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Hum Venezuela: Emergencia Humanitaria compleja persiste y tiene efectos devastadores

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De acuerdo con la organización, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes
Según el documento, la EHC ha tenido impactos devastadores en la vida de las personas. Para mayoría no es posible cubrir un nivel mínimo de necesidades vitales y el tamaño y duración de las privaciones “han traspasado los umbrales de deterioro resistibles” y se hace muy difícil
Las comunidades con privación social son más vulnerables para afrontar riesgos de daño, incluyendo abusos y violencias

 

Hum Venezuela aseguró que la caída de las capacidades institucionales, económicas y sociales del país ha seguido profundizándose, generando brechas de privación social de gran tamaño.

A través de un informe publicado en julio de 2023, la organización explicó que la emergencia humanitaria compleja (EHC) en Venezuela no ha mejorado. “Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes”, indicó la investigación.

Hum Venezuela condujo la realización del estudio para hacer una evaluación del profundo colapso de las capacidades internas del país para garantizar derechos de acceso de la población venezolana a condiciones de vida dignas y a estar libre de riesgos de amenaza a sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a las extremas problemáticas individuales o colectivas que enfrentan. 

Este trabajo tuvo como base una evaluación que ejecutaron las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la comunidad de HumVenezuela entre noviembre de 2022 y junio de 2023. A través de sesiones de intercambio con integrantes de comunidades, miembros de 87 comunidades de 20 estados del país participaron en una evaluación cualitativa y testimonial de sus privaciones sociales.

Las comunidades se escogieron por sus vulnerabilidades sociales, económicas, físicas o ambientales. De las evaluadas 81,6% se encontraba en zonas urbanas, 11,5% en zonas rurales o semiurbanas y 6,9% en asentamientos indígenas.

Además, el informe construyó una breve retrospectiva del colapso de las capacidades internas del país, a través del rastreo de sus causas más significativas dos décadas atrás.

 

A continuación 15 claves relevantes del informe: 

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela es producto de la confluencia de varias crisis simultáneas, cuyas fuerzas combinadas han devastado las condiciones de vida de la población venezolana. 

Los hallazgos de este trabajo muestran que la EHC en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes.

Estas crisis fueron consecuencia de largos y sostenidos procesos de deterioro de las capacidades institucionales, económicas y sociales internas que desembocaron en un colapso estructural y una emergencia humanitaria a gran escala, con origen en una variedad de factores que tienen en común su relación con la inestabilidad política y la desestructuración del Estado.

El declive de las capacidades del país fue de evolución lenta. Los principales signos de esta política fueron el control de las divisas, la intervención estatal de la economía, un alto endeudamiento externo, la exacerbación de las importaciones y el uso de estructuras paralelas y discrecionales de gestión estatal, fuera del escrutinio público y al margen de las funciones rectoras y regulatorias de las propias instituciones del Estado.

Venezuela entró en insostenibilidad económica, acentuada con la caída de los precios del petróleo entre 2013-2016.

Estas medidas ocasionaron una alta escasez de alimentos, medicinas, insumos médicos y otros productos básicos que, con una inflación creciente y sostenida, elevaron la pobreza de 48,4% a 81,8% entre 2014-2016 y generaron protestas de carácter social y político, duramente reprimidas. 

Antes de estas sanciones, el Producto Interno Bruto de Venezuela había caído 48% y las exportaciones petroleras en 62%. En 2018, Venezuela aparecía entre los países con uno de los colapsos políticos, económicos y sociales más profundos y prolongados del mundo.

Entre 2018-2019, la inestabilidad política se profundizó con una elección presidencial cuestionada y un gobierno interino de oposición. Las exportaciones petroleras se redujeron más por un mayor colapso de la industria y la aplicación de sanciones económicas adicionales.

En 2020, Venezuela fue situada como la cuarta crisis alimentaria del mundo. La pandemia de COVID-19 acentuó la EHC, a pesar de las medidas económicas adoptadas por el gobierno ante la hiperinflación, que consistieron en hacer fuertes recortes del gasto público y permitir las transacciones en dólares, además de dar incentivos a las importaciones del sector privado y a la inversión extranjera, así como privatizar activos del Estado, para reducir la escasez de alimentos y productos básicos. 

Los datos de Hum Venezuela indican que, entre 2020-2021, la población con necesidades humanitarias creció de 59% a 65%. Los 21 meses de confinamiento social ampliaron las brechas de privación y agotaron los medios y estrategias de sobrevivencia de la población. Tras el confinamiento, en 2022 la escala de la EHC experimentó un alza de 66% en las personas con necesidades humanitarias; al menos 55% con necesidades severas. 

Entre 2020-2022, la población desplazada aumentó de 16% a 25%.

En 2022, Venezuela fue el segundo país de origen con mayor movilidad humana a nivel mundial.

Entre 2013-2022, la economía disminuyó 72% por la contracción del PIB. El empleo formal se redujo 41,7% y el salario de los trabajadores perdió 95,5% de su capacidad adquisitiva. 

Hasta 2022, 65,2% de las personas había sufrido la falta o pérdida irreversible de sus medios de vida, haciéndose más amplias y crecientes las desigualdades económicas, sociales y territoriales.

El lento declive de capacidades en Venezuela no permitió ver la fuerza de los factores de desestructuración que provocaron su colapso en el país.

Factores y profundidad del colapso 

Durante 9 años el país perdió alrededor de 68% de sus capacidades económicas y sociales, como consecuencia de una inestabilidad política prolongada y un Estado en desestructuración general, que se expresa en los siguientes factores: 

  • Políticos: socavamiento de la legitimidad y gobernabilidad democrática en las estructuras, funciones y desempeño de los poderes e instituciones del Estado, desfigurándose y fragmentándose en ejercicios de poder que responden a intereses particulares. 
  • Institucionales: por ausencia de Estado de Derecho y de garantías de justicia, derechos humanos, libertades civiles y políticas, seguridad, información pública y rendición de cuentas, que generan violencia en todas sus formas. 
  • Económicos: abandono de la inversión y escasa producción, una economía controlada con gestión discrecional de recursos, volatilidad de ingresos y sostenida inflación, concentración económica urbana, empobrecimiento multidimensional y amplias desigualdades.
  • Ambientales: degradación ambiental a gran escala por depredación ilícita de recursos, deterioro de cuencas y ecosistemas, desprotección ante fenómenos meteorológicos extremos y efectos del cambio climático. 
  • Sociales: desfinanciamiento y desinstitucionalización de los sistemas de bienestar social y su descomposición por el uso de estructuras paralelas de dependencia social, utilizadas para fines políticos. 

Brechas de privación

Hum Venezuela identificó en 87 comunidades privaciones múltiples en medios de vida y alimentos, servicios de salud públicos, agua potable, educación básica, protección y seguridad, y servicios básicos como electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones.

“En períodos menores a los 10 años, se identificaron privaciones relacionadas con los servicios de protección, seguridad; el acceso de NNA a las escuelas de educación básica; y los servicios de electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones, por fallas agudas más recientes en el tiempo”, señaló el informe. 

De acuerdo con el informe las brechas están asociadas a la ausencia de Estado en sus estructuras institucionales y el desempeño de funciones básicas, sumergiendo a las comunidades en dinámicas de control por el acceso a recursos escasos, un estado generalizado de desamparo ante la denegación, restricción e inequidad en el goce y ejercicio de derechos, amplias desigualdades, el asedio de múltiples amenazas: pobreza, hambre y desnutrición, alto deterioro de la salud y exposición a muertes por falta de atención, abandono de la educación, distintas formas de violencia y desastres.

Por ende la organización concluyó que:

  1. Las evaluaciones a nivel comunitario describen un panorama desolador de inseguridad humana en la que las brechas de privación han excedido los límites de soporte de las personas para mitigarlas y evitar daños.
  2. La mayoría de las comunidades que participaron en las evaluaciones no tienen acceso a la asistencia y protección de la respuesta humanitaria implementada en el país. 
  3. Recuperar las capacidades de medios de vida y alimentos, de agua potable y de la salud pública requiere los mayores esfuerzos en las prioridades.
  4. El conjunto de las privaciones, vulnerabilidades y riesgos crean un cuadro de extenuación e inseguridad humana, en ausencia de Estado con graves violaciones de derechos.

46 presuntos delincuentes han muerto en Carabobo durante primer semestre de 2023

Este saldo ha sido el resultado de los enfrentamientos armados entre bandas delincuenciales y funcionarios de cuerpos de seguridad de la región. En 8 de los 14 municipios se han intensificado los operativos policiales

 

El análisis realizado por el equipo regional del Observatorio Venezolano de Violencia sobre los hechos de violencia registrados en el monitoreo de prensa durante el primer semestre del año 2023, arroja entre los datos relevantes, que persiste la presencia y dominio de territorio por parte de Bandas Delincuenciales en 8 de los 14 municipios del estado Carabobo, así lo indican los frecuentes enfrentamientos armados entre presuntos delincuentes y funcionarios de los cuerpos que realizaban operativos o recorridos por las diferentes zonas de la región en resguardo de la seguridad de los ciudadanos y control de la criminalidad.

El saldo de estos enfrentamientos fue de 46 supuestos delincuentes muertos entre ellos una mujer. Esta cifra representa un incremento del 11% respecto a las 39 muertes contabilizadas en el primer semestre del año 2022. Se observa como variante la participación de la mujer en los enfrentamientos armados puesto que en los años anteriores estas actividades dentro de las organizaciones delictivas las realizaban solo los hombres.

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades policiales a los medios de comunicación, la totalidad de los occisos presentaban antecedentes penales por diversos delitos como el robo, extorsión, secuestro y homicidios; sin embargo en el 26% no presentaron datos de identificación, el 45,7% fue identificado con un alias y solo en el 28.3% se dio a conocer la identificación.

Los municipios donde ocurrieron las muertes violentas por resistencia a la autoridad fueron: Valencia, Juan José Mora, Libertador, Guacara, Diego Ibarra, Los Guayos, San Joaquín y Naguanagua.

Las cifras registradas por mes entre 7 y 11 muertes violentas por resistencia a la autoridad, reflejan la letalidad policial como estrategia de control del crimen organizado en la región, urge la aplicación de programas de prevención de la criminalidad.

#MonitordeVíctimasCaracas | Neirelys Infante, víctima de femicidio, quería estudiar en la UNES

Neirelys Infante se había graduado de bachiller. Foto: Cortesía

La adolescente, de 17 años de edad, recibió cuatro impactos de bala. Su cuerpo fue hallado en el sector Barrio Nuevo de Caucagüita, en el municipio Sucre. Familiares contaron que la víctima acudió a una fiesta y fue acosada por un desconocido

@Yohanamarra

A las 4:40 am del lunes 17 de julio de 2023, Neirelys Infante le escribió a su hermana mayor, para comentarle que un hombre la molestó en la fiesta en la que estaba. Momentos después, desapareció.

Las amigas, con quienes la adolescente fue a la fiesta, pensaron que la joven estaba en el baño, pero no fue así.

Dos horas después de ese mensaje, fue localizado el cadáver de Neirelys Rosmar Infante Contreras, de 17 años de edad, afuera de una vivienda ubicada en la calle Libertador de Barrio Nuevo, en Caucagüita, municipio Sucre. Le dieron cuatro impactos de bala.

Esta es una zona lejana al sector Las Malvinas de Turumo, donde se celebraba la fiesta a la que acudió la joven con sus amigas. La hermana mayor de Neirelys Infante fue hasta Barrio Nuevo, ante los rumores de que habían asesinado a una mujer, y confirmó que se trataba de ella.

De acuerdo con la tía de la víctima, Judith Infante, mientras la adolescente estaba en la celebración, un hombre se le acercó para preguntarle si se acordaba de él, pero ella respondió que no. El desconocido insistió, trató de llevarla hasta la entrada del lugar y ella se negó.

 

Según los testigos, el hombre también le pidió a Neirelys que le entregara su equipo celular y la respuesta también fue negativa. Cuando localizaron el cuerpo de la adolescente, no tenía el teléfono entre sus pertenencias.

Su tía aseguró que Infante era una joven estudiosa y dedicada. Se había graduado de bachiller y estaba haciendo los trámites para estudiar en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).

Pidió que las autoridades investiguen el femicidio. “Así como fue ella, pudo ser otra niña”, dijo.

De acuerdo con datos de Monitor de Víctimas, entre enero y junio de 2023, se registraron 6 femicidios, todos en el municipio Libertador. Mientras que en el mismo período, pero de 2022, también se documentaron 6 femicidios, de los cuales 3 ocurrieron en el municipio Sucre.

Dos femicidios en el municipio Sucre

En menos de 72 horas, se registraron dos femicidios en el municipio Sucre, del Área Metropolitana de Caracas.

El viernes 14 de julio, Adianez Oriana Pavone Urbina recibió un impacto de bala en el pecho, dentro de la habitación en la que vivía, en Palo Verde.

De acuerdo con sus familiares, alrededor de las 11:30 pm, un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llamó a los parientes para informales que la joven había muerto, porque su pareja, presuntamente, manipuló un arma de forma accidental y se le escapó un tiro.

 

La víctima era novia de un efectivo del Cicpc, quien estaba adscrito al Eje Este de Investigaciones de la subdelegación El Llanito. El hombre, de 30 años, se entregó a las autoridades.

Previo al femicidio, Adianez comentó a sus familiares que su pareja era celoso, controlador y que, frecuentemente, le revisaba el celular. Por ello, la noche del crimen tenía planeado recoger sus pertenencias para regresar a su casa en Guatire.

Adianez mantuvo una relación con el funcionario durante cuatro meses. Sus allegados indicaron que ambos se conocieron a través de Facebook.

En 2022, se registraron 14 femicidios en el Área Metropolitana de Caracas, según los datos de Monitor de Víctimas. Ocho casos ocurrieron en el municipio Libertador, el municipio que registró más víctimas.

“La ventana se va a cerrar eventualmente”: EEUU sobre incentivos a Maduro para negociar

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González explicó que EEUU está tratando de “crear incentivos para que tomen una ruta diferente, pero la ventana se va a cerrar eventualmente y sería desafortunado porque el año pasado salieron alrededor de un millón de venezolanos”

Foto: Reuters

Juan González, asistente especial del presidente estadounidense Joe Biden, aseveró que la intención de EEUU sobre ofrecer incentivos a Nicolás Maduro para negociar podría caducar.

En una entrevista concedida a Voz de América, González señaló que tras la inhabilitación de María Corina Machado los expertos electorales “verían que en cierto punto va a ser muy difícil tener una elección libre y justa”.

“Es algo donde no tenemos una ventana indefinida. Seguimos apoyando cualquier negociaciones que existan entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de facto para regresar a la mesa de diálogo en la Ciudad de México y producir resultados”, agregó.

Asimismo, indicó que Venezuela tiene uno de los marcos de sanciones “más robustos en todo el mundo” y que añadir otra sanción “no va a cambiar el status quo“.

Sin embargo, González explicó que EEUU está tratando de “crear incentivos” para que el gobierno tome una ruta diferente, pero que la “ventana se va a cerrar eventualmente”, lo que consideró como desafortunado porque el año pasado “salieron alrededor de un millón de venezolanos”.

 

“El interés nuestro es que Venezuela sea próspera dentro de un marco democrático y tener un ambiente electoral libre”, dijo.

Además, sugirió que un ambiente electoral libre es algo fundamental y solo en su interés, sino que “es algo que le da beneficio a Colombia y a otros países que han sido impactados por los millones de venezolanos que han huido del país”.

Fundaredes alerta de violencia contra venezolanas habitantes de zonas fronterizas

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Según la ONG, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras del estado Bolívar y el Amazonas sean sometidas a esclavitud sexual y laboral 

 

Foto referencial

La ONG Fundaredes denunció el 20 de julio que las mujeres residentes en zonas rurales o mineras de Venezuela próximas a la frontera con Colombia, donde viven muchas indígenas, “son víctimas de la violencia y la indiferencia del Estado”.

“La vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante, sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión”, dijo la ONG en un boletín que recoge la situación de las víctimas.

La investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez explicó a EFE que el informe se centra en la situación de “las mujeres rurales, las mujeres de frontera y las mujeres en el ámbito de la minería ilegal” que -dijo- se encuentran “vulneradas por grupos delincuenciales y por el Estado que las mantiene desprotegidas”.

La investigación detalla que “la operatividad, cada vez más ampliada de los grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados de Venezuela, y su pugna por el control de territorio con otras organizaciones criminales y bandas delictivas, ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres, tanto en las zonas rurales como en territorios indígenas”.

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Minería ilegal

Según Fundaredes, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras del estado Bolívar y el Amazonas sean sometidas a esclavitud sexual y laboral.

Además, la organización explicó que la zona del Arco Minero del Orinoco se ha convertido en foco de actividades delictivas, como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas, “víctimas de todo tipo de vejaciones”.

Fundaredes responsabilizó al Estado de “la violencia sistematizada” contra la mujer campesina, “al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud”.

Exigen que se firme el Acuerdo de Escazú para frenar violencia contra líderes indígenas

“Observamos con preocupación el desinterés de nuestro Gobierno de unirse al Acuerdo de Escazú. Nuestro pueblo uwottuja presente en el municipio Autana, estado Amazonas, le pide firmarlo porque Escazú contiene elementos como la protección de la biodiversidad y de los defensores del medio ambiente”, dice un líder indigena del pueblo uwottuja, que pidió la protección de su nombre debido a la grave situación de seguridad que se vive en el sur de Venezuela. Hace poco más de un año, el 30 de junio de 2022, fue asesinado en Autana el líder uwottuja Virgilio Trujillo por oponerse a las pistas ilegales del narcotráfico y a la minería ilegal.

El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que entró en vigor en 2021 y que promueve el acceso efectivo a la información ambiental, a la justicia en los casos requeridos y la participación en la toma de decisiones que afecten el ambiente. Además, incluye la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que el 68 % de los asesinatos de defensores ambientales en los últimos 10 años se ha registrado en Latinoamérica. En total, 25 países de la región lo han firmado, algunos tienen pendiente su ratificación —como Brasil y Perú— y otros como Venezuela, Cuba y Honduras simplemente decidieron no adherirse.

Con la esperanza de que el gobierno venezolano se una a Escazú para garantizar información a los ciudadanos sobre temas ambientales claves, así como la protección de los defensores de los ecosistemas, las organizaciones de la sociedad civil venezolana Clima21, Sinergia, La Vida de Nos y la red Odevida emitieron un comunicado público que reúne sus principales demandas. “Invitamos al Estado venezolano a firmar y ratificar de forma inmediata (…) Recomendamos la adopción de medidas de derecho interno necesarias para el aseguramiento del cumplimiento de los derechos de acceso y divulgación de información ambiental, acceso a la justicia ambiental, y promoción de la participación pública en asuntos ambientales”, dice la solicitud que fue publicada el 5 de junio, el día mundial del medio ambiente.

La situación de violencia contra los líderes ambientales de Venezuela es apremiante. La red de organizaciones de la sociedad civil Odevida —integrada por Clima21, Provea y la colombiana Pares, entre otras— documentó que 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados entre 2013 y 2021. “En total 21 de ellos fueron asesinados por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, según Odevida.

Con información de EFE y Mongabay

¿Cuál será la correlación de fuerzas que se impondrá en el nuevo CNE?

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La apabullante mayoría oficialista en la AN le permitiría al gobierno imponer un 5-0 en el CNE. Pero esto sería un exabrupto que sentenciaría el desconocimiento de las próximas elecciones

 

@victoralvarezr

La Asamblea Nacional (AN) tendrá que escoger cinco nuevos rectores principales y diez suplentes. Jorge Rodríguez adelantó que: “Hay unas sorpresas en esos nombres, sobre todo para aquellos que dicen que esta Asamblea Nacional es ilegal, hay unas sorpresas en esos nombres, sobre todo de personas que han hecho vida en instituciones cercanas a la oposición”.

Teóricamente ninguno debería estar vinculado a los partidos políticos del gobierno o de la oposición, pero en Venezuela esa es una de las condiciones electorales que no se cumple y los rectores tienden a representar a los bloques políticos en pugna. Lo ideal sería una fórmula 2-2-1; es decir, dos rectores progobierno, dos prooposición y uno neutral aceptado por ambas partes.

Jorge Rodríguez también informó que a solicitud de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades autónomas y otras universidades se concedió una prórroga de 10 días para que terminen de armar sus listas de postulados y que a principios de septiembre se tendrá el nuevo CNE.

Recordemos que la división y abstención de la oposición en las parlamentarias de 2020 facilitó que la coalición gobernante ganara 256 de un total de 277 diputados. Para las megaelecciones de 2021 –como el oficialismo no se sentía amenazado por una oposición dividida y debilitada que además llamaba a la abstención–, el gobierno permitió una mayor representación de la oposición y pasó de una correlación de 4-1 a otra de 3-2. Así se eligió un CNE más plural y con mayor autonomía, el cual asumió el reto de lograr un arbitraje institucional, mejorar las condiciones electorales, reconstruir la confianza en el voto y en la ruta electoral.

Pero ahora lo que se juega es la presidencia de la república. La apabullante mayoría oficialista en la AN le permitiría al gobierno imponer un 5-0. Pero esto sería un exabrupto que sentenciaría el desconocimiento nacional e internacional de las próximas elecciones. El gobierno reconocerá el espacio que corresponden a los dos principales bloques de la oposición con la designación de un rector principal para cada uno, y una correlación de 3-2 en el nuevo directorio.

Elecciones en dictadura

La mayoría de los precandidatos catalogan al gobierno como una dictadura. Sin embargo, esperan de él condiciones electorales a tono con los estándares internacionales. Un nuevo CNE con tres rectores del oficialismo y dos rectores de oposición será la mejor correlación de fuerzas que la oposición puede esperar de un gobierno, al cual acusan de autoritario y hegemónico. Es iluso pretender que la dictadura a la que quiere derrocar les conceda una mayoría de 3 a 2 en el CNE.

En la estructura organizativa y funcional del poder electoral, no son cinco rectores sino ocho los que asumen responsabilidades técnicas, institucionales y políticas. Por lo tanto, la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición trasciende los cinco rectores principales e incluye a los rectores suplentes que se incorporan activamente a cada uno de los órganos subalternos.

Además de los dos principales de la oposición, es probable que mantengan los cuatro suplentes, para una correlación final de 9-6 en el total de 15 rectores principales y suplentes. Adicionalmente están las 24 Oficinas Regionales en todos y cada uno de los estados del país, cuestión que hay que tener en cuenta en el equilibrio del poder electoral.

El oficialismo tiene claro el enorme rechazo que sufre entre los electores y para conjurar la amenaza de ser barrido en las presidenciales de 2024 necesita un árbitro electoral que luzca parcializado y subordinado a los intereses del gobierno. Con ese fin forzó la renuncia de todos los rectores principales y suplentes que venían avanzado en la tarea de restaurar la legitimidad de desempeño del CNE y ahora hará uso de su aplastante mayoría en la AN para nombrar otros rectores espanta votos. El objetivo del gobierno es deteriorar las condiciones electorales, crear dudas sobre el resultado, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y la abstención, a fin de convertir en mayoría su debilitado apoyo electoral.

Pero la desconfianza en el voto y la apatía electoral no dependen solo del deterioro en las condiciones electorales. También dependen de la calidad de los candidatos y de la oferta electoral. Capitalizar electoralmente el rechazo al gobierno exige postular una candidatura única y unitaria, con una propuesta de gobierno conectada con el clamor nacional, que sea capaz de motivar, organizar y movilizar masivamente a los electores descontentos para así poder avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía Económica y Electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Capriles rechaza idea de privatizar Pdvsa si hay cambio de gobierno

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Considera que vender y privatizar la estatal petrolera “es poner en manos de unos pocos el principal activo de los venezolanos”, lo que “aumentaría la brecha social”

 

El dirigente Henrique Capriles rechazó el 20 de julio la idea de privatizar la Pdvsa, propuesta por María Corina Machado, en caso de ganar las presidenciales de 2024.

Según varias encuestadoras, Machado y Capriles son los favoritos para las primarias del 22 de octubre, pero si alguno de los dos resulta vencedor en las internas no podrá inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las presidenciales debido a las inhabilitaciones que pesan sobre ambos.

Capriles sostuvo, a través de Twitter, que vender y privatizar Pdvsa “es poner en manos de unos pocos el principal activo de los venezolanos”, lo que “aumentaría la brecha social”.

A su juicio, la estatal está “arruinada” y “endeudada” por culpa de la “destrucción” causada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Lo que siempre debe quedar claro y firme es que la riqueza petrolera le pertenece a todos los venezolanos y defenderemos esta posición en todos los escenarios”, subrayó Capriles, tras recordar que la Constitución consagra la totalidad de las acciones de Pdvsa al Estado, por lo que cualquier escenario distinto debe ser sometido a referendo.

Su propuesta -prosiguió, sin mencionar a Machado- es mantener la propiedad nacional de la empresa, profundizar asociaciones locales y extranjeras, modificar el régimen fiscal para “hacer atractiva y rentable la inversión privada”, entre otras ideas “apegadas al ordenamiento jurídico”.

Apuesta por la privatización de la industria petrolera

Machado propuso este 18 de julio un acuerdo para reestructurar la deuda externa del país a través de un proceso que sea “financieramente sostenible”, “creíble y conveniente” para las partes y que contemple un “pago asequible bajo plazo, y cronogramas” que la nación “pueda soportar”.

Por otra parte, la dirigente, quien ratificó su propuesta de implementar un “extenso programa de privatización” en sectores como energía, agua, telecomunicaciones y transporte, señaló que, de ser presidenta, abriría “el sector energético” para “atraer a las empresas mejor capitalizadas y tecnológicamente avanzadas del mundo”, con el propósito de “acabar con el monopolio estatal”.

“Seguimos restringiendo el potencial de nuestra industria energética al no permitir que el capital privado se embarque libremente en la expansión y operación de nuevos desarrollos”, agregó.

Con información de EFE