¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 12 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este 11 de octubre que el empresario colombiano Álvaro Pulido, socio de Alex Saab y del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está bajo custodia en Norteamérica.
De acuerdo con Blanche, Pulido fue detenido en Venezuela por los Homeland Security Task Force, una institución creada en 2025 por el Gobierno de Donald Trump. El empresario colombiano se encontraba en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, desde el año 2023, cuando el PSUV lo incluyó en el esquema de corrupción denominado «Pdvsa-Cripto».
Desde 2019, Pulido llevaba al menos nueve cargos de lavado de dinero en Estados Unidos junto a Saab.
«Sería un error grande porque nada va a cambiar en Venezuela mucho más, creo, sin su regreso», dijo el político estadounidense Elliot Abrams, exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela, sobre el posible retorno de María Corina Machado en una entrevista a NTN24. «Es casi imposible pensar que van a prohibir su regreso. (…) Puede ser, pero sería un error grande».
Lo que rompe en redes
🚨 Publiqué los 127 postulados al Comité que seleccionará a los magistrados del nuevo TSJ.
– 14 fueron candidatos a Diputado, Concejal, Magistrado, Defensor del Pueblo o Juez de paz. – 10 integraron comités de postulaciones anteriores. – 22 repiten del proceso reiniciado por…
Leí hace unos días un artículo cuyo título afirmaba que las Fuerzas Armadas venezolanas son una vergüenza nacional. No voy a detenerme a discutir esa afirmación. Me hizo pensar en algo distinto: ¿por qué limitar la vergüenza a una sola institución? Si algo ha ocurrido en Venezuela durante estos años ha sido la destrucción sistemática de toda la institucionalidad. No solamente de las Fuerzas Armadas. También de la justicia, del Poder Electoral, de la administración pública, de las empresas del Estado, de las universidades, de los organismos de control y, en general, de todo aquello que debería funcionar por encima de las personas y de los gobiernos.
El problema no es solamente que algunas instituciones hayan funcionado mal. Es que fuimos perdiendo la idea misma de institución. Una institución no es un edificio, ni un despacho, ni un funcionario con un cargo. Es una regla que permanece cuando el funcionario se va. Es la certeza de que quien ocupa temporalmente el poder, tiene límites. Es un juez que puede decir que no. Un funcionario que puede cumplir la ley, aunque contradiga a su superior. Un militar cuya lealtad está con la Constitución y no con un partido. Un organismo electoral cuya credibilidad no dependa de quiénes lo integren como rectores. Eso es lo que tenemos que reconstruir. Y no será fácil.
Hace muchos años, en 2002, escribí un artículo que titulé Comenzar ayer. Hablaba entonces de la reconstrucción económica y productiva del país y terminaba diciendo: “La reconstrucción del país hemos debido comenzarla ayer”.
Han pasado veinticuatro años. Mi amigo, el periodista guatemalteco Mario Antonio Sandoval, suele decir que la decadencia personal comienza cuando uno empieza a citarse a sí mismo. De modo que corro un riesgo considerable al recordar aquel artículo. Pero esta vez no me cito para demostrar que tuve razón. Me cito para comprobar cuánto tiempo llevamos posponiendo lo que ya entonces sabíamos que había que hacer.
Y hay una diferencia fundamental: en 2002 todavía podíamos pensar que estábamos a tiempo de impedir muchas cosas que después ocurrieron. Hoy sabemos, dolorosamente, hasta dónde puede llegar la destrucción institucional. Por eso reconstruir Venezuela no puede significar simplemente cambiar unos funcionarios por otros. Tampoco en sustituir una hegemonía por otra.
Reconstruir significa volver a levantar instituciones que sean capaces de sobrevivir a quienes las gobiernan. Instituciones que no pertenezcan a un hombre, a un partido, a una ideología ni a una camarilla. Significa recuperar el mérito como criterio para ingresar y ascender en la administración pública. Recuperar la independencia de los poderes. Recuperar la carrera judicial. Recuperar la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Recuperar los mecanismos de control. Recuperar universidades capaces de pensar libremente. Recuperar una educación que forme ciudadanos y no obedientes. Y significa algo todavía más difícil: recuperar la confianza. Porque las instituciones también viven en la cabeza de los ciudadanos.
Cuando durante años una persona aprende que las leyes pueden ser usadas a conveniencia, que el mérito importa menos que la lealtad, que la justicia depende de quién seas o de a quién conozcas, termina adaptándose a esa realidad. Y deshacer esa adaptación llevará tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Ojalá lo supiera. Mi apuesta es que probablemente mucho. Pero que una tarea sea larga no es argumento para no comenzarla.
Hay una vieja frase que suele asociarse a la construcción del puente Golden Gate que une a San Francisco con Oakland, en California: “si algo va a tomar tanto tiempo, entonces debimos haber comenzado ayer”. No sé si la atribución exacta es correcta. Y, como periodista, prefiero decirlo antes que convertir una buena frase en una mala cita. Pero la idea sí es impecable. Hemos debido empezar ayer. No empezamos. Porque hay una tentación muy venezolana —y muy humana— de mirar la magnitud de la tarea y concluir que ya es demasiado tarde. No lo es. Lo único que no tiene remedio en la vida es la muerte.
Quizá sea tarde para recuperar lo que fuimos. Pero no es tarde para construir lo que nunca tuvimos suficientemente bien construido. Ese debería ser uno de los grandes consensos de la Venezuela que venga: que ningún gobierno vuelva a ser dueño de las instituciones; que ningún funcionario vuelva a confundir el cargo con la propiedad del Estado; que ningún partido vuelva a considerar que ganar una elección significa conquistar todos los poderes. Los gobiernos pasan. Las instituciones deberían permanecer.
Y si algo nos ha enseñado este largo desastre es que las instituciones no se defienden solamente cuando ya están cayendo. Se construyen, se cuidan, se vigilan y se transmiten de una generación a otra. Por eso no me interesa terminar este artículo preguntando cuánto tiempo tardará Venezuela en reconstruirse. Me interesa otra pregunta: ¿cuándo vamos a empezar? La respuesta no puede ser mañana. Hemos debido empezar ayer. Pero como no empezamos, empecemos hoy.
La plataforma periodística y de derechos humanos Laboratorio Migrante informó este 11 de octubre que al menos 1 668 niñas y adolescentes venezolanas migrantes han sido víctimas de violencia sexual, física, psicológica y de negligencia y abandono en Colombia entre enero y septiembre de 2026, según los datos del Observatorio Nacional de Violencias de Género de ese país (Onvgc).
En lo que va de año, según los datos recopilados por el Onvgc y Laboratorio Migrante, al menos 8 niñas y adolescentes venezolanas migrantes son víctimas de algún tipo de violencia por día.
Los datos surgen en el marco del Día Internacional de la Niña, una conmemoración de las Naciones Unidas para recordar las vulneraciones que sufren las infancias en el mundo y los avances que los países pueden lograr.
Entre 2019 y 2026, la Onvgc ha registrado más de 17 303 niñas y adolescentes venezolanas migrantes o refugiadas en Colombia que han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género, según Laboratorio Migrante.
La institución periodística y de derechos humanos destacó que existe un subregistro de los casos. Sin embargo, se han detectado al menos 300 casos de maternidades forzadas en jóvenes venezolanas entre 2024 y 2026. Las víctimas tienen entre 10 y 16 años, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
«Sin embargo, a la fecha se desconoce cuántos de estos delitos contra estas menores de edad alcanzaron a ser investigados, cuántos fueron llevados ante la justicia, cuántas de ellas recibieron atención y acompañamiento estatal y qué sucedió con sus bebés», denuncia Laboratorio Migrante.
Opacidad y trata
Verónica Mesa, coordinadora de investigación de la ONG Mulier, destacó el pasado 24 de marzo de 2026 que la opacidad Estatal sobre las estadísticas demográficas dificultan trazar los casos de trata de mujeres venezolanas dentro y fuera del país.
Según los últimos datos manejados por Mulier, en 2024 se identificaron 511 venezolanas rescatadas de redes de trata, de las cuales 73 eran niñas y adolescentes. Sin embargo, la cifra más alta se registró en 2023, con 1.395 mujeres rescatadas. Mesa reiteró que estos datos provienen de reportes de prensa y de la sociedad civil, más no de instituciones públicas venezolanas.
Mientras tanto, la asociación civil Corporación Mujer Denuncia y Muévete destacó en su informe publicado este 5 de agosto que al menos 630 casos de mujeres, adolescentes y niñas venezolanas fueron víctimas de la trata de personas en la frontera colombovenezolana entre 2018 y 2026. Las organizaciones delictivas que la asociación civil destacó como las principales promotoras de violencia sexual fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y otras redes locales criminales.
«En contextos de violencia sexual digital, de explotación sexual digital, siguen siendo mayoría las niñas quienes padecen estos delitos. Los grupos armados son los principales responsables y quienes se lucran de estas prácticas junto al lobby proxeneta», recalcó la abogada Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, a Laboratorio Migrante.
Desde el 2023, Mulier advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro incumple el compromiso que adquirió ante la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), de publicar el plan nacional contra la trata, una normativa que, según el Gobierno venezolano, está público desde el 2021. Por ahora, el Gobierno interino venezolano bajo el aval de Estados Unidos mantiene esa deuda.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) confirmó la detención arbitraria del Marlon Maya, miembro del Colegio de Abogados de Pedraza (Barinas) y del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. De acuerdo con la institución, el pasado 9 de octubre miembros de la Policía Nacional Bolivariana lo arrestaron en la ciudad de Barinas sin ninguna orden.
La ONG denunció que Maya estaría en desaparición forzada.
«Continúa el aparato represivo como ha confirmado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas», apuntó Fundehullan, haciendo referencia al último informe publicado por la institución multilateral el pasado 12 de septiembre donde se señala la permanencia del aparato represivo del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
🚨 ATENCIÓN |
El pasado viernes 09/10/2026 a las 10:00 pm fue detenido de manera arbitraria por la PNB en Pedraza (#Barinas) el Abg. Marlon Maya, del Colegio de Abogados de Pedraza y miembro @VenteVenezuela mientras se encontraba en un establecimiento de su propiedad.
Por su parte, Alexis Ramos, abogado y coordinador jurídico nacional de la asociación civil Movimiento Vinotinto, denunció la detención arbitraria de la activista Auriscar del Valle Pérez y su hermano Carlos Luis Pérez el pasado 9 de octubre en Barquisimeto.
Según Ramos, ambos habían ido a la Fiscalía de Quíbor, en el estado Lara, para actualizar el estatus legal de su padre, quien el pasado 4 de octubre falleció en un accidente de tránsito. Ahora, ambos se encuentran recluidos en el Centro de Coordinación Policial de Quíbor.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón había denunciado que para el primero de octubre existían al menos 424 presos políticos tras las rejas. De ese grupo, al menos 42 son mujeres, 39 personas denuncian tener enfermedades graves y 42 presos políticos tienen una nacionalidad extranjera.
En la tarde del 11 de octubre, Movimiento Vinotinto actualizó el caso de los hermanos Pérez: el Tribunal Quinto de Control Municipal del estado Lara dictó orden de excarcelación con medidas cautelares y presentación ante tribunales cada 30 días para ambos. De acuerdo con Ramos, el tribunal les impuso los delitos de resistencia a la autoridad y ultraje a la autoridad.
«Tenemos que seguir elevando la voz contra estos procedimientos que están viciados», denunció Ramos. «No podemos permitir que el actual sistema que gobierna nuestro país siga vulnerando los derechos».
Mientras tanto, Fundehullan sigue clamando por la libertad plena de Maya.
El Fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció este 11 de octubre que el empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio de Alex Saab y del Gobierno liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está bajo custodia en Norteamérica.
De acuerdo con Blanche, Pulido fue detenido en Venezuela por los Homeland Security Task Force (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional), una institución creada en 2025 por el Gobierno de Donald Trump. El empresario colombiano se encontraba en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, desde el año 2023, cuando el PSUV lo incluyó en el esquema de corrupción denominado «Pdvsa-Cripto».
«Sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo. Ninguna cantidad de tiempo o distancia detendrá al Departamento de Justicia [de Estados Unidos] de trabajar con nuestras fuerzas del orden federales y socios internacionales para perseguir a estos criminales y llevarlos ante la justicia en un tribunal estadounidense», destacó Blanche en sus redes sociales.
🚨 Law enforcement on the @HSTaskForce arrested Alvaro Pulido Vargas where he now faces two separate federal indictments in the U.S. from 2019 and 2021 involving an alleged multibillion-dollar Venezuelan money laundering and bribery schemes tied to the Maduro regime.
— Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) October 11, 2026
El Departamento de Justicia de EE.UU. avanzó que Pulido Vargas comparecerá ante un tribunal del Distrito Sur de Florida el próximo martes 13 de octubre por la tarde.
Hasta ahora, los gobiernos estadounidense ni venezolano han declarado públicamente sobre el proceso de detención y extradición de Pulido.
Historial de corrupción
Desde 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida ha imputado a Pulido y a Saab de corrupción mediante el programa gubernamental venezolano CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Sin embargo, informó la ONG Transparencia Venezuela, sus primeras acusaciones por lavado de dinero ocurrieron en Ecuador en 2012.
Pulido acumuló al menos cinco expedientes por corrupción entre Estados Unidos, Suiza, Ecuador.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, tanto Pulido como Saab manejaban un mínimo de 2 mil millones de dólares en esquemas de corrupción relacionada con alimentos, como el CLAP, y con viviendas.
Por ahora, Saab enfrentará su primera audiencia el 20 de enero de 2027 frente a la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, por los delitos de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas.
Delcy Rodríguez, mandataria encargada de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos, llegó a Roma este 11 de octubre en el marco del Foro Mundial anual de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que empezará al día siguiente y culminará el 16 de octubre. Rodríguez participará en la inauguración con un discurso sobre la seguridad alimentaria en el país.
La mandataria fue recibida por Máximo Torero, Economista jefe de la FAO y coordinador del Foro. El evento tiene como foco el debate sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios, la mitigación del impacto climático en la producción agrícola y la garantía del derecho soberano a la alimentación para los países miembros de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la Prensa Presidencial, la delegación venezolana está conformada por la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo; la embajadora y representante permanente de Venezuela ante la FAO, Marilyn Di Luca; el vicepresidente de Comunicación y Cultura y ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela; el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y el ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería.
«Estamos aquí, participando en este Foro Mundial de la alimentación, destacando la importancia que Venezuela le da a la alimentación como un derecho humano fundamental», señaló la mandataria al canal estatal Venezolana de Televisión. «Y, sobre todo, destacando el proceso en Venezuela: un país que supo llegar a su meta de hambre cero y luego tuvimos el proceso derivado de las sanciones. Hoy estamos mostrando importantes avances con ese objetivo de volver nuevamente a hambre cero en Venezuela».
Un discurso malnutrido
Las primeras sanciones particulares a miembros de la administración pública del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ocurrieron en marzo de 2015, cuando restringieron la entrada a Estados Unidos y congelaron los bienes particulares de 7 militares de alto rango venezolanos.
Para ese entonces, las universidades venezolanas y las ONG ya llevaban al menos tres años denunciando el declive de la seguridad alimentaria en Venezuela.
Los economistas Luis Zambrano Sequín y Santiago Sosa, en un artículo académico del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIE-UCAB) publicado en 2018, destacó que el Instituto Nacional de Nutrición había detectado un declive en el consumo de proteínas animales y de cereales entre los años 2012 y 2015, mientras los datos eran públicos. En el estudio los economistas destacaron que los índices de consumo de en todos los rubros nunca superaron los niveles que había en 2004.
En 2013 la FAO le otorgó a Venezuela y a otros 19 países la distinción del Objetivo del Milenio de «Erradicar la pobreza extrema y el hambre» (especialmente el subobjetivo de «reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen de hambre). Ese mismo año al menos 7 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fuddación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, denunciaron la opacidad de los datos. Los propios datos recopilados por la FAO en 2013 destacan que el índice de desnutrición en niños menores de 5 años en Venezuela pasó de 4,1 % en el periodo de 1990 – 1995 a 3,7 % en el periodo de 2005 – 2011, una reducción de 0,4 unidades.
Y, en 2014, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida —una iniciativa de la IIE-UCAB frente a la opacidad de estadísticas públicas— constató que el 80 % de la población venezolana encuestada no podía cubrir la canasta alimentaria y recurría a productos de alto contenido calórico y de calidad más baja. También observó que el 11,3 % de la población encuestada comía dos veces al día o menos.
El hambre se mantiene
Las vulneraciones al derecho a la alimentación se ha mantenido. En 2024, Michael Fahkri, antiguo relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, visitó Venezuela y concluyó que la seguridad alimentaria en el país es débil. Para ese entonces, denunció el clientelismo que aplica el PSUV a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Frente a la opacidad de la administración pública del PSUV, la sociedad civil sigue recopilando información de manera independiente. De acuerdo con los registros de Cáritas Venezuela, los casos de las infancias menores a 5 años con desnutrición han ido en aumento en el último año. En su último boletín Saman (Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud), publicado en marzo de 2026, destacó que 29,8% de los niños evaluados por al ONG en 19 estados del país está en desnutrición aguda o riesgo de tenerla.
La circunstancia ―no es fatalidad sino drama, en búsqueda de una solución― que hoy interpela a Venezuela, reducida al Pent House de una república de utilería, ha de encontrar correcciones prontas y oportunas. Está en riesgo de toparse con otra frustración, obra de un teatro de ficcionar y hacerle fraude a la democracia, reinstalando entre los venezolanos el mito de Sísifo. Ello me obliga a insistir sobre una cuestión vertebral a riesgo de repetirme. Me refiero a la importancia de aprender a “vivir en la verdad”, tema pendiente para una nación como la nuestra, históricamente preterida, sujeta a la tutela de la república desde las guerras por la Independencia y urgida de reencontrarse con sus raíces libertarias extraviadas.
Alude esto a la cuestión de la reconstrucción de la confianza como institución invisible de la libertad, cuya verdad ―no el interés ni los intereses que en la “circunstancia” hoy transan las élites del poder― es la única que le puede darle soporte firme a un proyecto de país viable y al andamiaje que luego la exprese orgánicamente. Es la búsqueda agonal de una forma legítima de reconocernos en lo que somos, reintegrarnos y a partir de ello forjar un poder genuino, auténtico, verdaderamente comprometido con la garantía de la libertad de todos y para todos, que sea favorecedora de nuestra experiencia democrática como derecho.
Nunca más cabe digerir al poder como instrumento para la renovación de sus formas de tutela o de secuestro de la voluntad y la conciencia de nación, presentes hasta el momento.
Mi opinión al respecto no es el producto de un vano ejercicio teórico, menos ingenuo. Bien entiendo que sin Derecho con mayúscula desaparecen la libertad y los derechos de las personas. Lo sabemos los venezolanos. Y sin un poder constituido que los asegure, aquél y éstos terminan como catecismo de buenos propósitos. Pero he aquí lo que sí cabe advertir, a saber, que en esta materia el orden de los factores altera al producto. Y ese orden lo determina una premisa, la verdad y, repito, la voluntad de una nación a la que se busca secuestrar otra vez y como antes, a manos de las elites de un poder ilegítimo y coludido, tanto político como económico, de vocación expoliadora.
Llegó a mis manos, recién, una encuesta que reduce el favor popular que otras encuestas de fechas cercanas le acreditan a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, empeñada en orientar y acompañar el proceso de reconstrucción venezolana desde el ángulo y la perspectiva del ciudadano. El encuestador de marras, practicante de un oficio muy devaluado en América Latina ―que lo digan los brasileños y los colombianos― afirma que los venezolanos ―quienes “están felices” según el inquilino de la Casa Blanca― nos encontramos en la disyuntiva de pavimentarle el camino a otro liderazgo emergente.
La banalidad “republicana” de ese constructo, que estima a nuestra nación como frívola y voluble, atado por lo demás a una lógica utilitaria similar a la que administraban los partidos políticos desde la agonía de estos en el siglo XX hasta las elecciones primarias de 2023, está al desnudo. Basta con advertir que, cifras más adelante, el encuestador reconoce el daño antropológico sufrido por el pueblo venezolano durante los últimos 26 años; que este resiente el mal absoluto padecido y sueña con su final, con su vuelta desde el ostracismo. El reencuentro, el restablecimiento de la empatía, de nuestros hilos de confianza recíproca destruidos, aparece como lo vital y existencial, solo entendible desde el ángulo de lo sociológico y no conjugable, cabe advertirlo, desde la lógica del poder o de la ciencia política.
A Venezuela se la ha visto solo desde el atalaya del poder institucional y de sus inútiles mesas de diálogo entre sordos, nutridas por la generosidad de los odios y las traiciones; todavía más en un país ―el nuestro― que se encuentra constitucionalmente desmaterializado, desde 1999, cuando se impuso la Constitución Bolivariana y se la transformó en una gran mentira constitucional.
Se ha dejado de lado la otra perspectiva, la veraz y real: la que se alcanza desde la periferia. La que se mira en los ojos de una nación, la venezolana, ya madura para valerse por sí misma y a la que se busca apresarse una vez más para sostenerla como víctima irredenta, tan olvidada como las víctimas del doble terremoto y las que permanecen en las ergástulas del Rodrigado para ser usadas como monedas de cambio. La república que queda atrás y la que se negocia mejor se parece a una casa de apuestas. No es importuna, inoportuna o impertinente, por lo mismo, la pregunta crucial que hemos de hacernos y que en su momento se hiciese Vaclav Havel, artesano de la transición checoslovaca tras el régimen comunista que esclavizó y silenció a su pueblo: ¿Es posible construir un Estado desde la verdad?
He aquí, pues, las dos cuestiones que deben interpelarnos a todos los venezolanos: ¿Seguiremos sobre el camino de Eudomar Santos: cómo vaya viniendo iremos viendo? ¿A tropezones iremos resolviendo aquí y allá, sin reparar en un proyecto de vida estable, decente y digno para todos, rindiéndole culto a lo presente, a lo instantáneo, de suyo a la mentira como fisiología de la existencia? ¿O asumimos, en el marco de un debate sincero, el desafío de construir una realidad social e institucional que sea el resultado de una clara conciencia de nación, testimonio auténtico de nuestra voluntad como pueblo, y reparadora del sufrimiento padecido, a través de la memoria y la verdad?
Por lo pronto, tras el 3 de enero y la extracción de Nicolás Maduro y de su socia de empresa criminal, Cilia Flores, hay que decirlo sin ambages, lo único visible es el sostenimiento del territorio de Venezuela como plaza de remate de sus activos y en pública almoneda, bajo una república sin nación, que apenas frisa casi dos centurias como andamiaje militar con intersticios civiles y que se hizo fantasma durante ese día icónico.
De la cosmética del poder a la reconstrucción de una nación libre
Nuestra realidad material, sin reparo en los efectos espirituales que se le siguen irrogando a la nación en su conjunto, sigue siendo vista como el botín que se le arranca a la fuerza a un déspota desalmado y que pasó de manos, como prenda de guerra, a otra potencia extranjera. Ayer lo fue Cuba y luego Rusia, China e Irak. Ahora es el Pentágono, suerte de empresario petrolero aliado con la buhonería empresarial y una burocracia virreinal de partidos franquicias, presta para la distribución de canonjías que permitan estabilizar a una república imaginaria. Esas tenemos. Y vayamos con las valoraciones ético-políticas que estos hechos ameritan.
Jürgen Habermas, un izquierdista serio, intentando elaborar el pensamiento renovado de la izquierda tras el final del comunismo ―nada que hacer con la colcha de retazos del socialismo del siglo XXI y la demencial corruptela en que esta sumió a sus seguidores de manos de Fidel Castro y Luiz Inacio Lula da Silva― desde el ángulo europeo y atendiendo a las revoluciones ocurridas en la Europa del Este, vincula la idea de “vivir en la verdad” con el rechazo de un sistema basado en la mentira.
Se refiere a lo que compartían, a su vez, los comunistas con los fascistas italianos, tocándose ambos desde las colas. No por azar, Piero Calamandrei, lo cito por enésima vez y no me canso, describió lo que conociese bajo el régimen de la mentira como fisiología del poder instalado por Benito Mussolini, que no era otro que el fraude continuo y sistemático a la legalidad, la legalización de la ilegalidad, para normalizar al engaño constitucional. De allí que Habermas reparase, como necesario y al respecto, en el indispensable y necesario encuentro de los fundamentos prepolíticos del Estado constitucional de Derecho. Es aquello que mejor enseñan la Patrística y Emmanuel Kant cuando se refieren a la búsqueda de la verdad, más allá de lo que indica el mundo sensible y de las emociones ―esas que exacerban los algoritmos― y que se ha de encontrar, antes bien, en el interior de cada hombre, en su alma.
En el devenir de la fallida y, al parecer, olvidada transición democrática que emprendieron los partidos de la llamada Unidad en 2019, que estos mismos entierran tras un pedido de Nicolás Maduro a la Administración Biden con vistas a los Acuerdos de Barbados, sus autores anunciaron que regresarían a la vigencia de la Constitución a partir de sus mismas normas, desconocidas y violentadas por la dictadura y que aún sigue en pie.
No obstante, le dieron vida a un Leviatán sin relación ni tradición alguna con el devenir republicano de Venezuela, ajeno al mismo texto constitucional que afirmaban defender. Forjaron un gobierno parlamentario colegiado, de distribución de cuotas clientelares entre los partidos y, antes que cumplir con lo mandado por la Constitución ante la falta de un presidente electo, es decir, convocar a elecciones presidenciales, optaron por gobernar sin límite de tiempo, sobre un pequeño pedazo de los activos de la república: aquellos que lograba quitarle Estados Unidos al régimen de Maduro, mediante sus sanciones.
Ese intento culminó en un ajuste de cuentas, en 2022, sobreviviéndole una mera “sindicatura de la quiebra”, necesaria para la disposición sucesiva de esos activos por la Casa Blanca. Mas llegado el año 2026, como si los poderes republicanos no tuviesen límites temporales en las democracias teatrales o autoritarismos electorales del siglo XXI, son resucitados a dedo diputados miembros de la fenecida Asamblea opositora para que departan y dialoguen con otra Asamblea ilegítima, la de 2026. Su propósito fijado es, a través de un sincretismo de laboratorio, restablecer los fueros de la libertad, de manos de jueces y rectores electorales forjados por una suerte de doctor Frankstein. Lograr que la ilegitimidad y su maldad connatural, den lugar a otro estadio, de legitimidad ¿simulada, atenuada, transada?
La legitimidad que a posteriori se logró construir en América Latina y en Venezuela desde dictaduras precedentes, fue posible al hacerse presente la nación, que debe respetarse y cuya dignidad ha de ser respetada. Empero, los artesanos del despropósito actual forjan mataburros electorales, pues estiman a la nación venezolana como impreparada para el sufragio. Entierran, y se empeñan en diluir para la memoria, la experiencia del 28 de julio de 2024, la elección de Edmundo González Urrutia, que ahora copian otras naciones del hemisferio para blindarse de la corruptela electoral y sus cortapisas tecnológicas.
Servir o no a la verdad, en suma, es el verdadero dilema de Venezuela. No es otro y tampoco es el de la cosmética del poder. Eso lo entendieron a cabalidad los alemanes tras el Holocausto y como premisa del orden que debían construir, para dejar atrás al mal absoluto. Se convencieron de que lo apriorístico ―volvamos a Havel y a Habermas― reside en esa regla, en esa idea, en esa norma connatural a partir de la que registramos y leemos al mundo de lo sensible, sea el político, el relativo al poder y a sus manifestaciones varias, incluidas las mercaderiles o dinerarias, para valorarlas a tiempo y rectificar, cada uno, su camino personal y como sociedad. Esas reglas “son algo apriorístico, en lo cual el hombre, frente al mundo y su experiencia, se demuestra superior, libre, y autónomo”. Hace valer su dignidad inalienable como persona y como ciudadano.
El problema o el dilema venezolano es que, así como en la Alemania que hubo de superar al nazismo, su nación sujetó a la república a una prescripción constitucional situada en su pórtico, a cuyo tenor “la dignidad humana es intangible, y respetarla y protegerla es obligación de todo poder”, entre nosotros, antes bien, la Constitución bolivariana dispone que nuestro patrimonio moral y valores residen en el pensamiento de Simón Bolívar, el Libertador. Para este el poder es vitalicio, y la nación un conjunto de seres impreparados para el bien de la libertad.
La Asamblea Nacional del 2025 (AN 2025), conformada en su mayoría por representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), publicó este 10 de septiembre la lista de 127 personas que se postularon para conformar el comité de renovación del Tribunal Supremo de Justicia, representante principal del Poder Judicial en el país.
La mesa de diálogo entre la AN 2025 y representantes de la oposición bajo la vigila Estados Unidos auditarán a los más de 100 abogados que se postularon. El Comité de Postulaciones Judiciales estaría conformado por 11 representantes de la AN 2025 y 12 miembros de la sociedad civil de los 127 postulantes.
🚨ATENCIÓN 🚨 Conoce la lista de ciudadanas y ciudadanos postulados por los diferentes sectores de la sociedad, así como por iniciativa propia, para integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. 👇👇👇 pic.twitter.com/ZJOMaCbSrN
Entre los representantes más destacados, se encuentran Carlos Trapani, coordinador general de la ONG Cecodap; Gillermo Tell Aveledo, actual decano de la Facultad de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, y Zimarú Fuentes, familiar del preso político Larry Moya.
La lista de postulado, hasta ahora, está conformada por 83 personas que se identifican con el género masculino (65,35 % del total) y 44 personas que se identifican con el género femenino (34,65 %).
Este comité seleccionará a los aspirantes a magistrados del TSJ y presentará la lista final a la Asamblea Nacional, que se encarga de la elección definitiva.
El proceso de postulaciones culminó el pasado viernes, 9 de octubre. Hasta ahora la Asamblea Nacional no ha especificado una fecha para el cierre de evaluaciones de los candidatos. De acuerdo con el parlamentario Luis Florido, el proceso tomará «más días de lo esperado».
El Comité se forma en el marco de negociaciones entre la AN 2025 y representantes de la oposición bajo el escrutinio del Gobierno de Donald Trump. Su tercera reunión estará prevista para el próximo 14 de octubre, y uno de los puntos a tratar es la selección de los 12 futuros miembros del comité que evaluarán la renovación del TSJ.
Distintas organizaciones de la sociedad civil venezolana, como Transparencia Venezuela, han denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia ha sido un ente clave para la consolidación del autoritarismo del PSUV en las últimas dos décadas. En las últimas elecciones presidenciales, en 2024, la Sala Electoral del TSJ nombró a Nicolás Maduro como presidente pese a que el Consejo Nacional Electoral, hasta el día de hoy, no ha enseñado los resultados de forma pública y disgregada por zona geográfica y centro electoral.