La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela acusó a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de cometer crímenes de lesa humanidad durante más de una década.
El informe publicado este jueves 11 de diciembre concluyó que funcionarios de la GNB perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva.
“Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década,” afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
El documento, elaborado bajo la supervisión tanto de ella como de los expertos Francisco Cox Vial y Patrícia Tappatá Valdez, ofrece un análisis exhaustivo de la estructura interna, jerárquica y operativa del cuerpo militar.
Aquí las ocho claves más relevantes del informe de la ONU sobre la actuación de la GNB:
Control social militarizado
La Misión de la ONU detalló que la doctrina venezolana de “seguridad nacional” ha fusionado funciones militares y policiales, con lo que se ha legitimado la militarización de la seguridad ciudadana y se ha ampliado el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna.
También, precisó que la cadena de mando altamente centralizada –bajo la dirección del Presidente de la República como comandante en Jefe de la FANB– facilitó la ejecución de “acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas”.
Uso desproporcionado de la fuerza
El informe apuntó que durante los picos de las protestas ocurridas en 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB empleó una fuerza desproporcionada, incluyendo el uso indebido de armas letales y menos letales. Los señalan de disparar de manera indiscriminada hacia zonas vitales, así como de modificar proyectiles para causar mayor daño.
Detenciones, torturas y violencia sexual
La Misión documentó cientos de casos de detenciones “arbitrarias, masivas y selectivas” en contra de cualquier venezolano que se definiera como opositor o disidente.
También, registró casos de violencia física durante las detenciones, siembra de evidencias para incriminar y torturas, malos tratos y violencia sexual dentro de instalaciones de la GNB.
La Misión afirma que estos abusos no fueron incidentes aislados, sino parte de un método para castigar y doblegar a las víctimas.
Persecución política
El informe de la ONU identificó a la GNB como “un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos“. Según la Misión, y basado en informes de ONG, la Guardia Nacional Bolivariana ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020.
Además, tuvo un rol clave en la llamada “Operación Tun Tun” tras las elecciones de 2024 con la detención de decenas de opositores.
Detención de extranjeros
Según la Misión, la GNB, además del Saime y la Dgcim, también participaron en la detención de personas extranjeras, uno de los aspectos novedosos en el plan de represión política selectiva de 2024 y 2025. En los casos documentados por los expertos de la ONU, este tipo de detenciones ocurrieron sobre todo en las localidades de los estados venezolanos fronterizas con Colombia, así como en el Distrito Capital.
Ataques a medios de comunicación
“La GNB también ha sido empleada por las autoridades administrativas y judiciales para ejecutar sanciones contra los medios de comunicación, y ha tenido un papel en el hostigamiento a sindicatos y a sus miembros, a quienes han dirigido amenazas de detención”, señaló la ONU.
Impunidad estructural
El informe denunció las fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano e identificó numerosos factores que contribuyen a un estado de impunidad cuando se refiere a la rendición de cuentas por la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos. Entre estos factores están:
- El incumplimiento del deber de investigar por parte del Estado.
- Falta de conclusión de investigaciones penales iniciadas.
- Reiteradas sustituciones de fiscales.
- Irregularidades respecto a pericias forenses
- Cadena de custodia de evidencia e independencia de las investigaciones
- Falta de debida diligencia de parte del Ministerio Público
- Falta de cooperación de la GNB y otras instituciones con las investigaciones del Ministerio Público
- Agentes de la GNB de mando medio y superior son excluidos de las investigaciones
- Número reducido de condenas en los casos de violaciones a derechos humanos donde la GNB tuvo participación directa.
Responsabilidad penal
La Misión estima que existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando.
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