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Tribunal de Barinas decreta prisión preventiva para 11 implicados en el homicidio del fanático del Zamora FC

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Tras casi cinco horas de sesión y en medio de un marcado hermetismo judicial, el Tribunal de Control de Barinas decretó medida de privación de libertad contra once hombres vinculados al homicidio de Luis “Rafita” López, reconocido seguidor de la barra brava “Burra Brava” del Zamora Fútbol Club.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra tres de los procesados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en concurso real con agavillamiento. 

Según la acusación fiscal, este grupo lo integran:

  • Luis Gutiérrez (31 años), señalado como el autor material de las heridas con arma blanca.
  • Cristian Castro (23 años), procesado por causarle lesiones a la víctima con una botella.
  • Yeferson Zambrano (27 años), acusado de agredir físicamente a López y despojarlo de sus pertenencias.

Los otros ocho detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, fueron imputados bajo las mismas figuras delictivas, pero en grado de complicidad correspectiva. 

Las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) los señalan por su participación activa en la golpiza contra la víctima, ocurrida el pasado fin de semana en Barinas.

De acuerdo con el periodista deportivo, Esteban Rojas funcionarios de seguridad incautaron en los dos buses que trasladaron a los barristas del Deportivo Lara los siguientes elementos: objeto punzo cortante artesanal, cuchillo táctico, seis cuchillos de cocina, bate, machete, destornillador y corta exacto.

Rojas agregó que según reporte del Cicpc, los aprehendidos “agredieron a la víctima, arrojándole objetos contundentes y dándole patadas en el suelo para luego propinarle dos heridas punzo penetrantes que le causaron su muerte”.

El tribunal ordenó que los once imputados permanezcan bajo custodia en la sede del Cicpc de Barinas, a la espera de que se defina su sitio de reclusión definitivo.

Defensa pide traslado a Uribana

La defensa solicitó la radicación del caso en dicha entidad y pidió el traslado inmediato de los detenidos hacia el Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, conocido como “Uribana”, ubicado al norte de Barquisimeto.

Esta solicitud introduce un nuevo compás de espera judicial, ya que el tribunal deberá pronunciarse sobre la competencia territorial del caso y la viabilidad del traslado, una medida que en el sistema penitenciario venezolano suele responder a preocupaciones de seguridad de los privados de libertad o a dinámicas de distribución poblacional carcelaria.

Evitando posibles sanciones, una comunicación enviada por el Deportivo Lara a la Liga de Fútbol Profesional y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) niega una posible negligencia institucional en el incidente, así como cualquier vinculación con los sujetos involucrados en el delito.

Duelo en las gradas

Paralelamente al proceso judicial, los restos de “Rafita” López fueron despedidos entre el martes 3 y el miércoles 4 por familiares, amigos e integrantes de la barra del equipo blanquinegro. El cortejo fúnebre, marcado por cánticos y el despliegue de banderas, incluyó una parada simbólica frente al estadio Agustín Tovar “La Carolina”, a pocos metros del punto exacto donde la víctima cayó mortalmente herida el pasado domingo.

El caso ha generado conmoción en el ámbito del fútbol venezolano y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los aficionados y la violencia asociada a las barras bravas en los estadios del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Utopix: al menos 81 femicidios ocurrieron en Venezuela en el primer semestre de 2026

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La ONG Utopix informó este 5 de noviembre que al menos 81 femicidios fueron consumados en Venezuela entre enero y junio de 2026. Advierten que la cifra es un subregistro: los reportes provienen de medios de comunicación y redes sociales, el Gobierno no da información sobre la violencia basada en género.

Los estados con mayor concentración de casos fueron el Zulia y Miranda, con 12 casos cada uno. Luego están los estados Aragua, Carabobo y Falcón, con 6 casos cada uno.

Las víctimas tenían edades comprendidas entre 20 y 50 años. «Esto es una variación respecto a años anteriores, donde teníamos que incluir a adolescentes, desde los 16 años», explicó Aimee Zambrano, directora de Utopix, en las redes sociales de la ONG.

En el mismo semestre se registraron al menos 94 casos de femicidios en grado de frustración, donde el victimario no pudo consumir el asesinato.

La ONG denunció que al menos 34 niños, niñas y adolescentes venezolanos quedaron en orfandad por los casos de violencia documentados.

Utopix también documentó que al menos 57 mujeres fueron víctimas de femicidio en otros países de América. Entre los países con mayores registros están Colombia (con 22 casos), Ecuador (con 14), Brasil (con 7), Perú (con 5), Trinidad y Tobago y Estados Unidos (con 3 casos cada uno), Chile (con 2 casos), Bolivia y España (con 1 caso cada uno).

Una estadística parcial de la violencia

De los 81 femicidios consumados en Venezuela, las autoridades pudieron identificar a 101 victimarios. De ese grupo, solo 55 (54,46 %) están presos. Otros 10 están en fuga ante la justicia y al menos 6 se suicidaron después de cometer el asesinato.

Sobre las víctimas, Utopix destacó que al menos 11 sufrieron abuso sexual antes de ser asesinadas, otras 11 sufrieron torturas y en al menos 22 casos las autoridades encontraron el cuerpo abandonado en la vía pública.

En al menos 6 casos la víctima ya había denunciado su caso de violencia basada en género y otras 6 habían documentado los antecedentes de acoso previo al asesinato.

Zambrano denunció que estos casos fueron prevenibles si el Estado activara sus instituciones gubernamentales ante la violencia de género.

«Tiene que haber partidas específicas sobre este tema. Tiene que haber formación constante a todo el personal Tiene que haber, además, una campaña de comunicación permanente en los medios, en el espacio público y en las redes sociales», denunció la directora de Utopix.

Teléfonos de emergencia

Ante un caso de violencia basada en género o su sospecha, puede contactarse de forma segura a los siguientes números de teléfono:

  • Instituto Nacional de la Mujer: 0800.685.3737
  • Plataforma Yo Estoy Informada (AVESA): 0424.166.2220
  • Línea PsicoApoyo Por Nosotras: 0212.414.5114 (Marcar la Opción 1)
  • Alianza Cepaz, Fundamujer y CEM-UCV: 0424.183.1025 / 0414.281.2077 | Correo electrónico: fundamujervenezuela@gmail.com
  • Cecodap (para niñas y adolescentes): 0414.269.6823 / 0424.284.2359

Sectores de salud, magisterio y universitario convocan a paro nacional el 16 de noviembre

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En una asamblea intersectorial nacional celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV) este 5 de noviembre, trabajadores de los sectores de salud, magisterio y universitario anunciaron un paro nacional de 12 horas para el lunes, 16 de noviembre.

Durante el evento celebrado en la Facultad de Humanidades de la UCV, los trabajadores recalcaron su exigencia de salarios y pensiones dignas y el respeto a las convenciones colectivas.

«Creo que aquí tenemos que ir a un paro nacional», dijo durante su intervención la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez. «Ya basta de estar tranquilos. Llegó la hora, señores», ratificó, en medio de aplausos a su propuesta y de los gritos de los asistentes, quienes coreaban «paro, paro».

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la @fevemaestros no descarta la posibilidad de convocar a un paro nacional, para presionar al Ejecutivo a cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

Esto lo dijo durante su intervención en la asamblea intersectorial nacional que se desarrolla en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la UCV.

🎥 @APUCV— PROVEA (@_Provea) November 5, 2026

Semanas de protestas

Mientras tanto, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), afirmó que el paro se hará también para expresar solidaridad con una huelga de hambre que mantienen los empleados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar. Este 5 de noviembre la empresa estatal anunció que se reunirá con las asociaciones de jubilados, trabajadores y sindicatos de las empresas básicas que trabajan en la Amazonía venezolana.

Sin embargo, las autoridades locales del estado Bolívar no incluyeron a los trabajadores que llevan 22 días de protesta, además de más de 130 horas de huelga de hambre, para exigir un pago de 1200 dólares por concepto de utilidades, reportó el medio Correo del Caroní.

«Acordamos en conjunto que, ante la ausencia de respuestas al pliego de denuncias que entregamos el pasado 13 de octubre a Miraflores, convocamos a un paro nacional», destacó Afonso.

«Creo que el Gobierno debe atender de una vez el tema laboral. No puede estar atendiendo otros temas», agregó el presidente de la APUCV. «[El país] tiene una enorme deuda externa, tiene una deuda significativa con lo que les expropió a los empresarios. Pero la deuda más importante es la que tiene con los trabajadores, quienes son los que generan el valor a nuestra sociedad».

Desde el año 2022 el Gobierno venezolano no ha modificado el salario mínimo, que sigue siendo de130 bolívares, equivalentes a 0,145 dólares estadounidenses según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela del 5 de noviembre de 2026. Desde junio de 2025, el umbral de pobreza extrema fijado por el Banco Mundial es de un ingreso de 3 dólares diarios.

El “rodrigato” dejó en visto a expertos de la ONU que solicitaron información sobre bloqueos de Conatel

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El Estado venezolano incumplió una vez más su obligación de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos. 

En esta ocasión, el gobierno de Nicolás Maduro dejó vencer el plazo de 60 días para responder a 14 preguntas formuladas por cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los bloqueos sistemáticos de páginas web y servicios digitales en el país.

La comunicación, identificada con el código AL VEN 4/2026, fue enviada el 4 de septiembre de 2026 por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, la Relatora Especial sobre la libertad de opinión y de expresión, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad. 

El silencio oficial consolida un patrón de opacidad en torno a las órdenes de censura que, según las denuncias, emanan de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El mapa de la censura y los proveedores involucrados

Los expertos de la ONU señalaron que los bloqueos habrían sido ejecutados por los principales proveedores de servicios de Internet (ISP) del país: Cantv, Digitel, Telefónica Venezolana C.A. (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network.

Las restricciones se habrían intensificado notablemente durante la campaña de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y en el periodo postelectoral. 

Para dimensionar el alcance de esta práctica, los relatores citan el informe presentado el 26 de junio de 2026 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos.

Dicho documento constata el “bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web” por parte de proveedores públicos y privados. De esta cifra, 39 corresponden a medios de comunicación, además de una plataforma de redes sociales, 27 servicios de privacidad en línea y plataformas de distribución de contenidos multimedia.

Opacidad en medio de la emergencia

Uno de los puntos más críticos señalados por la ONU es el impacto de estos bloqueos durante situaciones de desastre. Tras los terremotos del 24 de junio de 2026, aunque se levantó temporalmente el bloqueo a la red social X (antes Twitter), la mayoría de las páginas web y medios de comunicación permanecieron inaccesibles.

Los expertos advirtieron que esta medida “afectó la difusión de reportes sobre la magnitud e impacto del desastre, la asistencia humanitaria disponible, la búsqueda de personas desaparecidas y otros asuntos de interés público”. 

Para la ONU, mantener estas restricciones durante una emergencia humanitaria incumple el deber del Estado de garantizar el derecho de la población a acceder a información confiable y oportuna.

Un patrón contra la sociedad civil y el debido proceso

La comunicación de la ONU expresa una profunda preocupación por la falta de uniformidad en la implementación de los bloqueos entre los distintos proveedores de Internet. Esta disparidad, señalan, “plantea interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales las autoridades competentes supervisan y revisan las medidas de bloqueo”.

Además, los relatores alertan que los requerimientos de Conatel “podrían no haber cumplido con determinadas garantías previstas en la legislación nacional, incluyendo disposiciones constitucionales y administrativas pertinentes”. La falta de respuestas de Conatel y de las empresas de telecomunicaciones a las solicitudes de información de la sociedad civil “suscita preocupaciones respecto del cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública”.

Este escenario de censura digital tiene un impacto directo en la labor de la sociedad civil. Los mecanismos de la ONU destacaron que estos obstáculos restringen el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos, especialmente en lo referente a la documentación y difusión de posibles violaciones.

Finalmente, los expertos cuestionaron si el Estado venezolano ha incumplido su deber de proteger los derechos humanos en el contexto de las actividades de los proveedores de Internet, instando a adoptar medidas para prevenir impactos adversos, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Hasta la fecha, ni Conatel ni la vicepresidencia del área política han emitido pronunciamiento alguno sobre el contenido de la comunicación AL VEN 4/2026.   

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Morir en Venezuela es igual o más costoso que vivir

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Mientras habla, Yesenia Simoza hurga en su cartera. Está buscando algo que ni siquiera sabe qué es, responde de forma automática. Su cuerpo está en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en la urbanización Bello Monte de Caracas, pero su mente pareciera divagar en otro lugar.

Su hermano de 62 años apenas había muerto el día anterior de un infarto en su residencia de la carretera vieja Caracas-La Guaira.

“700 dólares sin hueco”, dice con absoluta convicción. Eso cuesta enterrar el cuerpo de su hermano. Afortunadamente, su familia cuenta con el dinero que se debe “tener de un día para otro”, dice la propia Yesenia.

Pero esa no es la situación de otra persona que prefirió no decir su nombre y que también estaba el fin de semana pasado en la Morgue de Bello Monte, cuyo familiar de apenas 39 años murió de un infarto luego de recaer de una tuberculosis. 

“También tenía problemas en los riñones. Él estaba en situación de calle desde hace tiempo, dejó a dos hijos huérfanos”, dijo, quien espera que alguna entidad gubernamental la ayude a costear los 550 dólares que le está exigiendo la funeraria para inhumar el cuerpo en el Cementerio General del Sur.

A pocos metros, Aixa* coincide en que es complicado juntar divisas en Venezuela de manera casi inmediata ante una situación extraordinaria como esta, cuando el sueldo mínimo oficial sigue siendo el peor del mundo (alrededor de 0,15 dólares mensuales) y la gente “sobrevive” con bonos subsidiados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya tutela ostenta la administración estadounidense del presidente Donald Trump.  

Aixa y sus hermanas decidieron cremar a su padre de 60 años. Por fortuna, cuentan con los $350 que les piden. “Gracias a Dios entre todos pudimos, pero no es fácil”, expresó. 

La crisis reduce horarios y servicios prestados

“El maracucho” tiene 15 años orbitando en Bello Monte. Trabaja para la Funeraria Noris Díaz.  Sus clientes son básicamente exclusivos de la morgue principal de Caracas.

“El costo de un servicio depende de lo que quiera el familiar, pero aquí oscilan entre 300 y 650 dólares”, precisó, con su acento zuliano.

Según “el maracucho”, muchos carecen de esa cantidad y sus familiares permanecen en la morgue por un lapso aproximado de 15 días. “Después de eso, los cuerpos van a una fosa común”, advirtió.  

Aunque parezca extraño por la cantidad de muertes que hubo en 2026 en Venezuela, producto de los dos terremotos del pasado 24 de junio, “el maracucho” asegura que a nivel de ingresos económicos funerarios, “este ha sido el peor año”.   

“¿Cómo le vamos a cobrar plata a alguien que viene de atravesar una tragedia? Hubo mucha ayuda de parte de este gremio”, reveló.

Atravesando el río Guaire, una empleada de una reconocida funeraria ubicada en La Florida indicó que el servicio mínimo cuesta en el lugar unos 1500 dólares “y que mayoría de la gente tiene un seguro”.  

La Funeraria, donde antes había varias velaciones al unísono, sólo tenía tres servicios un domingo en la mañana.  Ya no hay comida y bebida variada para atender a sus clientes, únicamente pequeños vasos de café, manzanilla e infusiones.  “Imagínate cuánto costará en el cementerio de La Guairita”, dijo la empleada. 

En estos centros ahora se ofrecen servicios velatorios por horas, ajustados a las capacidades económicas de las familias. Atrás quedaron los amaneceres en la funeraria y los horarios prolongados de los servicios. Por razones de seguridad, las capillas también son cerradas después de las 9 de la noche en muchas zonas.

El derecho a la muerte digna también se vulnera

Lamentar la pérdida de un ser querido y enfrentar la imposibilidad económica de costear un entierro o cremación es una situación dolorosa. Cuando el Estado o el sistema de salud pública terminan disponiendo de un cuerpo en una fosa común debido a la falta de recursos de la familia, se vulnera principalmente el derecho a una sepultura digna y el derecho al duelo, los cuales forman parte de un entramado de derechos humanos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como en el contexto venezolano.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CRBV (Artículo 21) prohíben la discriminación por condiciones sociales o económicas. Cuando el acceso a una despedida digna y a una parcela individualizada queda restringido únicamente a quienes pueden pagar los altos costos del sector privado, se genera una vulneración al derecho a la igualdad, donde la pobreza priva a los ciudadanos de un trato humano y respetuoso en sus momentos más vulnerables.

Los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia señalan que el respeto al cuerpo del fallecido es una extensión del derecho a la dignidad, como lo recordó Cofavic el pasado mes de julio de 2026 tras expresar su preocupación por la falta de recuperación e identificación masiva de las personas fallecidas en los terremotos de La Guaira. 

El último balance oficial de los muertos por los sismos del 24 de junio que compartió el gobierno fue el pasado 24 de agosto. En ese reporte, publicado exactamente dos meses después del doble terremoto, las autoridades consolidaron la cifra oficial en 6509 fallecidos y 226 696 personas atendidas en centros hospitalarios. Desde esa fecha, el boletín de víctimas no ha vuelto a ser actualizado de forma oficial, pese a que aún continúan los rescates de cuerpos en zonas como Caribe y Caraballeda.

De acuerdo con defensores de derechos humanos y organismos como la OPS/OMS, toda persona fallecida tiene derecho a ser plenamente identificada y a conservar su trazabilidad jurídica. Cuando un cuerpo es arrojado a una fosa común, se borra su rastro físico y se imposibilita que los familiares conozcan el paradero exacto de los restos o puedan realizar una exhumación en el futuro. Esto vulnera de forma directa el derecho de la familia a conocer la verdad. 

Cuanda una familia o pariente no puede enterrar a su ser querido conforme a sus creencias, al saber que terminó en una fosa anónima o cuando ni siquiera se pudo garantizar la recuperación de su cuerpo tras  un desastre socioambiental  para cumplir con el ritual social del velorio o la sepultura,, se genera lo que en la psicología y el derecho se considera “daño moral profundo” o “trauma extendido”. Al no permitir el cierre del ciclo, el Estado indirectamente vulnera la salud mental y la integridad psíquica de los allegados, un derecho consagrado en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

*Nombre cambiado por petición de la entrevistada    

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Plataforma Constructores: recomiendan suspender el registro biométrico y auditar el sistema

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Con la mira puesta en un eventual escenario de “transición”, el partido político Vente Venezuela lanzó el pasado 24 de octubre del 2026 de forma oficial “Constructores“, una plataforma digital interactiva diseñada para llevar un registro de ciudadanos (con mayoría de edad) dentro y fuera del territorio nacional.

  Aunque la herramienta busca estructurar un censo descentralizado y servir como un canal permanente de participación ciudadana, la seguridad de su plataforma fue cuestionada por especialistas durante un foro realizado por la ONG “Conexión Segura” este 4 de noviembre del 2026.

La página de Constructores tiene como propósito principal recabar información sobre la ubicación geográfica de los ciudadanos, así como mapear redes familiares para conformar una base de datos orientada a la organización electoral. Este registro busca servir como un elemento de presión y preparación logística para facilitar la actualización e inscripción en el Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

  A través de “Constructores”, los participantes podrán identificarse mediante una verificación biométrica, indicar su ubicación y aportar información de valía sobre la realidad de las familias venezolanas dentro del territorio nacional. Asimismo, esta plataforma permitirá responder consultas y presentar propuestas para las comunidades, municipios y estados del país.

    Este instrumento está diseñado para ejecutarse mediante fases progresivas de recolección de información. La primera incluye un estudio de ubicación y parentescos para mapear la posición de los ciudadanos y sus núcleos familiares, además de un registro enfocado en consolidar una base de datos verificada de venezolanos fallecidos cuyos nombres las autoridades electorales aún no han depurado de los padrones oficiales. La segunda incorpora encuestas sobre dinámicas socioeconómicas familiares, espacios interactivos de consulta vinculados al plan de desarrollo del país (Venezuela Tierra de Gracia) y un módulo de presupuesto participativo.

   No obstante, la abogada y defensora de derechos humanos Marianne Díaz Hernández alertó sobre los riesgos de la suma de información por capas: “Por más que estamos hablando de etapas, lo que se está diciendo es que esos datos se van a construir uno sobre otro en una sola base de datos y ningún partido político debería amasar esa cantidad de datos sobre una persona”.

¿Es segura para los venezolanos?

Díaz Hernández alertó sobre las implicaciones éticas y de control ciudadano derivadas de la recolección de datos biométricos.

 Al referirse a la exigencia de escaneos y validaciones físicas en plataformas de registro, la especialista advirtió sobre la vulnerabilidad que experimenta la ciudadanía cuando pierde el dominio de su información personal y corporal. En su análisis, esta pérdida de control no solo vulnera la privacidad individual, sino que constituye un factor que debilita y erosiona los cimientos de la convivencia democrática.   

Asimismo, hizo énfasis en el riesgo existente en el destino de los datos personales que suministran quienes se inscriben en “Constructores”.

“Un partido político no puede actualizar el registro electoral permanente. Ese escenario en el que se recopila una base de datos y se pasa al CNE y este actualiza, no es verdad”, expuso.

El riesgo de los datos biométricos

Por su parte, el director de la ONG y del programa “VE sin Filtro”, Andrés Azpurúa comentó que a diferencia de la huella donde “tienes que estar interactuando con un dispositivo”, el reconocimiento facial expone tu cara constantemente. Hizo una comparación para ilustrar este punto: “Es como si te obligaran a salir con una pancarta con tú número de cédula de identidad”.

La abogada Marianne Díaz Hernández dijo que más allá de que la plataforma esté blindada en seguridad y sea difícil hackearla, los datos “están siendo manejados por voluntarios, porque esto es una organización, asociación civil… No es el Estado”. Enfatizó que es imposible trazar una ruta para saber quién tiene acceso a esta información que incluye dirección, familiares, nombre, número de cédula y rostro.

En este mismo orden de ideas, el Ingeniero en sistemas, Giuseppe Gangi, proclamó que “una información tan delicada amerita auditorías externas, de alguna manera. Si el código estuviera abierto sería otra historia, y aún así todavía habría dudas”.

Durante el mismo foro organizado por la ONG Conexión Segura, la ingeniera y activista de derechos humanos Valentina Aguana Villegas advirtió sobre las deficiencias técnicas y de transparencia en los procesos de validación de identidad que implementan este tipo de herramientas.

   Aguana Villegas indicó que el sistema efectúa cruces entre las plantillas biométricas de los usuarios y señaló las diferencias operativas frente a la administración de datos públicos por parte del Estado, la cual está sujeta a licitaciones y marcos normativos formales. Al respecto, apuntó que el manejo de esta infraestructura por parte de una organización política opera bajo otros parámetros en materia de estándares técnicos y supervisión externa.

Sugieren auditorías y frenar recolección de información biométrica

Gangi comentó que la organización política Vente Venezuela ha estado abierta a escuchar opiniones y a conocer las vulnerabilidades que el ingeniero en sistemas ha encontrado, las cuales han corregido. No obstante, instó a que las personas que se encuentran en la parte técnica de la plataforma entiendan que “se necesita más para creer y tienen que ir a buscar ese más, que son auditorías, explicar bien las cosas”.

Por su parte, Marianne Díaz Hernández reveló que “tiene que detenerse la recolección de datos biométricos y tienen que eliminarse los datos biométricos que ya se han recogido. apuntó también que la sociedad civil y los actores políticos deben impulsar juntos una ley de protección de datos personales que, según considera, “Ha sido urgente desde hace una década”.

A modo de cierre, los especialistas aclararon que este tipo de iniciativas no buscan desestimular la movilización cívica ni el uso de herramientas digitales para la organización ciudadana, sino señalar las inconsistencias estructurales detectadas. En consecuencia, concluyeron que es necesario que la plataforma corrija sus términos y condiciones, permita auditorías independientes y garantice la consistencia en su funcionamiento.

  Asimismo, recomendaron a la ciudadanía abstenerse de entregar datos biométricos hasta que el sistema cuente con auditorías técnicas validadas, un respaldo legal transparente, jurisdicciones claras y pruebas públicas verificables que resguarden la privacidad de los usuarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Laura Louza cuestiona el baremo para elegir magistrados al TSJ

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Venezuela se encamina a renovar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Hay una ley reformada, un comité de postulaciones, un consejo de verificación de credenciales y un baremos que, para Laura Louza, abogada y directora ejecutiva de Acceso a la Justicia, es una buena noticia a medias porque su diseño “apunta hacia otro perfil del que exige la Constitución”.

Un techo que iguala y un perfil que se favorece

Durante su participación en Espacio Runrunes junto a Luis Ernesto Blanco, Louza advirtió que, si bien el baremo asigna el mismo peso a los tres perfiles que contempla la Constitución: abogado litigante, juez y académico, el problema está en cómo se puntúa. “Se otorgan puntos por cada año, pero con un techo en los 15, de modo que quien tiene 30 no mejora su credencial. Estás premiando al que tiene uno”, sintetiza.

Según su lectura, el perfil jurisdiccional es el más beneficiado. Un juez que lleve 15 años en el cargo puede acumular el máximo de puntos, aun cuando, recuerda, en Venezuela no hay carrera judicial: los jueces son de libre nombramiento y remoción y no hay concursos públicos de oposición desde 2003. El baremo suma un punto por haber ganado un concurso de oposición, pero sin exigir que sea público, como ordena la Constitución.

La directora de Acceso a la Justicia recuerda que quienes llevan quince años en el sistema judicial“son personas leales que no tienen carrera porque no hay carrera judicial en Venezuela. No entraron por concurso y han permanecido por afinidad con el poder”. La lealtad, en su lectura, es lo que el baremo termina premiando.

El sesgo, advierte, no se limita a los jueces. El baremo da puntos por haber sido fiscal o procurador, y para los abogados en ejercicio, por haber defendido a la República en el exterior, algo que “solo logra alguien afín al gobierno”. En el perfil académico pesan más los cargos de gobierno universitario que la producción intelectual, en un país donde las elecciones universitarias estuvieron suspendidas durante años.

Un comité con mayoría oficialista

Louza ha cuestionado que se presente al Comité de Postulaciones como independiente y recuerda que de sus 11 diputados, ocho son del partido de gobierno, y los otros tres pertenecen a Fuerza Vecinal, Nuevo Tiempo y Unidad y Cambio, partidos cuya oposición genuina ella pone en duda. Del lado de la sociedad civil, dice que al menos dos integrantes tienen vínculos con el chavismo. Aun haciendo la cuenta más favorable, concluye, “igual tiene mayoría el chavismo”.

La presidencia y la directiva del comité están en manos de diputados, algo que considera inconstitucional. El reglamento interno no se ha publicado. Por eso, aunque la Asamblea Nacional informó que el baremo fue aprobado por unanimidad, Louza expresa su duda: “Yo no creo que alguien independiente pueda aceptar un baremo así”.

Luces: transparencia, cronograma y un contrapeso

Sin embargo, la abogada también reconoce avances. Se publicó el número de plazas (32 magistrados principales y 32 suplentes), hay un cronograma y se creó un Consejo de Verificación de Credenciales de siete expertos, cuatro de ellos con trayectoria independiente, que funciona como contrapeso aunque no está previsto en la ley. También destaca que figuras reconocidas, como Jesús María Casal, hayan decidido postularse.

Del otro lado, ve trabas prácticas: las postulaciones se entregan en carpetas físicas, sin sistema digital ni base de datos. Se permitió que un apoderado notariado consigne los documentos, pero con menos plazo, lo que perjudica a quienes están en regiones o en el exterior. El requisito de renunciar a la doble nacionalidad puede además alejar a juristas reconocidos.

Con respecto a la presión que pueda ejercer Estados Unidos, Louza dice no tener claro que el tutelaje comprenda la complejidad del caso. Recuerda que la promulgación de la reforma al artículo 65 se retrasó cinco días más de lo que establece la Constitución y que no ha visto “un equipo técnico” que levante una base de datos pública de postulados con sus puntos. Considera que se tratan como equivalentes dos partes que no lo son: hay una que controla el territorio y las instituciones. Pide “líneas rojas” más firmes y escuchar más a la sociedad civil.

Qué sigue

Tras el cierre de postulaciones, previsto para la semana que viene, se publicará la lista completa y se abrirá un lapso de 15 días continuos para que cualquier ciudadano impugne a un postulado. Louza pide a quienes se postulen que guarden constancia de su consignación, para poder reclamar si no aparecen en la lista. Luego vendrá la preselección, que debería ser el triple de las plazas, su paso por el Poder Ciudadano y la plenaria de la Asamblea Nacional.

Para ella, lo que está en juego trasciende al tribunal: el TSJ nombra jueces, administra el presupuesto judicial y tiene la última palabra en la relación entre el Estado y el ciudadano. Su prueba de fuego será que acate las decisiones del sistema interamericano y de la ONU que hasta ahora ha desconocido. “Estamos en un momento de luces y sombras”, resume, “yo diría que son más las sombras todavía”.

El Mañanero del 5 de noviembre: Piden al nuevo Senado de EE. UU. poner la lupa sobre Venezuela

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves ,5 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Laboratorio de Paz instó al Senado estadounidense a investigar los acuerdos alcanzados por la administración republicana con las autoridades venezolanas y a exigir transparencia sobre sus condiciones y consecuencias. Consideró que el Congreso debe ejercer sus mecanismos de control sobre las decisiones de la Casa Blanca y prestar especial atención a las condiciones políticas e institucionales de Venezuela.

Recién salido del horno: otras noticias

De espaldas a la sociedad civil: AN aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio

”Rodríguez busca ser indispensable para Trump”:  Reacciones a posible acuerdo militar con EE.UU.

Mesa de diálogo instala Consejo para revisar credenciales de postulados al TSJ

Delcy Rodríguez vaticina un gran “boom” económico y otras perlitas

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos…)