Ipys: 18 trabajadores de la prensa fueron asesinados desde 2002 - Runrun
Ipys: 18 trabajadores de la prensa fueron asesinados desde 2002
“Entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, señala el informe

 

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se conmemora cada 2 de noviembre desde 2013. Esta fecha reivindica la lucha por hacer justicia en los casos en los que los trabajadores de la prensa han sido víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, secuestros e incluso asesinatos. IPYS Venezuela se suma a esta lucha y presentó “Reporteros asesinados: Los rostros de impunidad”

Si bien en Venezuela el asesinato contra los trabajadores de la prensa no es un flagelo de altas cifras, tales hechos representan la expresión más extrema de la violencia y la más grave violación a los derechos humanos de un individuo. En simultáneo, otras garantías ciudadanas se ven vulneradas, como el derecho a informarse, a denunciar y a la libertad de prensa.

En Venezuela, desde 2002 se han registrado 18 homicidios a reporteros en nueve áreas geográficas del país, de acuerdo con datos de IPYS Venezuela. El Área Metropolitana de Caracas ha sido el escenario con la mayor cantidad de hechos, enumerando cinco asesinatos contra trabajadores de la prensa, luego Aragua (3), Cojedes (2), Lara (2), Sucre (2), y en Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Zulia fue perpetrada la muerte de un periodista en cada entidad en manos de las fuerzas públicas o el crimen organizado.

 

Los años 2006 y 2009 fueron los más violentos para los comunicadores en Venezuela. En cada año se reportaron tres homicidios, uno más que los registrados hasta octubre de 2020, año en el que se han documentado dos sucesos. 

Según los registros de esta organización, a lo largo de estos años, 11 de  18 trabajadores de la prensa fueron asesinados mientras ejercían sus labores informativas, o posterior a haber realizado denuncias y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando. La poca información de los otros siete casos no permitió precisar las reales vinculaciones de sus asesinatos con la labor informativa.

Una característica particular es que los seis trabajadores de la prensa asesinados en los últimos siete años, es decir, desde 2014, eran simpatizantes oficialistas, dirigentes políticos del chavismo o disidentes críticos del proceso revolucionario. Álvaro Cañizalez Godoy (2014), Ricardo Durán (2016), Yolman Briceño (2017), Alí Domínguez (2019), José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, (ambos en 2020), compartían el mismo interés por el activismo político del chavismo, aunque algunos eran detractores de la administración y políticas de  dirigentes regionales.

El informe de Ipys precisó que “el asesinato contra estos trabajadores de la prensa a lo largo de los años, deja en evidencia la progresiva escalada de violencia que viven los medios de comunicación y los reporteros en todo el territorio a la hora de realizar coberturas informativas o denunciar sobre hechos de interés público”. 

El reporte concluyó que la cultura de la impunidad se ha instaurado en el país. Además de señalar que “entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, en este informe.

 

IPYS Venezuela exigió al Estado continuar con las investigaciones de los asesinatos ocurridos y garantizar la protección a los trabajadores de la prensa en el desarrollo de sus labores informativas.

“IPYS recuerda al Estado que es su responsabilidad garantizar los mecanismos necesarios para la seguridad y protección de los trabajadores de la prensa como recomiendan organismos internacionales como la Unesco. La garantía de no repetición de las violaciones contra los miembros de los medios de comunicación es un compromiso adquirido por el Estado, así como procesar a los involucrados en hechos que atenten contra la integridad de los reporteros y del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”, concluyó el informe.

 

*Puede leer el informe completo AQUÍ