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Alerta de viajes de EE. UU. a Venezuela contradice narrativa de sus voceros

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La alerta de viajes que mantiene el Departamento de Estado de Estados Unidos hacia Venezuela contrasta de frente con el optimismo que pregonan voceros Casa Blanca y el Pentágono.

Mientras el gobierno estadounidense mantiene al país bajo un estricto Nivel 3 de advertencia que pide “reconsiderar viajar”, los voceros de la administración de Donald Trump insisten en proyectar un escenario de normalidad y hasta “felicidad” tras los acontecimientos políticos de principios de año.

El propio presidente Trump aseguró este 10 de junio desde Despacho Oval que “Venezuela está muy bien. Las relaciones con la gente son excelentes. Se ha convertido en un país feliz, aunque no lo crean. O sea, se ha convertido en un país feliz”.

El mandatario estadounidense vinculó este giro político con el abastecimiento energético de su país, afirmando además que “nosotros estamos sacando millones de barriles de petróleo de Venezuela”. No es la primera vez que Trump hace estas afirmaciones de positivismo sobre la situación de Venezuela.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, celebró la sintonía con el interinato de Delcy Rodríguez, afirmando que “muy pronto habrá grandes noticias procedentes de Venezuela sobre ese tema, porque ahora contamos con un socio allí, en Venezuela, dispuesto a colaborar con nosotros”.

La realidad de la alerta consular

Esta narrativa oficial de normalidad y felicidad, emitida por voceros estadounidenses, contrasta con la documentación oficial del propio Departamento de Estado, que justamente este 9 de junio ratificó su alerta con respecto a reconsiderar cualquier viaje a Venezuela,

La advertencia consular todavía califica de “peligrosas” las condiciones en el territorio venezolano debido a crímenes violentos, secuestros y la presencia de grupos armados irregulares.

El documento también retrata un sistema de salud pública en estado de severa crisis, con hospitales colapsados que carecen de luz y agua, escasez crónica de medicinas, brotes de enfermedades como el dengue o el Oropouche, y restricciones extremas en la capacidad de la embajada en Caracas para socorrer a sus ciudadanos.

EE. UU. mantiene una alerta de viaje nivel 3 hacia Venezuela

El Helicoide y el maquillaje institucional

La desconexión entre el discurso en Washington y los hechos cotidianos en Venezuela también quedó en evidencia una semana atrás tras la audiencia del secretario de Estado, Marco Rubio, ante la Cámara de Representantes, donde afirmó que El Helicoide había sido cerrado.

El funcionario afirmó que “la infame prisión, El Helicoide, ha sido cerrada”, una supuesta victoria humanitaria que los activistas locales desmintieron casi de inmediato.

Y justo después que Rubio dio esas declaraciones, familiares y defensores de derechos humanos en el terreno alertaron sobre un traslado masivo y opaco de presos políticos desde El Helicoide hacia otras cárceles del país.

La disidencia interna rechaza el discurso

Desde las filas de la oposición , las voces críticas rechazan categóricamente el cuadro de bienestar que dibuja la Casa Blanca. El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, desmintió los dichos del presidente de Estados Unidos sobre las condiciones del país.

El dirigente reclamó la falta de garantías básicas para una transición real y sentenció: “En Venezuela no estamos felices. No se ajusta a la verdad la afirmación de que los venezolanos estamos muy felices. Aún no”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

OVP: Régimen reconoce crisis penitenciaria pero sin asumir responsabilidades

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseguró que el Gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, reconoce la crisis penitenciaria, pero no asume responsabilidades.

El OVP señaló que en las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, del fiscal general Larry Devoe y de la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, reconocieron públicamente los problemas que la organización lleva décadas documentando: retardo procesal, criminalización de la pobreza, el uso prolongado de centros de detención preventiva y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.

A juicio de la ONG, las cifras presentadas por Diosdado Cabello son contundentes: 58 714 personas están privadas de libertad en Venezuela. De ellas, 12 425 tienen más de dos años detenidas sin sentencia y, además, 8222 permanecen recluidas en centros de detención preventiva.

Aunado a esto, el OVP recalca que el dato más preocupante es que el fiscal Lavoe reconoció que el 75% de los condenados admitió los hechos. Además, señaló que cerca del 70% de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país y que el 81% corresponde a personas que ingresan por primera vez al sistema penal.

En ese sentido, consideraron que las declaraciones de la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, merecen especial atención. Según Lobato, la organización que dirige debe atender a presos políticos, presos comunes, adultos mayores, adolescentes, niños y demás grupos vulnerables, reconociendo implícitamente la magnitud de la crisis existente.

Consecuencias devastadoras

Desde abril de 2026 hasta la fecha, el OVP ha documentado al menos 22 muertes bajo custodia del régimen venezolano. A ello se suma una conclusión alarmante de su Informe Anual 2025, en el que concluyeron que el 95% de los fallecimientos registrados estuvieron asociados a la falta de asistencia médica oportuna.

La organización destacó que durante años, bajo la gestión de Alfredo Ruiz, la Defensoría observó cómo se acumulaban denuncias de retardo procesal, hacinamiento, tortura, enfermedades, muertes bajo custodia y graves violaciones de derechos humanos dentro de los lugares de reclusión.

Reiteraron que las personas que pasan años esperando una sentencia están expuestas a enfermedades, al deterioro de su salud física y mental, a la ruptura de sus vínculos familiares y a condiciones incompatibles con la dignidad humana.

El Observatorio venezolano de Prisiones mencionó que desde el año 2005 se han implementado cuatro planes de reforma, múltiples comisiones, diagnósticos reiterados y promesas de transformación que, hasta el momento no han saneado la crisis penitenciaria. Mientras tanto, miles de personas continúan privadas de libertad sin sentencia, sobreviviendo en calabozos convertidos en cárceles permanentes y en desprotegidos por parte del Estado.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Clamor internacional por los presos políticos: impulsan campaña para exigir ingreso de la CIDH a Venezuela

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Familiares de presos políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos impulsan una campaña para pedir una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela para visibilizar a nivel internacional la situación de los detenidos por razones políticas en el país.

La campaña es impulsada por la organización Un Mundo Sin Mordaza y el Comando ConVzla Mundo. “Esta acción global busca romper el cerco de censura y la opacidad oficial tras las recientes denuncias de traslados arbitrarios, aislamiento y torturas en centros de reclusión como El Helicoide”, señala una publicación de Un Mundo Sin Mordaza.

Para esta iniciativa se sumaron activistas y ciudadanos de la diáspora en países como Ecuador, México, República Dominicana, Panamá y Bélgica, quienes han acudido ante embajadas y sedes multilaterales para consignar peticiones formales. El objetivo es que la comunidad internacional “presione para que el régimen permita el ingreso de veedores independientes que verifiquen el estado real de salud y la integridad física de los más de 500 presos políticos que continúan tras las rejas”.

Según publicaciones de ConVzla mundo, ya los activistas han entregado documentos en sedes como la Cancillería de Argentina, las Embajadas de Chile y Ecuador en Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, la Asamblea Nacional de Ecuador, entre otras instancias.

Asimismo, fue creada una plataforma para firmar una petición sobre el ingreso de la CIDH en Venezuela donde recuerdan el caso de Víctor Quero Navas, preso político que falleció bajo custodia del Estado en julio de 2025 y las autoridades ocultaron su muerte durante casi 10 meses.

“Carmen Navas, su madre, entregó su vida entera esperando noticias de su hijo o una visita que nunca llegó”, señala la página de la petición.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Benigno Alarcón: “El gran peligro es que la normalización sustituya a la democracia”

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A poco más de cinco meses de la instalación del gobierno interino presidido por Delcy Rodríguez, el panorama político venezolano muestra una aparente estabilidad que, según analistas, oculta tensiones profundas y una estrategia de “arrastre de pies” por parte del oficialismo. En una reciente edición de Espacio Runrunes, conducido por el periodista Luis Ernesto Blanco , el analista político Benigno Alarcón, desmenuzó la lógica detrás del plan de Estados Unidos para Venezuela, el rol de la oposición y los riesgos de una “normalización” sin reinstitucionalización.

El “autodesmontaje” del régimen

Para Alarcón, los hechos demuestran que, por ahora, la normalización económica se ha impuesto sobre la transición política. Citando el plan de tres fases esbozado en su momento por el secretario de Estado Marco Rubio (estabilización, recuperación y transición), el analista sugiere que el país se encuentra en una fase intermedia donde las dos primeras etapas se han solapado. Sin embargo, sostiene que no hay razones para seguir postergando la transición porque el país nunca se desestabilizó por lo ocurrido el 3 de enero desmitificando los escenarios de caos que muchos auguraban debido  a que el deseo de cambio político también permea las bases de las instituciones del Estado y los cuarteles.

“La realidad es que aquí Maduro se fue un día o lo sacaron un día y no pasó nada (…) El país mantuvo su estabilidad”, señaló Alarcón.  

Según el experto, la estrategia de Washington parece basarse en una lógica particular: que sea el propio régimen el que desmonte su sistema, dado que controlan las estructuras de poder y conocen sus engranajes mejor que nadie. Esto buscaría garantizar que, cuando se celebren elecciones, el nuevo gobierno no herede un Estado minado y saboteable. Sin embargo, el exdirector del Centro de Estudios Políticos de la UCAB advirtió que no existen antecedentes históricos exitosos de un proceso similar y que la gran incógnita sigue siendo qué incentivos reales tiene el chavismo para cooperar en su propio desmantelamiento.

La estrategia de ganar tiempo

Alarcón advirtió que, al sentirse menos amenazado por una opción militar exterior, el gobierno venezolano ha comenzado a “calcular” y ralentizar el cumplimiento de las demandas de la comunidad internacional. “Por un lado, el oficialismo agilizó procesos que benefician su estabilidad económica, como la aprobación instantánea de la Ley de Hidrocarburos, pero por otro, organizaciones como el Foro Penal reportan que cerca del 40% de los presos políticos registrados continúan tras las rejas. 

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El factor María Corina Machado

Alarcón descartó la posibilidad de una elección presidencial en el corto plazo debido a factores fácticos: la falta de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la ausencia de un cronograma que respete los estándares mínimos de seis meses de anticipación. No obstante, ve “totalmente posible” un escenario electoral para el primer semestre de 2027 (el año que viene).

Respecto a los liderazgos, enfatizó que la fase de recuperación económica no se ha traducido en un piso político para Delcy Rodríguez, cuyo apoyo se mantiene estancado en torno al 24% o 25%, cifras similares a las de Nicolás Maduro. Sostuvo que la principal fuerza de la oposición sigue concentrada en María Corina Machado, a quien calificó como “la gran electora”.

Sobre el eventual regreso de Machado al país, Alarcón apuntó que la administración estadounidense ha frenado esta acción por temor a que afecte la estabilidad actual. Sin embargo, advirtió que la líder opositora debería volver relativamente pronto —posiblemente este mismo año— para evitar que su capital político se resienta por la ausencia física.

El peligro de la normalización 

Alarcón insistió en que el hito del 3 de julio (cuando se cumplan los 180 días de los plazos constitucionales de ausencia presidencial) podría servir como un factor de presión para exigir un calendario electoral, siempre y cuando la oposición lidere y direccione esa fecha.

El analista concluyó con una alerta contundente: si la normalización económica no tiene una contraprestación política que recupere la democracia, el país quedará en una posición mucho más vulnerable.

“Quedamos en peor posición porque tendremos un régimen que se cerrará nuevamente, pero con más poder, más recursos y nuevos aliados”, sentenció, advirtiendo que, sin contrapesos institucionales, cualquier avance económico o ley podría ser revertido mañana, abriendo la puerta a una nueva etapa de retaliación y persecución política”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 11 de junio: CorteIDH ordenó el cierre del Helicoide

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Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 11 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles 10 de junio el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocido como El Helicoide, luego de emitir un fallo en el caso de la detención y reclusión en ese lugar de Jorge Rojas Riera   

“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención El Helicoide”, indicó en un comunicado la CorteIDH.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Beatriz Salas de Marino, madre de Hugo Marino, denunció el impacto de los siete años de desaparición forzada de su hijo y afirmó que continuará exigiendo conocer la verdad sobre su paradero.

Azuquita pa’l café

La Inteligencia Artificial (IA) creó la evolución de la Basílica de la Sagrada Familia desde 1882 hasta el 2035.

La ñapa (recomendamos…)

Estos son los conciertos que se van a realizar en el mes de junio en en Caracas.

Impuesto al béisbol

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Quizás no sepa de qué le estoy hablando, pero se trata de un impuesto que en algún momento hemos pagado yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos cada vez que un muchachito parte un vidrio de un pelotazo. Con lo cual entendemos que los verdaderos patrocinantes de la carrera de un peloterito no son sus familias, sino los vecinos. Por eso propongo que dicho gasto sea formalmente reconocido mediante una ley llamada “Impuesto al Béisbol”.

Pues si usted saca la cuenta, el gasto por reponer ventanas, tejas, materos, adornos, parabrisas y bombillos quebrados por niños jugando béisbol, representa el 99 % del PIB anual en sitios como La Sabana o San Pedro de Macorís. Una cifra que además avala la ANVPU (Asociación Nacional de Vecinos de los Pisos Uno).

¿Cuántas madres de peloteritos no se verían beneficiadas descontando de sus impuestos la cantidad de vidrios que tienen que pagar por culpa de sus hijos? ¿Cuánto dinero no se ahorrarían los vecinos de los pisos uno si en su declaración anual presentasen las facturas de esos vidrios que terminaron pagando porque “nadie fue”?

Así mismo propongo que, en dicha ley, todo pelotero recién firmado reparta su bono de miles de dólares de la siguiente manera: 5 % al entrenador que lo formó, 5 % a la madre que lo parió y 35 % al vecino que lo padeció. Y en caso de llegar al Salón de la Fama, que nombre a todos los vecinos en su discurso.

Incluso podría considerarse que los scouts no solo firmen a los peloteros basándose en esas cinco herramientas clásicas de fildeo, brazo, contacto, poder y velocidad, sino también en otras nuevas como:

  • Número de batazos que partieron cosas en el vecindario.
  • Porcentaje de rabia de sus vecinos.
  • Promedio de abaratamiento de los inmuebles que rodean el sitio de las partidas.
  • El WAR (o “Windows Almost Replaced”).
  • Velocidad de pique al oír el “¡Plan!” de un vidrio quebrándose.

Eso nos permitiría entender que el primer cazatalentos de un beisbolista no es el scout de un equipo de Grandes Ligas, sino ese vecino que ha tenido que reponer todas sus ventanas por culpa del peloterito.

Aunque nunca falta un extremista que diga: “¿Y por qué no hacemos una ley que prohíba jugar pelota en la calle?”. Una medida práctica, sin duda, pero que también podría dejar en la quiebra a vidrierías, fabricantes de parabrisas, vendedores de tejas, jardineros que arreglan materos, toderos que pintan paredes manchadas por pelotas y psicólogos especializados en personas con instintos asesinos hacia carajitos que juegan béisbol.

Por eso, la próxima vez que usted sea víctima de un vecinito que le rompa algo por estar jugando pelota, alégrese: podría estar ante la próxima estrella mundial de las Grandes Ligas… (o ante el hijo del dueño de una vidriería que busca enriquecer a su papá).

@ReubenMoralesYa

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Paro de educadores se cumplió en un 80% según gremios 

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En un 80% se cumplió el paro nacional de docentes convocado este miércoles 10 de junio por la Federación Venezolana de Maestros, según informó su presidenta, Carmen Teresa Márquez. 

“Aun con las amenazas que debieron enfrentar los maestros, con la presencia de policías en las escuelas. Los docentes no tienen miedo y para eso tienen un sindicato que los va a defender, denunciamos el acoso laboral, pero no tenemos miedo”, dijo Márquez. 

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, dijo el líder gremial.

Márquez indicó que en estados como Vargas, Apure y Zulia reportaron presencia policial en las escuelas. 

La dirigente sindical expresó que luego de evaluar los resultados de este 10J vendrán nuevas acciones.

Por su parte, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), indicó que la paralización se cumplió en un 95% en alrededor de 20 universidades nacionales. 

Ambos sectores piden la dignificación del salario y el reinicio de las discusiones de las contrataciones colectivas, además de pago de cesta ticket y la revisión del Bono de Responsabilidad Profesional. 

En Miranda, René Zapata, secretario de organización de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) para la seccional Tuy-Guaicaipuro, dijo que más del 75% de las escuelas se sumaron a paro.

“90% de los representantes no mandaron a sus hijos a los centros de estudio. De no tener un salario digno seguiremos en las calles luchando por nuestras reivindicaciones”, amplió el líder gremial.

En Monagas, miembros del magisterio denunciaron que varios docentes fueron amenazados con suspensión de sus respectivos sueldos si acataban el paro: “Este régimen no respeta el derecho legítimo a la protesta pacífica, garantizado en el artículo 68 de la Constitución”.  

“Sin sueldo no hay paraíso”, decía una pancarta en Carabobo, donde el gremio docente igualmente reportó un acatamiento masivo a la convocatoria de paro.  

En el estado Zulia, Marlene Hernández, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en la entidad, aseguró que el paro se cumplió en 60 %. Manifestó que un 20 % estuvo en un paro parcial y que el otro 20 % sí acudió a las aulas. 

“Hubo mucha presión de las autoridades con persecución, amedrentamiento y amenazas. Decían que al que asista le descontarán el día, pero eso no importa porque el día de sueldo está en 0,70 dólares. Amenazaron con que abrirán expedientes por violentar el derecho del niño a la educación, pero resulta que el maestro luchando por sus derechos, también enseña”, expuso.

Por su parte, en el estado Anzoátegui, Maira Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), afirmó que en promedio de cada 20 maestros, solo acudieron dos a trabajar.  

“En Barcelona, escuelas como la Celestino Farrera hubo baja asistencia de educadores y niños. Lo mismo en la Rafael Marcano Rodríguez o la José Luis Arreaza de Puerto La Cruz”, agregó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Piden atención médica urgente para el preso político Juan Carlos Marrufo

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La vida y la integridad física del preso político Juan Carlos Marrufo se encuentran en una situación de peligro por la falta de atención médica especializada y oportuna dentro de su centro de reclusión, El Rodeo I. Ante esta situación, Amnistía Internacional emitió un alerta pública dirigida a Larry Devoe y a las autoridades correspondientes del Estado venezolano, con el fin de exigir que se garantice el derecho a la salud y a la asistencia médica inmediata para el detenido.

A este reclamo también se le unieron familiares y personas interesadas en el caso, quienes alertaron que a pesar de haber sido evaluado por un médico forense, Marrufo todavía no recibe el tratamiento requerido para ayudar sus dolencias actuales.

De acuerdo con las declaraciones de su suegra durante una concentración de familiares de presos políticos realizada en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, la condición física de Marrufo se ha deteriorado debido a una inflamación severa en la próstata, la cual le genera dolores agudos, además de los cuadros diabéticos que el ingeniero ha tenido que enfrentar en su día a día estando recluido. 

Detención arbitraria

El caso de Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado de Marrufo, su esposa, comenzó el 19 de marzo de 2019 cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) los detuvieron la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo. 

Las investigaciones y denuncias del entorno familiar presumen que el arresto se ejecutó porque los cuerpos de seguridad buscaban al hermano de María Auxiliadora, quien se encontraba fuera del territorio nacional y al no poder dar con su paradero, el DGCIM  procedió a privar de libertad a la pareja bajo las acusaciones de terrorismo y asociación para delinquir. Durante esa primera detención, estuvieron ncomunicados en la sede del cuerpo de seguridad en Boleíta, Caracas.

A pesar de que el 6 de mayo de 2019 un tribunal ordenó la liberación bajo medidas cautelares, el DGCIM no cumplió la orden de inmediato. El proceso se alargó hasta el 2 de octubre de ese mismo año, cuando finalmente se disponían a regresar a su hogar tras la excarcelación pero fueron interceptados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para proceder con una segunda captura. Las autoridades revocaron la orden previa y los imputaron por traición a la patria, homicidio frustrado y homicidio con alevosía por su supuesta participación en el ataque con los drones en la avenida Bolívar en Caracas.

La separación

El proceso continuó el 16 de febrero de 2021 cuando el tribunal encargado ratificó la medida privativa de libertad y ordenó el pase formal a la fase de juicio. Tras debates y sin presentar pruebas concluyentes, el 9 de diciembre de 2022, los esposos Marrufo Delgado recibieron una condena definitiva de 30 años de prisión, lo que representa la pena máxima establecida dentro de la legislación penal venezolana. Desde entonces, la pareja permanece separada en distintos centros de reclusión, donde se enfrentan a condiciones de confinamiento severas que han ido deteriorando su salud.

Actualmente, Juan Carlos Marrufo, se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, un lugar donde sus complicaciones de salud no cuentan con el monitoreo clínico necesario. Por su parte, María Auxiliadora Delgado, permanece privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), y al igual que su esposo, presenta patologías crónicas como hipertensión y episodios de descompensación que ponen en riesgo su vida.

Un grito de auxilio

Los familiares insisten en que la sentencia carece de sustento legal y que la condena tan prolongada solo profundiza el sufrimiento de las familias Marrufo Delgado. De este modo, el llamado urgente de Amnistía Internacional y de los familiares se centra en lograr que las autoridades permitan el ingreso de personal médico para evaluar la condición urológica del señor Marrufo antes de que se generen daños mayores e irreversibles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.