La justicia de Estados Unidos amplió las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores al imputarles una conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos, como parte de “un sistema de represión destinado a preservar su permanencia en el poder”.
La acusación formal de 71 páginas hecha pública este jueves, sostiene que Maduro autorizó y supervisó el uso de torturas, detenciones arbitrarias y violencia contra opositores políticos.
El director del FBI (Federal Bureau of Investigation), Kash Patel, sostuvo que la pareja deberá encarar nueva acusaciones por “someter a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia, incluyendo drogas, electrocución, agresión sexual y más”.
Además se emplearon métodos como asfixia, palizas brutales, privación del sueño y violencia psicológica.
Según el documento judicial, miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, detenidos, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban bajo las órdenes del gobierno de Maduro.
El escrito también afirma que el exgobernante llegó a amenazar personalmente con matar al hijo de un detenido como mecanismo de tortura psicológica.
La acusación menciona además a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), organismo que estuvo dirigido por el general Hugo “El Pollo” Carvajal, quien posteriormente se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico.
Tres estadounidenses entre presuntas víctimas
El expediente señala que entre las personas presuntamente torturadas se encontraban tres ciudadanos estadounidenses, cuyas identidades no fueron reveladas.
Uno de ellos habría sido golpeado, sometido a descargas eléctricas y obligado a ingerir su propio vómito durante ocho meses de reclusión.
Otro habría sufrido una golpiza que requirió una prolongada hospitalización y le introdujeron un arma de fuego en la boca. El tercero habría permanecido esposado y encapuchado mientras era golpeado repetidamente durante dos días, lo que le provocó una lesión ocular permanente.
Cilia se queda en prisión
Además de los cargos anteriormente imputados, esta actualización acusa a Flores de utilizar su influencia política, judicial y familiar “para coordinar y dar cobertura legal a las operaciones financieras ilícitas y a las redes de represión del entorno presidencial”.
El abogado venezolano en Nueva York, Nizar El Fakih, informó a través de su cuenta de X que el juez Alvin K. Hellerstein negó la solicitud de la defensa de Flores de otorgar casa por cárcel.
Los abogados de la denominada Primera Combatiente pidieron que sea liberada y trasladada a arresto domiciliario debido a problemas cardíacos que aseguran no pueden ser tratados adecuadamente en prisión.
De acuerdo con la defensa, la casi septuagenaria ha perdido unos 11 kilos desde su encarcelamiento y presenta mareos persistentes, vértigo y dificultad para respirar.
Sus abogados afirmaron que podría haber sufrido un ataque cardíaco leve en julio y que existe la posibilidad que requiera una cirugía.
De acuerdo a AP, la Fiscalía estadounidense se opuso a su liberación y argumentó que Flores representa un “riesgo extremo de fuga y un peligro para la sociedad”.
Ratificación de señalamientos previos
El documento ratifica y expande los cargos previos relacionados con el tráfico internacional de drogas y vincula a la pareja con el Cartel de los Soles, una estructura gubernamental y militar descrita como “una organización ilícita que colaboró activamente con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para inundar los Estados Unidos con cocaína”.
Además les acusan de emplear el espacio aéreo y marítimo desde Venezuela “utilizando el poder del Estado para proteger los cargamentos de droga a cambio de millonarios sobornos”. También se les acusa de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer dicho armamento pesado en apoyo de actividades de narcotráfico.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde que fueron capturados el pasado 3 de enero en el marco de una operación estadounidense en Caracas.
Ambos se han declarado inocentes de los cargos de narcotráfico que ya enfrentaban y que podrían acarrearles cadena perpetua en caso de ser condenados.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante su gobierno.
Por su parte, la justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
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