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Reuters: Venezuela y EEUU avanzan en conversaciones para alivio de sanciones

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Reuters reveló que se han celebrado “varias reuniones” entre enviados de Venezuela y EEUU en Doha para conversar sobre el alivio de sanciones petroleras
Además del alivio de sanciones, otros temas que habrían sido incluidos en estas conversaciones son liberación de presos políticos, garantías para las elecciones y posibles soluciones a la afluencia de migrantes venezolanos a EEUU

La agencia Reuters aseguró en una publicación que Venezuela y Estados Unidos han avanzado en conversaciones que podrían aliviar las sanciones a Caracas.

A partir de estas negociaciones, se permitiría que  “al menos una empresa petrolera extranjera adicional tome petróleo crudo venezolano para pagar su deuda si el presidente Nicolás Maduro reanuda las negociaciones con la oposición en México”.

La información, sostuvieron, se desprende de consultas con cinco fuentes que no revelaron, pero que también aseguraron que las conversaciones han progresado “sustancialmente” en las últimas semanas.

Entre las empresas que podrían obtener una “carta de consuelo” de Estados Unidos para aceptar el petróleo venezolano como pago de deuda  se encuentra uno de los socios de la empresa conjunta de Pdvsa, Maurel & Prom (MAUP.PA), dijeron dos de las fuentes.

Reuters precisó que se han celebrado “varias reuniones” de enviados del gobierno de Maduro y Biden en Doha desde el año pasado en un “esfuerzo renovado por resolver una crisis política y económica de larga data en Venezuela, incluidas discusiones sobre una elección presidencial”.

Las fuentes también aseguraron que en las próximas semanas podría haber conversaciones “separadas” entre los enviados de Maduro y la oposición venezolana en México.

Otros temas en agenda en estas conversaciones, además del posible alivio de sanciones, serían temas que la oposición ha llevado antes al debate, como liberación de presos políticos, garantías para las elecciones y posibles soluciones a la afluencia de migrantes venezolanos a Estados Unidos, revelaron las fuentes a Reuters. 

Pasos adelante de Washington

La agencia citó que la semana pasada un portavoz de la Casa Blanca aseguró que si Venezuela tomaba medidas “concretas” para restaurar la democracia, “que conduzcan a elecciones libres y justas”, ellos estarían preparados para levantar las sanciones correspondientes.

Pero ese mismo vocero habría asegurado que, en este momento, “Venezuela no ha tomado las medidas necesarias y nuestras sanciones siguen vigentes”.

Cabe recordar que a finales de la semana pasada Estados Unidos anunció que, tras un acuerdo con el gobierno de Maduro, reiniciaría las deportaciones de venezolanos que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

 

Agonía del sistema eléctrico nacional es cada vez más evidente

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Entre enero y mayo de este año se registraron 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que evidencia la desatención permanente del sistema eléctrico

 

Las fallas eléctricas una vez más están a la orden del día. En algunas entidades, los racionamientos de luz, ahora llamados «fases de administración de carga», volvieron; en otras, el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se percibe con fluctuaciones diarias, cada vez más frecuentes y fuertes.

Desde el Ministerio de Energía Eléctrica, que lidera Néstor Reverol, no se ha informado a la ciudadanía cuáles son las razones de las fallas eléctricas. A diferencia de otros momentos, el Gobierno no ha asomado ni siquiera la figura de «sabotaje». Lo que sí es una realidad es que el regreso de las fluctuaciones coincide con el aumento del calor en el país.

Venezuela pasó de tener un sistema eléctrico referencia para la región a uno cada vez más mermado. Solo en 2020 se registraron 157.719 cortes de luz, mientras que el primer trimestre del 2021 cerró con más de 190.006 fallas y en 2022 se documentaron al menos 233.298 interrupciones, según datos aportados por el Comité de Afectados por los Apagones.

De acuerdo con el comité, entre enero y mayo de este año se registraron 31.123 fallas eléctricas en todo el territorio, una cifra que evidencia la desatención permanente del sistema eléctrico.

Agonía eléctrica 

«Cada vez es más evidente la agonía del Sistema Eléctrico Nacional», dice a TalCual el ingeniero eléctrico, Víctor Poleo, quien asegura que falta uno de cada cuatro megavatios en el sistema de oferta de energía del país. Explica que hay un déficit permanente de la oferta y eso obliga a que se tomen medidas como los racionamientos, que, sobre todo, afectan directamente a Zulia, Nueva Esparta y estados de Los Andes.

Poleo atribuye las fallas al aumento de la demanda eléctrica producto de la ola de calor. Detalla que, debido a las altas temperaturas, en las zonas residenciales han incrementado el uso de aires acondicionados y de sistemas de refrigeración.

De acuerdo con el ingeniero eléctrico, las plantas hidroeléctricas son las que sostienen el Sistema Eléctrico en la actualidad. Advierte que desde el año 2010 se ha agravado la infraestructura del SEN, no solo por las termoeléctricas, sino también en las fases de transmisión y distribución.

Para Víctor Poleo, la precariedad del Sistema Eléctrico Nacional es evidente en las calles. «Cuando ves que las cuadrillas no tienen ni uniformes correspondientes. Si así está lo que vemos en la calle, uno se pregunta cómo está la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)».

«Corpoelec debe ser dinamizada si hay un cambio político. Se debe volver al sistema descentralizado, con empresas regionales. Está claro que esta estructura corporativa fue una gran monstruosidad que nunca debió existir. El foco del problema es Corpoelec», agrega.

*Vea la nota completa en TalCual 

Fundación Rehabilitarte activa línea gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela

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La línea funcionará para toda Venezuela en el horario de lunes a sábado, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

 

La Fundación Rehabilitarte anunció que desde este 9 de octubre estará disponible una línea telefónica gratuita de primeros auxilios psicológicos para toda Venezuela.

Con la ayuda humanitaria de la Unión Europea y a través de un consorcio con la Fundación CESVI, Rehabilitarte dispone de un equipo de especialistas en salud mental, quienes estarán a la orden de lunes a sábado desde las 8:00 am hasta las 5:00 p.m. a través del número de telefónico celular +58-424-6115506.

El personal de Rehabilitarte estará a la orden para escuchar a las personas, apoyarlas y ofrecerles recomendaciones en relación con su salud mental. 

“El propósito es orientar a quien se sienta agobiado, triste o preocupado, e indicarle cómo puede proceder para atender eso que le está afectando su salud mental.  Asimismo, se atenderán emergencias emocionales para adultos y adultas en general”, se lee en la nota de prensa compartida por Rehabilitarte. 

Con este servicio gratuito la fundación reitera su compromiso por atender y promover la salud mental tanto en el estado Zulia como en toda Venezuela. 

Para más información sobre salud mental en el Zulia, puede buscar a la fundación en Instagram y Facebook como Rehabilitarte y en la red social X (anteriormente Twitter) como @rehabilitarte18.

Una población angustiada

A principios del año 2023 la Universidad Católica Andrés Bello presentó el estudio Psicodata, que resumía cómo estaba el estado de ánimo nacional.

Para 6 de 10 venezolanos encuestados en esa investigación (64%), la principal fuente de estrés fueron los problemas económicos. 

9 de cada 10 entrevistados manifestó estar preocupado por la situación del país. A 73% le entristece pensar en el futuro de Venezuela y 4 de cada 10 admite que su ánimo cae con frecuencia por los problemas que enfrenta a diario en Venezuela

Mientras que 25% de los jóvenes entre 18 a 24 años también admitieron que ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente.

También en marzo de 2023 Venezuela figuró como el país menos infeliz de Latinoamérica según el  World Happiness Report, un estudio de la empresa Gallup avalado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia ha advertido que la emergencia humanitaria compleja aumentó la tasa de suicidios en el país. Antes era de 3,8 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2022 se ubicó en 7,7 por cada 100.000 habitantes. 

Hasta mayo de 2023, el OVV  contabilizaba 162 suicidios en todo el país y 32 intentos, a partir de registros de medios de comunicación.

Wola sobre deportación de venezolanos desde EEUU: “La medida es contradictoria y peligrosa”

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Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida
Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

 

El pasado 6 de octubre la organización WOLA, líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, señaló que la medida de deportación de venezolanos desde Estados Unidos “es contradictoria y peligrosa”.

A través de su página web, WOLA indicó que la decisión de devolver a venezolanos es “reprobable”, considerando los riesgos que enfrentan los venezolanos en su propio país. Añadió que también ignora la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devuelvan a personas a un país donde enfrentarían probable peligro o persecución.

La organización destacó que la deportación de venezolanos también va en contra de la propia conclusión de la Administración de Joe Biden del 20 de septiembre, cuando la declaración del Registro Federal del DHS concluyó que “Venezuela continúa enfrentando una emergencia humanitaria grave debido a una crisis política y económica, así como como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y han llevado a altos niveles de pobreza”. 

El pasado 5 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con el gobierno venezolano para llevar a cabo deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y carecían de bases legales para permanecer.

Este anuncio contradice la decisión de la administración Biden de hace apenas unas semanas cuando se extendió y redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que habían ingresado a los  Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 el cual tenía un tiempo de 18 meses.

Ahora, apenas unas semanas después, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró: “Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer aquí”.  

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida. Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Qué dice el derecho internacional?

Según el derecho internacional y el estadounidense, que cita Wola, “cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso”. 

La organización consideró que  Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para “otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro”.

Además, opinan que la nación “no debe ser un país que deporta personas a dictaduras represivas” donde puedan enfrentar serias amenazas a sus vidas o su libertad.

Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denuncia que falta de atención médica a presos políticos es una forma de tortura

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La ONG denunció que a los privados de libertad por razones políticas se les niegan consultas, exámenes, tratamientos y reposos

 

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia sostuvo que diariamente en Venezuela se le niega el derecho salud a los presos políticos en Venezuela al obstaculizar la atención médica oportuna.

La ONG indicó que los presos políticos padecen a raíz de la omisión de consultas médicas, evaluación y exámenes periódicos.  

Igualmente indicó que el Estado no garantiza a los privados de libertad la continuidad de los tratamientos médicos, independientemente de la patología. 

Denunciaron también la ausencia absoluta de reposos médicos para la recuperación de los pacientes y que las enfermedades preexistentes se agravan como consecuencia de las torturas y patologías que son adquiridas en los centros de reclusión como tuberculosis, coronavirus y dengue.

“Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia nos preocupa el deterioro progresivo de los privados de libertad por motivos políticos, quienes, debido a la ausencia de atención médica adecuada, pueden ser víctimas de un daño irreparable en contra de sus derechos, que termine con sus vidas”, señaló la organización en un comunicado publicado en agosto de este año.

La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes de los presos políticos , a pesar de que el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

La Coalición propuso un canje humanitario en beneficio de los detenidos por motivos políticos. 

La ONG explicó que el canje consistiría en la liberación de los presos políticos por parte del régimen de Nicolás Maduro a cambio de la cooperación internacional para atender la emergencia humanitaria compleja que vive el país.

“Venezuela está sumergida en una de las crisis más agudas de su historia Republicana, y requiere con urgencia un nuevo referente que le permita reavivar la esperanza y la concordia entre los ciudadanos, para poder superar con gallardía los retos planteados en la era moderna”.

La organización hizo énfasis en que el deterioro de la salud de los presos políticos afecta considerablemente la estabilidad emocional no solo de los reclusos sino también de sus familiares.

Los activistas apuntaron que esta situación afecta directamente a los familiares de los privados de libertad que reportan graves afectaciones de angustia y dolor.

 

LEA   El enroque de jueces en Venezuela deja en jaque a los presos políticos

Candidatos a primaria presentarán sus propuestas para Venezuela en debate este #18Oct

El próximo miércoles 18 de octubre a las 7:00 pm, los 12 candidatos a la elección primaria de la oposición podrán contrastar sus ideas y la propuesta democrática que adelantan para Venezuela
El evento se transmitirá vía streaming y por distintos medios de comunicación, desplegando todos los elementos tecnológicos disponibles para vencer la censura y el control informativo
Los ciudadanos pueden enviar sus preguntas a los candidatos a primaria al correo electrónico preguntas@debateparaavanzar.com, las cuales serán aprovechadas para la discusión dentro del evento pautado para el miércoles 18 de octubre a las 7:00 pm

El próximo miércoles 18 de octubre de 2023, los 12 candidatos de la primaria presidencial han sido invitados para contrastar sus ideas en el encuentro “Propuestas para Venezuela, un debate para avanzar”. La actividad servirá para que los aspirantes inscritos para las elecciones del 22 de octubre puedan compartir con el país sus ideas, en un encuentro que servirá como muestra de la democracia y la pluralidad que se quiere construir en Venezuela.

Los candidatos Andrés Caleca, Andrés Velásquez, Carlos Prosperi, César Almeida, César Pérez Vivas, Delsa Solórzano, Freddy Superlano, Gloria Pinho, Luis Farías, María Corina Machado, Roberto Henríquez y Tamara Adrián han sido invitados para plantear sus propuestas y proyectos en bloques temáticos.

Los 12 aspirantes invitados tendrán la oportunidad de abordar los desafíos económicos más apremiantes, que incluyen el empleo, el crecimiento económico, la inversión, la mejora de los servicios públicos, la educación y la atención médica, entre otros asuntos clave.

También debatirán sobre temas sociales y seguridad, incluyendo estrategias de cada candidato para atender las tensiones sociales y fortalecer la seguridad ciudadana de manera integral. Además, los participantes le plantearán al país sus proyectos sobre restauración democrática y los desafíos de la reconciliación nacional, la participación ciudadana y la estabilidad de Venezuela.

Sobre todos los temas, los candidatos podrán razonar desde el respeto, la tolerancia y el compromiso con la democracia, en este encuentro que cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Primaria.

“Propuestas para Venezuela, un debate para avanzar” se realizará el próximo 18 de octubre a las 7:00 p.m. y se transmitirá vía streaming y por distintas plataformas de medios de comunicación, con el despliegue tecnológico necesario para vencer la censura y el control informativo. Será un evento televisivo de alta calidad, siguiendo los estándares de producción aplicados en países con tradición de debates electorales en contextos democráticos, como España, Francia y Estados Unidos.

Además, y como parte de la democratización de la discusión pública, todos los ciudadanos pueden participar en la formulación de preguntas a los candidatos, enviando sus inquietudes al correo electrónico preguntas@debateparaavanzar.com, las cuales serán aprovechadas para la discusión dentro del evento pautado para el miércoles 18 de octubre a las 7:00 pm.

Este espacio de debate es posible gracias a la Universidad de Los Andes,  los medios de comunicación TalCual, Runrun.es y El Pitazo, integrantes de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), en conjunto con las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Consejo General de Representantes Estudiantiles de la Universidad Católica Andrés Bello, Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes, Federación venezolana de estudiantes de Ciencia Política, Federación de estudiantes de Derecho de Venezuela, Comité estudiantil de apoyo a la primaria de la UCAB, Comité estudiantil de apoyo a la primaria de la UCV, Foro Permanente de Juventudes, Juventud por Venezuela, AGLOJOVEN, Centro Iberoamericano de Comunicación, Política y Gobierno, EsPolitiks, Asociación Venezolana de Consultores Políticos, Ciudadanía Sin Límites, Proyecto Ciudad, EstadoLab, Oportunidad AC, Civity, Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, RedesAyuda, Monitor Desca, Un Mundo Sin Mordaza, País Plural, FundaRedes, Válvula Política, Es Noticia, Noticias Todos Ahora, La TV Calle, El Tequeño, El Diario, Escuela de gobierno Mercedes Pulido, Universidad Metropolitana (Unimet) y La República TV.

Mujeres migrantes: cuerpos sin derechos

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Las mujeres migrantes enfrentan una travesía mortal en México en su intento por llegar a Estados Unidos ante la amenaza de sufrir abusos sexuales, embarazos forzados, muerte fetal y un alto riesgo de morir si están embarazadas. Testimonios recabados en campo dejan evidencia que, migrar para ellas, es casi una sentencia
En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras que se encuentran gestando en México tienen casi 20 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y enfrentan un alto riesgo de sufrir muerte materna
Para esta investigación se entrevistaron mujeres migrantes en distintos puntos de la ruta migratoria que atraviesa México de sur a norte. Desde el río Suchiate y Tapachula, en Chiapas, pasando por Las Choapas y Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta los dos extremos de la frontera norte, en Tijuana y Reynosa, donde hablan de cómo enfrentan la carencia de métodos anticonceptivos, abortivos y de servicios de salud

 

Gabriela Martínez

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.

 

 

Gelsy, una hondureña de 19 años, duerme sobre un colchón compartido en un refugio en Tapachula, Chiapas, bajo un techo laminado del que escapan chorros de agua. Es madre pero ya no quiere parir. Su país le impidió operarse por tener menos de 21 años. Por eso, antes de iniciar su camino a Estados Unidos quiere comprar una pastilla de emergencia para abortar si es agredida sexualmente, porque migrar y sufrir abuso, dice, es casi una certeza en México.

“Hay muchas cosas que se escuchan”, las chavas que por el camino dicen que es bien arriesgado, la mayoría de mujeres que les ha pasado una violación cuentan la experiencia. 

Dentro del refugio el Buen Pastor, en Tapachula, donde vive Gelsy, las mujeres ven pasar el tiempo recostadas en el suelo frente a un ventilador inútil. Se abanican con periódicos que sólo arrojan aire caliente, se colocan trapos mojados en el cuello y, mientras lo hacen, se organizan para buscar anticonceptivos o pastillas de emergencia antes de seguir el camino.

Los condones que les dan las organizaciones y voluntarios, dicen las migrantes, no les sirven en caso de sufrir una violación o si su pareja se niega a usarlos. 

En ese mismo refugio, otra migrante que prefirió no dar su nombre, recuerda que en Guatemala, antes de cruzar el río Suchiate, que marca la frontera con México, le ofrecieron prostituirse para pagar un cuarto de hotel. Había ahorrado para dejar Honduras, pero el dinero se le terminó cuando le pagó al pollero y la abandonó.

“Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero”, dice convencida.

Para las mujeres migrantes sin una estancia regulada en México, tener acceso a anticonceptivos es indispensable en su equipaje porque saben que es muy probable que sufrirán abuso sexual o usarán su cuerpo como intercambio con un hombre por una sensación de seguridad. 

Pero el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho que no está garantizado para las miles de mujeres que atraviesan el país en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio, según los testimonios de migrantes y organizaciones que se encuentran a lo largo de la ruta desde la frontera sur hasta el norte del país.

En su informe 2021 el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revela que siete de cada 10 mujeres que atendieron experimentaron violencia física en su tránsito por México; 83 por ciento violencia psicológica, 60 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica y 18 por ciento violencia sexual.

Embarazos en riesgo

No sólo están en riesgo las mujeres que quieren prevenir embarazos, también está bajo amenaza la vida de las que ya están gestando y atraviesan el país en condiciones de climas extremos, con deshidratación y sin comida.

Uno de los epicentros de la ruta migratoria es la estación del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cientos de migrantes esperan a que pare el ferrocarril para subir e ir rumbo al norte. Allí, entre la basura, las ratas devoran sobras de comida arrojadas a unos pasos de donde cientos de personas duermen encima de cajas de cartón echadas al suelo, a casi 40 grados de temperatura.

Entre ellos está Jaime, una hondureña con cinco meses de embarazo que, una vez que dejó su país, no ha visitado a ningún doctor.

Paró en la estación del tren donde conoció a otros migrantes. Casi nadie sabe que está embarazada porque su cuerpo es tan delgado que apenas permite asomarse un pequeño bulto de su vientre. Dice que come una vez al día, no toma vitaminas y su cuerpo ha estado expuesto a desgaste físico. Piensa que ella y su hijo van a sobrevivir por obra de Dios.  

“Le pido a Dios que todo esté bien”, dice mientras se encomienda a su fe, para luego explicar que su bebé no se ha movido, ni sabe si es una niña o un niño, ni tampoco por qué su panza es tan pequeña, jamás se ha hecho un ultrasonido y, desde que pisó México, no ha tenido un chequeo médico.

Las probabilidades de que su bebé no llegue a nacer son mucho más altas para ella que para una mujer nacida en México.

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras gestando en México tienen 17.1 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se llegó a esta cifra al comparar la proporción de muertes fetales en madres mexicanas, que fue de 1.98 por ciento en 2022, con la de muertes fetales en mujeres extranjeras, que alcanzó un 34 por ciento ese mismo año.

De 32-12

A través del Sistema Nacional de Transparencia, se solicitó información a las instituciones de salud de los 32 estados del país sobre muertes maternas, muertes perinatales, cuidados prenatales y partos de mujeres extranjeras registrados de 2020 a julio de 2023, pero sólo 12 respondieron con datos.

De estos, siete estados reportaron muertes perinatales (cuando ocurre después de las 22 semanas de gestación hasta los siete días de nacido): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí. En este último estado se registró una muerte perinatal, así como 13 abortos a mujeres extranjeras.

La información indica que de las 51 muertes perinatales en mujeres extranjeras registradas de 2020 a julio de 2023, la mitad ocurrieron en Coahuila y Chihuahua. Además, se observa una tendencia al alza, ya que durante los primeros siete meses  de 2023 se registraron nueve muertes fetales, muy cerca de las 10 registradas en todo 2022.

En relación con muertes maternas, Baja California registró la mitad de los casos del país reportados vía transparencia, con cinco fallecimientos entre 2020 y 2023.

La presencia de mujeres migrantes en México también se multiplicó en los últimos años. Un indicador es la entrega de tarjetas por razones humanitarias que otorga el gobierno de México, que creció cuatro veces desde 2020, cuando fueron entregadas 10 mil 763 documentos y aumentó a 53 mil 277 en 2022.

Tan sólo de enero a julio de 2023 se ofrecieron 31 mil 465 consultas de embarazo gestacional a personas extranjeras en el país -sin importar su estatus migratorio-, de las cuales el 76 por ciento se concentró en sólo 10 estados.

México, un muro para la salud de las mujeres migrantes

Valeria Scalisse, responsable del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advierte que la falta de derechos reproductivos tiene que ver con la falta de voluntad del gobierno, pero principalmente con las políticas migratorias que ahora son más restrictivas y obligan a las mujeres a usar rutas con más riesgos y menos servicios. 

“Influye directa o indirectamente en que las mujeres puedan acceder al servicio (de salud), recuerdo que mujeres venezolanas comentaban que preferían pasar dos veces el Darién (la jungla en la frontera entre Colombia y Panamá) que pasar por las rutas mexicanas; me pareció fuertísimo escuchar eso”, expresa.

Desde el campo de las colectivas que acompañan a mujeres que desean abortar en territorios donde no está permitido o no tienen acceso, Crystal P. Lira, cofundadora del colectivo pro aborto Las Bloodys, en Tijuana, explica que cuando se trata de residentes de la región, en promedio realizan de 150 a 300 acompañamientos al mes, pero en el caso de migrantes sólo llegan a ser entre uno y cinco.

“Las mujeres migrantes tienen mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a medios para prevenir o evitar un embarazo no deseado por la centralización de los accesos y la información, por el idioma, la documentación, las diversas criminalizaciones por su condición, también la desigualdad económica y de vivienda, no es sencillo migrar”, explica la activista.

​​Araceli Pineda, subdirectora de Programas en ProSalud, organización civil que promueve la salud y trabaja con mujeres en contexto de movilidad, sostiene que las personas migrantes tienen mayor riesgo de no lograr un embarazo.

“Infecciones por hongos o bacterias que no se habían tratado por el trayecto, a veces no saben que están embarazadas y cuando tienen dolores muy fuertes, ya es por abortos espontáneos, por mala nutrición… por su falta de acceso a baños, higiene”, detalla.

La especialista advierte que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso a cuidados prenatales ni para la interrupción del embarazo. Las principales barreras, dice, son las creencias culturales tanto de las personas migrantes como de quienes están a cargo de las instituciones y organizaciones que las rodean, como los albergues a donde llegan, los cuales son coordinados mayormente por comunidades religiosas.

Preparadas para migrar

Devora, una migrante salvadoreña agredida sexualmente en su país, resultó embarazada e intentó interrumpir el embarazo con pastillas de emergencia pero el medicamento no sirvió. Con casi seis meses de gestación, en abril de 2023 decidió migrar sola a Estados Unidos.

Llegó a la frontera este de México y Estados Unidos, a la ciudad de Reynosa, donde cuando el sol sale enardece sobre la piel. Apenas cae la noche, los negocios bajan la cortina y las familias se esconden dentro de sus casas, como secuestrados en sus propias cuatro paredes y, desde ahí, aprenden a vivir entre el sonido de las balas que suenan casi a diario.

Devora se refugió en Casa Lulú, uno de los pocos albergues que hay en la ciudad y recibe a migrantes víctimas de tortura y abuso sexual, donde al contar su historia y pese a sus deseos de no ser madre, le aseguraron que los niños son una bendición y que los que aún no nacen no tienen la culpa de su agresión.

Resignada a un embarazo forzado, piensa que a lo único que tenía miedo era a ser asesinada o desaparecida en el camino, porque a otro abuso ya no.

“Sí sabía que tal vez podría pasar (una violación) pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo”.

La Ley de Migración en México obliga al Estado a garantizar servicios de salud sin importar el estatus migratorio y hay acuerdos internacionales que exigen respetar el derecho reproductivo y la salud sexual de las mujeres migrantes (incluido el aborto). Pero en este país la atención médica de calidad es la excepción y no la norma.

Antes de iniciar el trayecto, muchas mujeres migrantes se inyectan anticonceptivos que duran tres meses para evitar embarazos no deseados, pero cuando llegan a ser retenidas en la frontera el efecto se termina antes de empezar el viaje. Desde los refugios y durante su tránsito buscan dónde comprar la inyección, pero el costo y la falta de acceso la hace inaccesible.

Escarleth, una joven hondureña de 22 años, no ha tenido éxito para comprar su inyección. Bajo la sospecha de un embarazo que no planeaba, busca entre las organizaciones y voluntarios que alguien la ayude con anticonceptivos para mujeres. Su pareja se niega a usar preservativo.

“La gente que ha venido, voluntarios, han dejado condones y uno los agarra… pero hay personas que los usan para jugar. ¿Yo qué hago con ellos?”. 

 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

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