¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 17 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Luis Hernández, padre de Samantha Hernández, informó que la adolescente recibió su título de bachiller este martes 16 de junio.
“Mi hija Samantha Sofía Hernández Castillo en su acto de graduación, obteniendo su titulo de bachiller. Dios te bendiga mi amada hija”, posteó Hernández en la red social X y acompañó el texto con una fotografía de la adolescente vestida con toga y birrete.
El padre de Samantha expresó que “después de la tormenta siempre llega la calma”, refiriéndose a la detención de su hija por motivos políticos.
Diosdado Cabello: “Nosotros hemos ido acondicionando sitios y cerrando sitios que, de verdad, no era habitables. Te pongo un ejemplo, la Zona 7 de la PNB acá. Eso era un centro de hacinamiento, eso es otra cosa. Era un sitio de ultraje, más bien. Hemos estado revisando los casos, hay más de 12 000 pendientes de juicio, una cantidad de personas que tienen ya condena, que deben estar en los centros de reclusión normales”.
Lo que rompe en redes
La Fiscalía federal de #EEUU solicitó aplazar la próxima audiencia del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores del 30 de junio al 22 de julio de 2026.
La petición, con el consentimiento de la defensa, argumenta razones de seguridad en la transportación y preparación del… pic.twitter.com/lUvZKx8Pwv
Luis Hernández, padre de Samantha Hernández, informó que la adolescente recibió su título de bachiller este martes 16 de junio.
“Mi hija Samantha Sofía Hernández Castillo en su acto de graduación, obteniendo su titulo de bachiller. Dios te bendiga mi amada hija”, posteó Hernández en la red social X y acompañó el texto con una fotografía de la adolescente vestida con toga y birrete.
El padre de Samantha expresó que “después de la tormenta siempre llega la calma”, refiriéndose a la detención de su hija por motivos políticos.
Después de la tormenta viene la calma,,Mi hija Samantha Sofía Hernández castillo en su acto de graduación, Obteniendo su titulo de bachiller..Dios te bendiga mi amada hija Samantha Hernández. pic.twitter.com/bSZRThgZS9
Samantha Hernández, de 16 años, estuvo detenida desde el 19 de noviembre de 2025 y fue excarcelada la noche del 18 de mayo de 2026. Fue juzgada por terrorismo por su presunta participación en el atentado con explosivos en Plaza Venezuela.
En marzo de 2026, el Tribunal de Juicio del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescentes con competencia en terrorismo le negó la amnistía a la adolescente sin ofrecer detalles al respecto.
Samantha estuvo detenida al igual que otros miembros de su misma familia por ser allegados a Cristian Hernández, un militar disidente en el exilio. Por este caso continúa tras las rejas su tío Henry Castillo Hernández. Maykelis Borges, esposa de Cristian, permaneció un año en prisión, dio a luz en la cárcel y fue liberada con medidas cautelares en el mes de febrero. El 12 de junio de 2026, fue excarcelada la hermana mayor de Samantha, Aranza Hernández, de 19 años.
La familia Hernández Castillo ha sido víctima de Sippenhaft, una práctica que se remonta a la Alemania nazi con el fin de castigar, perseguir o detener a los familiares de un perseguido político como mecanismo de presión o represalia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 12 de junio de 2026, también fue excarcelada su hermana mayor, Aranza Hernández (de 19 años), permitiendo finalmente el reencuentro de ambas.
La multinacional energética Repsol y el interinato de Venezuela suscribieron este martes, 16 de junio, un memorando de entendimiento para analizar la viabilidad de explorar y desarrollar una nueva zona petrolífera en el país. El proyecto se centra en el área Horcón, una ubicación estratégica situada al sureste del Lago de Maracaibo.
El acuerdo involucra al Ministerio de Hidrocarburos y Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Además de la evaluación del área Horcón -situada entre los campos de Barúa y Motatán– el memorando establece que las partes avanzarán en el análisis técnico de oportunidades de gas en la costa. Ambas delegaciones profundizarán en los estudios y en el procesamiento de datos sobre los yacimientos gasíferos en el sector conocido como offshore venezolano.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y entre los firmantes figura el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y el director general de Exploración y Producción de la firma, Francisco Gea Pascual. Por Venezuela estamparon su firma la presidenta encargada -bajo el tutelaje de Estados Unidos- Delcy Rodríguez; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; y el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.
Durante el acto oficial, Rodríguez resaltó la trayectoria de la compañía española en el territorio nacional y calificó la relación como una asociación estratégica de largo recorrido. “Podemos decir que Repsol ha sido un amigo comprometido en los malos momentos cuando Venezuela vivió procesos muy duros de aislamiento internacional”, expresó Rodríguez.
La oficialista también enmarcó la firma de este convenio dentro de una proyección geopolítica y social más amplia que conecta con las necesidades de desarrollo de las naciones en desarrollo. “Nosotros también estamos pensando más allá de cómo garantizar el trilema energético donde los pueblos del mundo accedan a la energía”, argumentó.
#16Jun#Venezuela#Declaraciones Delcy Rodríguez: "Venezuela también trabaja con visión de futuro para garantizar el trilema energético, asegurando acceso a la energía para los pueblos del mundo, especialmente en el sur global, que enfrenta mayores desafíos en el acceso a energía… pic.twitter.com/F8WKi4s5EN
“Seguimos comprometidos a multiplicar la inversión”
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ratificó la continuidad de las operaciones de la multinacional y el interés por incrementar el volumen de sus activos en el país. El directivo recordó el arraigo histórico de la corporación y vinculó directamente la actividad extractiva con el desarrollo social de la población.
“Repsol lleva más de 30 años en Venezuela. Yo quiero agradecer al gobierno venezolano el apoyo que siempre hemos tenido y el honor que supone para nosotros poder formar parte de la historia de los hidrocarburos de este país. Y sobre todo quiero dejar un mensaje. Nosotros seguimos comprometidos”, manifestó Imaz.
Durante su intervención, el ejecutivo detalló los proyectos específicos que forman parte de la estrategia de la compañía y delineó la hoja de ruta para multiplicar la inversión en petróleo y gas.
“Tenemos un claro compromiso de hacer crecer y multiplicar nuestra inversión en petróleo, invirtiendo para ello dentro de los acuerdos que hemos establecido con ustedes, tanto el acuerdo de estabilización de gas que afecta a Cardón, como los acuerdos relativos a la empresa mixta Petroquiriquire (…) y, por supuesto, los futuros acuerdos que vayamos a hacer de cara al desarrollo de los recursos en los cuales estamos comprometidos también en la faja del Orinoco”, precisó el representante.
El directivo concluyó señalando que el crecimiento de la economía mundial, y principalmente el del Sur Global, “necesita energía, y necesita energía segura, necesita energía asequible, necesita energía competitiva para que las personas puedan tener un proyecto de vida”.
⛽ Repsol firma nuevos acuerdos energéticos con el régimen encargado
🤝 La petrolera española Repsol suscribió un Memorando de Entendimiento con PDVSA durante una reunión encabezada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, para ampliar la cooperación en áreas vinculadas al… pic.twitter.com/N1Gh74KIsd
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
: El Estado debe dejar de lado la excusa de las sanciones
El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional José Guerra declaró, durante una rueda de prensa este martes 16 de junio que, con un ingreso fiscal de 22 000 millones de dólares, existen recursos para un salario razonable. Por otro lado, propuso un plan de tres fases para disminuir la inflación en el país. También, se mostró a favor de la reestructuración de la deuda, que incluya el nombramiento de un grupo de venezolanos que participe en las negociaciones con el comité de acreedores.
Durante una rueda de prensa del partido Unión y Cambio, el economista aseguró que el gobierno “debe acordarse de los trabajadores” mediante la asignación de mejores salarios y dejar de lado la excusa de las sanciones.
Según Guerra, actualmente, se exporta un millón de barriles de petróleo diarios y se estima que para el segundo semestre del año las exportaciones alcancen 1.200.000 barriles.
Un plan para frenar la inflación
Con los recientes ingresos petroleros, Guerra considera que el salario puede establecerse entre 80 y 100 dólares, sin incluir bonificaciones. Para asegurar la estabilización salarial, el economista propone un plan de tres fases que incluye: estabilizar el tipo de cambio y evitar nuevas devaluaciones, prohibir al Banco Central seguir financiando a Pdvsa y declarar la política antiinflacionaria como una política nacional.
Este plan se sustenta, en primer lugar, en establecer un valor fijo del bolívar frente al dólar. En segundo lugar, en conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que respalde esa decisión, ya que sin apoyo financiero, la confianza se debilita y la medida fracasa. En tercer lugar, en aprobar dos reglas estrictas: que el gobierno no pueda gastar más de lo que ingresa y que el Banco Central tenga prohibido financiar al Estado. Según Guerra, esto evitaría la emisión inorgánica de dinero y generaría la credibilidad necesaria para sostener un tipo de cambio fijo.
Guerra calificó como un error la restricción de compra de 1000 dólares diarios por parte del Banco Central. Señaló que, al establecer un límite, quienes desean adquirir divisas terminan acudiendo al mercado paralelo.
“Como resultado, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se va a seguir ampliando, y esa brecha es el gran problema”, afirmó el economista.
Disminuirá el precio del petróleo, pero no su producción
Aunque la guerra en Irán benefició a Venezuela en materia petrolera, se estima que con el cese del conflicto disminuirá el precio, pero no la producción. “Puede caer un poco el precio, pero la cantidad importada va a aumentar, de manera que el país sí se va a seguir beneficiando”, aseguró el exdiputado.
En cuanto a la deuda de Venezuela, Guerra expresó que está de acuerdo con su reestructuración mediante un equipo de venezolanos que represente al país y negocie con el comité de acreedores. Señaló que esta deuda es compleja porque incluye bonos, laudos arbitrales, acuerdos con países y organismos multilaterales, por lo que se requiere asesoría legal especializada. Además, advirtió que sin esta renegociación el país no recibirá nuevos fondos ni de organismos internacionales ni del mercado financiero voluntario.
“Yo no soy diputado, pero creo hablar en nombre de los diputados que están en nuestra fracción: no van a votar a favor si el nuevo endeudamiento que se propone va contra los intereses del país”, expresó Guerra.
Asimismo, manifestó estar de acuerdo con la venta de empresas públicas, excepto Pdvsa. El economista señaló ser partidario de la reestructuración del sector público, sin afectar salud y educación. Según su criterio, el déficit del Estado se encuentra en el ámbito empresarial.
El exdiputado afirmó que, si se realizara una encuesta sobre la dolarización, el pueblo venezolano votaría a favor debido a la falta de confianza en el bolívar. Sin embargo, desaconsejó esta medida, ya que al dolarizar la Reserva Federal de Estados Unidos asumiría el control y, desde su perspectiva, lo más adecuado es un sistema bimonetario en el que el bolívar pueda competir con el dólar, lo cual requiere disciplina económica.
Un acuerdo transnacional que alivia la crisis eléctrica
La crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación, según estimó el economista. Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo 15.000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.
El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, la cual derivó en el apagón nacional.
“Con esos 20 000 millones de dólares se le da electricidad a Buenos Aires y a São Paulo juntos”, señaló Guerra.
Desde la perspectiva del economista, el acuerdo con empresas internacionales es positivo, aunque solo sirve para aliviar la situación y no para resolverla por completo.
Asimismo, señaló que este tipo de inversión presenta desafíos importantes, como la falta de retorno inmediato. Para que una gran inversión en el sector eléctrico sea sostenible, el Estado tendría que subsidiar los costos durante un tiempo para no afectar a la población. “Para nosotros sería un golpe mortal al bolsillo venezolano que la tarifa que se cobre por la electricidad sea una tarifa para resolver el punto de equilibrio de la compañía”, expresó Guerra.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El ciudadano uruguayo-venezolano José Breijo, de 73 años, recibió este martes el alta médica tras permanecer 19 días recluido en el Hospital de Clínicas Caracas por complicaciones de salud. El expreso político regresó a una casa totalmente desvalijada y destruida.
El periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, informó que la salud de Breijo está mucho mejor tras dejar la clínica; sin embargo, su situación legal no ha cambiado y continúa bajo la medida de casa por cárcel.
Rojas indicó que a Breijo ya se le asignó la defensa privada y que el día de mañana van a juramentarse. Entre los abogados del ciudadano uruguayo están Eduardo Torres y Erick Camargo.
El periodista destacó que la casa del señor Breijo fue desvalijada y destruida en su totalidad: “Aquí no hay nada. A él lo dejaron sin nada. Aquí se produjo un robo”, comentó Rojas.
Carlos Julio Rojas hizo un llamado al fiscal Larry Devoe a iniciar una investigación en contra de los funcionarios del GOES que arrestaron a José Breijo y quienes, según él, fueron los mismos que invadieron la propiedad del adulto mayor.
El periodista pidió la colaboración a quienes puedan hacer donativos de electrodomésticos y piezas de baño para acondicionar el apartamento de José Breijo.
🇻🇪 Preso político José Breijo regresó a su casa totalmente desvalijada tras recibir el alta médica
🏥 El ciudadano uruguayo-venezolano recibió este martes el alta médica tras permanecer 19 días recluido en el Hospital de Clínicas Caracas por complicaciones de salud, según… pic.twitter.com/M2cqQbcekV
Detención arbitraria y ocupación ilegal de su apartamento
El señor José Breijo fue detenido en diciembre de 2023, cuando por una iniciativa personal, tras el estallido del conflicto en el Medio Oriente, acudió a un establecimiento en Caracas con el único objetivo tomar una fotografía de una bandera con una inscripción cuyo contenido desconocía por la diferencia de idioma. Tras intentar compartir el contenido con miembros de la comunidad judía local para reportar el hallazgo, fue delatado y posteriormente capturado por funcionarios del Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Luego de haber recibido una medida sustitutiva de libertad para cumplir con arresto domiciliario, Breijo se encontró con que su propiedad había sido ocupada ilegalmente por uno de los funcionarios que lo detuvo. Después de que se denunciara esta situación, el apartamento fue desocupado. Sin embargo, periodistas, vecinos y defensores de DDHH documentaron que la propiedad, ubicada en el edificio Pascuarelli en Bello Monte, fue desvalijada por el funcionario que la mantenía tomada de forma ilegal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a que el gobierno de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, está acondicionando los centros de detención del país y cerrando los que consideran “inhabitables”. Entre ellos, mencionó a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas.
“Nosotros hemos ido acondicionando sitios y cerrando sitios que, de verdad, no era habitables. Te pongo un ejemplo, la Zona 7 de la PNB acá. Eso era un centro de hacinamiento, eso es otra cosa. Era un sitio de ultraje, más bien. Hemos estado revisando los casos, hay más de 12 000 pendientes de juicio, una cantidad de personas que tienen ya condena, que deben estar en los centros de reclusión normales”, expresó Cabello a los periodistas.
El reconocimiento de que Zona 7 es un “centro de ultraje” parece llegar tarde para el también ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien fue nombrado en dicho cargo el 27 de agosto de 20024, un mes después de las disputadas elecciones presidenciales que derivaron en la mayor ola represiva y detenciones en el país en la historia contemporánea.
Cabello, quien ya había ocupado esa cartera ministerial 22 años atrás, asumió en esa fecha el control directo de los órganos de seguridad ciudadana, incluyendo a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Su nombramiento se dio en medio de la denominada “Operación Tun Tun”, una política gubernamental orientada a la detención masiva de manifestantes, líderes políticos de oposición y ciudadanos percibidos como disidentes. Bajo su gestión, el discurso oficial justificó las capturas masivas bajo la narrativa de “neutralizar planes terroristas”. No obstante, organismos internacionales documentaron que esta estructura sirvió para consolidar una persecución sistemática que violó derechos fundamentales de forma generalizada.
En esta declaración Cabello hizo mención a la reforma del Sistema de Justicia Penal que adelanta el Rodrigato, con la que prometen transformar integralmente el sistema para garantizar una justicia “expedita, combatir la corrupción, erradicar la impunidad y asegurar el respeto a los derechos humanos”.
Pero las evidencias sobre el hacinamiento, “ultraje” y otras violaciones de derechos humanos en la Zona 7 de la PNB no son recientes. El reconocimiento de la situación llega dos años después de las constantes alertas que familiares de presos políticos, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han hecho con insistencia desde 2024.
Un inframundo de vieja data
El Centro de Detención Preventiva de la PNB en Boleíta (Caracas), históricamente conocido como “Zona 7”, pasó a ser uno de los principales centros de reclusión temporal para civiles detenidos en el contexto poselectoral. A pesar de ser un espacio diseñado exclusivamente para resguardar a personas de forma transitoria —por un lapso no mayor a 48 horas—, se transformó en un reclusorio prolongado caracterizado por el hacinamiento extremo -que reconoce Cabello apenas casi dos años después- la insalubridad y la opacidad judicial.
En el informe “Prisión injusta, celdas inhumanas” de Provea (diciembre 2024) se recuerda que antes del evento electoral presidencial celebrado el 28 de julio de 2024, había centenares de personas detenidas por razones políticas en centros de reclusión como “Boleíta Zona 7” y “El Helicoide”, en Caracas. También destacan que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH) —en un informe presentado el 20 de septiembre de 2022— detalló que en esos espacios se realizaron actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos — entre ellos dirigentes políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos—.
Uno de los aspectos más graves denunciados por organizaciones como Foro Penal y Amnistía Internacional fue la reclusión de niños, niñas y adolescentes en el mismo perímetro de Zona 7. Tras las protestas de julio de 2024, más de 160 jóvenes de entre 14 y 17 años fueron encarcelados en todo el país, imputados bajo cargos severos de terrorismo e incitación al odio, delitos cuyas penas oscilaban entre los 10 y 30 años de prisión. La detención de este grupo vulnerable representó, a juicio de defensores de derechos humanos, la transgresión de un límite ético e institucional en la historia carcelaria contemporánea de Venezuela.
Bajo la gestión de Cabello, este centro de detención albergo al menos a 21 adolescentes en esos meses de alta represión, cuyas madres protestaron y denunciaron en distintas ocasiones que sus hijos fueron objeto de golpizas, humillaciones y torturas psicológicas prolongadas.
El impacto psicológico fue tal que familiares reportaron crisis severas de depresión e ideación suicida entre los menores recluidos dentro de una celda que se conocía como “La llorona” o “El inframundo”, ubicada en el sótano del recinto, en donde los presos debían pagar para “alquilar un ventilador por una hora para poder respirar”, enviándole un pago móvil a los policías custodios.La celda carecía de ventilación, entrada de luz solar y baños
En el informe titulado justamente “Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7” del Observatorio Venezolano de Prisiones, y publicado en diciembre de 2024, se evidenció el colapso y las graves violaciones a los derechos humanos en el Centro de Control y Resguardo del Detenido en Boleíta. La principal recomendación desde entonces era cerrarlo, ya que al ser un espacio originalmente administrativo, no estaba acondicionado para retener personas por más de 48 horas ni para funcionar como un centro de reclusión permanente.
Para esa fecha, el OVP cifró en más de 400 el número de personas encarceladas allí, en espacios diseñados para una capacidad mucho menor, donde en celdas minúsculas se recluía a más de 25 personas. Además, las condiciones infrahumanas de reclusión fueron denunciadas: falta de ventilación y luz solar directa que propiciaba la rápida propagación de enfermedades, los reclusos se veían obligados a realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas debido a la insalubridad de los baños.
El OVP identificó que en Zona 7 también funcionaba una celda de castigo a la que llamaban “El Tigrito”, en donde recluían a los que llegaban o o eran castigados. También era un área pequeña, de apenas cuatro por seis metros, en donde los presos eran obligados a dormir de pie y se turnaban para sentarse en envases de refrescos.
“Una vez allí, deben pagar hasta 40 dólares para que los regresen a sus celdas (…) las aguas negras corren por el piso y por esta razón los presos deben dormir de pie entre cucarachas, roedores, malos olores y un alto riesgo de enfermedad”, se lee en el informe.
A todo ello se sumaban actos corruptos y prebendas. El informe expuso la existencia de “polipresos” (presos privilegiados) que habitaban en áreas separadas con acceso a luz, ventilación y descanso digno.
Sobre la reclusión de adolescentes, esta investigación también reveló que en el marco del contexto poselectoral fueron recluidos en Zona 7 al menos 21 adolescentes por espacio de casi una semana, quienes compartieron reclusión con población penal adulta “sin respetar la separación por categorías”.
Justo una semana después de los hechos del 3 de enero que marcaron un “nuevo momento político” según el chavismo, en el que ahora reconocen parcialmente algunas fallas del sistema penal y judicial, el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) anunció el fallecimiento bajo custodia deEdison José Torres Fernández, de 52 años.
El preso político, quien dedicó más de 20 años de su vida al servicio público como funcionario de la Policía de Portuguesa, murió en la sede de la PNB Zona 7. Lo habían detenido apenas un mes antes por compartir mensajes críticos contra la gestión del gobernador de Portuguesa y el Ejecutivo nacional. Bajo la sombra de la opacidad judicial, se le imputaron los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El gobierno de Delcy Rodríguez, tutelado por Estados Unidos, y General Electric (GE) Vernova firmaron un memorando de entendimiento para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El acuerdo prevé la recuperación de más de 5000 megavatios en 48 meses y la formación de personal técnico local tras un diagnóstico previo de seis semanas.
La instrucción inmediata dada a los equipos técnicos es convertir este documento en un contrato definitivo a la brevedad posible para iniciar las obras civiles e industriales.
Por la delegación internacional y corporativa firmaron este memorado Roger Martella (director corporativo de GE Vernova), Eric Gray (presidente del Segmento de Generación de GE Vernova) y John Barrett (encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela), mientras que por el gobierno de Delcy Rodríguez lo hizo ella misma y Rolando Alcalá, ministro de Energía Eléctrica.
ÚLTIMA HORA | Venezuela y General Electric sellan acuerdo de cooperación para estabilizar el sistema eléctrico nacional.
Dentro de la comitiva oficial de respaldo, Calixto Ortega (vicepresidente de Economía y Finanzas), Juan José Ramírez (vicepresidente de Obras Públicas y Servicios), Paula Henao (ministra de Hidrocarburos), Héctor Obregón (presidente de Pdvsa), Jovanny Martínez (vicepresidente de Pdbvsa), José Luis Betancourt (presidente de Corpoelec) y Oliver Blanco (viceministro para Europa y América del Norte).
#15Jun Roger Martella, Director Corporativo del Segmento de Energía Eléctrica de General Electric Vernova, destacó este lunes 15 de junio el papel fundamental de la empresa en la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su compromiso con la prosperidad de Venezuela. pic.twitter.com/qEusmxyMjR
— El Informador Venezuela 🌎 (@ElInformadorVE) June 16, 2026
A continuación, las claves de este proyecto y el contexto en el que se firma:
Apertura al capital privado
Este paso coincide directamente con la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio de 2026), la cual contempla la creación de empresas mixtas en el sector eléctrico y revierte más de dos décadas de monopolio estatal absoluto.
Ruta diplomática
El acercamiento formal se aceleró a finales de marzo de 2026 tras una reunión entre Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.
El convenio se suma a otro acuerdo «histórico» firmado recientemente por el Ejecutivo con la empresa energética argentina IMPSA para reactivar y completar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Tocoma (estado Bolívar), con lo que se estima añadir otros 2400 MW.
Diagnóstico previo
El convenio es el resultado de un mes y medio de evaluaciones previas. Comisiones técnicas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) recorrieron la red nacional junto a especialistas de GE Vernova y la firma alemana Siemens e inspeccionaron subestaciones, plantas termoeléctricas e hidroeléctricas.
¿Qué contempla el plan?
Los voceros de GE Vernova proyectan un fortalecimiento palpable de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional dentro de los próximos 12 meses, a través de la agilización de procesos industriales.
El plan oficial aspira a recuperar e incorporar 1000 megavatios (MW) en los primeros 24 meses de ejecución, y un acumulado superior a los 5000 MW al completarse los 4 años (48 meses).
Roger Martella, representante de GE Vernova, destacó que para cumplir con la misión de fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela en los próximos 12 meses, se enfocarán en la electrificación y la capacitación de la fuerza laboral local. La intervención, realizada en el Palacio de Miraflores, incluyó el compromiso de trabajar rápidamente en el ámbito técnico para mejorar el sistema y generar beneficios económicos.
Por su parte, y a juicio de Delcy Rodríguez, esta optimización es necesaria “para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industrial de nuestro país, pero principalmente para la vida de la nación. Yo les agradezco que estas sean buenas noticias para Venezuela», comentó durante la firma del convenio.
El proyecto incluye rehabilitación de plantas, mejora de eficiencia e incorporación de capacidad.
¿Hacia dónde se orientará la nueva generación eléctrica?
Una parte clave de la nueva generación eléctrica generada mediante este convenio se destinará directamente a estabilizar los procesos de Pdvsa y sostener la producción de crudo nacional.
Otra de las metas, según lo indicado, es la renovación de las centrales termoeléctricas, indispensables para respaldar la red nacional cuando la Central Hidroeléctrica de Guri —que aporta el 60 % del suministro total— sufre bajas operacionales o sequías prolongadas.
¿Será suficiente?
Datos e informes técnicos recopilados a inicios de 2026 estiman que la estabilización y recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) requiere una inversión estructural urgente de entre 15 000 y 40 000 millones de dólares.
La producción nacional de electricidad arrastra una caída superior al 30 % debido al severo rezago en mantenimiento técnico, desinversión crónica y falta de transparencia en la gestión operativa.
Aunque en la ciudad capital, a excepción de ciertas zonas, los apagones no suelen ser tan prolongados, el interior del país sufre cortes programados e imprevistos que superan con facilidad las 5 horas diarias y hasta más, en el caso de los estados occidentales y andinos. En mayo de 2026, el Ejecutivo prohibió la minería digital en todo el país tras admitir que la demanda había alcanzado su pico más alto en 9 años y que había saturado la ya frágil red nacional.
El “fantasma” de Tocoma
Desde el decreto de emergencia eléctrica de 2010, el chavismo ha anunciado múltiples planes de militarización de subestaciones y desembolsos masivos que no detuvieron el colapso sistémico reflejado en los apagones nacionales de 2019, y en la situación que se sigue arrastrando siete años después.
La paralización por más de una década de la Central Hidroeléctrica Tocoma (estado Bolívar) es el símbolo histórico del fracaso constructivo y la opacidad presupuestaria. El reciente acuerdo firmado en paralelo con la empresa argentina IMPSA para intentar reactivarla evidencia que el parque de generación del país lleva años operando con proyectos inconclusos.
¿Qué dicen los analistas?
Con cautela y poca expectativa recibieron algunos especialistas este anuncio. Entrevistado por VPITv, el ingeniero electromecánico Juan Carlos Rodríguez consideró que se necesita declarar una emergencia eléctrica nacional y que los recientes acuerdos del gobierno tutelado por EE.UU. con empresas del sector serán insuficientes para resolver la crisis energética en el país.
“En el 2013 la demanda máxima era de 18 000 megavatios (…) Para tener una actividad económica como la de ese año necesitamos, por lo menos, 23 000 megavatios disponibles. Lo que necesitamos es inversiones muy cuantiosas, no lo haremos con un plan de rehabilitación con algunas compañías, acá necesitamos grandes inversiones y en los próximos cinco años”, sostuvo.
🔴 #NoticiasAhora | Especialistas advierten que los recientes acuerdos del régimen con compañías del sector eléctrico no serían suficientes para resolver la crisis energética en #Venezuela.
🗣️“Esto amerita un plan nacional de emergencia eléctrica, pero nadie habla de eso.… pic.twitter.com/GPfg0NedLV
En rueda de prensa este 16 de junio el economista José Guerra apuntó9 que la crisis eléctrica en sectores críticos del país, como el Zulia y los estados centrales, requiere una inversión de 10 000 millones de dólares durante aproximadamente cinco años para su recuperación. Añadió que Venezuela tiene una capacidad instalada de 30 000 MW, de los que dispone solo de 15 000 MW. Para alcanzar un nivel de crecimiento económico similar al de 2012 se requieren como mínimo 20 000 MW, y cada megavatio requiere una inversión de 2000 millones de dólares.
El anuncio del acuerdo entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la empresa estadounidense General Electric representa un punto favorable para el sistema eléctrico venezolano, a juicio del especialista. No obstante, Guerra insistió en que se requiere transparencia en el proceso. Recordó la inversión aprobada por la Asamblea Nacional de 25 000 millones de dólares en 2009 para la compra de turbinas, a la que nunca se le vio un impacto significativo. En ese sentido, insistió en que el convenio puede servir para “aliviar”, pero no para mejorar estructuralmente el SEN.
Mientras que Oscar Murillo, coordinador general de Provea, reveló que la firma del acuerdo con General Electric fue difícil de lograr y que hubo “varias visitas de técnicos y muchas vueltas al asunto”. Insistió también en lo arduo que resultará la materialización del acuerdo, en vista del “trabajo urgente y necesario” que se necesita, debido a factores como “la reputación de ‘mala paga’ del gobierno venezolano; la corrupción que ha minado la administración pública y el monto del acuerdo”.
A juicio de Murillo, la intervención de los EE. UU. fue “vital para salvar estos acuerdos” y que el gobierno de ese país fungió prácticamente como fiador de los mismos. El defensor de derechos humanos también recordó que la insuficiencia y el deterioro de la infraestructura eléctrica han sido el resultado del “abandono de los planes de inversión y mantenimiento; esto sin contar las múltiples decisiones improvisadas y/o tomadas por razones partidistas”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este miércoles 17 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica llevará a cabo una audiencia pública sobre el caso del ajusticiamiento del funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, ocurrido en enero de 2018 en El Junquito.
A la cita acudiran representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expondrán ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo que acabó con la vida de Pérez y otros funcionarios, disidentes del entonces gobierno del ahora preso en Estados Unidos, Nicolás Maduro.
En el operativo extrajudicial fueron muertos Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.
Pérez se convirtió en una figura emblemática contra el gobierno de Maduro al rebelarse públicamente y con un helicóptero del Cicpc arrojar explosivos sonoros contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas en junio de 2017, en el marco de las protestas antigubernamentales que arrojaron más de una centena de muertos.
La imagen de Pérez pilotando un helicóptero con una pancarta que decía “350 libertad” se hizo viral y se convirtió en símbolo de la rebelión dentro de las fuerzas policiales y militares de Venezuela.
De acuerdo con los exponentes, aproximadamente 500 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad participaron en la denominada “Masacre de El junquito”, un hecho que describen como “un operativo marcado por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación arbitraria de la vida de estas siete personas, en contravención de los estándares internacionales de derechos humanos”.
En la ponencia estarán el director del Foro Penal, Alfredo Romero; Angelita Baeyens, vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Isabel Carlota Roby, abogada senior para América Latina del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center; Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez; Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini y Giancarlo Fiorella, perito.
Según el expediente que será presentado este miércoles, el caso incluye denuncias sobre los actos de hostigamiento, vigilancia, intimidación y persecución contra familiares de las víctimas tras los hechos, circunstancias que obligaron a varios de ellos a abandonar Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
