119 organizaciones de la sociedad civil instaron a la derogación de la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron que los recientes anuncios oficiales de revisión y reforma parcial “resultan insuficientes, pues se trata de instrumentos inconstitucionales e incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.
Las ONG señalaron que, tras los acontecimientos de inicios de 2026, la recuperación de la institucionalidad y del Estado de derecho exige la garantía de un espacio cívico seguro y habilitante.
“Estas leyes son inconstitucionales en su origen o en su contenido, e incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que deben ser derogadas en su totalidad”, afirmaron las organizaciones.
Críticas a la reforma
Las organizaciones recordaron que la Ley Contra el Odio fue dictada por la Asamblea Nacional Constituyente en usurpación de las funciones del Parlamento, por lo que “padece un vicio de origen irreformable”. Las oenegés afirmaron que una norma nula en su origen no se convalida reformándola; “la reforma hereda el vicio y el aval judicial solo lo prolonga”.
Las 119 ONG sostienen el contenido de la reforma es insuficiente: elimina la pena de prisión, pero conserva sanciones administrativas discrecionales a cargo del Ejecutivo, definiciones imprecisas y el retiro de contenidos sin orden judicial.
Sobre la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, las organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que “representa una amenaza directa contra la labor de denuncia en derechos humanos”.
Denunciaron que su núcleo punitivo viola el principio de legalidad y la libertad de expresión al tipificar penas de hasta 30 años de prisión, inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, juicios en ausencia y castigos a medios de comunicación.
Por otra parte, destacaron que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro no figura entre las leyes cuya revisión ha sido anunciada, pese a que afecta de manera estructural el derecho a la libertad de asociación.
Luz verde a los abusos
La ONG sostienen que las implicaciones de estas leyes y del resto del entramado normativo no son abstractas: su vigencia permite que los abusos y las arbitrariedades continúen de forma sistemática.
Una encuesta realizada por CIVILIS a 101 organizaciones de todos los sectores de la sociedad civil confirma el efecto disuasivo de la Ley de Fiscalización: el 20,8 % de las organizaciones consultadas suspendió actividades y, de las que intentaron completar el nuevo registro, solo el 17 % lo logró.
Entre julio y septiembre de 2026, el Monitor Cívico de CIVILIS documentó 204 eventos represivos que se tradujeron en 375 incidencias de vulneración de derechos, principalmente de la libertad de asociación, la libertad de expresión y el derecho a la participación.
Los actores más afectados fueron partidos políticos, gremios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, con la participación directa de cuerpos de seguridad del Estado y de autoridades legislativas, judiciales y administrativas que actuaron de forma coordinada.
Exigencias concretas
Frente a la permanencia de estas restricciones, las 119 organizaciones firmantes —entre las que destacan Provea, Foro Penal, Cecodap, Espacio Público, Acceso a la Justicia, Cepaz, Consorven y la Redhnna— demandaron:
a) A la Asamblea Nacional: la derogación integral de la Ley contra el Odio, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de ONG.
b) Mientras tanto: la suspensión inmediata de su aplicación y de todo procedimiento sancionatorio, penal o administrativo en curso basado en ellas.
c) A las autoridades registrales: el restablecimiento del registro de las organizaciones afectadas bajo un régimen de simple notificación de acuerdo con las normas del Código
Civil.
d) A las partes de la mesa de diálogo: incluir la Ley de Fiscalización de ONG en su agenda y abrir un mecanismo formal de participación de la sociedad civil y de las víctimas.
e) A la comunidad internacional y a quienes acompañan la negociación: hacer de la derogación de este marco una condición mínima de cualquier acuerdo de reinstitucionalización.
f) A todas las autoridades: actuar en estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
