La propuesta de reforma de la Ley Contra el Odio plantea sustituir las penas de entre 10 y 20 años de cárcel, por multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. La propuesta de reforma también incluye otro tipo de sanciones, como trabajos comunitarios y programas educativos.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz será el ente encargado de determinar el monto de las multas según la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.
La propuesta señala que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, así como las opiniones públicas, no serán considerados discursos de odio; sin embargo, el proyecto obliga a emisoras de radio, televisoras, plataformas digitales y servicios de televisión por suscripción a difundir contenidos sobre convivencia democrática, paz, tolerancia y respeto a la diversidad.
Un cálculo realizado por la ONG Un Mundo sin Mordaza estimó que el valor de las sanciones podrían resultar “desproporcionadas”. La multa mínima podría estar entre los 562 dólares, mientras que la máxima pondría rondar la cifra de unos $11 249, aproximadamente.
Estas sanciones oscilan entre 500 y 10.000 veces la tasa de cambio de mayor valor del Banco Central de Venezuela. Cabe mencionar que el salario mínimo en Venezuela es 130 bolívares, monto que se mantiene congelado desde marzo de 2022 y que actualmente equivale a 0,14 centavos de dólar.
Persisten las limitaciones
Un Mundo sin Mordaza expresó que una reforma legislativa no se mide únicamente por las penas que elimina, sino también por las garantías que ofrece y los derechos que protege.
La ONG resaltó que en Venezuela cualquier cambio en la legislación debe servir para abrir espacios de participación, fortalecer el debate público y garantizar que ninguna persona sea perseguida por expresar lo que piensa.
“La lucha contra el odio no puede convertirse en una herramienta para controlar el discurso, limitar las opiniones incómodas o castigar el disenso.”, insistió.
La organización recalcó que una democracia no se construye silenciando las diferencias, sino garantizando que todas las voces puedan expresarse libremente.
Una reforma legislativa no se mide únicamente por las penas que elimina, sino también por las garantías que ofrece y los derechos que protege. En Venezuela, cualquier cambio en la legislación debe servir para abrir espacios de participación, fortalecer el debate público y garantizar que ninguna persona sea perseguida por expresar lo que piensa. La lucha contra el odio no puede convertirse en una herramienta para controlar el discurso, limitar las opiniones incómodas o castigar el disenso. La pregunta de fondo es: ¿esta reforma nos acerca a una sociedad donde podamos pensar, opinar y denunciar sin miedo? Porque una democracia no se construye silenciando las diferencias, sino garantizando que todas las voces puedan expresarse libremente. #SinMordaza #LibertadDeExpresión #Venezuela #DerechosHumanos
— Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) November 3, 2026
Despenalizar la ley no basta
La ONG Acceso a la Justicia opinó días antes que despenalizar la Ley contra el Odio no basta porque sus prohibiciones, multas, bloqueos y demás restricciones seguirían vigentes.
Para Acceso a la Justicia “no es aceptable” cambiar las sanciones penales por multas porque “cambian un medio de represión por otro”. Sostiene que “criticar a los gobernantes no debe ser un delito, es un derecho”.
Insisten en que eliminar los delitos que contiene la ley es insuficiente, porque mantendría vigente el régimen de censura que contiene. Por ello, mantienen la exigencia de que se produzca su derogación integral para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
