Venezuela se encamina a renovar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hay una ley reformada, un comité de postulaciones, un consejo de verificación de credenciales y un baremos que, para Laura Louza, abogada y directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, es una buena noticia a medias porque su diseño “apunta hacia otro perfil del que exige la Constitución”.
Un techo que iguala y un perfil que se favorece
Durante su participación en Espacio Runrunes junto a Luis Ernesto Blanco, Louza advirtió que, si bien el baremo asigna el mismo peso a los tres perfiles que contempla la Constitución: abogado litigante, juez y académico, el problema está en cómo se puntúa. “Se otorgan puntos por cada año, pero con un techo en los 15, de modo que quien tiene 30 no mejora su credencial. Estás premiando al que tiene uno”, sintetiza.
Según su lectura, el perfil jurisdiccional es el más beneficiado. Un juez que lleve 15 años en el cargo puede acumular el máximo de puntos, aun cuando, recuerda, en Venezuela no hay carrera judicial: los jueces son de libre nombramiento y remoción y no hay concursos públicos de oposición desde 2003. El baremo suma un punto por haber ganado un concurso de oposición, pero sin exigir que sea público, como ordena la Constitución.
La directora de Acceso a la Justicia recuerda que quienes llevan quince años en el sistema judicial“son personas leales que no tienen carrera porque no hay carrera judicial en Venezuela. No entraron por concurso y han permanecido por afinidad con el poder”. La lealtad, en su lectura, es lo que el baremo termina premiando.
El sesgo, advierte, no se limita a los jueces. El baremo da puntos por haber sido fiscal o procurador, y para los abogados en ejercicio, por haber defendido a la República en el exterior, algo que “solo logra alguien afín al gobierno”. En el perfil académico pesan más los cargos de gobierno universitario que la producción intelectual, en un país donde las elecciones universitarias estuvieron suspendidas durante años.
Un comité con mayoría oficialista
Louza ha cuestionado que se presente al Comité de Postulaciones como independiente y recuerda que de sus 11 diputados, ocho son del partido de gobierno, y los otros tres pertenecen a Fuerza Vecinal, Nuevo Tiempo y Unidad y Cambio, partidos cuya oposición genuina ella pone en duda. Del lado de la sociedad civil, dice que al menos dos integrantes tienen vínculos con el chavismo. Aun haciendo la cuenta más favorable, concluye, “igual tiene mayoría el chavismo”.
La presidencia y la directiva del comité están en manos de diputados, algo que considera inconstitucional. El reglamento interno no se ha publicado. Por eso, aunque la Asamblea Nacional informó que el baremo fue aprobado por unanimidad, Louza expresa su duda: “Yo no creo que alguien independiente pueda aceptar un baremo así”.
Luces: transparencia, cronograma y un contrapeso
Sin embargo, la abogada también reconoce avances. Se publicó el número de plazas (32 magistrados principales y 32 suplentes), hay un cronograma y se creó un Consejo de Verificación de Credenciales de siete expertos, cuatro de ellos con trayectoria independiente, que funciona como contrapeso aunque no está previsto en la ley. También destaca que figuras reconocidas, como Jesús María Casal, hayan decidido postularse.
Del otro lado, ve trabas prácticas: las postulaciones se entregan en carpetas físicas, sin sistema digital ni base de datos. Se permitió que un apoderado notariado consigne los documentos, pero con menos plazo, lo que perjudica a quienes están en regiones o en el exterior. El requisito de renunciar a la doble nacionalidad puede además alejar a juristas reconocidos.
Con respecto a la presión que pueda ejercer Estados Unidos, Louza dice no tener claro que el tutelaje comprenda la complejidad del caso. Recuerda que la promulgación de la reforma al artículo 65 se retrasó cinco días más de lo que establece la Constitución y que no ha visto “un equipo técnico” que levante una base de datos pública de postulados con sus puntos. Considera que se tratan como equivalentes dos partes que no lo son: hay una que controla el territorio y las instituciones. Pide “líneas rojas” más firmes y escuchar más a la sociedad civil.
Qué sigue
Tras el cierre de postulaciones, previsto para la semana que viene, se publicará la lista completa y se abrirá un lapso de 15 días continuos para que cualquier ciudadano impugne a un postulado. Louza pide a quienes se postulen que guarden constancia de su consignación, para poder reclamar si no aparecen en la lista. Luego vendrá la preselección, que debería ser el triple de las plazas, su paso por el Poder Ciudadano y la plenaria de la Asamblea Nacional.
Para ella, lo que está en juego trasciende al tribunal: el TSJ nombra jueces, administra el presupuesto judicial y tiene la última palabra en la relación entre el Estado y el ciudadano. Su prueba de fuego será que acate las decisiones del sistema interamericano y de la ONU que hasta ahora ha desconocido. “Estamos en un momento de luces y sombras”, resume, “yo diría que son más las sombras todavía”.
