Ipys, autor en Runrun

Instituto Prensa y Sociedad

IPYS: Más de 5 millones de venezolanos viven en limbo informativo
En 90 municipios del territorio nacional no se produce suficiente información local

Los desiertos informativos constituyen el hogar de 5.271.753 venezolanos, ha evidenciado la investigación “Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela”, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPYS Venezuela. El estudio detalla que en 90 municipios del territorio nacional es limitada la cobertura de las informaciones por parte de medios de comunicación como emisoras de radio, televisoras, periódicos y portales digitales. Además, indica que otros 122 municipios son considerados desiertos de noticias moderados, y solo 105 municipios tienen suficiente cobertura informativa, es decir, no son desiertos.

Los datos contenidos en “Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela” se obtuvieron mediante la aplicación de encuestas para recopilar información sobre los medios que difunden noticias locales, y estuvo a cargo de la Red Nacionales de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela, entre el 8 de junio y el 15 de julio del 2020.

Los encuestados reportan que de los medios disponibles 79,69% son privados, 13,66% son medios comunitarios y apenas 6,65% son medios estatales.

“Atlas del silencio: los desiertos de noticias en Venezuela” también indica que los portales digitales son los medios más mencionados en los 317 municipios que formaron parte del estudio. Siguieron las emisoras de radio, luego las televisoras y, finalmente, los periódicos impresos. Asimismo, la investigación concluye que en las comunidades consultadas el 74,12% de las menciones corresponden a medios que son de línea informativa no oficial, y el 25,88% corresponde a medios que son de línea informativa oficial.

La aridez informativa en zonas venezolanas se presenta en distintas escalas, reseña el trabajo investigativo. Táchira, con 11, es el estado que tiene más municipios que son desiertos de noticias. Le siguen Aragua con 9, Anzoátegui con 8, Zulia con 7, y Miranda y Cojedes con 6 municipios cada uno. Igualmente, Cojedes es el estado en donde menos refirieron medios de comunicación con apenas 5, seguido por Delta Amacuro con 6 y Apure con 7. En contraposición, Mérida es la entidad con la mayor cantidad de medios reportados al alcanzar 73 plataformas informativas, después están Distrito Capital y Yaracuy con 59 medios cada uno y Falcón con 47. 

De acuerdo con los datos recopilados, Zulia es el estado con la mayor cantidad de habitantes que residen en desiertos de noticias al sumar 929.565 personas. La segunda posición corresponde a Aragua con 792.285 habitantes, seguido de Miranda con 742.787 residentes.

Los resultados más resaltantes del proyecto se presentaron este jueves 24 de septiembre en una transmisión en vivo a través de las plataformas Zoom y Facebook. La actividad contó con las ponencias de Marcelino Bisbal (Profesor Universitario e Investigador de la Comunicación), Silvio Waisbord (Profesor de la Universidad George Washington y Sociólogo), Nathalie Alvaray (Periodista) y Daniela Alvarado (Periodista IPYS Venezuela y coordinadora del estudio). El evento fue moderado por Marianela Balbi, directora ejecutiva de la organización. 

 

Vea el especial interactivo aqui

“Informe Sombra 2019” revela que el periodismo regional ha estado en una encrucijada
El reporte evidencia que hay países en los que se promueve un discurso anti-prensa
En Venezuela, se registraron 642 alertas sobre violaciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en los últimos 12 meses

Las organizaciones que forman parte de la red Voces del Sur presentaron el miércoles 9 de septiembre el “Informe Sombra 2019”, que recopila las alertas relacionadas con las violaciones a los derechos informativos en 10 países de América Latina. Durante una rueda de prensa transmitida por diversas plataformas digitales, miembros de los organismos que integran Voceas del Sur explicaron los hallazgos más resaltantes del monitoreo de la libertad de expresión, libertad de prensa y el acceso a la información en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

Enrique Gasteazoro, Editor del Informe, abrió la ponencia y explicó brevemente el trabajo realizado por Voces del Sur y la finalidad del reporte que busca contribuir con el monitoreo e implementación de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible en América Latina. Asimismo, detalló la metodología utilizada para medir las alertas basándose en el objetivo 16.10.01 que tiene que ver con el “número de casos de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas a periodistas, personal de medios asociados de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en los últimos 12 meses”.

Gasteazoro señaló que “el panorama en el hemisferio es adverso y diverso, aunque similar” en cuanto a libertad de expresión, de prensa y acceso a la información”. Detalló que en 2019 se registraron en total 2.521 alertas y que hubo un aumento de 243% en comparación con 2018, cuando se reportaron 734 alertas. Destacó que “pese al incremento de ataques y agresiones contra la prensa, estas cifras son un avance de la capacidad del monitoreo fortalecido que ha tenido Voces del Sur”.

Luego de esta intervención, tomó la palabra César Ricaurte, representante de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios Ecuador), para profundizar sobre los resultados. Ricaurte manifestó que “2019 fue un año complejo para el periodismo en el continente” y aseveró que “la violencia ha escalado”. Citó el uso abusivo del poder estatal y las torturas contra trabajadores de la prensa como mecanismos preocupantes. “Lo que vemos es un retrato de lo que está pasando en un continente con conflictos sociales”, indicó.

Resultados por países. En el evento de lanzamiento oficial del “Informe Sombra 2019”, Cristina Zahar, de la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji); Adriana León, del Instituto Prensa y Sociedad de Perú (IPYS Perú) y César Ricaurte, narraron los datos más resaltantes de cada uno de los 10 países que se monitorearon.

En primer lugar, Zahar ahondó sobre la situación en Argentina, Brasil y Bolivia. “Los números hablan por sí solos”, dijo antes de expresar que en “Argentina los incidentes contra periodistas se reportaron mayormente en protestas y eventos deportivos”. En cuanto a Brasil, manifestó que “existe una alta vulnerabilidad de los periodistas en el interior del país” y que “el acoso digital ha sido una constante entre los trabajadores de la prensa”.

César Ricaurte afirmó que “en Ecuador los ataques contra la prensa provienen de actores estatales y actores no estatales, en su mayoría grupos violentos”. También dijo que en este país hay un discurso anti-prensa promovido por el gobierno ecuatoriano”. Con respecto a Honduras, resaltó que “es una de las naciones más violentas del continente” y que “hay agresiones perpetradas por parte de actores desconocidos, como bandas delictivas y grupos violentos para estatales”.

Del panorama en Uruguay y Perú, Adriana León reveló que los incidentes registrados son eventos específicos y no una muestra del deterioro estructural de la situación. “Caso contrario a lo que ocurre en Nicaragua y Venezuela, en donde existe un deterioro claro de la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información”, especificó.

Caso venezolano. Venezuela es el país con los números más críticos entre los monitoreados, según el “Informe Sombra 2019”. En los últimos 12 meses, en esta nación se reportaron 642 alertas, un incremento de 228% en comparación al mismo período de 2018, cuando se contabilizaron 196. El reporte evidencia que en el país las cifras son dramáticas, principalmente porque “el Estado ha demostrado su desinterés para proteger la libertad de prensa y de expresión”.

La directora ejecutiva de IPYS Venezuela, Marianela Balbi, también tuvo una intervención durante la ponencia en la que explicó brevemente la situación venezolana. “En Venezuela, las agresiones en contra de la prensa va en ascenso. Al contrario de lo que uno aspira, cada año aumenta la censura”, señaló Balbi. Asimismo, destacó que constantemente surgen mecanismos nuevos para silenciar a los medios y a los periodistas.

Tras explicar el contenido del Informe, se procedió a hablar sobre las conclusiones y las recomendaciones. Estas se basan en tres ejes fundamentales: las organizaciones de la sociedad civil, los Estados y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las exhortaciones tocan aspectos, como la necesidad por establecer un enfoque holístico sobre la seguridad de periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, y la creación de instituciones alternativas que contribuyan con la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información. Finalmente, los oradores de la rueda de prensa abrieron una sección para responder preguntas de los asistentes e inquietudes planteadas a través de las redes sociales.

Lee el informe completo aquí

Balance Especial IPYSve | 2020: Agresiones a mujeres periodistas en Venezuela
Las libertades informativas de 33 mujeres periodistas fueron vulneradas entre enero y febrero de 2020. 
Los simpatizantes oficialistas, los funcionarios públicos y los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios de las agresiones sufridas por las mujeres periodistas

El ejercicio del periodismo en Venezuela se enfrenta cada vez a más obstáculos y las mujeres trabajadoras de la prensa no escapan de este escenario. Entre enero y febrero de 2020, de los 43 casos de agresiones físicas que registró IPYS Venezuela, 22 de estos hechos afectaron a mujeres periodistas.

Fueron 33 mujeres reporteras, productoras, directoras de medios de comunicación y asistentes de producción que, mientras cubrían hechos de interés público, padecieron agresiones físicas, amenazas, hechos intimidatorios y ataques contra sus herramientas de trabajo durante los primeros 60 días del año.

Estas agresiones hacia las trabajadoras de la prensa estuvieron encabezadas por los simpatizantes afines al gobierno de Nicolás Maduro, quienes en coberturas de calle vieron la oportunidad para atacar y limitar el acceso informativo de las reporteras. Los funcionarios públicos y los cuerpos de seguridad del Estado también representaron un riesgo para la labor periodística de las profesionales de la comunicación.

El Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Lara, Carabobo, Sucre, Apure, Táchira  y Trujillo fueron las entidades donde se concentraron los ataques hacia las periodistas durante estos primeros meses de 2020. Solo en el Área metropolitana de Caracas se registraron 17 limitaciones hacia las libertades informativas de las periodistas.

 

Las agresiones vinculadas a la cobertura del Parlamento venezolano marcaron un precedente de gravedad. Los días 5, 7 y 15 de enero, junto a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 naciones, Juan Guaidó, el martes 11 de febrero, dejaron en evidencia el poder agresor de los simpatizantes oficialistas y la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado, donde se vieron afectadas 13 mujeres periodistas. IPYS Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la ONG Espacio Público denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo el jueves 13 de febrero.

Agravios digitales

En los últimos días de febrero destacó que la labor periodística de las mujeres se vio vulnerada principalmente en las redes sociales. Esta organización constató que cinco trabajadoras de la prensa fueron víctimas de amenazas, declaraciones agraviantes y limitaciones a la privacidad. Gregoria Díaz y Lorena Arráiz, corresponsales de IPYS Venezuela en Aragua y Táchira, respectivamente; Omaira Labrador, Ana Cristina Cortés y Yoerli Viloria fueron atacadas a través de las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. También recibieron mensajes y llamadas intimidatorias a sus números personales.

La corresponsal por el estado Aragua para Crónica Uno e IPYS, Gregoria Díaz recibió declaraciones agraviantes, campañas de descrédito y amenazas a través de Twitter, Instagram y los estados de Whatsapp luego que informara a través de su cuenta en Twitter sobre el procedimiento de descarte de un posible caso de Coronavirus (COVID-19) en un ciudadano proveniente de China, en la ciudad de Maracay, el viernes 21 de febrero.

Continúa leyendo en: Ipys Venezuela.

IPYS Venezuela: 534 violaciones a la libertad de expresión en 2019
El Estado fue el principal agresor contra la libertad de expresión en Venezuela durante 2019
Desde 2012 se han registrado 2865 casos que atentan contra este derecho

 

El abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 534 casos que acumularon 1032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos.

Estas restricciones en la labor periodística fueron incluso mayores a las que ocurrieron en el 2017, cuando se constataron 518 casos. El aumento en el número de limitaciones durante 2019 se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el país.

Fueron 12 meses que comprendieron 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna, cuatro casos de impunidad y tres de censura indirecta.

Ipys informó que la mayoría de las incidencias se registraron en los primeros seis meses del año, pues 61% de los hechos, es decir 330 casos, ocurrieron entre enero y mayo. Mientras que entre julio y diciembre se contabilizaron 204 incidentes. Las 1032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana.

 

 

En 2019, esta organización registró un número importante de hechos relacionados con el uso abusivo del poder estatal. Las 512 violaciones bajo esta categoría comprendieron principalmente 101 casos que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 47 detenciones arbitrarias, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 16 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, siete seguimientos y seis deportaciones a periodistas.

Con un total de 47 casos y al menos 76 periodistas vulnerados por estas medidas, de los cuales 48 fueron reporteros venezolanos y 28 corresponsales extranjeros, esta cifra de detenciones arbitrarias solo se compara con las registradas en 2017, que sumaron un total de 54 casos, y que ocurrieron en un escenario donde las libertades informativas también se enfrentaron a grandes riesgos durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas.

Durante 2019, el poder ejecutivo, en distintos niveles, fue el principal victimario. Cometieron 338 casos de violaciones a la libertad de expresión, 155 más de las registradas en 2018, año en el que se contabilizaron 183 casos. 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue el segundo victimario con violaciones reiteradas al sumar 36 incidencias. Seguidamente estuvieron los simpatizantes oficialistas con 34 casos, los tribunales, con 10, y los funcionarios de seguridad de instituciones públicas que fueron responsables de 8 limitaciones. También hubo una participación de victimarios no estatales como desconocidos (50), delincuencia organizada (16), ciudadanos (16), directivos de medios (16) y civiles armados (5).

 

Autoritarismo digital

En 2019 ocurrieron también 191 alertas de restricciones a los derechos digitales de los venezolanos. Esta cifra representa más del doble de casos con respecto al 2018, cuando se registraron 69 incidentes. Las violaciones a las garantías en la red comprendieron 101 restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país, 40 ataques a los servidores de portales informativos y acciones intimidatorias hacia periodistas, 38 bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, 9 restricciones a la expresión en línea, y al menos 3 restricciones normativas. Así lo constató el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.

Estas medidas de censura digital fueron un tema de preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este reporte la ONU constató que en los últimos años el Gobierno venezolano “ha bloqueado regularmente sitios web de noticias y de las principales redes sociales”, y señaló que esta práctica está limitando aún más el acceso a la información independiente de aquellas personas que no tienen acceso a internet. Justamente, en 2019 se mantuvo el patrón de vulneraciones dirigidas principalmente a medios de comunicación independientes. Entre los portales más afectados por estas formas de censura se encontraron: El PitazoEfecto CocuyoArmando.info y Runrunes.

Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de esta organización, junto a las herramientas del Open Observatory of Network Interference (OONNI), una organización mundial encargada de seguir y documentar las interferencias en la libertad en internet, también se corroboraron nuevas incidencias de censura en internet mediante la investigación Intercortados 2019. A partir de la búsqueda de los mismos 25 sitios web de noticias y redes sociales, 628 veces cada uno, durante cuatro días de octubre y desde las conexiones de CANTV, Movistar y Digitel, este trabajo permitió confirmar que los contenidos de estas plataformas fueron bloqueados en un 33% de las ocasiones.

 

*Lea el informe completo en: Ipysvenezuela.org

Ipys: Aparecieron datos de inflación después de 1.000 días pero sigue la deuda informativa

INCOMPLETOS. ASÍ EL BANCO CENTRAL de Venezuela (BCV) presentó los datos de inflación nacional que habían estado represados y bajo opacidad durante tres años y medio.

Según un análisis que realizó IPYS Venezuela, la deuda informativa en cuanto a las cifras de inflación se extendió por más de 1095 días y a pesar de que aparecieron sigue sin conocerse el boletín oficial del Banco Central de Venezuela en el que solía presentar los análisis detallados, las explicaciones de la metodología implementada, el índice de escasez, el índice de diversidad y las desagregaciones geográficas que forman parte del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que contienen los datos con los que se mide la inflación en el mundo.

Esta mora en la información de la inflación en Venezuela se mantiene pese a que el órgano encargado de la política

monetaria del país difundió el 28 de mayo de 2019, las tablas de datos que reflejan los números del comportamiento de la inflación que no se conocían desde diciembre de 2015 y cuyos resultados se difundieron a principios de 2016.

El BCV subió a su sitio web los archivos con los datos, sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta nota, no hubo ninguna acción de comunicación oficial ni en su página digital ni en sus redes sociales, que anunciara la publicación de estos datos así como tampoco la interpretación de estos números, pese a que es el encargado del manejo de la política económica del país. El ente emisor tampoco ofreció un análisis que le permitiera a los ciudadanos comprender las cifras y entender el contexto inflacionario del país.

La tabla de datos difundida en mayo de 2019 por el Banco Central de Venezuela ofrece datos oficiales sobre el comportamiento de la inflación acumulada, que para 2018 fue de 130.060 %, aunque los datos disponibles no especifican a qué periodo del año pasado corresponde esa cifra. En el archivo se lee que la inflación cerró en 2015 en 180%, mientras que en 2013, cuando comenzó su mandato Nicolás Maduro, se ubicó 56%, y en 2011 era de 28 %.

La cifra de inflación de 2018, sin embargo, difiere de los datos sombra que levanta la Asamblea Nacional que indican que en diciembre del año pasado la inflación cerró con una variación interanual de 170.269,1 %, lo que supone una diferencia de 40 mil con respecto al número que divulga el banco central.

Los datos que ofrece el BCV reflejan el comportamiento mensual en 21 rubros, desde enero de 2014 hasta abril de 2019, que evidencian que hubo un aumento del promedio de inflación en todos los sectores de la economía. Vivienda, servicios básicos y bienes y servicios diversos fueron los que tuvieron picos más altos de inflación, que oscilaron entre 176 mil y 486 mil por ciento, según las tablas de datos del banco.

Los cálculos que produce la Asamblea Nacional a partir de la escasez informativa indican que la inflación acumulada para abril se ubicó en 1.304.780,3 %, lo que significa un aumento de 44,7%, según refieren. Otro documento del Banco Central Venezuela indica que la variación mensual para abril de 2018 fue de 1.268.517.190,9 % y representó una variación de 33%.

El Fondo Monetario Internacional ya había reportado para octubre de 2018 que esperaba que la hiperinflación se agravara rápidamente en Venezuela, ante los “déficits fiscales y la pérdida de confianza en la moneda”. El organismo consideró que “Proyectar las perspectivas económicas de Venezuela, incluida la evaluación de la evolución económica pasada y actual como base para las proyecciones, es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades”. También explicó que los datos que reporta el país presentan retrasos y “deficiencias de información”, debido a que los registros son incompletos lo que hace “difícil interpretar algunos indicadores económicos”, del país.

El FMI, además, declaró que los datos de “los precios al consumidor de Venezuela están excluidos”, del reporte que elaboró esta institución sobre las perspectivas de la economía mundial.

La opacidad en materia inflacionaria y la deficiencia en calidad de los datos sobre el comportamiento de la inflación que afecta a Venezuela, según lo reporta el FMI, no se corresponde con lo que establecen los estándares internacionales impulsados por Mercosur, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos sobre las obligaciones estatales de rendir cuenta en materia económica. Estos organismos internacionales consideran que el acceso a información y estadísticas oficiales son necesarias para la evaluación y el análisis del comportamiento de las economías nacionales.

Información en reserva

A pesar de presentar los registros mensuales de inflación que estaban en deuda desde 2014, la Ley del Banco Central de Venezuela, reformada en 2015, mantiene que este organismo se rige por el principio de transparencia, según su artículo 31. Asimismo, en el artículo 40 de esta normativa se decreta la responsabilidad de garantizar el principio de acceso a la información pública establecido en la Constitución Nacional.

En la reforma hecha en 2015 a la Ley del Banco Central de Venezuela, por iniciativa de Nicolás Maduro a través de un decreto habilitante sin la aprobación del parlamento nacional, se estableció la posibilidad de decretar como clasificada o secreta información económica. “El Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades, para suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la Seguridad Nacional y a la estabilidad económica de la Nación”.

Esta modificación significó un retroceso en comparación con la antigua versión de la Ley del Banco Central de Venezuela que estipulaba la obligación de este ente de difundir la información del balance económico de los primeros 15 días de cada mes, así como reportes semestrales.

Las medidas de opacidad en materia económica han ido en aumento a partir de 2013, cuando el gobierno de Nicolás Maduro estableció un decreto de lucha contra la guerra económica, con lo cual se afectó directamente la publicación del comportamiento de la inflación, según una investigación sobre las restricciones al acceso a la información pública en materia económica publicada por la Revista Comunicación.

Ese estudió refirió que entre 2013 y 2016 hubo un descenso tanto en la cantidad de indicadores como en las publicaciones que debería hacer regularmente el BCV para rendir cuentas sobre el desempeño de la inflación en el país. El análisis reveló también que los indicadores que desaparecieron con mayor rapidez fueron los índices de diversidad -que registraba la variedad de marcas y productos en el mercado- y el de escasez -que registraba la carencia en la oferta de productos y servicios básicos-. Estas son dos variables que fueron incluidas por Venezuela en el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor pero son dos indicadores que no se consideran internacionalmente para estimar la inflación.

Deuda informativa

Además de omitir el boletín informativo sobre el comportamiento de la inflación en los datos que publicó el BCV, en mayo de 2019, no especifica la metodología implementada para hacer los cálculos de inflación, lo cual impide conocer los criterios y parámetros que se utilizaron para obtener estos resultados. En 2013 el ente económico informó que había implementado una nueva metodología para medir la inflación justificando una supuesta “guerra económica” pero tampoco se conocieron mayores detalles, según el análisis realizado en la Revista Comunicación.

En 2017 el economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. Puente señaló que la gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse.

El Índice de libertades informativas IPYSve 2018, un estudio que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades, reveló que la consulta de documentos y datos oficiales sobre temas de salud, alimentación, economía, seguridad, educación, entre otros, en instituciones y plataformas digitales fue otra de las situaciones en las que se vio restringida la labor periodística, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tienen los venezolanos. Fue así que 87% de los periodistas encuestados calificaron esta condición con un promedio de 33, que la ubicaron cinco puntos por debajo del valor que obtuvo en el 2017.

Estas carencias informativas en materia de inflación en Venezuela ocurren pese a que el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030 de la Organización de las Naciones Unidas, establece que es necesario “garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”.

Periodismo en recesión | Día Mundial de la Libertad de Prensa
  • Este 3 de mayo IPYS Venezuela reitera la necesidad de autonomía, independencia, diversidad y pluralidad de voces para garantizar el pleno ejercicio del periodismo en Venezuela, así como el respeto al derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los hechos de interés público de manera adecuada, pertinente y oportuna.
  • En el marco de esta celebración, el mandato de la Unesco recuerda que los principios fundamentales de la libertad de prensa constituyen los pilares de la libertad de expresión y también de las sociedades democráticas

 

A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL de la Libertad de Prensa, este 3 de mayo el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela alerta sobre el aumento de los fenómenos de desinformación y las vulneraciones a la libertad de expresión y acceso a la información pública que han ocurrido entre enero y abril de 2019, las cuales sumaron al menos 244 incidentes que dificultaron el derecho de los periodistas y ciudadanos a difundir y consultar libremente informaciones, ideas y opiniones a través de entornos tradicionales y digitales.

Se trata de un número de limitaciones sin precedentes dentro de ese período y que incluso alcanza el 84% de la totalidad de casos registrados en todo el año 2018, cuando se registraron 266 alertas. En este contexto, se han agudizado las detenciones arbitrarias y las medidas de censura en los medios tradicionales y en las plataformas digitales. Fue así que en lo que va de 2019 la arbitrariedad de las autoridades estatales fue responsable de al menos 45 detenciones arbitrarias a periodistas nacionales y extranjeros.

Los datos del sistema de monitoreo de esta organización también demostraron que la cobertura periodística de los hechos de interés público que ocurrieron el martes 30 de abril sobre la situación política de Venezuela, enfrentó obstáculos que acumularon al menos 22 casos de violaciones a la expresión y de acceso a la información. Estos hechos afectaron a periodistas, medios de comunicación nacionales e internacionales, plataformas digitales y a los ciudadanos en todo el país.

IPYS Venezuela insiste en la gravedad de las prácticas de censura que han impedido a los venezolanos acceder a la información de forma libre e independiente a través de internet, lo cual abre las compuertas de los rumores y la desinformación. Según los registros de esta organización, entre enero y abril de 2019 se han registrado un total de 62 casos de limitaciones a los derechos digitales de los venezolanos. De esta cifra, 28 portales fueron bloqueados durante la cobertura de asuntos de interés público y 14  medios digitales se vieron afectados por estas medidas.

Nos preocupa que estas acciones represivas también se relacionan con las trabas que enfrentaron los periodistas y medios de comunicación durante el 2018, año que cerró con 266 casos de violaciones a la libertad de expresión, según el informe anual 2018 de IPYS Venezuela denominado Periodismo migrante, y en el que el Índice de libertades informativas IPYSve arrojó un promedio global de 61 puntos que dan cuenta de un período de restricciones frecuentes en la cobertura informativa, y que demuestran un retroceso de cuatro puntos en comparación con 2017 y 2016, cuando alcanzaron 65 y 66 de promedio, respectivamente. Puedes leer nuestro informe anual aquí.

Este fue el resultado de una consulta que realizó esta organización con 326 periodistas de 18 estados del país, y que reveló que la opacidad y la violencia fueron las condiciones de mayor riesgo para el periodismo en Venezuela en el 2018. Otros de los desafíos que repercutieron sobre el ejercicio periodístico en el país en ese período fueron la migración, los desplazamientos forzados, prohibiciones de salida del país, migraciones de medios tradicionales a entornos digitales, cierre y contracción en la prensa escrita, así como los abusos de poder y las limitaciones en el acceso a la información pública.

En el estudio, las restricciones al acceso a la información tuvieron una valoración promedio de 35 puntos, que demostró que existen inconvenientes graves en esta categoría, y evidencia que aumentaron los impedimentos para el manejo de los datos oficiales en el país. El componente de seguridad de la medición fue el segundo de mayor riesgo en la medición de libertades informativas al obtener un promedio de 50 puntos, que denotan que hubo limitaciones agudas y frecuentes de esta categoría.

Ante estos riesgos, compartimos el llamado de la Unesco que recuerda que “La existencia de medios de comunicación libres, pluralistas e independientes es una condición indispensable   para el buen funcionamiento de las democracias. El periodismo independiente permite exponer los  hechos a los ciudadanos y que estos se formen una opinión. La libertad de prensa garantiza unas sociedades en las que  impere la transparencia y en las que toda persona pueda acceder a la información. El periodismo independiente  analiza el mundo y lo hace accesible a todas las personas, fomentando la diversidad de opiniones”.

IPYS Venezuela considera que urge mejorar las condiciones de libertad de expresión en el país tanto en entornos digitales como tradicionales, y exhorta a las autoridades del Estado a seguir las siguientes cinco recomendaciones para salvaguardar las libertades periodísticas y el derecho de los ciudadanos a estar informados:

  1. Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura.
  2. Mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de diversas políticas y prácticas estatales.
  3. Asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones libremente, sin procesos injustificados, riesgos, amenazas ni presiones.
  4. Implementar de manera urgente protocolos de protección de periodista según las consideraciones de los estándares internacionales y que permitan actuar de manera eficaz y eficiente para que el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal sean efectivamente garantizadas y todas las instancias del Estado respeten y protejan el derecho de toda persona a la libertad de expresión.
  5. Fomentar la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales, y se garantice internet como DDHH.
IPYSVE: Medidas de censura y agresiones han restringido el derecho a la información

DESDE LA MADRUGADA y hasta las 5:30 de la tarde del 23 de febrero, IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión y los derechos digitales en Venezuela en el contexto de las movilizaciones y acciones del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, lideradas por Juan Guaidó y la Asamblea Nacional.

IPYS Venezuela, con el apoyo del Observatorio Abierto de Interferencia de Internet, recogió evidencias de tres bloqueos digitales que han ocurrido durante el día. Los usuarios de Cantv han tenido dificultades para acceder a las plataformas de YouTube y a las herramientas de Google, debido a las medidas de censura que comenzaron a ocurrir a partir de las 11 de la mañana. Se conoció que hubo una orden expresa de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que también censuró el portal del diario colombiano El Tiempo.

Entre el 22 y el 23 de febrero proveedores privados y estatales, tanto de la red fija como móvil, han bloqueo de manera intermitente la plataforma de Facebook, y prohibieron el acceso a contenidos en las páginas ayudaylibertad.com, venezuelaaidlive.mdstrm.com y, venezuelaaidlive.com. Estas páginas fueron bloqueadas por orden expresa de Conatel, de acuerdo a la información que recibió IPYS Venezuela.

El ente regulador de telecomunicaciones también ordenó censurar a la Televisión Nacional de Chile de la parrilla de programación de Directv, que ofrece servicios de TV por suscripción en Venezuela. En horas de la tarde del mismo día 23, Conatel presionó a emisoras de Apure, estado fronterizo con Colombia, para prohibirles cubrir los conflictos de calle. El día anterior, este organismo bloqueó los canales NatGeo y Antena 3, desde Directv y los servicios televisivos de Movistar.

IPYS Venezuela ha registrado seis hechos de retenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas de medios nacionales y extranjeros que cubrían los hechos de conflictos en los estados Táchira, Lara, Zulia y el área metropolitana de Caracas. Estas acciones contra la prensa han sido dirigidas por grupos armados y/o cuerpos de seguridad del Estado.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela exige que se garantice el derecho a la información de los ciudadanos, tanto en los entornos tradicionales como digitales, y recuerda que el acceso a la información y la expresión no pueden ser suspendidos ni siquiera en situaciones de emergencia, de acuerdo con los principios constitucionales.

Nelson Bocaranda: “El gobierno quiere que yo sienta lo que muchos de ellos sienten: que no pueden salir a ninguna parte”
Bocaranda está obligado a permanecer en Venezuela porque le anularon el pasaporte. “¿Tú sabes lo que es que no tenga la libertad de salir?”, dice a IPYS Venezuela para un video de la serie “Que nadie nos calle”


EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, el periodista Nelson Bocaranda se disponía a salir de vacaciones junto con su esposa Bolivia, cuando funcionarios de inmigración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía le retuvieron el pasaporte sin orden judicial. Bocaranda estuvo más de una hora retenido en el aeropuerto, y cuando fue a la oficina del Saime, ya en Caracas, los funcionarios sencillamente no le devolvieron el documento argumentando que en el sistema aparecía “anulado”

El periodista venezolano asegura en este video de la serie “Que nadie nos calle“, realizado por Instituto Prensa y Sociedad, que tuvo que salir en una oportunidad por seis meses del país porque querían obligarlo a revelar el nombre de la fuente que le suministró información sobre el cáncer del entonces presidente Chávez.

 

 

Ipys Venezuela lleva en marcha la campaña “Que Nadie Nos Calle”, una serie de testimoniales que abordan historias relacionadas con violaciones de los derechos de los periodistas.

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