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Traumas de la izquierda llevarían a venezolanos a votar por Abelardo de la Espriella en Colombia 

El pasado domingo 31 de mayo se efectuó la primera vuelta de los comicios presidenciales en Colombia, donde pasaron al segundo round -que se celebrará el 21 de junio- el candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella y el representante de la izquierda, Iván Cepeda. 

De la Espriella fue quien obtuvo mayor respaldo popular con el 43,74% de los votos, seguido de Cepeda con 40,9% y por fuera de la contienda quedaron la representante del uribismo y la derecha moderada, Paloma Valencia, con un distante 6,92%; el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo con 4,26% y la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López con 0,95%.

Apenas a instantes de conocer los resultados, Cepeda y el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, asomaron un posible fraude en los resultados, acusación de la cual Cepeda se retractó al día siguiente, pero que el mandatario saliente sigue sosteniendo.

De la Espriella, confeso admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y cercano a los gobiernos de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, advirtió a Petro y a Cedepa: “que no se les ocurra desconocer la voluntad del pueblo”.

El candidato, exabogado del empresario colombiano detenido en Estados Unidos y exministro en Venezuela, Alex Saab, consiguió el respaldo de Valencia para la segunda vuelta de finales de este mes.  El resto de los contendientes que quedaron por fuera optaron por no ofrecer apoyo explícito a ninguno de los candidatos e incluso exigieron el fin de la polarización. 

Ari Doctors, venezolana nacionalizada colombiana, decidió ejercer el llamado voto blanco, que obtuvo el 1,71% de las preferencias, incluso superior al porcentaje conseguido por Claudia López. 

De acuerdo con las leyes colombianas, el voto blanco “es una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad  con efectos políticos  y constituye una valiosa expresión del disenso  a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector”.

“No es exactamente un voto nulo”, dijo Doctors. “Sinceramente, no podía permitirme votar por ninguno de estos candidatos porque va contra mis principios y seguramente en segunda vuelta haré lo mismo”, reveló. 

Ramón Castro, otro venezolano viviendo en Bogotá, sostuvo que el votante colombiano ahora está atrapado entre dos opciones terribles. 

“Es tal cual lo que pone el Chigüire Bipolar en juego, pero con un trasfondo muy serio. Lamentablemente, entre los peores preferimos irnos por el menos malo, que es de la Espriella. Particularmente creo que Cepeda sería el acabose definitivo para Colombia, incluso más dañino que Petro, porque tiene más vínculos con la guerrilla. Con Petro recrudeció la violencia, los venezolanos aquí creo que jamás votaríamos por alguien como Cepeda”, dijo Castro. 

Rafael Tejera, un caraqueño que tiene más de una década viviendo en la capital colombiana, sostuvo que votó por Valencia y sintió un deja vú con las elecciones en Venezuela.

“Cuando uno tenía que escoger entre el menos peor (sic). De la Espriella, Cepeda y también Valencia son muy lamentables como candidatos, pero representan los polos a los que la gente sigue. Voté por ella básicamente por Oviedo (Juan Daniel), que es un tipo de centro y estaba en su fórmula para vicepresidente”, sostuvo Tejera.

A diferencia de Valencia, Oviedo descartó respaldar a de la Espriella en segunda vuelta luego de calificarlo como machista y homofóbico. 

“En segunda vuelta votaré por Abelardo, pero es por descarte, porque siento que Cepeda puede ser peor. Pero no es que me convezca, es una especie de Bukele colombiano”, añadió Tejera. 

Monica Bellot, otra venezolana en Colombia, tiene una visión parecida a la de Tejera. 

“Como migrante venezolana veo los resultados de la primera vuelta con una sensibilidad distinta. Para mí, la opción de Iván Cepeda es inviable; reconozco perfectamente el peligro de su proyecto porque es el mismo que destruyó mi país”, sostuvo la periodista.

Bellot reconoce que la alternativa de la derecha radical puede generar debate por ser el extremo opuesto. “Pero para quienes conocemos las consecuencias de la izquierda, cualquier opción es preferible antes que ellos. Mi postura es clara: yo siempre votaría en contra del modelo que arruinó mi hogar natal”, sentenció. 

Crónica de una muerte anunciada 

Así como el título de la novela del tal vez el colombiano más universal de todos, Gabriel García Márquez, fue el resultado de la opción de centro en las pasadas elecciones colombianas.

Aunque se pensó que podía tener más cabida entre los votantes, Paloma Valencia, quien representaba una tendencia más moderada que la de Abelardo de la Espriella, quedó distante del representante de la ultraderecha con una diferencia superior a 35%.

Para la internacionalista Elsa Cardozo este fenómeno de tendencia a la desaparición del centro no es exclusivamente latinoamericano.

“Es algo generalizado en el mundo, el tema no es sólo la distinción tradicional entre la izquierda y la derecha, el asunto es moverse hacia polos que borran las otras tendencias”, dijo la analista.

Cardozo expuso que el resultado en Colombia refleja el debilitamiento de la derecha tradicional que representa el uribismo.

“Ahora, lo que vemos son tendencias fuertes a la concentración del poder, a no creer en los contrapesos, a ser excluyentes, a posiciones personalistas, a desvalorizar a las instituciones y moldearlas a su gusto, algo que hemos visto en países como Argentina y ahora Chile, donde hay un ambiente muy polarizado”, sentenció Cardozo.   

La internacionalista expresó que estos polos regularmente vienen con la idea de reformar la Constitución, como lo asomó el propio Petro con su idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y ahora supuestamente se retractó luego de la primera vuelta.   

Para Cardozo, proyectos como el de Abelardo de La Espriella se retroalimentan del descontento del pueblo con el actual gobierno de Petro.

“Estamos ante una crisis de la democracia, una continuidad del repliegue democrático frente a los avances del autoritarismo con fórmulas populistas y nacionalistas”, expuso Cardozo.  

Para Cardozo, el dilema de algunos venezolanos en esta segunda vuelta en Colombia pasa por escoger entre una opción que eventualmente deporte a los más vulnerables y la posible continuidad del deterioro institucional y la violencia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

La Conversa Enfoque Económico | Intervención cambiaria no es suficiente para disminuir brecha del dólar  

Para el economista de Ecoanalítica, Julio Rodríguez, la inyección de mil 700 millones de dólares, que prevé hacer el Banco Central de Venezuela (BCV), para el mes de junio, de acuerdo a fuentes financieras consultadas por Banca y Negocios, no es suficiente para disminuir la brecha cambiaria en el país, aunque considera que es una medida necesaria que viene haciendo el ente emisor desde el mes de marzo

Un problema que señala el experto es que si bien la oferta de divisas “es importante”, con un incremento en el monto de 7,55% respecto al mes de mayo, el cual fue de 1.580,65 millones, sigue estando por debajo de la tasa de intervención que requiere el mercado venezolano, que se sitúa alrededor de 700 bolívares por dólar. 

“Además es importante que haya confianza en las políticas monetarias. Se han hecho cambios importantes pero aún se necesita un poco más. Se necesita a un directorio que sea un poco más confiable y que a su vez pueda sustentar la política cambiaria, fiscal y monetaria que causa muchos problemas en el venezolano común”, dijo el experto de Ecoanalítica en el espacio Enfoque Económico de La Conversa, programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, TalCual y El Pitazo.  

La edición de este martes 2 de junio se denominó “Situación económica y contexto político en Venezuela” y estuvo conducido por César Batiz, director de El Pitazo; Ronna Rísquez, coordinadora de ARI y Luis Ernesto Blanco, director Runrunes. 

Rodríguez agregó que el Banco Central de Venezuela debe avanzar hacia una mayor transparencia informativa. A su juicio debe mejorar los mecanismos de divulgación de las decisiones, indicadores y estadísticas económicas que genera como máxima autoridad monetaria del país. Esto contribuye a elevar la confianza por parte de la ciudadanía y los sectores productivos sobre las políticas públicas. 

Apertura al mercado internacional

El analista valoró positivamente la apertura que ha venido impulsando el Estado venezolano para avanzar en su integración a los mercados financieros internacionales y fortalecer los vínculos con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En ese sentido, destacó la importancia de la reunión sostenida el pasado 30 de mayo en Washington entre una delegación venezolana, encabezada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, junto al jefe de la misión diplomática en Estados Unidos, Félix Plasencia; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; el presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia; y el viceministro de Finanzas, Cristian Hernández, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. 

“Es un paso que se tenía que haber dado antes y que es muy importante porque es parte de la integración de la economía venezolana con el mercado internacional. El FMI es un ente sumamente importante (…) es necesario para el proceso como el que necesitamos pronto: el de reestructuración”, concluyó. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

A cinco meses del 3E, el poder se reacomoda y la transición espera

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El centro de investigación y pensamiento estratégico Laboratorio de Paz (LabPaz) publicó un informe reciente en el que analiza los primeros cinco meses de gobierno de Delcy Rodríguez tras los sucesos ocurridos el 3 de enero. Desde una perspectiva de derechos humanos, espacio cívico y transición democrática, el informe plantea la hipótesis de que Venezuela se acerca más a una reconfiguración interna del poder “autoritario” que a una verdadera transición democrática.

Según el análisis de Laboratorio de Paz, los primeros cinco meses posteriores al 3E no han mostrado acciones claras para iniciar una transición democrática. Por ejemplo, no existe un cronograma electoral ni se ha renovado el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por otro lado, la investigación señala que esta reconfiguración del poder responde a una lógica de “fidelidad política” y no a una pluralización institucional.

El reporte destaca que Venezuela atraviesa un limbo institucional que genera incertidumbre constitucional y debilita la confianza ciudadana sobre el rumbo de la transición. Esto se debe a que los artículos 233 y 234 de la Constitución no prevén que alguien ejerza indefinidamente la Presidencia por una “ausencia forzosa” fuera del marco constitucional.

La excepcionalidad como forma de gobierno

Por otro lado, la excepcionalidad dejó de ser una respuesta temporal para convertirse en una forma ordinaria de gobierno. De acuerdo con el informe, la designación de Delcy Rodríguez como presidenta “interina” se hizo bajo una figura no contemplada en la Constitución.

Además, mencionan que la reforma de la Ley de Hidrocarburos ha sido cuestionada por posibles incompatibilidades constitucionales relacionadas con el control estatal del petróleo. La Ley Orgánica de Minas también ha sido objeto de cuestionamientos por posibles violaciones a derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas y normas sobre el control estatal de los recursos.

A esto se suman las operaciones de aeronaves estadounidenses sin la autorización de la Asamblea Nacional, como lo establece el artículo 187, numeral 11, de la Constitución. También, se cuestiona la culminación de la Ley de Amnistía por parte del Ejecutivo, y no mediante los debidos procedimientos legislativos, al tratarse de una norma aprobada por el Parlamento.

Según Laboratorio de Paz, estas irregularidades forman parte de una modalidad de gobierno que sustituye los procedimientos ordinarios por mecanismos excepcionales y flexibiliza los controles institucionales.

Reconfiguración sin transición

A juicio de Laboratorio de Paz, después de la captura de Nicolás Maduro y el inicio del “tutelaje” de Estados Unidos al proceso político local no se han producido reformas comparables a experiencias internacionales de transición. Destacan, en ese sentido, que las nuevas designaciones en cargos públicos responden principalmente a “criterios de fidelidad política”, y que la presidencia de Delcy Rodríguez ha procedido a una reorganización del aparato estatal “basada principalmente en la sustitución de cuadros cercanos a Nicolás Maduro por funcionarios identificados con su propio entorno político”.

Otra señales que no apuntan hacia el camino de la transición es la ausencia de un cronograma electoral o renovación del Consejo Nacional Electoral, la falta de medidas para garantizar independencia judicial, la no creación de mecanismos de verdad y reparación para las víctimas y la permanencia “del entramado normativo restrictivo que limita libertades y espacio cívico.

El informe también documentó la designación y permanencia en cargos públicos de funcionarios con presuntas responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellos menciona a Gustavo González López como ministro de la Defensa; Vladimir Padrino López al frente del Ministerio de Alimentación; Larry Devoe como fiscal general; y Diosdado Cabello, quien permanece como ministro del Interior, Justicia y Paz, pese a ser vinculado con “dispositivos de violencia estatales y paraestatales”.

Por lo antes expuesto, sentencian que la evidencia acumulada “apunta con mayor fuerza hacia un proceso de recomposición del poder y adaptación del sistema político previo” que a una transición.

Una ley con efectos limitados

Laboratorio de Paz lamenta que luego del 3 de enero se crearon mecanismos de verdad, justicia o reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Ley de Amnistía generó expectativas al ser presentada como una medida de reconciliación y cierre de la persecución política. Sin embargo, su aplicación tuvo un alcance limitado y no cambió estructuralmente la situación de los presos políticos detenidos antes de esa fecha.

Según la organización Justicia, Encuentro y Perdón, 250 personas recuperaron la libertad, mientras que 679 aún permanecían detenidas por razones políticas al momento de la evaluación del informe. Para Laboratorio de Paz, estas acciones convierten la ley en un alivio parcial, más que en una política de verdad, justicia y reparación.

Presos políticos son usados como instrumento de intercambio político

Otro caso mencionado en este análisis fue el de Víctor Hugo Quero y su madre, Carmen Navas, el cual consideran, promovió el anuncio de liberación de 300 presos políticos, de los cuales Foro Penal verificó 50 excarcelaciones.

La organización indica que esto acentúa la distancia entre los anuncios oficiales y las medidas efectivamente ejecutadas y denuncia que las autoridades usan a los privados de libertad como “instrumentos de intercambio político” en momentos de presión, diálogo y negociación internacional.

Por otro lado, se resalta que los defensores de derechos humanos excarcelados continúan con procesos penales abiertos, lo que limita su actividad y mantiene mecanismos de control sobre la sociedad civil. Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Pedro Hernández, Carlos Julio Rojas, Carlos Correa y Kennedy Tejeda son algunos de los defensores que permanecen con causas penales abiertas.

Restricciones a la prensa y disminuye la aceptación de Delcy Rodríguez

Entre enero y mayo, el Colegio Nacional de Periodistas registró 97 agresiones contra comunicadores: 18 detenciones arbitrarias, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros, 16 impedimentos de cobertura y bloqueos a medios. De acuerdo con el centro de investigación, las excarcelaciones no garantizaron la restitución plena de derechos ni el cierre de causas judiciales, por lo que se mantienen mecanismos de presión institucional sobre activistas y periodistas.

Por otra parte, el informe refiere las conclusiones de la encuesta “Atlas Intel” para Bloomberg, según la cual la desaprobación de Delcy Rodríguez ha aumentado en los primeros meses de 2026. Su aprobación cayó del 37 % en febrero al 31 % en abril, mientras que la desaprobación subió del 44,3 % al 47 %. Además, el 74 % de los venezolanos manifiesta desconfianza hacia su liderazgo, lo que evidencia una legitimidad limitada que dificulta la construcción de consensos y la implementación de reformas sostenibles.

La situación económica no ha cambiado

Otro aspecto que no ha mejorado después del 3 de enero es la situación económica para los venezolanos. Este reporte indica que según cifras oficiales, el país acumuló una inflación del 71,8 % en el primer trimestre del año. Asimismo, se hace referencia al “Estudio Nacional de Entorno y Estrategia”, en el que se determinó que la mitad de las personas consultadas afirmó que su situación económica no ha cambiado desde principios de año, mientras que un 19 % dijo que mejoró un poco y un 13 % aseguró estar mucho peor.

Ante todas estas situaciones, Laboratorio de Paz presentó una serie de recomendaciones para acercar a los ciudadanos la ansiada transición, entre las que incluyen exigir un cronograma electoral verificable, con elecciones presidenciales libres, observación internacional y renovación del CNE.

Asimismo, exhortan a garantizar la participación política sin represalias, liberar a los presos políticos y cerrar las causas judiciales utilizadas como mecanismo de control político. También, enfatizaron ka importancia de aprovechar las aperturas parciales para fortalecer gremios, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos estudiantiles.

Por último, subrayan la necesidad de defender los derechos de las víctimas mediante garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición, así como de recuperar la constitucionalidad, restableciendo controles institucionales y derechos ciudadanos de manera “estable y exigible”.

“Una transición democrática no puede sostenerse indefinidamente sobre mecanismos excepcionales, acuerdos políticos opacos o fórmulas que sacrifiquen la verdad y la justicia. La recuperación democrática exige legitimidad electoral, constitucionalidad, participación ciudadana y garantías efectivas de derechos humanos”, reiteran.

Lee el informe completo aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 5 de junio: Velásquez dice que la prioridad son las presidenciales

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 5 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El exgobernador Andrés Velásquez sentenció en el programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que el manifiesto de Panamá fue enfático al exigir un cronograma electoral para abrirle la puerta a una eventual transición.

Velásquez dijo que que la Casa Blanca debe presionar para que se constituya un Consejo Nacional Electoral (CNE) transparente y agregó que no es momento de candidaturas a alcaldes, gobernadores o Asamblea Nacional.

El texto completo acá.

Recién salido del horno: otras noticias

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Precariedad, violencia y abusos castiga a mujeres y personas Lgbtiq+ en cárceles venezolanas

José Guerra propone un acuerdo nacional para derrotar la inflación

Dólar/ Euro BCV

Lo que rompe en redes

El futbolista colombiano James Rodríguez fue tendencia este jueves 4 de junio por supuestamente negarle una foto a Antonella, la hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Azuquita pa’l café

La polaca Maja Chwalinska derrotó este jueves a la rusa Diana Shnaider por 7-6 (7-4) y 6-4 y enfrentará en la final a la también rusa  Mirra Andreeva este sábado 6 de junio en la final femenina del torneo de tenis Roland Garros en París. 

La ñapa (recomendamos…)

Este jueves se estrenó en Venezuela la película Amos del Universo, inspirada en el dibujo animado de la década de los 80, He-Man.

Guardianas de la cultura, rehenes electorales: el reto de la ciudadanía para las mujeres indígenas en la transición

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En Venezuela se habla mucho de transición democrática. Se habla de acuerdos, elecciones, observación internacional, reformas institucionales y garantías para los partidos. Se habla menos, casi nunca, de lo que ocurre con una mujer indígena cuando llega a votar, cuando debe decidir en su comunidad o cuando intenta convertir su liderazgo cotidiano en poder político real.

Los datos del informe Entre la laguna y la sierra: identidad, participación y violencias contra mujeres indígenas del Zulia realizado por el equipo de investigadoras de la Asociación Cauce, obligan a mirar allí, a los márgenes del poder, a la evidencia concreta de cada mujer para quien la democracia es más una promesa que una experiencia real de poder decidir, hablar y votar en secreto, ser candidata, reconocida como lideresa por su comunidad y por el Estado y registrada también como parte de un pueblo indígena.

La encuesta recoge las respuestas de 422 mujeres de los pueblos wayúu, añú, yukpa, barí y japreira. La muestra tiene una presencia mayoritaria wayúu y distribuye el resto de las entrevistas entre los otros cuatro pueblos. La investigación no habla de “la mujer indígena” como si todas vivieran la misma realidad. Muestra, por el contrario, las profundas diferencias entre estos pueblos, en sus formas de autoridad y niveles de reconocimiento comunitario.

La primera diferencia aparece en el mundo wayúu. La sociedad wayúu está organizada por clanes de filiación matrilineal, con fuerte centralidad de la línea materna, aunque eso no equivale a decir que sea una sociedad matriarcal en sentido estricto, pues la autoridad política tradicional suele recaer en el tío materno mayor o alaüla. Esa precisión ayuda a entender por qué las mujeres wayúu aparecen en los datos con una visibilidad comunitaria mayor, pero también evita caer en la imagen idealizada de una cultura donde las mujeres controlarían todos los espacios de poder.

En los pueblos yukpa y barí, en cambio, las estructuras de autoridad, parentesco o representación familiar son predominantemente masculinas, aunque con matices y con espacios de agencia femenina. Para los pueblos añú y japreira, la evidencia disponible es menos concluyente. Por eso, en esos casos conviene ser cuidadosas: los datos muestran menor reconocimiento de los liderazgos femeninos, pero no autorizan por sí solos a clasificar a esas sociedades como marcadamente patriarcales.

Esa cautela nos permite precisar mejor los hallazgos. Los números muestran que las mujeres indígenas del Zulia no enfrentan una sola barrera, sino varias. Algunas vienen del Estado. Otras, de los partidos. Otras, de las condiciones económicas. Y otras, de las formas comunitarias en las que se distribuyen la autoridad, la palabra y el derecho a decidir.

Más de la mitad de las encuestadas dice que no participa nada en las decisiones políticas de su comunidad; algo más de un tercio participa poco y apenas una de cada diez lo hace en alguna medida.

Aquí aparece la paradoja central del estudio: las mujeres sostienen la vida comunitaria como guardianas de la cultura, las tradiciones, la lengua, los cuidados y la memoria colectiva, pero ese lugar indispensable no siempre se traduce en autoridad ni en poder de decisión; pueden ser claves para la continuidad de la comunidad y, al mismo tiempo, quedar en los márgenes de la política local.

Entre las wayúu, el 63 % reconoce una presencia femenina plural o fuerte en los liderazgos de su comunidad y casi todas las menciones de “muchos” liderazgos corresponden a ellas.

En el resto de los pueblos la foto es otra: 8 de cada 10 barís, japreiras y yukpas dicen que hay pocos liderazgos femeninos y la misma proporción añú afirma que no hay.  No se trata de jerarquizar culturas, sino de reconocer que la forma en que se organiza la autoridad comunitaria condiciona cómo las mujeres se ven, cómo son vistas y cuánto se les permite participar.

Solo un tercio de la muestra cree que las lideresas son muy valoradas y respetadas. Entre las wayúus, algo más de la mitad lo afirma; entre las yukpas, apenas el 2 %, y entre japreiras y barís más de la mitad dice que son poco valoradas. La conclusión es clara: el liderazgo femenino no tiene el mismo piso social y la filiación matrilineal wayúu abre más espacio simbólico para reconocer a las mujeres, mientras que en pueblos con autoridad masculina predominante, como yukpa y barí, las resistencias son mayores.

La desigualdad se repite cuando se mira la percepción sobre oportunidades: entre las wayúus, 6 de cada 10 cree que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para participar en reuniones, elecciones o decisiones importantes sin ser discriminadas por su origen; entre las añús esa proporción baja al 35 %, entre las japreiras al 11 %, entre las barís al 4 % y entre las yukpas al 3%.

La distancia es demasiado grande para ser leída como una simple diferencia de opinión. Habla de experiencias políticas distintas. En algunos contextos, las mujeres perciben que pueden participar con mayor legitimidad. En otros, la igualdad de oportunidades parece más una aspiración que una vivencia cotidiana.

Pero el caso wayúu alerta contra las lecturas fáciles, pues si bien ellas reportan mayor reconocimiento comunitario del liderazgo femenino, solo el 12 % dice haberse postulado a un cargo de elección popular, frente al 46 % de las japreiras, 32 % de las barís, 23 % de las añús y 17 % de las yukpas.

Ese dato abre una pregunta política: ¿por qué un liderazgo socialmente reconocido no siempre se transforma en candidatura, representación o en poder institucional? La respuesta probablemente no está en un solo factor. Intervienen la distancia territorial, la pobreza, la falta de redes partidistas, las barreras lingüísticas, la relación con los operadores políticos, los costos de competir y las formas en que el sistema electoral indígena ha sido utilizado o controlado.

En otras palabras, la cultura puede abrir una puerta, pero el sistema político puede cerrarla: una mujer puede ser respetada como figura comunitaria y, aun así, quedar fuera de la boleta electoral.

El voto secreto es otro punto de alarma. Entre las mujeres que han participado en elecciones, casi 4 de cada 10 reconocen que alguien las acompañó o ayudó hasta el momento de introducir su voto. La práctica no se distribuye por igual entre los pueblos, es mayor en los más periféricos y aislados y menor entre las yukpas y wayúus.

La asistencia al voto puede ser legítima cuando responde a una necesidad real, pero cuando se convierte en una práctica rutinaria, es tutelaje. Para una mujer indígena en situación de vulnerabilidad económica, territorial o institucional, votar en secreto es su única protección frente a las presiones familiares o la que ejercen los liderazgos locales, los operadores partidistas, las autoridades comunitarias o los grupos de poder.

La normalización del acompañamiento es aun más preocupante: 9 de cada 10 mujeres han visto o saben de otras personas acompañadas o asistidas por alguien para votar. Cuando casi todas reconocen esa práctica, es que hay un claro control del voto.

Por eso, el requisito para hablar de ciudadanía plena es la autonomía electoral. No basta con que las mujeres estén inscritas o acudan al centro de votación. La pregunta clave es si pueden decidir sin vigilancia, sin presión y sin intermediarios. Una democracia que permite votar, pero que no garantiza el secreto del voto, deja intacta una zona de control político sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres.

La ciudadanía incompleta también se ve en la cédula: 9 de cada 10 mujeres wayuus encuestadas y 6 de 10 cada añús o yukpas, reportan que su documento no incluye su etnia. No es un detalle insignificante: la cédula no solo identifica a una persona, sino cómo el Estado reconoce su identidad y sus derechos colectivos.

La agenda democrática para Venezuela no puede ignorar esta realidad. Si la transición se limita a cambiar élites, partidos o autoridades nacionales, dejará intacta una deuda profunda con las mujeres indígenas. La democracia debe llegar también al centro de votación rural, a la asamblea comunitaria, a la cédula de identidad étnica y al espacio donde se decide quién puede hablar en nombre de la comunidad.

Eso exige medidas concretas. Hay que garantizar el voto directo, secreto y universal para los pueblos indígenas; impedir que el voto asistido se use como mecanismo de control; crear canales de denuncia accesibles, cultural y lingüísticamente pertinentes; formar a las mujeres indígenas en sus derechos políticos y promover candidaturas femeninas de forma que no dependan de los operadores políticos ajenos a sus comunidades.

También exige políticas diferenciadas. En las comunidades wayúus, donde el liderazgo femenino aparece más visible, el reto es convertir esa legitimidad social en mayor representación institucional, con gestión de recursos y poder público. En las otras comunidades, con predominio masculino, la tarea es ampliar la autoridad femenina sin romper el tejido comunitario.

Las mujeres indígenas del Zulia no están fuera de la democracia; están dentro de ella, pero muchas veces en condiciones subordinadas. Votan, pero no siempre en secreto. Sostienen a sus comunidades, pero no siempre deciden. Son reconocidas como portadoras de su cultura, pero no siempre como autoridades políticas. Tienen cédula, pero no siempre reconocimiento étnico. Tienen liderazgo, pero pocas son candidatas y su voz no es escuchada.

La transición democrática tiene otro reto pendiente: dejar de ver a las mujeres indígenas solo como cuidadoras invisibles o símbolo cultural y ofrecer las condiciones para que puedan decidir, representar, denunciar, administrar recursos y disputar el poder en sus propios términos, con garantías plenas del Estado y el respeto a sus culturas.

@nataliabrandler, nataliabrandler@gmail.com | María Luisa Campos | Susana Cristo Anzola.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

OVP exige información sobre destino de los presos políticos trasladados desde El Helicoide

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones condenó este jueves los traslados de presos políticos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide hacia centros penitenciarios sin previo aviso a sus familiares.

“Trasladar a las personas privadas de libertad no significa que hayan cesado las violaciones de derechos humanos”, escribió la organización en su cuenta de X. 

De acuerdo a la ONG, los presos políticos habrían sido trasladados a las cárceles de Hombre Nuevo Libertador, Hombre Nuevo Simón Bolívar (antigua La Planta), Tocuyito, Yare, La Crisálida y El Rodeo, sin embargo, no hay información oficial por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. 

Según el OVP, dichos centros de reclusión han sido objeto de denuncias por hacinamiento crítico, falta de agua potable, deficiente atención médica, enfermedades infecto contagiosas y graves condiciones de reclusión.

La organización alertó que horas después de las movilizaciones se desconoce el nombre de las personas que fueron trasladadas, la cantidad, el sitio de reclusión y las condiciones en las que se encuentran.

“La angustia de las familias no es infundada, durante las últimas semanas hemos documentado múltiples muertes bajo custodia del Estado asociadas al abandono médico, enfermedades no atendidas oportunamente y condiciones incompatibles con la vida”, escribió la organización.  

En su más reciente informe correspondiente al año 2025, el OVP denunció que en las cárceles venezolanas hay problemas estructurales como la escasez de agua potable, alimentación insuficiente y poco balanceada, falta de medicamentos, retrasos en la atención hospitalaria, condiciones insalubres, proliferación de enfermedades, restricciones arbitrarias a las visitas, retardo procesal y constantes denuncias de malos tratos contra familiares.

La ONG exigió a las autoridades informar de manera inmediata el paradero de las personas trasladadas, garantizar el contacto con sus familiares y ofrecer información sobre sus condiciones de reclusión.

Un exhorto a la defensoría

Igualmente, hicieron un llamado a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato para que haga valer la Constitución. 

“No basta con realizar visitas protocolares ni recorrer establecimientos penitenciarios acompañada por las mismas autoridades responsables de la crisis que atraviesa el sistema. Su deber es verificar de manera independiente las condiciones reales de reclusión, entrevistar personalmente y sin presiones a la población privada de libertad, escuchar a sus familiares y actuar frente a cualquier situación que comprometa sus derechos fundamentales”, puntualizó la ONG.

El OVP denunció que la actuación de la Defensoría del Pueblo no puede seguir siendo invisible. “Su presencia y actuación son una obligación constitucional, no una opción discrecional”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Arcos Dorados reduce sus emisiones de gases de efecto invernadero 

La empresa Arcos Dorados, principal operador de la marca McDonalds en Venezuela y otros 20 países de América Latina y el Caribe, presentó de forma detallada el cumplimiento de las metas ambientales que mantenía vinculadas de forma directa a sus instrumentos de financiamiento internacional, específicamente a través de su Sustainability-Linked Bond, el cual es un bono cuya tasa de interés se encuentra sujeta a la reducción de emisiones de gas por parte de la compañía y al desempeño ecológico.

Durante el tiempo evaluado, la organización continuó con un plan de expansión en toda la región que incluyó la inauguración de más de 300 restaurantes nuevos y, de la misma forma, logró registrar una disminución de los gases de efecto invernadero un 26,5%, es decir, cuando los gases se acumulan y no dejan que el calor salga hacia el espacio haciendo que la temperatura en la tierra aumente.

Esa cifra representa casi el doble de la meta original del 15% al cierre del periodo establecido para el 31 de diciembre de 2025, tomando como base la medición del año 2021.

“Este resultado es el reflejo de un trabajo consistente y de largo plazo, que integra nuestra estrategia de negocio con objetivos ambientales claros y medibles”, señala Gabriel Serber, Vicepresidente de Impacto Social y Desarrollo Sostenible de Arcos Dorados. 

Optimización en las infraestructuras y el impacto ambiental

El logro de esta meta ambiental también ha estado rodeado de innovaciones operativas y cambios tecnológicos en los restaurantes en lo que se pudo disminuir notablemente el consumo de recursos.

Entre las las principales iniciativas destaca la incorporación de soluciones de tecnología más eficientes y el fortalecimiento del trabajo con proveedores para continuar con la reducción de emisiones a lo largo de todas las sedes de la cadena para optimizar el consumo de energía y suministros básicos.

El equipo directivo de Arcos Dorados requirió un trabajo en conjunto con proveedores y una coordinación directa para poder lograr la disminución de contaminación por los gases en cocina. “Nada de esto hubiera sido posible sin su compromiso. Trabajaron junto a nosotros de manera integrada para avanzar en toda nuestra cadena de valor”, agregó Serber.

De esta forma, la empresa demuestra un precedente dentro de la gestión ecológica en América Latina, es decir, que el crecimiento corporativo y la responsabilidad ambiental no operan como factores aislados, sino que la unificación de los objetivos comerciales con el desarrollo sostenible permanece como la estrategia principal de la organización que busca mejoras favorables tanto para el negocio como para el entorno social. 

Con información de Nota de Prensa

La Conversa | Andrés Velásquez: “La prioridad son las elecciones presidenciales”

Para el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, la prioridad democrática de Venezuela en este momento es una elección presidencial que abra la vía hacia un proceso de transición.

El también exdiputado de la Asamblea Nacional dijo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) que los comicios para elegir alcaldes, gobernadores y miembros de la Asamblea Nacional deben representar algo secundario. 

“Que nadie pierda el foco, una de las cosas que deja muy claro el manifiesto de Panamá es que la elección por la cual se trabaja es la presidencial. Y es lógico, porque sin ese proceso no hay transición. Hemos escuchado a gente pedir presidenciales para 2030, eso es insólito”, comentó el dirigente nacional de La Causa R a la directora de ARI, Ronna Rísquez; al director de El Pitazo, César Batiz y al director de Runrunes, Luis Blanco. 

Velásquez expresó que además de la necesidad de establecer un cronograma electoral, otro de los aspectos que quedó claro en la reunión sostenida por dirigentes de la oposición venezolana y la disidencia chavista con María Corina Machado el sábado 30 de mayo en Panamá, es la disponibilidad de establecer una negociación con el gobierno interno de Delcy Rodríguez. 

A juicio del exmandatario regional el acuerdo echa por tierra la tesis de aquellos que sostienen que la ganadora del premio Nobel de la Paz es intransigente y una extremista. 

“Alacranes, normalizadores y gente que le ha venido haciendo lobby al régimen chavista tienen que aceptar y reconocer el liderazgo de Machado, el manifiesto de Panamá es un mensaje a lo interno de Venezuela, pero también para el gobierno de los Estados Unidos que se encarga del tutelaje del actual gobierno”, dijo Velásquez.

El exgobernador sentenció que tanto la cúpula chavista como algunos sectores que dicen ser de oposición apuestan al alargamiento de la situación actual para ganar tiempo.

“Después de año y medio, cuando salí de la clandestinidad, mi primera declaración a la prensa tuvo que ver precisamente con la necesidad de establecer un cronograma electoral. Si las elecciones no pueden hacerse este año, que al menos se establezca un lapso predeterminado”, sentenció Velásquez.

El dirigente de la Causa R sostuvo que los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, además del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, están apostando a una “normalización sin transición con ellos en el poder”.

Para Velásquez es fundamental que se conforme un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) sin la presencia de su presidente, Elvis Amoroso y el resto de su directiva y aplicar una estrategia diferente a la escogencia de los nuevos fiscal general de la República, Larry Devoe y defensora del Pueblo, Eglée González de Lobato, que terminaron teniendo un perfil similar a sus antecesores, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente.  

Velásquez indicó que en ese sentido es fundamental que el tutelaje proveniente de la Casa Blanca presione al chavismo para que produzca una depuración del CNE y por ende se lleven a cabo unas elecciones libres, confiables y transparentes. 

El dirigente político indicó que el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió recientemente la celebración de elecciones limpias.

“Además de eso tiene que darse la depuración del Registro Electoral, la habilitación de los partidos políticos, sus tarjetas y candidatos, la propia María Corina está inhabilitada, todo eso tiene definitivamente que cambiar”, dijo.

 Velásquez no está negado a privatizar o permitir la participación de la industria privada en las empresas del Estado.

“Pero ellos (chavismo) no pueden conducir ese proceso, porque el modelo que han establecido es de control social y ruina general. Podemos definir este régimen como un estado de corrupción generalizado. Ya lo han admitido anteriormente, no les interesa sacar a la gente de la pobreza, porque piensan que se volverían contra ellos. En la medida en que el país se democratice, estoy absolutamente seguro de que las cosas mejorarán desde el punto de vista económico”, apuntó el exgobernador. 

¿Bailando en las calles?

Para Luis Blanco, director de Runrunes, con afirmaciones como las de que “los venezolanos están bailando en las calles” del presidente Donald Trump y de Rubio asegurando que los ingresos petroleros en Venezuela son sin precedentes, Estados Unidos está intentando mantener una narrativa ganadora luego de la operación del 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

“Es contradictorio hablar de mejoras económicas en Venezuela cuando las condiciones de vida siguen igual, cuando la plata no está llegando al bolsillo de los venezolanos, cuando el sueldo mínimo sigue siendo el mismo y los bonos que da el gobierno son insuficientes”, dijo Blanco.

Ronna Rísquez, directora de ARI, expresó que en Venezuela siguen habiendo presos políticos, persecución selectiva y madres buscando permanentemente a sus hijos encarcelados. 

Rísquez se refirió específicamente al caso de José Faustino Hermoso García, a quien supuestamente el gobierno de Rodríguez pretende cambiarle la identidad para mantenerlo desaparecido y encarcelado. 

Igualmente calificó de “mamarrachada” el comunicado del Ministerio Público sobre la desaparición y posterior muerte del preso político, Víctor Hugo Quero Navas, cuyo caso ya ha sido cerrado, aunque sigue dejando muchas interrogantes.   

“No entiendo por qué razón aparece una fecha, pero no tiene una firma de nadie, no aparece el nombre del fiscal ¿Por qué no lo ponen nombre? Cuando se trata de imputaciones si ponen el nombre del fiscal. De alguna manera hay algún interés en que no haya suficiente transparencia en este caso”, dijo la periodista. 

Asimismo criticó la aparente puesta en funcionamiento de la línea 0800 EXTORSIÓN, recientemente anunciada por Delcy Rodríguez para combatir la “matraca” de policías, jueces y fiscales. 

“Eso no va al origen del problema, que es la falta de institucionalidad policial y toda la corrupción que hay en el sistema judicial”, añadió Rísquez.

Blanco sostuvo que probablemente nadie se atreva a hacer una denuncia a través de esa línea por desconfianza y el gobierno aproveche para establecer una narrativa de que no hay quejas de los ciudadanos. 

Rísquez agregó que si se produce la extradición de España a Argentina del coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ephaín Enrique Verdú Torrelles, solicitado por la justicia gaucha a raíz de su presunta vinculación con el asesinato de Geraldine Moreno Orozco en las protestas antigubernamentales de 2014, ello podría sentar un precedente para todos los señalados de violaciones a derechos humanos y corrupción que se encuentran fuera de Venezuela.

Por otro lado, César Batiz, director de El Pitazo, dijo que hay al menos 20 venezolanos implicados en el supuesto caso de corrupción que encabeza el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. 

“Este es un caso que comienza con un venezolano, con Danilo Díaz Granados y el presunto lavado de dinero a través de Nord Capital y por el caso de Plus Ultra aparecen los nombres de Guillermo y Domingo Amaro, hijos de Domingo Amaro Rangel, dueño de Seguros Altamira y Seguros Carabobo”, expuso Batiz. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país