La Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025)—representada en su mayoría por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— aprobó en primera discución la reforma de la Ley contra el Odio —ahora bajo el nombre de «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia» (LCDPT)— este 3 de noviembre, pese a las denuncias de la sociedad civil venezolana sobre la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos que aun representa esa normativa.
«El odio, lamentablemente, no se puede derogar. El odio no se puede derogar y tampoco se contiene, porque empiezan publicando tweets y terminan quemando gente viva. Empiezan opinando de manera destemplada y después terminan desconociendo la condición humana del adversario», soltó Jorgé Rodríguez, presidente de la AN 2025.
Rodríguez hizo referencia al caso de Orlando Figuera, un venezolano que fue asesinado en abril de 2017, mientras se celebraban unas protestas en críticas al gobierno de Nicolás Maduro (del PSUV). El Ministerio Público confirmó meses después que el asesinato de Figuera no estuvo involucrado a ningún movimiento político, a las protestas que se dieron al mismo tiempo que el delito o a algún tipo de discriminación.
La reforma estipula multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. Además, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sería el ente encargado de determinar el monto de las multas según la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.
ONG como Espacio Público han denunciado que la reforma mantiene términos «ambiguos» que pueden perjudicar a la población, el Estado puede aplicar sin discreción imputaciones dentro de la LCDPT. Además, la norma no presenta mecanismos de reparación de los derechos fundamentales de las más de 900 personas —entre ellas más de 118 adolescentes— que fueron detenidos arbitrariamente bajo la Ley Contra el Odio.
«Reformar el miedo»
El Grupo Parlamentario Libertad (GPL) —un grupo de diputados críticos al chavismo— negaron su voto ante la reforma.
«Venezuela no necesita disfrazar la intimidación para hacerla más sofisticada o vestirla de buenas intenciones», dijo la diputada Amelia Belisario. «Venezuela necesita eliminar todas las normas que violen las garantías constitucionales».
El GPL denunció que envió una moción para derogar la Ley Contra el Odio el pasado 6 de octubre, pero el parlamento no ha cumplido el proceso legal para ser incorporado a la comisión encargada de la reforma, a las consultas públicas ni a las consultas de los diputados.
«Esta Ley ha sido cuestionada desde su nacimiento [en 2017]: se usó para institucionalizar la persecución y el miedo», añadió Belisario. «No es suficiente plantear el cambio de cárcel por multas, porque de esa forma el proyecto estaría conservando su esencia atemorizante y coercitiva […]. No hay que reformar el miedo».
La diputada aseveró que, si la AN 2025 tiene intenciones de establecer una transición democrática, tal como lo han dicho desde el 3 de enero de 2026, el Parlamento debe eliminar la norma como una muestra de respeto a la dignidad humana.
PSUV quiere seguir con la reforma
Pedro Infante, diputado del PSUV y miembro de la comisión encargada de la reforma, aseveró que derogar la Ley Contra el Odio «sería negar el problema real de violencia y odio en la política que hoy se ven en signos e intenciones claras de reaparecer por parte de actores políticos de extrema derecha».
El diputado afirmó que la reforma busca eliminar el enfoque punitivo y establecer uno educativo.
«Esta ley debe ser un compromiso colectivo que nos obligue a garantizar la paz», expresó Infante. «No puede ni debe convertirse en un instrumento de lucha partidista… Esta ley no puede ser a la medida de los políticos, ni chavistas ni opositores, para resolver sus diferencias irracionales», soltó la perla el parlamentario chavista.
Afirmó que la Ley «nació de un momento de confrontación irracional», pero siguió defendiendo su existencia: «Podría estar de acuerdo con esa afirmación de que no debió existir esa ley, porque no debió existir el desborde de violencia […]. Esa ley es hija de ese contexto».
Rodríguez aseveró que la Ley es necesaria. Como respuesta a Belisario ante las muestras de cambio, afirmó que el PSUV «desbloqueó todos los medios de comunicación» que hasta hace tres semanas estaban censuradas por el Gobierno. Sin embargo, las ONG VE Sin Filtro y Espacio Público aseveran que quedan más de 100 dominios web bloqueados, entre ellos más de 20 medios de comunicación.
