operado. Esa infección ha avanzado demasiado y ella solo está tomando analgésicos, pero no le han hecho una mamografía o un eco mamario para conocer cómo está realmente”, dijo el pariente de Cruz.
La familia de Lenny Cruz tenía una pequeña unidad de producción de lácteos y cárnicos en Apure. El día que se la llevaron detenida, los funcionarios policiales saquearon todo a su paso: animales, herramientas, productos y materia prima.
Las torturas que marcaron a Andreína Acosta
Andreína Acosta fue detenida el 12 de enero de 2022 cuando apenas tenía 18 años. Es oriunda de Naranjales, municipio Fernando Feo del estado Táchira. Acosta estuvo en Colombia durante varios días visitando a su padre. De regreso, se tuvo que hospedar en el hotel Flamenco, en el estado Apure, para descansar y luego seguir su camino.
Al momento de su detención, Andreína estaba conversando con su tío, quien era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), diciéndole que la ayudara a conseguir un carro que la llevara a Naranjales. De repente, llegó un grupo fuertemente armado de la Dgcim y, sin ninguna orden judicial, se la llevaron detenida junto a varios huéspedes.
De manera violenta, a Andreína la montaron en una camioneta y la trasladaron al Dgcim de Guasdualito. Su familiar, aún con miedo de hablar sobre el caso, detalló que la golpearon y le dispararon en el abdomen.
“Ellos —los policías— le dijeron que la habían detenido porque simplemente ‘estaba en el lugar equivocado’ y ‘necesitaban cumplir con una estadística, porque por ella iban a cobrar’”, contó el familiar de Acosta.
A su corta edad, Andreína fue víctima de las torturas más brutales que puede sufrir un ser humano. Su pariente detalló que la golpearon con palos de escoba, la metieron en un cuarto con 15 hombres que la amenazaban con violarla, le fracturaron una costilla, le sacaron un hombro y, aún herida de bala, le metían los dedos en la herida para que admitiera los hechos.
Durante 26 días estuvo detenida en la Dgcim de Guasdualito, luego fue trasladada a Caracas y recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en donde también fue maltratada física y psicológicamente.
Andreína Acosta fue detenida en el operativo policial y militar contra los grupos denominados por el Gobierno de Nicolás Maduro como Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia).
La acusan de terrorismo y asociación para delinquir. En febrero de 2022, el Tribunal Especial Segundo de Terrorismo le dictó privativa de libertad. Fue señalada bajo el alias de “Guadalupe” de ser una guerrillera de las disidencias de las FARC.
Producto de los golpes y las torturas, Andreína sufre de gastritis, dolores crónicos y quistes en los ovarios. Cuando le viene la menstruación, sufre porque no tiene analgésicos que calmen sus molestias. En esos días, consigue alivio poniendo agua caliente en su vientre al punto de quemarse la piel.
La joven lleva ya cuatro años y cinco meses en espera de un juicio donde el retardo procesal es el protagonista. Su familiar asegura que ha tenido pensamientos suicidas porque está cansada de sufrir.
El tío de Andreína, José Esequiel Acosta Porras, quien también fue detenido en el mismo operativo, ha sido víctima de graves torturas. Según relató el mismo familiar, lo metieron de cabeza en una lavadora en funcionamiento, pusieron corriente en sus testículos, producto de los golpes perdió la visión de su ojo izquierdo y la audición. “Lo han torturado demasiado”, dijo.
Los funcionarios policiales también saquearon la casa de Andreína. Se llevaron desde zapatos, ropa y electrodomésticos hasta muebles y sillas. La madre de la joven tuvo que vender su cabello para poder subsistir.
El 3 de enero se rompió el silencio
Los familiares de Lenny Cruz y Andreína Acosta coincidieron en que, tras los sucesos del 3 de enero, emergió una nueva esperanza de ver a sus familiares en libertad y por eso decidieron romper el silencio.
Durante años, los familiares de Andreína decidieron callar por temor a represalias y más castigos en contra de otros miembros de la familia. En el caso de Lenny, el total desconocimiento de su paradero los hizo callar porque no tenían ni idea de dónde buscarla, pero luego de ver que el 3 de enero muchas mujeres tomaron las calles para exigir la liberación de otros presos políticos les dio el valor para exigir no solo su la libertad, sino también que sea atendida de inmediato.
Lenny y Andreína no se conocieron ni coincidieron nunca, pero sus historias se conectan por las graves violaciones a sus derechos humanos a las que han sido sometidas: acusaciones sin sustento, procesos judiciales viciados, enfermedades que se agravan por falta de atención médica especializada, malos tratos y hasta torturas.
En informe del OVP “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, correspondiente al año 2025, documentó que las mujeres privadas de libertad sufren por la falta de atención médica oportuna, deficiencias alimentarias y fallas en los servicios públicos principalmente por el agua.
El OVP denunció que las mujeres privadas de libertad, y especialmente las presas políticas, constituyen uno de los grupos más vulnerables y discriminados dentro del sistema penitenciario venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
