Ipys, autor en Runrun

Instituto Prensa y Sociedad

Ipys: Aparecieron datos de inflación después de 1.000 días pero sigue la deuda informativa

INCOMPLETOS. ASÍ EL BANCO CENTRAL de Venezuela (BCV) presentó los datos de inflación nacional que habían estado represados y bajo opacidad durante tres años y medio.

Según un análisis que realizó IPYS Venezuela, la deuda informativa en cuanto a las cifras de inflación se extendió por más de 1095 días y a pesar de que aparecieron sigue sin conocerse el boletín oficial del Banco Central de Venezuela en el que solía presentar los análisis detallados, las explicaciones de la metodología implementada, el índice de escasez, el índice de diversidad y las desagregaciones geográficas que forman parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que contienen los datos con los que se mide la inflación en el mundo.

Esta mora en la información de la inflación en Venezuela se mantiene pese a que el órgano encargado de la política

monetaria del país difundió el 28 de mayo de 2019, las tablas de datos que reflejan los números del comportamiento de la inflación que no se conocían desde diciembre de 2015 y cuyos resultados se difundieron a principios de 2016.

El BCV subió a su sitio web los archivos con los datos, sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no hubo ninguna acción de comunicación oficial ni en su página digital ni en sus redes sociales, que anunciara la publicación de estos datos así como tampoco la interpretación de estos números, pese a que es el encargado del manejo de la política económica del país. El ente emisor tampoco ofreció un análisis que le permitiera a los ciudadanos comprender las cifras y entender el contexto inflacionario del país.

La tabla de datos difundida en mayo de 2019 por el Banco Central de Venezuela ofrece datos oficiales sobre el comportamiento de la inflación acumulada, que para 2018 fue de 130.060 %, aunque los datos disponibles no especifican a qué periodo del año pasado corresponde esa cifra. En el archivo se lee que la inflación cerró en 2015 en 180%, mientras que en 2013, cuando comenzó su mandato Nicolás Maduro, se ubicó 56%, y en 2011 era de 28 %.

La cifra de inflación de 2018, sin embargo, difiere de los datos sombra que levanta la Asamblea Nacional que indican que en diciembre del año pasado la inflación cerró con una variación interanual de 170.269,1 %, lo que supone una diferencia de 40 mil con respecto al número que divulga el banco central.

Los datos que ofrece el BCV reflejan el comportamiento mensual en 21 rubros, desde enero de 2014 hasta abril de 2019, que evidencian que hubo un aumento del promedio de inflación en todos los sectores de la economía. Vivienda, servicios básicos y bienes y servicios diversos fueron los que tuvieron picos más altos de inflación, que oscilaron entre 176 mil y 486 mil por ciento, según las tablas de datos del banco.

Los cálculos que produce la Asamblea Nacional a partir de la escasez informativa indican que la inflación acumulada para abril se ubicó en 1.304.780,3 %, lo que significa un aumento de 44,7%, según refieren. Otro documento del Banco Central Venezuela indica que la variación mensual para abril de 2018 fue de 1.268.517.190,9 % y representó una variación de 33%.

El Fondo Monetario Internacional ya había reportado para octubre de 2018 que esperaba que la hiperinflación se agravara rápidamente en Venezuela, ante los “déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda”. El organismo consideró que “Proyectar las perspectivas económicas de Venezuela, incluida la evaluación de la evolución económica pasada y actual como base para las proyecciones, es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades”. También explicó que los datos que reporta el país presentan retrasos y “deficiencias de información”, debido a que los registros son incompletos lo que hace “difícil interpretar algunos indicadores económicos”, del país.

El FMI, además, declaró que los datos de “los precios al consumidor de Venezuela están excluidos”, del reporte que elaboró esta institución sobre las perspectivas de la economía mundial.

La opacidad en materia inflacionaria y la deficiencia en calidad de los datos sobre el comportamiento de la inflación que afecta a Venezuela, según lo reporta el FMI, no se corresponde con lo que establecen los estándares internacionales impulsados por Mercosur, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sobre las obligaciones estatales de rendir cuenta en materia económica. Estos organismos internacionales consideran que el acceso a información y estadísticas oficiales son necesarias para la evaluación y el análisis del comportamiento de las economías nacionales.

Información en reserva

A pesar de presentar los registros mensuales de inflación que estaban en deuda desde 2014, la Ley del Banco Central de Venezuela, reformada en 2015, mantiene que este organismo se rige por el principio de transparencia, según su artículo 31. Asimismo, en el artículo 40 de esta normativa se decreta la responsabilidad de garantizar el principio de acceso a la información pública establecido en la Constitución Nacional.

En la reforma hecha en 2015 a la Ley del Banco Central de Venezuela, por iniciativa de Nicolás Maduro a través de un decreto habilitante sin la aprobación del parlamento nacional, se estableció la posibilidad de decretar como clasificada o secreta información económica. “El Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades, para suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación”.

Esta modificación significó un retroceso en comparación con la antigua versión de la Ley del Banco Central de Venezuela que estipulaba la obligación de este ente de difundir la información del balance económico de los primeros 15 días de cada mes, así como reportes semestrales.

Las medidas de opacidad en materia económica han ido en aumento a partir de 2013, cuando el gobierno de Nicolás Maduro estableció un decreto de lucha contra la guerra económica, con lo cual se afectó directamente la publicación del comportamiento de la inflación, según una investigación sobre las restricciones al acceso a la información pública en materia económica publicada por la Revista Comunicación.

Ese estudió refirió que entre 2013 y 2016 hubo un descenso tanto en la cantidad de indicadores como en las publicaciones que debería hacer regularmente el BCV para rendir cuentas sobre el desempeño de la inflación en el país. El análisis reveló también que los indicadores que desaparecieron con mayor rapidez fueron los índices de diversidad -que registraba la variedad de marcas y productos en el mercado- y el de escasez -que registraba la carencia en la oferta de productos y servicios básicos-. Estas son dos variables que fueron incluidas por Venezuela en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor pero son dos indicadores que no se consideran internacionalmente para estimar la inflación.

Deuda informativa

Además de omitir el boletín informativo sobre el comportamiento de la inflación en los datos que publicó el BCV, en mayo de 2019, no especifica la metodología implementada para hacer los cálculos de inflación, lo cual impide conocer los criterios y parámetros que se utilizaron para obtener estos resultados. En 2013 el ente económico informó que había implementado una nueva metodología para medir la inflación justificando una supuesta “guerra económica” pero tampoco se conocieron mayores detalles, según el análisis realizado en la Revista Comunicación.

En 2017 el economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. Puente señaló que la gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse.

El Índice de libertades informativas IPYSve 2018, un estudio que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades, reveló que la consulta de documentos y datos oficiales sobre temas de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros, en instituciones y plataformas digitales fue otra de las situaciones en las que se vio restringida la labor periodística, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tienen los venezolanos. Fue así que 87% de los periodistas encuestados calificaron esta condición con un promedio de 33, que la ubicaron cinco puntos por debajo del valor que obtuvo en el 2017.

Estas carencias informativas en materia de inflación en Venezuela ocurren pese a que el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, establece que es necesario “garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

Periodismo en recesión | Día Mundial de la Libertad de Prensa
  • Este 3 de mayo IPYS Venezuela reitera la necesidad de autonomía, independencia, diversidad y pluralidad de voces para garantizar el pleno ejercicio del periodismo en Venezuela, así como el respeto al derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los hechos de interés público de manera adecuada, pertinente y oportuna.
  • En el marco de esta celebración, el mandato de la Unesco recuerda que los principios fundamentales de la libertad de prensa constituyen los pilares de la libertad de expresión y también de las sociedades democráticas

 

A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela alerta sobre el aumento de los fenómenos de desinformación y las vulneraciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública que han ocurrido entre enero y abril de 2019, las cuales sumaron al menos 244 incidentes que dificultaron el derecho de los periodistas y ciudadanos a difundir y consultar libremente informaciones, ideas y opiniones a través de entornos tradicionales y digitales.

Se trata de un número de limitaciones sin precedentes dentro de ese período y que incluso alcanza el 84% de la totalidad de casos registrados en todo el año 2018, cuando se registraron 266 alertas. En este contexto, se han agudizado las detenciones arbitrarias y las medidas de censura en los medios tradicionales y en las plataformas digitales. Fue así que en lo que va de 2019 la arbitrariedad de las autoridades estatales fue responsable de al menos 45 detenciones arbitrarias a periodistas nacionales y extranjeros.

Los datos del sistema de monitoreo de esta organización también demostraron que la cobertura periodística de los hechos de interés público que ocurrieron el martes 30 de abril sobre la situación política de Venezuela, enfrentó obstáculos que acumularon al menos 22 casos de violaciones a la expresión y de acceso a la información. Estos hechos afectaron a periodistas, medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas digitales y a los ciudadanos en todo el país.

IPYS Venezuela insiste en la gravedad de las prácticas de censura que han impedido a los venezolanos acceder a la información de forma libre e independiente a través de internet, lo cual abre las compuertas de los rumores y la desinformación. Según los registros de esta organización, entre enero y abril de 2019 se han registrado un total de 62 casos de limitaciones a los derechos digitales de los venezolanos. De esta cifra, 28 portales fueron bloqueados durante la cobertura de asuntos de interés público y 14  medios digitales se vieron afectados por estas medidas.

Nos preocupa que estas acciones represivas también se relacionan con las trabas que enfrentaron los periodistas y medios de comunicación durante el 2018, año que cerró con 266 casos de violaciones a la libertad de expresión, según el informe anual 2018 de IPYS Venezuela denominado Periodismo migrante, y en el que el Índice de libertades informativas IPYSve arrojó un promedio global de 61 puntos que dan cuenta de un período de restricciones frecuentes en la cobertura informativa, y que demuestran un retroceso de cuatro puntos en comparación con 2017 y 2016, cuando alcanzaron 65 y 66 de promedio, respectivamente. Puedes leer nuestro informe anual aquí.

Este fue el resultado de una consulta que realizó esta organización con 326 periodistas de 18 estados del país, y que reveló que la opacidad y la violencia fueron las condiciones de mayor riesgo para el periodismo en Venezuela en el 2018. Otros de los desafíos que repercutieron sobre el ejercicio periodístico en el país en ese período fueron la migración, los desplazamientos forzados, prohibiciones de salida del país, migraciones de medios tradicionales a entornos digitales, cierre y contracción en la prensa escrita, así como los abusos de poder y las limitaciones en el acceso a la información pública.

En el estudio, las restricciones al acceso a la información tuvieron una valoración promedio de 35 puntos, que demostró que existen inconvenientes graves en esta categoría, y evidencia que aumentaron los impedimentos para el manejo de los datos oficiales en el país. El componente de seguridad de la medición fue el segundo de mayor riesgo en la medición de libertades informativas al obtener un promedio de 50 puntos, que denotan que hubo limitaciones agudas y frecuentes de esta categoría.

Ante estos riesgos, compartimos el llamado de la Unesco que recuerda que “La existencia de medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es una condición indispensable   para el buen funcionamiento de las democracias. El periodismo independiente permite exponer los  hechos a los ciudadanos y que estos se formen una opinión. La libertad de prensa garantiza unas sociedades en las que  impere la transparencia y en las que toda persona pueda acceder a la información. El periodismo independiente  analiza el mundo y lo hace accesible a todas las personas, fomentando la diversidad de opiniones”.

IPYS Venezuela considera que urge mejorar las condiciones de libertad de expresión en el país tanto en entornos digitales como tradicionales, y exhorta a las autoridades del Estado a seguir las siguientes cinco recomendaciones para salvaguardar las libertades periodísticas y el derecho de los ciudadanos a estar informados:

  1. Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura.
  2. Mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de diversas políticas y prácticas estatales.
  3. Asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones libremente, sin procesos injustificados, riesgos, amenazas ni presiones.
  4. Implementar de manera urgente protocolos de protección de periodista según las consideraciones de los estándares internacionales y que permitan actuar de manera eficaz y eficiente para que el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal sean efectivamente garantizadas y todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de toda persona a la libertad de expresión.
  5. Fomentar la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales, y se garantice internet como DDHH.
IPYSVE: Medidas de censura y agresiones han restringido el derecho a la información

DESDE LA MADRUGADA y hasta las 5:30 de la tarde del 23 de febrero, IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela en el contexto de las movilizaciones y acciones del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, lideradas por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.

IPYS Venezuela, con el apoyo del Observatorio Abierto de Interferencia de Internet, recogió evidencias de tres bloqueos digitales que han ocurrido durante el día. Los usuarios de Cantv han tenido dificultades para acceder a las plataformas de YouTube y a las herramientas de Google, debido a las medidas de censura que comenzaron a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Se conoció que hubo una orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que también censuró el portal del diario colombiano El Tiempo.

Entre el 22 y el 23 de febrero proveedores privados y estatales, tanto de la red fija como móvil, han bloqueo de manera intermitente la plataforma de Facebook, y prohibieron el acceso a contenidos en las páginas ayudaylibertad.com, venezuelaaidlive.mdstrm.com y, venezuelaaidlive.com. Estas páginas fueron bloqueadas por orden expresa de Conatel, de acuerdo a la información que recibió IPYS Venezuela.

El ente regulador de telecomunicaciones también ordenó censurar a la Televisión Nacional de Chile de la parrilla de programación de Directv, que ofrece servicios de TV por suscripción en Venezuela. En horas de la tarde del mismo día 23, Conatel presionó a emisoras de Apure, estado fronterizo con Colombia, para prohibirles cubrir los conflictos de calle. El día anterior, este organismo bloqueó los canales NatGeo y Antena 3, desde Directv y los servicios televisivos de Movistar.

IPYS Venezuela ha registrado seis hechos de retenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas de medios nacionales y extranjeros que cubrían los hechos de conflictos en los estados Táchira, Lara, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Estas acciones contra la prensa han sido dirigidas por grupos armados y/o cuerpos de seguridad del Estado.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exige que se garantice el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en los entornos tradicionales como digitales, y recuerda que el acceso a la información y la expresión no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de emergencia, de acuerdo con los principios constitucionales.

Nelson Bocaranda: “El gobierno quiere que yo sienta lo que muchos de ellos sienten: que no pueden salir a ninguna parte”
Bocaranda está obligado a permanecer en Venezuela porque le anularon el pasaporte. “¿Tú sabes lo que es que no tenga la libertad de salir?”, dice a IPYS Venezuela para un video de la serie “Que nadie nos calle”


EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, el periodista Nelson Bocaranda se disponía a salir de vacaciones junto con su esposa Bolivia, cuando funcionarios de inmigración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía le retuvieron el pasaporte sin orden judicial. Bocaranda estuvo más de una hora retenido en el aeropuerto, y cuando fue a la oficina del Saime, ya en Caracas, los funcionarios sencillamente no le devolvieron el documento argumentando que en el sistema aparecía “anulado”

El periodista venezolano asegura en este video de la serie “Que nadie nos calle“, realizado por Instituto Prensa y Sociedad, que tuvo que salir en una oportunidad por seis meses del país porque querían obligarlo a revelar el nombre de la fuente que le suministró información sobre el cáncer del entonces presidente Chávez.

 

 

Ipys Venezuela lleva en marcha la campaña “Que Nadie Nos Calle”, una serie de testimoniales que abordan historias relacionadas con violaciones de los derechos de los periodistas.

Para leer más ir al portal de Ipys Venezuela

Ipys: bloqueos de La Patilla y El Nacional revelaron una nueva forma de censura en internet

 

 

 

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela publicó este martes en balance sobre los nuevos métodos de censura a medio digitales por parte del gobierno nacional.

La medida fue corroborada a través de pruebas técnicas realizadas por el Open Observatory of Network Interference (ONNI), una organización mundial que se encarga de seguir y documentar diversas interferencias en la libertad en internet quienes informaron que se trataba de un bloqueo de HTTP, por lo cual existen fallas de conexión y de respuesta con los servidores donde están alojados este sitio web, debido a que al intentar acceder a este portal arroja “errores de tiempo de espera genéricos”, lo que podría indicar que Cantv está reseteando las conexiones y evitando el acceso de usuarios.

El IPYS detalló que los portales de El Nacional y La Patilla son las primeras víctimas de esta forma de censura.

La institución realizó un monitoreo en el que determinaron que el bloqueo tuvo un alcance nacional que afectó a los usuarios de Cantv, Movilnet y Movistar.

A juicio de IPYS Venezuela, los bloqueo en internet representan una violación a los estándares de la libertad de expresión en Internet debido a que vulneran los principios de acceso, pluralidad y neutralidad de la red, de acuerdo a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas, porque afecta la promoción y la protección del derecho a la libertad opinión y de expresión que están en consonancia con el artículo 13 de la Convención Americana. Incluso, afecta la libertad a recibir de las audiencias, de acuerdo a los análisis del derecho a la comunicación que ha realizado el teórico venezolano Antonio Pasquali.

Vea la nota completa AQUÍ

 

Presidenciales 2018 | La campaña de la desinformación

A través de su Red Nacional de Corresponsales, IPYS Venezuela puso en marcha un plan para obtener una radiografía de los medios en 12 entidades del país en el marco de las elecciones del 20 mayo, que dé cuenta de los rasgos de desinformación en las regiones como consecuencia de las precariedades de la cobertura informativa, y de las limitaciones de acceso a una internet libre en un país en el que se han conculcado el derecho de los medios a existir y de los periodistas a expresarse libremente por cualquier vía.

Los ciberataques, las negaciones de credenciales oficiales a la prensa para la cobertura, la difusión de contenido proselitista a través de instituciones y medios estatales, las dificultades para circular por parte de medios impresos, las agresiones a camarógrafos, así como las medidas sancionatorias a emisoras radiales, fueron algunos de los patrones que predominaron entre el lunes 7 al miércoles 16 de mayo, a solo tres días de los comicios presidenciales.

Proselitismo en sintonía

Como prueba del abuso de los recursos y bienes del Estado en la campaña electoral, las declaraciones de voceros oficialistas prevalecieron en el espectro radial de la ciudad de Caracas. El monitoreo de Libertad de Expresión de IPYS Venezuela analizó durante una hora la programación de las emisoras estatales. En ese período predominaron las declaraciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que acompañado por alocuciones grabadas del fallecido ex presidente Hugo Chávez, se dedicó a convencer a los oyentes de votar por él..

Otras personalidades que también enaltecieron la candidatura del presidente Maduro fueron los abanderados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Freddy Bernal, actual ministro para la Agricultura Urbana y Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras.

Ningún dirigente de tendencia opositora tuvo voz durante la jornada de monitoreo realizada por esta organización. En cambio, fueron recurrentes las informaciones relacionadas con los futuros logros económicos y sociales que el mandatario nacional promete alcanzar, pues a través de una cobertura regional orientada a “garantizar la victoria de Maduro” dieron cuenta de los beneficios para todos los que posean el carnet de la Patria, y reiteraron su compromiso a quienes se verán favorecidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El llamado proselitista al voto también predominó en las estaciones radiales RNV y YVKE. Bajo las etiquetas #SiquieresprosperidadVota, #VotaporNicolásMaduro, los radioyentes fueron invitados a votar a los comicios del domingo 20 de mayo de 2018. Este discurso que promueve la importancia del voto también estuvo presente en la cuenta oficial de Twitter de la emisora RNV (@RNVinformativa), en donde se observa que la mayoría de las publicaciones destacan información relacionada a la campaña del presidente Maduro.

IPYS Venezuela seleccionó una muestra, dentro del ecosistema radial de Caracas, tres diales de frecuencia modulada (FM): Radio Nacional de Venezuela (RNV 91.1 FM), Radio Tiuna (101.9 FM), YKVE (94.5 FM). Estas emisoras fueron analizadas el día lunes 14 de mayo de 2018, en los horarios de 11:00 am a 12:00 m, 3:00 pm a 4:00 pm, y finalmente de 7:00 pm a 8:00 pm.

El ventajismo también inundó las pantallas de dos televisoras estatales. Durante el noticiero estelar del canal Asamblea Nacional Televisión (ANTV) se vio marcada la tendencia informativa hacia los eventos, declaraciones y participaciones previas a las Elecciones Presidenciales 2018.

En dos de sus pautas predominaron las declaraciones de voceros políticos partidistas del oficialismo: un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y por el partido Unidad Popular Venezolana (UNP) el presidente Henry Hernández, quienes hicieron el llamado a votar masivamente por el candidato del oficialismo, y a disponerse en defensa ante “las acciones violentas” de la derecha venezolana que atenten contra el proceso electoral.

Las emisoras transmitieron las alocuciones de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien declaró el inicio de pruebas de las máquinas de votación durante los días martes y miércoles. La rectora añadió que el CNE ya había iniciado la carga de las credenciales de los testigos de mesas expedidas por los partidos políticos, y finalizó con un recordatorio para los electores sobre la finalidad de los afiches del voto acompañado, parte de su campaña especial para los discapacitados.

En la pauta informativa de ANTV también estuvo presente el recordatorio al pago de pensiones el próximo 15 de mayo, y las declaraciones vía Twitter del presidente Nicolás Maduro sobre su visita al estado Lara.

Siguiendo esta misma tendencia, tanto en el noticiero como en el programa posterior, “Con Amorin”, en el canal Venezolana de Televisión (VTV), el constante llamado al voto hacia Nicolás Maduro y el rechazo a las “campañas comunicacionales internas y externas” marcaron la pauta. En el programa conducido por Jorge Amorin invitaron a Tania Díaz, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y militante del PSUV, a hablar sobre el proceso electoral.

El noticiero se enfocó en recordar que las próximas votaciones están destinadas a la elección de los cargos para Presidente de la República y de Consejos Legislativos, y además se informó sobre las acciones en defensa de la revolución, los beneficios de las misiones sociales y también difundieron las declaraciones de Twitter del Presidente candidato oficialista.

Díaz resaltó que las elecciones son de vital importancia para la comunidad internacional dado que “Venezuela es el epicentro de la batalla contra los imperios del mundo” y porque, según la diputada constituyentista, los resultados electorales desmentirán la “campaña mediática de los medios internacionales”.

Durante la cobertura de las redes sociales de esta programación específica, se verificó la participación de los medios en la difusión de informaciones pro oficialistas con las etiquetas #TáchiraVotaPorMaduro, #SiQuieresProsperidadVota y #PorAmorAVenezuelaVota.

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Asesinaron a 16 periodistas en lo que va de 2018 en América Latina y el Caribe

 

Organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión reunidas en Quito, Ecuador, expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.

Hoy 25 de abril 2018, a un mes del secuestro del equipo periodístico del Diario El Comercio de Quito, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana (y que ha culminado según las últimas informaciones con su asesinato), las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, levantamos una sentida voz de alerta ante lo que se percibe como una tendencia creciente en la región, con 16 asesinatos de periodistas en lo que va del año.

Exigimos de todos los Estados de América Latina y el Caribe la urgente implementación de medidas efectivas que permitan resguardar la integridad física de los periodistas dentro de sus territorios, así como la investigación ágil y la sanción oportuna de los casos de violencia y asesinato de los cuales ellos sean víctimas.

Resulta inaceptable la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas, como sucedió recientemente con el triple secuestro y probable asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra a manos del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC y señalado por sus vínculos con el narcotráfico.

Asimismo es inaceptable la inacción de los Estados frente a la impunidad que hoy cubren casos como el del asesinato del fotoperiodista Vladimir Legagneur en Haití, en el cual a más de un mes de su asesinato el Estado ha fallado en proveer siquiera identificación positiva de su cuerpo. El caso engrosa la triste lista de casos previos de impunidad del asesinato de periodistas que se arrastra desde el año 2000 en dicho país.

La violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituye una de las formas de censura más extrema. Queremos recordar que los estándares del Sistema Interamericano expresan claramente que es responsabilidad de los Estados garantizar el libre ejercicio del periodismo y resguardar el derecho a la libertad de expresión. A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

 

*Vea la nota completa AQUÍ

Crónicas insumisas: Ver la muerte a los ojos y resistir

Crónicas Insumisas - IPYS - Inti Rodriguez

Este relato forma parte de la exposición que inaugura el domingo 25 de febrero en la galería El Anexo, en la Alta Florida. Organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), presenta un compendio de textos, fotografías y testimonios que retratan 11 intentos por asfixiar el periodismo en Venezuela

 

El 12 de febrero de 2014, el periodista Inti Rodríguez, integrante de Provea, cubrió la protesta donde murieron Bassil Da Costa y Juancho Montoya. Tras una larga y atípica jornada laboral, se dispuso a regresar a su casa. Nunca lo logró. Fue secuestrado por paramilitares, que lo tuvieron dos horas cautivo en el 23 de Enero, en Caracas.

Johanna Osorio Herrera

@johaosorioh

 

—Vas a correr, pero si volteas te matamos.

Inti Rodríguez no volteó, aunque tenía la certeza de que de todas formas moriría.

Uno, dos, tres pasos torpes. Las piernas no le responden. No puede correr. Cuatro pasos y aún no siente el disparo en su espalda. Cinco, seis, siete…

—¿Realmente no me van a matar?— resuena en su cabeza.

Sus piernas reciben una inyección de adrenalina —y esperanza—. Finalmente, corre. Corre sin ver a atrás. Y atrás de él quedan los 30 encapuchados que lo habían mantenido secuestrado durante dos horas, y queda también la resignación que sintió. Queda la posibilidad de regresar a su casa con su esposa. Quedan sus días en el 23 de Enero, la popular comunidad caraqueña donde vivía entonces. Queda la vida que le pertenecía antes de ese 12 de febrero de 2014.

 

Era miércoles. La oposición había convocado una marcha contra Nicolás Maduro, en conmemoración del Día de la Juventud. En los días previos, apresaron a estudiantes universitarios en Táchira y Mérida, y este hecho le dio más fuerza al llamado. La masa humana partió ese 12 de febrero desde Plaza Venezuela y llegó, en compañía de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, hasta su meta: el Ministerio Público.

Si la actividad hubiese terminado, como estaba pautado, quizás Inti hubiese dormido una vez más en el apartamento que ocupó durante siete años.

No fue así.

La protesta no terminó. Inti tampoco regresó a casa.

Tras llegar a la sede de la Fiscalía, un grupo de manifestantes se quedó en la zona. Se dirigieron a la esquina de Monroy y subieron a la de Tracabordo. Tumbaron una moto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y los funcionarios comenzaron a disparar. La gente corrió, unos hacia la avenida Universidad y otros hacia una calle lateral; pero el segundo grupo de manifestantes regresó pocos segundos después y quedó en la línea de fuego. Un joven de 24 años, que asistía por primera vez a una marcha, cayó de frente contra la acera a las 3:13 de la tarde, producto de un disparo del Sebin. Ingresó muerto al Hospital Vargas, a las 3:25. Su nombre era Bassil Da Costa.

Minutos antes, a apenas unos metros de Bassil, había sido asesinado Juancho Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, que unifica colectivos populares de la Gran Caracas y Vargas. Fue trasladado, muerto, a la clínica La Arboleda. Más tarde, un motorizado desconocido tiroteó en Chacao a otro manifestante, que horas antes había cargado el cuerpo inerte de Da Costa: Robert Redman.

Ese día, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) estaba monitoreando la manifestación, que también se produjo en otros estados del país. Recibían denuncias y las registraban. Cuando la situación empeoró en Caracas, Inti Rodríguez —quien era coordinador de medios de la organización— y Rafael Uzcátegui, para entonces coordinador de Investigación, Monitoreo y Difusión (cargo que ahora ocupa Inti), salieron a constatar los hechos.

Provea es una organización no gubernamental independiente dedicada a analizar, promover y defender los derechos humanos en Venezuela. Por ello, Inti y Rafael recorrieron los sitios donde se desató la violencia aquella tarde de febrero. Fueron al Hospital Vargas y La Arboleda. Recabaron información y regresaron a la sede de la ONG, en el centro de Caracas. Su atípica jornada de trabajo terminó pasadas las 9 de la noche.

Inti buscó un taxi que lo llevara hasta el 23 de Enero, donde vivía con quien era su esposa. Pero no consiguió ni un chofer dispuesto. Decidió entonces irse en metro hasta la estación Agua Salud, donde podía tomar un autobús.

Solo Caño Amarillo separa las estaciones de Capitolio y Agua Salud. El trayecto fue corto, y eran las 9:30 de la noche cuando Inti estaba bajando del vagón. Subió, cruzó el torniquete y se dirigió a la salida.

 

Durante su época universitaria, Inti fue dirigente estudiantil. Años más tarde, las rencillas entre partidos, que él había olvidado, seguían muy vivas para otros. Por esa razón, era prudente con las zonas del 23 de Enero que transitaba. No podía pasar cerca de las instalaciones del colectivo La Piedrita, por ejemplo. En 2014, se contabilizaban al menos 14 grupos paramilitares en todo el 23 de Enero.

Inti realmente se cuidaba.

Pero ese miércoles su “zona de exclusión” —como llama a los espacios geográficos donde todavía hoy no puede transitar— se había ampliado sin que él lo supiera.

Inti iba subiendo las escaleras de la estación hacia la superficie, cuando vio bajando por las escaleras mecánicas a tres personas que no lo consideraban grato. Se miraron. Ellos terminaron de bajar y subieron tras de él.

—Inti, tú mataste a Juancho— dijo uno de ellos.

Su espalda pegó contra la pared, ya fuera de la estación. Nervios, pistolas, confusión. A solo unos metros, quienes esperaban el autobús observaban indiferentes.

Uno de los delincuentes sacó un celular e hizo una llamada:

—Tenemos a un “conejo” de Bandera Roja.

Colgó.

Se refería a Inti y al partido al que perteneció durante su etapa universitaria.

Diez minutos pasaron entre la llamada y el arribo de 15 motorizados, con parrillero. Todos con pasamontañas y armas largas. Quienes antes lo veían indiferentes, corrieron despavoridos. El autobús que recién llegaba arrancó sin esperar a los pasajeros que quedaban por subir al vehículo.

Un cachazo, sangre.

—Vamos a llevarlo para el miadero —dijo el cabecilla.

Lo subió a su moto, entre él y el parrillero. Ya Inti no les pertenecía a aquellos tres individuos que lo retuvieron inicialmente. Ahora era rehén de los paramilitares del sector.

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela) han definido a los organismos paramilitares como “grupos de civiles armados pro-gobierno que actúan con el aval, o la tolerancia, de los representantes de los poderes públicos y en coordinación con la fuerza pública del Estado”. Aunque estas agrupaciones paramilitares también son identificadas como colectivos armados, OVCS e IPYS plantean que no existe relación alguna entre paramilitares y las agrupaciones sociales, culturales, políticas, populares y comunitarias identificadas como colectivos.

Cuenta Inti que ese día, en el 23 de Enero y otras zonas caraqueñas, los paramilitares desplegaron un operativo para ubicar a personas con prendas alusivas a la oposición y la protesta de esa tarde. Él no había manifestado, ni llevaba nada que lo identificara como detractor de Maduro. Pero era periodista y trabajaba en Provea desde hacía unos meses. Eso bastó.

El “miadero” era el nombre que recibía un terreno baldío en la Zona F del 23 de Enero. Inti permaneció dos horas ahí. Lo golpearon cuantas veces quisieron. Lo interrogaron sobre la muerte de Juancho Montoya. Le repitieron de memoria, una y otra vez, la dirección de la casa de su esposa y su familia. Y él recordó, una y otra vez, cada instante de su vida. Lo que hizo y lo que no alcanzó a hacer. No saldría con vida de ahí… Pensó en su mamá, que vive en el interior del país. En cómo la destrozaría la noticia. Moriría en manos de secuestradores que no anhelaban el pago de un rescate, sino venganza.

 

Mientras esto ocurría, uno de los paramilitares delataba por el chat de Whatsapp de Inti que algo irregular —y muy malo— pasaba.

Eran ya las 11:00 de la noche. Por el grupo de whatsapp de Provea, un Inti con muy mala ortografía escribía que estaba herido en el Periférico de Catia, y que tenían que ir a buscarlo. Por el chat de su esposa —a quien Inti avisó a las 9:00 de la noche que ya iba camino a casa— un “funcionario” le avisaba que su marido estaba detenido en el Sebin. Tanto su esposa, como sus compañeros de Provea, supieron que no era él. Ella llamó al hermano de su cónyuge, quien prefirió ocultar la situación a la madre.

En el “miadero” el tiempo transcurría lento. Golpes y más golpes, amenazas, preguntas… Aunque no veía sus rostros, identificar al cabecilla no era difícil: era el único con un léxico distinto. Los demás hablaban como hampones comunes.

Inti le mostró su carnet. El líder era diferente a los demás. Más cauto. Parecía medir el costo de sus acciones.

—Te voy a revisar el teléfono, y si consigo una sola foto de la marcha de hoy, estás muerto.

Inti no había tomado fotos ese 12 de febrero. Pero, un día antes, un amplio grupo de periodistas había marchado desde Plaza Venezuela hasta el Centro Nacional de Comercio Exterior, en Los Chaguaramos, para exigir al gobierno la liquidación de los dólares necesarios para comprar bobinas de papel periódico. Inti sí tenía fotos de esa manifestación.

—Aquí hay fotos de la marcha, jefe.

—No, esa no es la de hoy. Es la de los periodistas. Nosotros fuimos a esa —reconoció el cabecilla.

El líder paramilitar se alejó del grupo e hizo una llamada. Regresó 10 minutos después.

 

11:00 de la noche.

—El ministro nos manda a decir que no nos volvamos locos.

—Entonces, ¿qué hacemos con este peluche?

—Suéltalo.

 

Pasos temblorosos, resignación… Después de unos segundos —o minutos, pues ya no tenía noción del tiempo— Inti aún no sentía la bala fría entrando por su espalda. Sintió esperanza. Sus piernas reaccionaron y corrió. Corrió y dejó todo atrás.

A 200 metros del terreno baldío donde permaneció secuestrado por dos horas había una casa, y una pareja conversaba afuera. Él les pidió agua y un teléfono. Solo le brindaron de beber.

Todavía sin asimilar por completo su libertad, se tomó el agua y siguió caminando. Fue de nuevo a la estación del metro de Agua Salud. Pero al llegar, el recuerdo del secuestro que había iniciado ahí le provocó fuertes temblores.

Se tomó su tiempo. La adrenalina comenzó a disminuir y su sistema nervioso volvía a la normalidad. Regresó al centro de Caracas, y pidió un teléfono prestado en un bar de la parroquia Candelaria. Llamó a Marino Alvarado, para entonces coordinador general de Provea, quien notificó a su familia de su liberación y lo buscó. Resguardado, a las 11:45 de la noche, Inti llamó a su esposa.

Aquel hombre, que minutos antes lamentaba el luto de su familia por su muerte, seguía vivo.

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Cuando Inti salió aquel miércoles por la mañana de su casa, no imaginó nunca que la marcha de estudiantes terminaría con un saldo de tres asesinatos, ni que sería secuestrado por paramilitares, ni que se resignaría a morir. Tampoco imaginó que sería la última vez que dormiría en su cama o desayunaría en su mesa. Jamás pudo regresar al 23 de Enero.

Su secuestro fue denunciado ante la Fiscalía el 13 de febrero, aunque, al liberarlo, sus captores lo amenazaron de muerte si hacía público el suceso. Inmediatamente, organizaciones internacionales defensoras de los Derechos Humanos activaron un plan de protección para el activista en riesgo. De un momento a otro, se había convertido en una de las tantas víctimas que él mismo atendía en Provea.

Después del secuestro, su rutina no cambió demasiado. Siguió viviendo en Caracas, las “zonas de exclusión” aumentaron, y siguió siendo precavido. Ahora, todas las tardes un policía acude a él para que firme una carpeta donde consta que lo cuidan, aunque esto no evitó que le robaran su teléfono durante su cobertura a las jornadas de protestas de 2017.

También siguió trabajando en Provea.

—Lo peor de estos señores es que buscan intimidarte, hacerte sentir miedo, desesperanza. Han convertido el poder en algo perverso. ¿Y tenemos miedo? Sí, pero seguimos adelante a pesar de él, y esa es su mayor derrota. No luchar es dejarles el país, y no podemos. Tenemos el deber de reconstruir a Venezuela y su tejido social. Fomentar la resiliencia, y resistir. Ayudar a otros es resistir. Trabajar en lo que amamos es resistir. Hacer mejor el futuro para quienes seguimos y también para quienes se fueron es resistir. Resistamos.