La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones condenó este jueves los traslados de presos políticos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide hacia centros penitenciarios sin previo aviso a sus familiares.
“Trasladar a las personas privadas de libertad no significa que hayan cesado las violaciones de derechos humanos”, escribió la organización en su cuenta de X.
De acuerdo a la ONG, los presos políticos habrían sido trasladados a las cárceles de Hombre Nuevo Libertador, Hombre Nuevo Simón Bolívar (antigua La Planta), Tocuyito, Yare, La Crisálida y El Rodeo, sin embargo, no hay información oficial por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Según el OVP, dichos centros de reclusión han sido objeto de denuncias por hacinamiento crítico, falta de agua potable, deficiente atención médica, enfermedades infecto contagiosas y graves condiciones de reclusión.
La organización alertó que horas después de las movilizaciones se desconoce el nombre de las personas que fueron trasladadas, la cantidad, el sitio de reclusión y las condiciones en las que se encuentran.
“La angustia de las familias no es infundada, durante las últimas semanas hemos documentado múltiples muertes bajo custodia del Estado asociadas al abandono médico, enfermedades no atendidas oportunamente y condiciones incompatibles con la vida”, escribió la organización.
En su más reciente informe correspondiente al año 2025, el OVP denunció que en las cárceles venezolanas hay problemas estructurales como la escasez de agua potable, alimentación insuficiente y poco balanceada, falta de medicamentos, retrasos en la atención hospitalaria, condiciones insalubres, proliferación de enfermedades, restricciones arbitrarias a las visitas, retardo procesal y constantes denuncias de malos tratos contra familiares.
La ONG exigió a las autoridades informar de manera inmediata el paradero de las personas trasladadas, garantizar el contacto con sus familiares y ofrecer información sobre sus condiciones de reclusión.
Un exhorto a la defensoría
Igualmente, hicieron un llamado a la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato para que haga valer la Constitución.
“No basta con realizar visitas protocolares ni recorrer establecimientos penitenciarios acompañada por las mismas autoridades responsables de la crisis que atraviesa el sistema. Su deber es verificar de manera independiente las condiciones reales de reclusión, entrevistar personalmente y sin presiones a la población privada de libertad, escuchar a sus familiares y actuar frente a cualquier situación que comprometa sus derechos fundamentales”, puntualizó la ONG.
El OVP denunció que la actuación de la Defensoría del Pueblo no puede seguir siendo invisible. “Su presencia y actuación son una obligación constitucional, no una opción discrecional”.
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