El juicio por el caso Pdvsa-Cripto se acerca a su fin tras la audiencia número 19, celebrada el pasado 12 de junio. En esta sesión, los acusados aseguraron ser inocentes, negándose a admitir los hechos imputados por el Ministerio Público. Para este lunes 15 de junio, se espera que el fiscal Eddie Rodríguez —quien ha sido objeto de recusación por parte de las defensas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso— presente sus argumentos para contestar las múltiples incidencias planteadas.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 20 de abril, la jueza Alejandra Romero Castillo ha optado por cerrar el procesos a los ojos y oídos de la prensa. Pese a esta restricción, TalCual ha podido conocer que en lo que va de juicio, el banquillo de los acusados se transformó en una tribuna de denuncias donde los procesados califican el expediente como una «simulación de hecho punible» y una purga política.
Según los testimonios, a los que este medio ha tenido acceso, el objetivo del proceso no es la búsqueda de justicia, sino la reconfiguración del poder interno y el control de activos estratégicos que, durante años, permanecieron fuera de las auditorías estatales.
Mientras el país exige conocer el destino de los 21.200 millones de dólares que Pdvsa perdió por vender crudo a través de intermediarios opacos, el proceso judicial se ha transformado en una escenografía de denuncias sobre torturas, aislamiento prolongado y pugnas por la propiedad privada. Tres años después del inicio de las investigaciones, el debate se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos para centrarse en un esquema que, de acuerdo con los involucrados, ha servido para la liquidación de patrimonio privado.
Una fuente cercana al proceso cuenta a TalCual que las tensiones escalaron desde la semana antepasada, con la negación de las autoridades a trasladar a los acusados al Palacio de Justicia desde sus centros de reclusión. En la audiencia del 10 de junio, las defensas rechazaron al formato telemático. El reclamo fue desestimado por la jueza que declaró sin lugar las oposiciones al formato, alegando supuestas medidas de seguridad que impiden el traslado de los detenidos desde Rodeo I.
Durante esta sesión, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, y quien en algún momento fue alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció la omisión de socorro médico ante su delicado estado de salud, calificando las condiciones de reclusión y el manejo del expediente como prácticas de «pena de muerte» por parte del Estado, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y publicidad del juicio.
Con la intervención del fiscal Rodríguez, prevista para el 15 de junio, y el posterior pronunciamiento de la jueza sobre las incidencias presentadas, el caso Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando atrás un rastro de denuncias sobre irregularidades procesales que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial en su conjunto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Jackeline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), alertó que la salud se su cónyuge se encuentra en un estado “sumamente delicado”, puesto que ha manifestado sufrir mareos intermitentes desde el 3 de enero y el Estado se ha negado a ofrecerle atención médica.
En una publicación difundida en Instagram, Sandoval señaló que pareciera que la administración actual “está ejecutando de forma pasiva la pena de muerte indirecta impuesta durante los mandatos de Chávez y Maduro”.
“Todo indica que se pretende esperar a que su condición sea terminal para brindarle asistencia, o que el desenlace fatal es el objetivo real, tal como se ordenó en noviembre de 2004, algo que bien podrían dar testimonio los funcionarios policiales que investigaron el caso Anderson en aquella época”, añadió.
Sandoval responsabiliza al Estado por la vida y la integridad física de Rolando Guevara. “Desatender su situación no solo agrava su salud, sino que constituye un desacato flagrante a la sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Rolando Guevara está en prisión desde 2004, cuando fue detenido junto a su hermano Otoniel Guevara, excomisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip); y su primo, Juan Guevara. Fueron detenidos por el asesinato del fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson.
Los hermanos Guevara y su primo Juan fueron detenidos sin orden judicial, incomunicados y sometidos a torturas (asfixia, golpes, descargas eléctricas) para extraer confesiones. Fueron condenados a casi 30 años de prisión. El testigo principal del caso, Giovanni Vásquez de Armas, confesó posteriormente que todo fue un montaje orquestado por la Fiscalía.
En agosto de 2025, los tres fueron trasladados de manera arbitraria de su centro de reclusión (Sebin – El Helicoide) sin notificar a sus abogados ni a sus familiares. Luego de 70 días fue que sus familiares supieron que estaban en el Servicio Especial de Máxima Seguridad (Sesmas) de El Rodeo I.
🚨 Es alarmante e inaceptable lo que sucede con la salud de Rolando Guevara con un cuadro recurrente desde pasado 23 de febrero ha presentado sintomatología sin recibir tratamiento médico adecuado ni atención médica especializada de acuerdo a las denuncias de sus familiares. pic.twitter.com/G3qRIZMkly
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 14, 2026
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) alertó sobre el sumamente delicado estado de salud en el que se encuentra Rolando Guevara, quien cumple una condena de 27 años y seis meses de cárcel. La organización reportó que… pic.twitter.com/fCjj8uDKkC
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Aranza Hernández es una joven de 20 años que estuvo detenida por motivos políticos desde noviembre de 2025. Tras salir de prisión, contó que ahora debe cumplir un régimen de presentación cada 30 días, pero asegura que “no es momento de callar”. Su prioridad se centra en visibilizar la situación de sus familiares y compañeras que aún continúan en prisión.
La detención de Aranza, madre de una niña de cinco años, ocurrió de forma arbitraria en Maracaibo, estado Zulia, cuando los funcionarios ingresaron a su vivienda sin ninguna orden de aprehensión. Las autoridades la interrogaron insistentemente sobre su hermano Cristian Hernández, un militar exiliado en Estados Unidos a quien ella no veía desde los 8 años de edad. Durante el procedimiento, los agentes la encapucharon y la trasladaron a Caracas en un viaje a ciegas.
En una entrevista concedida desde El Rodeo I a la periodista Maryorin Méndez, la joven manifestó: “Sé que ya no va a haber más aprehensión, porque sé que es el momento donde yo me puedo expresary decir que todavía quedan presos políticos”.
Aranza pasó sus primeros 15 días de cautiverio en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. La joven describió el lugar de encierro como una estructura inhumana. “Eso parecía como una perrera porque era algo súper pequeñito y con cuatro rejas; yo sentía que era un perro en ese momento”, denunció sobre las condiciones de su celda.
En ese sitio sufrió torturas físicas y psicológicas, agravadas por su condición de asmática mientras permanecía con el rostro cubierto. “Viví 15 días horribles. O sea, tortura psicológica, tortura física, porque simplemente por el hecho de que me tenían con la cara tapada, sabiendo que yo era asmática, literal, era una asfixia lo que ellos me estaban haciendo”, recordó.
La joven señaló que los funcionarios le cuestionaban constantemente sobre su hermano y si había hecho algún trabajo para él. “Solamente me preguntaban por mi hermano y que cuál mandado le había hecho”, dijo.
El 13 de enero de 2026, los custodios la trasladaron al centro de reclusión femenino Las Crisálidas. Aranza asocia su liberación directamente con los recientes acontecimientos políticos de Venezuela. “Si no hubiese caído el presidente, yo seguiría en las manos del Dgcim, todavía siguiera en aquel lugar del cual la gente me decía que no iba a salir”, sentenció.
Una familia perseguida
El entorno familiar de Aranza sufrió de manera directa la persecución del Estado. Las autoridades detuvieron en total a cinco miembros de su núcleo por el único motivo de ser parientes del Teniente Cristian Hernández. Entre los arrestados figura su hermana Samantha, una adolescente de 16 años que fue excarcelada en mayo; y su cuñada Maykelis Borges. “Hoy, para la gloria de Dios, también está en libertad con su bebé Christofer, quien nació atrás de las rejas”, celebró.
La mayor preocupación de la joven se concentra en su primo Ariel Alberto Camargo y su tío Henry Alberto Castillo. “Ellos por ser familia de un militar exiliado hoy viven la tristeza y la soledad tras aquellas rejas, con la esperanza de algún día salir de ese lugar”, lamentó Aranza, detallando que descubrieron el paradero de su tío en el Rodeo I tras pasar más de un año desaparecido.
Vocera de las que quedan atrás
La joven mostró una carpeta con los nombres de varias mujeres que conoció en prisión y exigió la liberación inmediata de todas ellas. Entre los casos que mencionó destacan las juezas Maurelis Vilches y Helen Ojeda, ambas acusadas de terrorismo. También denunció la situación de las ciudadanas ecuatorianas Cinthia y Sonia, detenidas en Apure bajo cargos de terrorismo y trata de personas por el hecho de ser extranjeras.
La lista de la joven incluye a Anny Moreno, de 19 años, acusada de fraude electrónico; a Lenny Cruz y Kristina Antonorsi, procesadas por el caso Pdvsa; y a Yazmín Fajardo, arrestada por exigir en redes sociales la libertad de su esposo. Aranza también recordó conmovida el caso de Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia en julio de 2025 y el Estado ocultó su muerte durante casi 10 meses.
Los últimos dos días han sido de total desvelo para Aranza debido al impacto emocional del reencuentro con su hermana Samantha y la readaptación a la calle. “Me tengo que enfrentar a muchas cosas, tanto adaptación para mí… tengo dos días que no duermo… no he pegado ni un ojo”, confesó sobre sus primeras horas fuera de prisión.
En lo inmediato, la joven solicitará un permiso especial a los tribunales para viajar al estado Zulia. Su meta es asistir a la graduación de preescolar de su hija de cinco años. Finalmente, manifestó un compromiso de alzar la voz por quienes siguen encerrados: “Quisiera ayudar a cada uno de los presos políticos que se encuentran detenidos en la Crisálida, en el INOF, acá en el Rodeo I, en Yare”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En Venezuela, una cirugía, un parto complicado, un tratamiento oncológico o una enfermedad hematológica no solo enfrentan a los pacientes a la incertidumbre de su diagnóstico, ni a la preocupación por el aspecto económico debido al colapso de la salud pública y los costos de la atención en centros privados. Muchas veces, también los obligan a emprender una carrera contrarreloj para conseguir algo tan esencial como sangre.
Mientras en otros países los bancos de sangre mantienen reservas suficientes gracias a sistemas de donación voluntaria y permanente, en Venezuela son los familiares quienes suelen cargar con la responsabilidad de encontrar donantes en medio de una emergencia. La búsqueda se traslada a grupos de WhatsApp, redes sociales, cadenas de mensajes y llamados desesperados entre conocidos.
“Tuve que pagar 20 dólares a varias personas para lograr conseguir los que me solicitaron”, recuerda Alberto, un habitante del este de Caracas, sobre la experiencia que vivió el año pasado cuando un familiar necesitó transfusiones y pese a que, como también comenta, él mismo ha sido donante para ayudar a personas en situación similar.
Su historia no es excepcional. Es parte de una realidad que especialistas y organizaciones del sector describen como consecuencia directa de la ausencia de una cultura sólida de donación voluntaria y de las debilidades estructurales del sistema nacional de sangre.
Un país que depende de la urgencia
La hematóloga Nelly Martínez, exdirectora del Banco Municipal de Sangre, explica que Venezuela se encuentra muy lejos de los estándares internacionales en materia de donación voluntaria.
“Actualmente, en Venezuela no tenemos estadísticas actualizadas, pero sabemos que el porcentaje de donación voluntaria está alrededor de 1,5%. El resto, son donantes de reposición emergencia”, señala.
Eso significa que la mayoría de las personas no dona sangre de forma habitual o altruista, sino únicamente cuando un familiar o conocido la necesita. De acuerdo con los estándares internacionales, lo ideal es un donante voluntario, altruista, consecutivo y no remunerado: “El donante voluntario aporta componentes más seguros y lo hace bajo ninguna presión”, específica la especialista.
La tasa ideal de donación voluntaria es de 30 a 40 donantes por cada mil habitantes y en Venezuela, se calcula que cinco de cada mil habitantes donan pero de no de forma voluntaria ni permanente, “sino por un mecanismo de presión, o por algún familiar que lo requiera”. Y para mantener una reserva de sangre apropiada es necesario que por lo menos el 50% de la población sea donante voluntaria.
Para Martínez, este modelo genera múltiples problemas. En primer lugar, impide mantener reservas suficientes para responder con rapidez ante emergencias. En segundo lugar, obliga a las familias a buscar donantes en momentos de angustia extrema, cuando justamente tienen que atender otros asuntos de urgencia.
“La sangre debe esperar en el banco de sangre por el paciente y no al revés”, advierte la especialista. La diferencia no es menor: una hemorragia obstétrica severa, por ejemplo, puede convertirse en una emergencia fatal en cuestión de minutos si no hay disponibilidad inmediata de componentes sanguíneos.
Julio Riera nunca había pensado en donar sangre. Fotógrafo de profesión, llegó por primera vez a un banco de sangre en 2019 debido a la operación cardíaca de un familiar.
“Hasta ese momento, yo no tenía ni idea de cómo era el proceso”, recuerda. Tampoco estaba al tanto de que, tal y como se lo comentaron los médicos, además de obtener una evaluación gratuita del estado de su sangre al donar, su acto altruista también podría generarle beneficios a su salud.
Y es que la donación de sangre actúa como un mecanismo de revitalización interna que estimula la médula ósea para generar células nuevas, mejorando la eficiencia cardiovascular. Este proceso de regeneración, respaldado por expertos, permite reponer rápidamente los glóbulos rojos sin afectar la salud del donante y optimiza el transporte de oxígeno en el organismo.
Lía Talavera, hemoterapista, presidenta de la Sociedad Venezolana de Hemoterapia y coordinadora del Banco de Sangre del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), amplió en un material informativo compartido con Runrun.es que este ciclo de renovación no solo ayuda a mejorar las defensas del cuerpo, sino que actúa como un filtro depurador: el proceso de donación contribuye a la reducción de los niveles de triglicéridos y ayuda a equilibrar los niveles de hierro en la sangre. Al regular estos niveles, se disminuyen factores de riesgo circulatorios, se mejora el flujo sanguíneo y protege el corazón.
Para Julio, lo que comenzó como una necesidad familiar, terminó convirtiéndose en un compromiso personal.
“Desde ese momento, me pareció que era un gesto verdaderamente importante: poder ayudar a otros en una situación de salud y, a su vez, obtener un beneficio renovando o limpiando mi sangre”, declara. Desde entonces, dona entre tres y cuatro veces al año y suele responder a solicitudes que encuentra en redes sociales.
Sin embargo, reconoce que forma parte de una minoría: “A mí me gustaría que más personas lo hicieran porque, sin duda alguna, estás ayudando a alguien en una situación donde verdaderamente lo necesita y puedes estar ayudándote a ti también de alguna manera. La cultura de la donación debería crecer”.
Su reflexión coincide con el diagnóstico de los especialistas: la donación voluntaria sigue siendo una práctica poco frecuente en Venezuela.
Los mitos que alejan a los donantes
¿Por qué tan pocas personas donan sangre de forma regular? Para la hematólogo Nelly Martínez, parte del problema radica en la falta de educación y en la persistencia de falsas creencias.
“Mucha gente no dona porque tiene miedo”, explica. También, persisten ideas erróneas sobre supuestos efectos negativos de la donación: “Otro mito es que si uno dona sangre, uno engorda. En realidad, uno engorda porque come, no es porque donó”.
La especialista también desmiente el temor a contraer enfermedades durante el procedimiento: “Absolutamente todo lo que se utiliza, los equipos que se utilizan en el proceso de la donación, son completamente estériles (…) no hay riesgo de contaminación”.
Pero desmontar los mitos requiere algo más que campañas ocasionales. Según Martínez, la construcción de una cultura de donación debe comenzar desde la infancia y mantenerse durante todas las etapas educativas.
Cuando conseguir donantes se vuelve una odisea
Adriana, residente de Guatire, ha sido donante en varias ocasiones para familiares, amigos e incluso desconocidos. Sin embargo, cuando ella misma necesitó una cirugía el año pasado, se encontró del otro lado del problema.
Le solicitaron cuatro donantes. Y solo pudo conseguir dos: “Y por el resto, tuve que pagar con productos de limpieza en el hospital”.
A su juicio, los obstáculos administrativos también influyen en el desinterés de muchos potenciales donantes.
“Tienes que hacer colas desde la madrugada en los sitios públicos y, mayormente, les ponen un pero en algo y la gente se va”, agrega.
La experiencia de Rosi, una caraqueña cuyo suegro fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas el año pasado por un tumor canceroso, refleja las mismas dificultades.
“Ofrecíamos pago en divisas por nuestros estados de WhatsApp, hicimos varios servicios públicos por redes, ofrecíamos el traslado y hasta los desayunos y no pudimos cubrir la cantidad solicitada en dos ocasiones”, lamenta.
En este duro trayecto, se encontraron con otro impedimento a la donación de sangre en Venezuela, que parece ser más frecuente de lo que se pensaría. “A tres de los donantes que llevamos los devolvían, porque al hacer los análisis de sangre, descubrían que tenían anemia. Y en el banco de sangre vimos a muchas personas que era notificadas de lo mismo”, cuenta.
Un derecho humano que depende de la solidaridad
La situación trasciende el ámbito médico. Para Nelly Martínez, vivir en un país sin suficientes donantes voluntarios tiene implicaciones directas sobre el derecho a la salud. La exdirectora del Banco Municipal de Sangre y docente del Posgrado de Hematología con sede en el Banco Municipal.
“Vivir en un país sin cultura de donación de sangre vulnera el derecho a la salud porque la transfusión es un derecho universal para todo el mundo y debe realizarse en forma equitativa y con justicia”, recalca.
La Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove) coincide con esta visión. En un comunicado difundido con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra este 14 de junio, la organización alertó sobre la disminución de las capacidades operativas de los bancos de sangre y de los servicios de bioanálisis del país.
Según la federación, el deterioro de las condiciones operativas, la insuficiencia de reactivos, las fallas en el suministro de materiales para la recolección de sangre y la migración de profesionales comprometen la seguridad transfusional y limitan el acceso oportuno de los pacientes a este recurso vital.
“La sangre segura es un derecho, no un privilegio”, subraya la organización.
Cómo salir del círculo vicioso
Mientras países de América Latina han logrado incrementar progresivamente la donación voluntaria mediante campañas sostenidas y políticas públicas, Venezuela continúa dependiendo casi exclusivamente de la reposición familiar.
Martínez sostiene que el país necesita una estrategia nacional que combine educación, organización institucional y promoción permanente.
La especialista también insiste en la necesidad de construir un sistema nacional de sangre que permita coordinar esfuerzos, fortalecer los bancos existentes y garantizar reservas suficientes.
Fecobiove, por su parte, plantea medidas similares: mejorar el suministro de insumos y reactivos, fortalecer las condiciones laborales del personal especializado y desarrollar programas permanentes de sensibilización orientados a fomentar la donación voluntaria, altruista y no remunerada.
Una sola donación de sangre auxilia a tres vidas
Cada vez que Julio Riera -uno de los ciudadanos entrevistados para este trabajo- recibe una solicitud de donantes intenta responder. Hace pocos meses acudió a donar para un hombre al que nunca conoció. Lo encontró a través de una publicación en Instagram. Y aunque la historia no tuvo un final feliz, porque el señor falleció, su compromiso no ha mermado.
“Siento que donar sangre es mi manera de apoyar a otros que pueden estar pasando por un momento difícil”, expresa.
Su experiencia resume el desafío que enfrenta Venezuela: en un país donde los familiares todavía deben salir a buscar sangre en medio de una emergencia, la solidaridad individual continúa llenando vacíos que deberían estar cubiertos por un sistema fortalecido.
Mientras esa transformación llega, cada donación sigue representando mucho más que una bolsa de sangre.
Como recuerda Nelly Martínez, de una sola donación pueden obtenerse componentes capaces de beneficiar a tres personas distintas, ya que no solo se aprovecha la sangre, sino que también se pueden obtener plaquetas y plasma. Tres vidas que, en algún momento, dependerán de que alguien haya decidido extender el brazo mucho antes de que se presentara la emergencia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cada tiempo tiene su propio tiempo y hace historia propia, es la afirmación que hicimos constar en nuestra precedente crónica, del mismo título, buscando referir la realidad y dinamismo como la autonomía del ser humano, que en modo alguno pueden obviarse. No significa ello que la historia haya de reescribir la Verdad y sus verdades sin antes considerar –lo precisa León XIV en su amplia relectura– “la forma en que la Iglesia habita la historia y se relaciona con el mundo”.
Esta es una cuestión clave para comprender la aproximación que hace su encíclica Magnifica humanitas sobre la cuestión digital y la inteligencia artificial (IA), a fin de que no se las vea como un tema singular sino como la manifestación de un «cambio epocal» en la misma historia; que, si bien interpela al magisterio eclesial con las cosas nuevas, este, como doctrina social y aquella como poseedora de “una consistencia y un orden propio”, permanecen atados a una raíz que las trasciende.
La creación, en efecto, lleva impresa una bondad originaria –lo recuerda la encíclica– que la mirada humana debe custodiar, cultivar y hacer madurar, siempre con la libertad que es inherente a la existencia del hombre, a su albedrío. De donde la tarea de la Iglesia católica, en el marco de ese reservorio de sabiduría que conjuga lo teológico con lo antropológico, solo busca acompañar, ayudar al discernimiento comunitario. La Doctrina Social de la Iglesia en modo alguno es “un manual de principios y de normas que hay que aplicar”, precisa la encíclica, pues se concreta como ayuda en la tarea de reconocer y promover “lo que contribuye a la dignidad de las personas, a la vitalidad de las comunidades y al bien de todos”.
El señalado magisterio, que ausculta a la historia al objeto de acompañarla y caminar a su lado, es de suyo perfectible, pero a su vez está inspirado en la verdad constante de los evangelios. Contiene una “comprensión de la verdad” y posee “un don que hay que compartir”. No es “una posesión que hay que reclamar”, como en los tiempos en los que se cedió– lo recuerda la misma encíclica apelando a San Juan Pablo II –a métodos de intolerancia e incluso de violencia al servicio de la verdad, y tampoco “un territorio que haya que defender”. La Doctrina Social de la Iglesia, lo recordaba San Pablo VI, mal puede “pronunciar una palabra única” ante la gran variedad de las situaciones históricas, como la presente, signada por una ruptura epistemológica que diluye espacios y exorciza al tiempo.
Cabe observar, sin perjuicio de lo anterior y justamente por inspirarse tal doctrina o por beber ella en las fuentes invariables del Evangelio, que su tradición ha evolucionado de manera coherente, sin fracturas intelectuales a la vista; todo lo contrario. Sin perjuicio, como conjunto de ideas, de haberse renovado mediante la escucha de las situaciones históricas concretas e interpelada por las preguntas que nacidas de la realidad social e histórica del hombre se le han dirigido.
Tal “corpus orgánico de enseñanzas sociales”, que Pío XII califica por vez primera como Doctrina Social de la Iglesia, como se ha dicho la inaugura la encíclica Rerum novarum de León XIII (1891), sobre la cuestión obrera y la dignidad del trabajo, revalorizando la dignidad humana por sobre el capital y defendiendo a la propiedad privada junto a su “indispensable función social”.
Le siguió la Quadragesimo anno de Pío XI (1931), que al conmemorarla hace crítica, en medio de la crisis económica mundial, tanto a la competencia sin límites, concentradora del poder, como a los colectivismos que “anulan la libertad y la responsabilidad de las personas”. Da lugar, así, a la emergencia y reconocimiento del principio de la subsidiariedad, que proscribe la absorción por instancias superiores de aquello que corresponde y han de realizar “las personas, las familias, los organismos intermedios y las comunidades locales”. Su pontífice autor, lo precisa Magnifica humanitas, “denuncia los totalitarismos que atropellan la dignidad de la persona, sofocan la vida social, exaltan al Estado por encima de su justo valor y adoptan la categoría discriminatoria de la raza”.
Pío XII, en su momento (1939-1958), sostiene “la necesidad de un Estado de derecho sólido para prevenir los abusos de poder y reconoce en la democracia un instrumento adecuado para favorecer el ejercicio correcto de la autoridad”.
Tres enseñanzas o principios son extraídos como síntesis de lo anterior y para lo actual por León XIV, a saber, que (1) el derecho prevalezca sobre el interés, (2) la conciencia de que las disparidades económicas son fuente de tensiones, y (3) el valor del tejido asociativo como vía para la mediación entre el individuo y el Estado; lo que, al paso y mutatis mutandis, propugna este para orientar la dinámica de la globalización y la forja de un orden internacional que sea justo y pacífico.
Juan XIII, con su Mater et magistra (1961) y Pacem in terris (1963), apuntará, sucesivamente, a dos aspectos cruciales en su época, la vida social y el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas, señalando, en cuanto a lo primero, el equilibrio que ha de mantenerse “entre la iniciativa de los ciudadanos y de los grupos, llamados a autoorganizarse, y la acción del Estado, que debe coordinar y sostener sin sofocar la libertad”; lo que sugiere la idea del Estado promotor. Y en lo relativo los derechos humanos, los vincula orgánicamente con la dignidad connatural de la persona, obligándose tanto el Estado como la comunidad internacional a su reconocimiento, con fundamento “en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”.
Caminar dentro de la historia
Con la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), que a distancia del tiempo aún suscita controversias, se promueve que la Iglesia deje atrás las abstracciones y se involucre con “la realidad concreta de las situaciones históricas”, observando a las estructuras institucionales y económicas según que sirvan o no “al desarrollo integral de la persona” y favorezcan “la participación responsable de todos”, como lo dispone la Constitución Gaudium et Spes (1966).
Sostiene León XIV al respecto, que dicha Constitución proporcionó un método valioso a objeto de que el diálogo de la Iglesia con el mundo no se reduzca a lo táctico, sino que se vuelva “una forma concreta de su misión”. Y ajusta que la Declaración Dignitatis humanae (1966), enhorabuena vino a defender la libertad religiosa como “un derecho fundamental arraigado en la dignidad de la persona”.
Las dos encíclicas que siguen, de San Pablo VI, a saber, Populorum progressio (1967) y Octogesima adveniens (1971), una postula la idea del desarrollo integral –condiciones de vida más humanas– que atañe «a todos los hombres y a todo el hombre» en sus variadas dimensiones, siendo aquella “el nuevo nombre de la paz; en tanto que la otra, que renueva la encíclica fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia, traslada su perspectiva a la sociedad posindustrial y a los cambios que ya se aceleran –como las transformaciones urbanas, la modificación de lo laboral y lo cultural– poniendo en tela de juicio “el futuro de las personas y de las comunidades”.
Lo esencial es que se reivindica la fuerza del mensaje evangélico, pues si bien pasa a ser otra la circunstancia histórica, diferente a la del puente entre los siglos XIX y XX, recuerda san Pablo VI que son sus criterios los que permiten “reconocer lo que humaniza o deshumaniza”. O según la exégesis de León XIV con vistas a nuestro siglo, “para que ninguna persona ni ningún pueblo sea tratado como prescindible en los procesos de desarrollo”.
En la singladura del tiempo recorrido desde el quiebre epocal, tras descubrirse la falacia del socialismo real y en las décadas que ya frisa el siglo XXI, y mientras la acción de los añejos sindicatos cristianos y partidos políticos de raigambre humanista cristiana que luchaban contra la explotación del hombre por el hombre ha quedado como pieza de museo, el alerta de León XIV a propósito de la revolución digital y de la IA no se hace esperar: “No deben subestimarse las formas más sutiles de dependencia vinculadas a la economía digital…, donde las plataformas y los servicios están diseñados para captar el tiempo y la mirada de los usuarios, explotando sus fragilidades y debilitando la libertad interior”.
Las enseñanzas sociales de san Juan Pablo II resultan de mucho peso en tal orden, dada la encrucijada que le toca y marca la crisis de los grandes sistemas ideológicos del siglo XX e inicios de la globalización. A sus encíclicas las transversaliza la idea de la solidaridad y dos de ellas, Laboren exercens (1981) y Centesimus annus (1991), son conmemorativas de la Rerum novarum que marca la deriva secular de la Doctrina Social de la Iglesia. La primera resitúa la significación del trabajo –que deja de ser costo de producción, problema de gestión, o medio para obtener ingresos– estimándolo como el elemento que pone en juego a la libertad, la creatividad y la capacidad de cada hombre para cooperar, “contribuyendo a la elevación cultural y moral de la sociedad”.
Mal cabe, así, según León XIV, evaluar al trabajo “únicamente en términos de eficiencia”. De allí que, entienda el papa polaco, en su otra encíclica, que la democracia y la economía de mercado son las garantías de la participación ciudadana mientras se subordinen a la ley moral, sin sacrificar a los más débiles en aras de la lógica del lucro.
En Sollicitudo rei socialis (1987), conmemorando la Populorum progressio de san Pablo VI, que media entre las dos señaladas con anterioridad, dirigiéndose a la comunidad internacional san Juan Pablo II la interpela sobre la importancia del juicio ético riguroso y no solo técnico de los mecanismos económicos y financieros gestionados por las grandes potencias. Pide hacer prevalecer “una forma de amistad social”, de solidaridad, entendida como corresponsabilidad entre las personas, los pueblos y las naciones.
Benedicto XVI, su sucesor y previamente su Prefecto de la Congregación de la Fe, desde su denso pensamiento teológico y filosófico reinterpreta el concepto de desarrollo planteado en Populorum progressio, para pedir se le concilie con “los límites de la creación”. No solo eso, sino que advierte la emergencia de nuevas formas de exclusión en los países ricos mientras que, en los pobres, aparecen sectores de fuerte consumismo conviviendo con la miseria deshumanizante. Destaca, seguidamente, el marco de esa movilidad de capitales globales que “ha reducido el poder político de los Estados”. Enseña, en fin, que la lógica del mercado debe orientarse por el bien común, sin sustituir la responsabilidad necesaria de la “comunidad política”.
León XIV recuerda que el gran aporte de papa Ratzinger a la Doctrina Social de la Iglesia fue “mostrar que el desarrollo, la justicia, las instituciones y el mercado no son realidades neutras”, sino “espacios en los que la caridad en la verdad debe tomar forma histórica”. También que destacó la importancia de recomponer la relación entre la política y la economía a la luz de dos paradigmas, el bien común y “reconocer a la caridad un papel crítico y generativo en la vida pública. Lo que exige, en otras palabras, reconstruir la confianza en una hora de desestructuración de los sólidos culturales, de culto al relativismo y de perturbación de las distintas formas de relación social y política entre los hombres.
El patrimonio intelectual único que ofrece el magisterio social de la Iglesia, según reza Magnifica humanitas, se resume en la dignidad de la persona, el valor del trabajo, el destino universal de los bienes, la solidaridad y la subsidiariedad, el cuidado de la creación, la centralidad de la paz, y la fraternidad; que, en palabras de Francisco (Fratelli tutti, 2020), significa la “cultura del encuentro” y “una mejor política” capaz de ofrecer un mundo que garantice “tierra, techo y trabajo para todos”.
Está próximo el cumplimiento de los seis meses a partir del comienzo del “nuevo momento político” que produjo un impacto sin precedentes en Venezuela. La oportunidad, igualmente sin precedentes, para mover al país en la dirección que la inmensa mayoría desea produjo un renovado interés masivo en la política nacional. Ello, a su vez, nos ha brindado a quienes nos dedicamos a la observación de la política una fuente de material como no habíamos tenido en años. No obstante, esos cambios se han dado a un paso más lento que lo que dicha mayoría desea (y, además, sigue siendo incierto el desenlace). Desde la última vez que me senté a escribir esta columna, no he visto nuevos acontecimientos relacionados que me parezcan dignos de ser descritos aquí.
Sin embargo, es la política venezolana la que me sirve de plataforma para abordar el tema sobre el que ahora escribo. Específicamente, por una coletilla de su predecesor. Si leyeron la última emisión de la columna, recordarán que fue sobre el acompañamiento que tuvo la líder opositora María Corina Machado por otros políticos en una reunión en Panamá, y el rechazo que eso produjo entre muchos integrantes de la base opositora, quienes ven a los susodichos políticos con sumo desdén y preferirían que Machado no se codeara con ellos.
A propósito de ello fue entrevistado un joven influencer de redes sociales conocido como “Kilómetro”, quien en los últimos años ha sido un comentarista frecuente sobre la política venezolana e incluso alguien que, invirtiendo papeles, ha entrevistado a políticos venezolanos (lo hizo con Leopoldo López, verbigracia). No voy a discutir lo que Kilómetro dijo. No es eso lo que hoy nos atañe. De hecho, más que lo que dijo, la discusión que produjo en la opinión pública se ve sintetizada en la pregunta “¿Por qué se entrevista a un muchacho, sin ninguna formación profesional en la materia, para que hable de política?”.
Es un fenómeno que me ha llamado la atención desde hace años, y quiero aprovechar para tratarlo en este momento. No, no es algo propio de Venezuela con exclusividad. Está pasando en todo el mundo. No solo en Venezuela. Vean el caso de Westcol en Colombia. O el de Joe Rogan en Estados Unidos. Influencers, streamers y criaturas similares del internet haciendo de periodistas y “analistas políticos” (suelo entrecomillar esta expresión por su informalidad).
Lo hacen con un alcance mucho mayor, sobre todo entre jóvenes, que el que tienen profesionales del periodismo y de las ciencias sociales. Llamo a este fenómeno la “podcastización de la política” y es una fase superior de la “política como espectáculo” de la que hablaba Giovanni Sartori. El éxito de los improvisados se debe a que, al margen de que emiten comentario político con más o menos tino, son personas chistosas o entretenidas de alguna otra forma.
Ello refleja otro fenómeno de nuestros tiempos: la colonización de todos los aspectos de la vida por el entretenimiento. Las masas están adictas al entretenimiento en la era de las redes sociales, por lo fácil que es conseguirlo. Están adictas al estímulo fugaz y lúdico, como apunta Byung-Chul Han. Todo tiene que ser un chiste, un meme, un video de brainrot.
De más está decir que esto banaliza y empobrece la discusión de temas serios (la seriedad es, inversamente, algo a lo que las masas hoy le rehúyen como a la peste), por “aburrida”), incluyendo la discusión de temas políticos. Umberto Eco lo advirtió antes que nadie: que la democratización de las comunicaciones vía redes sociales es un arma de doble filo, al brindar oportunidades a gente brillante y dar al mismo tiempo un altavoz a los idiotas.
No es que todos estos influencers sean ineptos cuando hablan de política. Como dije hace unos días, hay personas que sin formación académica en la materia son capaces de abordar el asunto con talento. Pero sí ocurre a menudo que los comentarios de estos personajes son frívolos y superficiales. Repito: su éxito no radica en la calidad informativa o reflexiva de sus opiniones, sino en su capacidad para entretener.
Personalmente, nunca me he visto impresionado por lo que he visto de los tres ejemplos enumerados arriba (Kilómetro, Westcol y Rogan). ¿Son tipos graciosos? Sí, quizá. Pero si yo quiero reírme, acudo a un comediante. No a un sujeto que quiere influir en mi juicio político.
Debo ahora tomar prestado un principio básico de la macroeconomía. La oferta de algo nocivo no es un problema si no hay demanda. Las audiencias de estos influencerstienen una tajada de responsabilidad en la depauperación de la esfera de opinión pública. Por su adicción al entretenimiento. Por su falta de disposición a abordar ciertos temas con la seriedad que ameritan. Por querer sentirse facultados para opinar sobre temas complejos sin hacer el esfuerzo intelectual que tal cosa exige. Tal vez el rasgo más distintivo de la presente iteración del hombre-masa que tanto inquietaba a Ortega y Gasset es una combinación de dos pecados capitales: pereza y soberbia. Quiere y hasta exige que los demás avalen su opinión sobre un tema del que no hizo ni el más mínimo esfuerzo por informarse. El entretenimiento, como ya vimos, es una de sus adicciones. Que le den la razón es la otra.
También hay que decir que la fauna de influencers y streamer ha desplazado a los custodios tradicionales de la opinión supuestamente bien informada, pues estos últimos no han sabido adaptarse de forma satisfactoria a las nuevas maneras en que fluye la información. Toca a estos profesionales pensar en formas de lograr que el público vuelva a interesarse en lo que tienen que decir, sin degradaciones de la sustancia. De no conseguirlo, me temo que la podcastización de la política avanzará más y más.
Parte de la dirigencia de la oposición que está en el exilio comienza a regresar a Venezuela. La circunstancia parecía imposible de figurarse hace unos meses atrás. No son todos, pero sí hay rostros conocidos y referenciales. Algunos, como Yon Goicoechea y el economista José Guerra, han venido de visita, con la intención de regresar pronto. Otros, como Carlos Ocariz o Roberto Marrero, volvieron para incorporarse inmediatamente a la política. También han regresado Lester Toledo, Cristofer Correia, Richard Blanco, Wilmer Azuaje.
Han visitado barriadas, se han reencontrado con la militancia, han hecho activismo y han hablado de reconstrucción y elecciones libres. Guerra presentó una fundamentada propuesta académica de reconstrucción nacional en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. De acuerdo a lo que ellos mismos reportan, hacen sus actividades sin ser molestados por los cuerpos de seguridad del estado.
El regreso del exilio -o de este capítulo del exilio- es, sin dudas, una noticia estimulante, interesante, uno más de los componentes de la apertura política que ensaya -de manera impuesta- el gobierno interino de Delcy Rodríguez a nombre del régimen chavista. Desarrollar una política que vaya al encuentro de esa circunstancia luce lógico. Regresar es un primer paso. Por muy lentas que anden las cosas en estas semanas, nadie puede negar que el contexto político actual presenta muchas más opciones y es bastante menos oscuro que el que había hace poco más de seis meses.
Se trata, sin embargo, de un avance parcial. El regreso de estos dirigentes no está expresando, de manera orgánica, la configuración de un clima de transición, el regreso de la democracia, o apenas el inicio de un camino concreto en términos estructurales, como probablemente algunos imaginaron. No es el reflejo de la normalización del país -como tampoco la cirugía institucional adelantada por el régimen para actualizar el rostro de los poderes públicos. Políticos referenciales de las corrientes opositoras venezolanas, como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Vecchio o Leopoldo López, tienen aún lejos la perspectiva de un regreso.
La mayoría de estos dirigentes regresan a Venezuela haciendo ajustes interpretativos, reconsiderando elementos de su pasado, con una actitud revisionista de parte de lo labrado en estos años. Se escuchan reflexiones interesantes. En casos específicos, como el de Yon Goicoechea o Carlos Ocariz, el interés en regresar al país es manifiesto y tiene también mucho de personal.
“Aquí hay que trabajar por una salida democrática. El hecho de fuerza ya ocurrió”, afirma Marrero, ex dirigente de Voluntad Popular, quién relataba que en este momento está buscando dónde vivir. “La verdad es que en los Estados Unidos nos lo han dicho: vayan a Venezuela a reconciliarse. Impulsen una Ley de Amnistía. Bueno, el régimen ha dado unos pasos, con muchas resistencias, pero se ha avanzado. Los que queremos reconstruir este país tenemos que estar en Venezuela, abrir caminos. Yo quiero formar parte de la reinstitucionalización de este país”.
La gran mayoría de los dirigentes de la oposición venezolana -con la excepción de María Corina Machado y algún nombre adicional- es apreciado en este momento con altos niveles de rechazo en las encuestas. La irrupción del liderazgo de María Corina y su rotunda victoria electoral y política de las elecciones primarias de 2023, se ha concretado sobre las ruinas de la suma de derrotas de la oposición tradicional, sus contradicciones y desaciertos en momentos decisivos. Sobre el rendimiento de cada uno de ellos, sin embargo, hay en ocasiones renuencia a apreciar matices, a ponderar factores condicionantes y verdades a medias. A identificar las zonas de virtud y acierto, que también existen.
Gravita una leyenda algo injusta y superficial sobre la probidad y la vida actual de muchos de ellos, apoyada en una picaresca cultural de la política criolla -muy vigorosa en las sociedades donde domina la corrupción como una tara cívica- , desarrollada entre bandos enemigos, que consiste en sembrar sospechas y fomentar leyendas sobre las conductas ajenas para tomar ventaja y desviar la atención sobre sus propios desafueros. La severidad con la cual la población juzga la conducta de la oposición tiene mucho que ver con las propias tensiones, contradicciones y maledicencias de sus propios militantes y dirigentes.
El exilio regresa, la tendencia podría ir creciendo. Es buena noticia. Parecen llamados a ir creando “condiciones objetivas”. A pesar de las críticas y la comprensible sensación de fracaso, retornos como estos son vitaminas para el tejido cívico. Eso sí: les queda muchísimo trabajo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Érika Díaz recuerda con precisión y detalle todo lo que ocurrió el 7 de agosto de 2025 cuando un grupo de funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llegaron a su casa en Antímano y, sin mediar palabras, se llevaron detenida a su madre, Yariliz Díaz de 48 años.
Ese mismo día, la trasladaron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Allí permaneció cinco días por “averiguaciones”. Durante ese tiempo, Érika pudo llevarle ropa y comida, pero después no supo más nada de ella “parecía que se la hubiese tragado la tierra”, dijo.
Desesperada por no encontrar información sobre el paradero de su madre, Érika visitó distintas comisarías, centros penitenciarios y organismos del Estado, pero nunca encontró respuestas. Tiempo después, se dirigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo y ahí le dijeron que se encontraba en el Internado Judicial El Rodeo I.
Érika no les creyó porque desde siempre el Rodeo I es reconocido por ser un centro de detención exclusivamente para hombres. Aun así, visitó varias veces el penal y la única información que le daban era que ahí no había mujeres detenidas. Cinco meses y 20 días pasaron sin obtener información de su madre.
El 28 de enero de 2026, Érika recibió una llamada de un número desconocido. Era su mamá. Entre la alegría, el llanto y la brevedad de la llamada, Yariliz alcanzó a confirmarle a su hija que sí estuvo detenida en el Rodeo I, bajo el sistema de máxima seguridad conocido como Sesma.
“Esa vez, cuando hablé con ella, me dijo que estuvo detenida en el Sesma, que recibió tratos crueles y tenía cámaras las 24 horas del día vigilándola, también que en un cuarto pequeño convivía con 13 mujeres más”, narró Érika Díaz.
A Yariliz la trasladaron el 12 de enero de 2026 a la cárcel femenina La Crisálida, ubicada en Los Teques, estado Miranda. Apenas 10 días después de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos.
La Crisálida ha sido señalada en reiteradas oportunidades por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) por el hacinamiento, insalubridad y tratos crueles e inhumanos hacia las reclusas.
Vulneración de derechos
Érika Díaz pudo ver a su mamá el 15 de febrero de 2026, seis meses después de haber sido detenida y sometida a desaparición forzada. Cuando la vio pudo abrazarla y llevarle algunos alimentos. Asegura que la encontró con varios kilos menos, triste y sin entender cómo es que la vincularon con un caso de “terrorismo”.
A la hija de Yariliz Díaz nunca le han permitido tener acceso al expediente de su madre, tampoco a la minuta ni a los documentos del caso. Aunque reconoce que le asignaron defensa pública desde el principio, asegura que el abogado no ha hecho nada y le niegan la defensa privada.
La detenida, quien era comerciante informal, la acusan de estar vinculada al presunto atentado con explosivos en contra de Nicolás Maduro, ocurrido el pasado 3 de agosto en Plaza Venezuela, Caracas.
El supuesto vínculo que existe entre Yariliz Díaz y el atentado, es la compra de 160 dólares a Aliannys Araujo —detenida por la misma causa— a quien el gobierno señaló de ser la principal “operadora intermediaria” de contactar a bandas delincuenciales en Colombia.
Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia, organizaciones defensoras de derechos humanos, coincidieron en que este “atentado frustrado” sirvió para confeccionar el patrón de detenciones arbitrarias luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según Diosdado Cabello, estas acciones terroristas estuvieron a cargo de María Corina Machado y otros dirigentes de oposición.
Por este caso, resultaron detenidas más de 50 personas quienes fueron acusadas de terrorismo y asociación para delinquir, entre ellas, la adolescente Samantha Hernández de 16 años, liberada recientemente.
“Mi madre es inocente”
Érika Díaz solicitó en el mes de febrero la amnistía para su madre, pero a ella y a todo el grupo se la negaron. Aunque apeló a la decisión, desde el 27 de marzo no ha recibido respuesta. Solo le dicen que “tenga paciencia”.
Yariliz le ha escrito cartas a su hija en donde cronológicamente expone todo lo que ha vivido desde el momento en que fue detenida, eso, asegura Érika, le sirve de respaldo para un eventual juicio.
La hija de Yariliz insiste en que su madre es inocente y que no es capaz de planear un atentado en contra de nadie: “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.
“Si mi mamá fuese una persona mala créeme que yo no salgo a pedir su libertad, ¿me va a doler? Sí, porque es familia, pero yo no estaría reclamando”, concluyó la hija de la detenida.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
