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Yo tengo un sueño

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Al fracaso reinante que nos despoja en la quiebra, lo derrotaremos unidos con el gran acuerdo de salvación nacional guiados por la Constitución

 

Hace 60 años, en agosto de 1963, Martin Luther King reveló la fuerza transformadora de los sueños cargados de verdades humanas fundamentales. En una marcha multitudinaria en Washington contra las cadenas seculares de la discriminación racista, el líder negro liberador invitó a compartir su sueño y convertirlo en una fuerza espiritual indetenible: I have a dream, “Yo tengo un sueño, sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel”. Ese sueño, portador de la más radical verdad, prendió el fuego inapagable en millones decididos a afirmar su humanidad sin fronteras y construir el mundo soñado.

Con el nacimiento del año nuevo en cada venezolano despierta un sueño. Tal vez no nos atrevemos a volar con él, pero soñamos un 2024 de CAMBIO. Cambio de la muerte que arrastra Venezuela a la vida que necesitamos y podemos. No importa el color político, los venezolanos más diversos y enfrentados amanecemos unidos en el silencioso clamor por el cambio.

No dudo de la buena fe de muchos que hace un cuarto de siglo sacudieron la política reinante, porque querían que Venezuela se abriera a quienes sufrían la exclusión. Pero luego de 25 años de “revolucionario” disfrute y manoseo del poder, es terrible el resultado: destruido el servicio público de salud, maltratada la educación pública en todos los niveles, con millones de niños con solo dos días de clase a la semana y educadores que no reciben sino 10 % de lo necesario para vivir y con más de la mitad de los centros educativos en condiciones físicas lamentables.

Miles de empresas cerradas y en fuga por el irresponsable “exprópiese”, otras arrebatadas por el Estado y no pocas en quiebra. En 8 años el producto nacional perdió el 70 % y la hambreadora inflación venezolana alcanzó en el 2023 el primer puesto mundial. Millones de desempleados y subempleados rebuscando para sobrevivir y 7 millones de venezolanos obligados a buscar su vida en países extraños, porque aquí no hay lugar para ellos. La Venezuela, antes considerada “rica”, está en la indigencia con el salario mínimo más bajo de toda América Latina, con el debate público silenciado por imposición del monopolio excluyente del partido “socialista”, con persecución y presos políticos y la libertad de los medios de comunicación social secuestrada por la sola y única verdad oficial. Hasta la gasolina, el agua y la luz se nos esconden…

No voy a seguir con esta letanía de desastres, pues tengo la convicción de que los venezolanos, militares y civiles, conocemos y sufrimos este cuadro de destrucción catastrófico que solo se da en las peores posguerras. Por eso todos queremos CAMBIO. Nadie (ni de un lado ni de otro) se resigna a que sus hijos queden condenados a la “no vida” actual. Todos tenemos un sueño de nueva vida, aunque nos parezca casi irrealizable.

Al comienzo del año lo importante y necesario es descubrir que ese sueño mío es de todos, y que treinta millones de venezolanos estamos unidos en el mismo sueño. La oportunidad y el reto de este año es hacerlo realidad, pasando de “yo tengo un sueño” a “nosotros tenemos un sueño”.

Este año 2024 es privilegiado para la vida política y para el CAMBIO que toda Venezuela necesita y anhela. Basta con que tomemos en serio la Constitución (unos y otros, los que la hicieron y los que se opusieron) y que renazcan liderazgos políticos renovados y centrados en el único y difícil reto: el CAMBIO DEMOCRÁTICO. Millones de venezolanos nos encontramos en la encrucijada electoral, esperanzados y dispuestos a hacer valer el voto unido en la candidatura de cambio, como expresión de la voluntad soberana de su sufrimiento.

Elecciones libres y competitivas y al mismo tiempo acuerdos por encima de las locuras vividas en las últimas tres décadas en las que nos excluimos unos a otros. Nosotros tenemos un sueño. Este paso del “yo” al “nosotros” es la clave del resurgir nacional y es lo que tenemos que defender los civiles y los militares por encima de pequeñeces partidistas que nos han traído a la ruina.

No es solo un buen deseo, es la esperanza y la responsabilidad común luego de escoger entre la muerte continuada y la vida que rebrota con vigor. Al fracaso reinante que nos despoja en la quiebra, lo derrotaremos unidos con el gran acuerdo de salvación nacional guiados por la Constitución.

Ya destacan liderazgos que son novedosos en la medida en que su propuesta de cambio está centrada en el dolor de millones de víctimas hoy carentes de educación, empleo, ingreso, salud, libertades, democracia… Esa es la condición indispensable para que el Acuerdo de Salvación Nacional tenga raíces fuertes en toda la población. Quienes dirijan esta novedad y este CAMBIO encarnan la esperanza inclusiva y activarán en toda la población las energías necesarias para la reconstrucción. Este sueño de todos los venezolanos necesita también una gran solidaridad mundial, para la muy ardua tarea de renovación nacional, a partir de las actuales ruinas.

En esta dirección tenemos que ir unidos todos los demócratas para la elección presidencial de 2024 y todas las otras renovaciones político-electorales que están previstas en la Constitución. Si tomamos en serio este sueño de Año Nuevo, se convertirá en una fuerza indetenible para rescatar y reconstruir el país.

Caracas, 12 de enero de 2024.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Contabilizaron 1003 conflictos laborales en 2023, la mayoría por conflictos salariales

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Durante el mes de diciembre, esta organización contabilizó 46 conflictos laborales, 22 menos con respecto a noviembre, protagonizados -en su mayoría- por trabajadores de escuelas y liceos

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este martes, 16 de enero, que en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante el año 2023, la mayoría motivados por la exigencia de “salarios dignos”.

“El Inaesin registró 45,95 % menos casos en 2023 que los 1.856 de 2022, un año de alta conflictividad laboral”, explicó la organización en los datos difundidos.

Asimismo, la organización señaló que los reclamos del año pasado estuvieron liderados por el sector público, pues el 90 % del total de peticiones y denuncias vinieron de este grupo.

El Inaesin remarcó que, además de las quejas por el salario, los detonantes de protestas laborales en 2023 fueron la exigencia de mejores condiciones laborales y la negociación de convenciones colectivas.

Durante el mes de diciembre, esta organización contabilizó 46 conflictos laborales, 22 menos con respecto a noviembre, protagonizados -en su mayoría- por trabajadores de escuelas y liceos, quienes exigieron una mejora de sus remuneraciones.

Este lunes, durante su rendición de cuentas anual a la nación, Nicolás Maduro aumentó a 100 dólares el ingreso mínimo de los empleados públicos a través del Bono de Guerra Económica (que llevó a 60 dólares), el cual no genera pasivos laborales, mientras que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022.

En paralelo, y a propósito de la conmemoración del Día del Maestro en el país, los docentes tomaron el lunes 15 de enero las calles de Caracas y varias regiones en la que fue la segunda jornada de protestas del año, a fin de rechazar los “salarios de hambre” y exigir un aumento, entre otras solicitudes.

*Con información de EFE

Imponen régimen de presentación al equipo de María Corina Machado

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El abogado Omar Mora Tosta informó que Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Henry Alviarez y Roberto Abdul, integrantes del equipo de trabajo de María Corina Machado tienen orden de presentación cada 15 días

 

El abogado penalista Omar Mora Tosta acompañó el lunes 15 de enero a varios integrantes del equipo de María Corina Machado a los tribunales. Informó que se les  impuso como medida cautelar presentarse cada 15 días por delitos relacionados con una supuesta conspiración.

El pasado 6 de diciembre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, dijo que las ciudadanos Claudia Macero, coordinadora de comunicaciones de Vente Venezuela; Pedro Urruchurtu, Coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela; Henry Alviarez, coordinador nacional de organización de Vente Venezuela; y Roberto Abdul, co-fundador de la ONG Súmate, quien en días previos había sido citado por la Fiscalía para ofrecer declaraciones tras la celebración de las elecciones primarias, formarían parte de los operadores políticos afines a Guyana.

El abogado Mora Tosta indicó que Macero, Alviarez Urruchurtu y Abdul tienen una medida cautelar que les permite «continuar con su vida, pero limitada».

«Esto es una descabellada versión en la que supuestamente hay una conspiración que no existe. Esto es la muestra de un nuevo episodio de la persecución en contra de estas personas», detalló el abogado Omar Mora Tosta.

De la misma manera, el representante legal indicó que esperan que esta causa sea sobreseída en la audiencia preliminar que debe estar por celebrarse.

Sobre Roberto Abdul, el abogado Mora Tosta recordó que fue víctima de una desaparición forzada tras haber sido detenido el pasado 6 de diciembre por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin haber una investigación que soportara esa medida, ni sus abogados ni familiares supieron de él hasta que lograron la libertad por medio de una medida cautelar.

El abogado se interrogó en este caso específico si exaltar el ejercicio democrático y la vigencia del voto por medio de una ONG es es una conspiración.

Claves | El bullying en la educación es una constante para miembros de la comunidad LGBTIQ

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Se aproxima que en Venezuela hay alrededor de tres millones de personas de la comunidad LGBTIQ, de acuerdo a Quiteria Franco, Coordinadora General de la ONG Unión Afirmativa

Foto: País Plural

La Organización No Gubernamental País Plural compartió su «Informe final de presentación de datos de investigación 2023», un texto de 100 páginas que se puede encontrar en el sitio web de País Plural en el que  describen la realidad y retos a los que se enfrentan las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, específicamente en Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua y La Guaira. 

El informe final “Nuestra Comunidad” está dividido en siete capítulos: caracterización de la muestra, seguridad personal y no violencia, participación política, discriminación en el ámbito laboral, necesidades y condiciones acceso a la salud, ámbito educativo y necesidades y condiciones de vida.

Entre los resultados más relevantes, destacan los altos niveles de bullying en el ámbito educativo que reportan los encuestados en esta investigación. Así como también la discriminación en el sistema sanitario y la violencia o abusos de autoridades a los que se enfrentan en su cotidianidad.

Desde Runrun.es resumimos los hallazgos más importante de la investigación en forma de claves. 

Caracterización de la comunidad LGBTIQ+

Antes de iniciar, el texto advierte que: «Este estudio es de carácter exploratorio, lo que implica que los datos no pueden generalizarse a toda la población LGBTIQ+ de Venezuela, pero proporciona una valiosa primera aproximación a las características de esta comunidad».

Para la investigación, el grupo étnico con mayor porcentaje fue el de blanco-mestizo, con un 51.69%. El resto de los grupos étnicos estudiados fue: afro venezolano, blanco y otros.

La identidad de género más recurrente fue la de hombre cisgénero, la cual representó el 50% de la muestra. El segundo lugar lo ocupó mujer cisgénero, con 33.54%. El resto del porcentaje se dividió entre personas no binarias, personas trans y no definido.

Tabla sobre caracterización de la muestra 1
Tabla 1. Imagen: País Plural

En cuanto a la orientación sexual, el 41% se definió como gay y un 33% como bisexual. El otro 26% quedó distribuido entre lesbiana, pansexual, asexual y heterosexual. La edad más encuestada fue el grupo de 21 a 25 años, con un 42.55% del total. Seguido del grupo de 18 a 20 años (23.78%), 26 a 29 años (19.90%) y 30 a 36 años (13.77%).

Abuso de autoridad y violencia

El capítulo dos presenta datos sobre la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la comunidad LGBTIQ, y se enfoca en los actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Destacar que la mayoría de los encuestados no han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el 35% ha sufrido al menos un tipo de abuso por parte de las autoridades venezolanas, ya sea violencia física, sexual o psicológica, detención arbitraria o extorsión.

Entre los grupos de personas con orientaciones sexuales específicas, la victimización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado varía, con tasas del 43% entre las personas que se declaran gay, 31% entre los bisexuales, 25% entre los pansexuales y 20% entre las lesbianas.

Víctima de violencia por identidad de género en Venezuela 2023
Tabla 5. Imagen: País Plural

Por otra parte, a pesar de ser una práctica retrógrada, el 13.28% de las personas encuestadas afirmó haber sido sometidas a terapia de conversión en algún momento.

Además, 42% de los hombres cisgénero, las personas no binarias y aquellas con otras identidades o que no se han definido han sufrido uno o más violaciones a sus derechos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Casos como el de los 33 detenidos en el estado Carabobo durante una fiesta privada en 2023 son muestra de lo vulnerable que son los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.

La comunidad LGBTIQ+ y su participación política

En el ámbito político, los miembros de la comunidad encuestados tuvieron una postura similar: hay desconocimiento o desinterés político; pero muchos conocen sus derechos ante la ley.

El informe concluye, en este capítulo, que el conocimiento sobre los derechos civiles y la participación política de la comunidad LGBTIQ+ es limitado.

Hasta un 84.09% de los encuestados no está al tanto de campañas gubernamentales de sensibilización destinadas a fomentar la aceptación y reducir la discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

Asimismo, 89% de los encuestados indicó que no conocía de la existencia de políticas públicas que protejan y promuevan la igualdad de derechos para las personas trans, intersex o no binarias.

Conocimiento y participación en campañas o políticas de no discriminación
Tabla 17. Imagen: País Plural

Solamente el 7.77% de los encuestados indicó conocer reformas legales destinadas a eliminar la penalización de las conductas de las personas LGBTIQ.

Por otra parte, el 54.08% de los encuestados afirmó conocer el artículo 21 de la Constitución de Venezuela (todas las personas son iguales ante la ley). Pero, inversamente, 95% de los encuestados no ha participado en consultas públicas sobre temas relacionados con la comunidad LGBTIQ.

Menciona además el reporte que menos del 3% es militante de algún partido político. Y solo un 11.68% pertenece o trabaja con alguna ONG.

Discriminación laboral

Cerca del 70% de los encuestados no ha enfrentado discriminación en el trabajo. Mientras que el 30.84% restante ha experimentado situaciones de discriminación que los han llevado a considerar renunciar o incluso han sido despedidos.

La forma en que se presenta la discriminación laboral para la comunidad es variada. Por ejemplo, la necesidad de ocultar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, exclusión laboral y obstáculos o barreras injustas en el lugar de trabajo.

En el caso de las personas asexuales, 93% ha sentido la necesidad de ocultar aspectos de su identidad en el trabajo. Caso similar padecen las personas bisexuales, entre los cuales hasta un 80% ha experimentado este problema.

Discriminación en el trabajo según orientación sexual
Tabla 18. Imagen: País Plural

En cuanto a la discriminación en el trabajo por etnia, hasta un 74% de los encuestados afrovenezolanos respondió que no ha enfrentado situaciones de exclusión laboral en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

El capítulo cierra con una serie de recomendaciones para abordar la discriminación laboral contra la comunidad LGBTIQ+, tales como la implementación de políticas y prácticas inclusivas, la capacitación de los empleados y la promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Comunidad trans, la más discriminada por el sistema sanitario

El sistema sanitario de Venezuela representó un lugar incómodo de acudir para miembros de la comunidad LGBTIQ+. Casi el 43% de las personas trans afirman haber experimentado discriminación por parte del personal de salud.

Por otra parte, el 20.74% de las personas cisgénero masculinas indica haber experimentado discriminación por parte del personal de salud. Cifra que se reduce hasta el 13.26% en el caso de las mujeres cisgénero.

Discriminación por parte del personal de salud según identidad de género
Tabla 36. Imagen: País Plural

A pesar de estos datos, al acudir a una institución o empresa sanitaria, el 60% de los encuestados ha ido a una revisión médica en los últimos 6 meses. Y poco más del 50% decidió ir a una clínica privada para hacer su chequeo médico.

El grupo que más acude a revisiones médicos resultó ser el de personas gay y bisexuales. Siendo los que más han ido a una revisión médica en los últimos 3 meses.

La comunidad trans venezolana ha sufrido pérdidas importantes. Específicamente, desde 2008 hasta la fecha, se han reportado 93 mujeres trans víctimas de asesinato en el país.

El 100% ha sufrido bullying

En el ámbito educativo, hay datos que despiertan preocupación por el alto porcentaje en cuanto a discriminación y acoso

El 100% de los encuestados sufrieron alguna forma de acoso en la institución educativa en la que estuvieron.

Tabla 36. Imagen: País Plural
Gráfico 31. Imagen: País Plural

Tan solo un 16.23% afirmó haber recibido planes educativos sobre diversidad, expresión de género, identidad de género y no discriminación.

En cambio, el 90% aseveró desconocer la existencia de políticas contra el acoso escolar o académico relacionado con la identidad de género, orientación sexual o expresión de género en su escuela.

Solo un cuarto de los encuestados comentó que sabían de la posibilidad de denunciar casos de acoso escolar o académico por razones de identidad de género, orientación sexual o expresión de género.

Necesidades y condiciones de vida

Finalmente, respecto a la situación de vida actual, se categoriza en dos rubros: trabajo y vivienda.

El informe menciona que, sin importar su identidad de género u orientación sexual, más del 55% de los encuestados tiene empleo. Algunos casos, como las personas asexuales, bisexuales y gay, este número se eleva hasta 73%, 66% y 81% respectivamente.

Nivel de ingreso comunidad LGBTIQ+ Venezuela 2023
Tabla 4. Imagen: País Plural

En términos de identidad de género, el 80% de hombres cisgénero trabaja. Mientras que 66% de las mujeres cisgénero, 65% de los no binaries y 56% de Otro o no definido también tienen una actividad laboral remunerada.

En contraste, 56% de las personas trans no tienen trabajo, una de las cifras más llamativas en este aspecto. 

Ingresos  entre  201$  a  500$  son los más  frecuentes,  representando  el 24.66%. Le sigue el rango de ingresos de 101$ a 200$, con 23.28%. Mientras que el 18.97% informó ingresos superiores a 501$ mensuales. Otros rangos de ingreso incluyen de 61$ a 100$ (14.66%), 11$ a 60$ (12.24%). Solo el 5% de los encuestados informó que sus ingresos mensuales son 10$ o inferior.

En cuanto al lugar de residencia, la opción más común es en casa de un familiar o amigo, con el 52.32%. Seguido por el 27.03% que tienen su propia vivienda y el 19.27% que vive en una vivienda alquilada.

La controversia y el conflicto con Guyana

La injustificada y nociva desidia de quienes detentan el poder, mal disfrazada con el despliegue de una descomunal propaganda engañosa de lo opuesto (..) en lugar de atenuar como se pretende, proporcionan combustible a la debilidad que tienen frente a la ciudadanía

 

Las relaciones con Guyana se han complicado en los últimos tiempos. A pesar de que la controversia tiene en sí misma un claro potencial de conflicto, para entender mejor la actualidad del tema con un asomo prospectivo distinguimos entre la controversia y el conflicto, conceptos que se aplican a las diferencias entre Estados y que por su propia definición prevén medios distintos de solución.

La controversia, definida como oposición de tesis jurídicas de los dos países sobre una determinada cuestión, está indubitablemente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adonde llegó dentro de las previsiones del Acuerdo de Ginebra y luego de 34 años de una terca insistencia en los inefectivos buenos oficios sin que la representación de Venezuela propusiera alguno de los otros mecanismos de solución pacífica de controversias entre Estados miembros (Art. 33 de la Carta de la ONU) y pese a la posición reiteradamente sostenida por Venezuela de no aceptar la jurisdicción de la CIJ.

Es ahí, en la Corte, donde es necesario alegar y defender nuestros derechos para lo cual tenemos fundamentos sólidos suficientes. Es así indubitable porque ya en la Corte se resolvió la fase preliminar de competencia y de admisibilidad. La oportunidad para presentar nuestros elementos probatorios sobre la nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y refutar en esta fase de fondo los argumentos de Guyana acerca de su validez, la tiene Venezuela en su contramemoria, que deberá presentar el 8 de abril de este año 2024, fecha límite esta que fue fijada por la Corte mediante Ordenanza del 6 de abril de 2023.

Bastantes voces con real conocimiento de la materia han insistido en que la representación formal de Venezuela ante la CIJ tiene el deber y ahora la urgencia de preparar la contramemoria con el concurso, hasta ahora omitido, de calificados expertos venezolanos conocidos y reconocidos e, igualmente, de especialistas extranjeros. Otro aspecto que amerita aclaratoria es que la representación de Venezuela ante la CIJ formalmente notificada ha realizado suficientes actuaciones ante esta, que suponen el reconocimiento de su jurisdicción en este caso, aunque se sigan sucediendo declaraciones públicas en contrario y aunque ninguna de dichas actuaciones haya atendido a los intereses y defensa de los derechos de Venezuela.

El conflicto, por su parte, surgió por la actitud de los dos países y ha inquietado a la comunidad internacional porque las amenazas y el uso de la fuerza se han hecho presentes.

La sola amenaza del uso de la fuerza es establecida en el artículo 2-5 de la Carta de la ONU como un acto contrario al derecho internacional que debe ser considerado por los órganos políticos del sistema. Guyana, que considera que los últimos actos de Venezuela, más después del referéndum del 3 de diciembre, amenazan su soberanía y su integridad territorial, ha abusado por su parte de detentar la posesión del territorio y de su proyección marítima objeto de la controversia otorgando concesiones para explotar los recursos allí contenidos, mientras Venezuela ha permanecido inerme ante la CIJ por tal comportamiento. Vale decir, que tanto la actividad belicista de Venezuela en cuanto al conflicto como su inactividad en la controversia desfavorecen nuestros intereses.

Ante el conflicto, las partes acordaron en San Vicente y Las Granadinas hace unas semanas (Declaración de Argyle) evitar agravar las tensiones y realizar actos que pudieran poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. No hay el más mínimo asidero para aseverar que se trató el tema de la controversia, sino exclusivamente el de las relaciones bilaterales o el conflicto entre las partes que pareció poner en peligro la paz regional.

Después del referéndum, un acto insensato e irresponsable del régimen de Nicolás Maduro, con evidentes fines políticos internos; y del anuncio de la creación del estado de Guayana Esequiba y de una movilización militar sin precedentes y de apariencia muy peligrosa hacia la frontera, Guyana recibe un buque de guerra británico que fue considerado como una amenaza por el régimen de Caracas, lo que motivó una nueva movilización que ha alimentado la preocupación de los países vecinos y de la comunidad regional e internacional, aunque todo parece seguir ubicado en un plano de política interna que lleva el régimen para evitar el cambio político que la inmensa mayoría de los venezolanos desea mediante elecciones libres y seguras en 2024.

Esa interpretación se ve reforzada por expertos en temas militares quienes consideran que la capacidad guerrerista de Venezuela es inexistente y algunos agregan que el buque británico apenas está dotado de armamento defensivo de rango muy modesto.

Si bien el conflicto está sometido a mecanismos políticos y diplomáticos, la controversia está sometida a la Corte Internacional de Justicia y es allí en donde el Estado venezolano, como dijimos, debe centrar su atención y tomar medidas que signifiquen la defensa seria y responsable de nuestros intereses ante el tribunal que emitirá una decisión en dos años aproximadamente y que se quiera o no es vinculante e inapelable para las partes que estarán obligadas a ejecutarla.

En este contexto es incuestionable la enorme preocupación que causa el otorgamiento, por parte de Guyana, de permisos y licencias para exploración y producción, en zonas fuera de su jurisdicción no solamente en las aguas no delimitadas de proyección del territorio Esequibo en disputa, sino en aguas bajo la exclusiva jurisdicción de Venezuela, en clara violación del Acuerdo de Ginebra de 1966. Y del derecho internacional.

De acuerdo con el Informe de setiembre de 2023 de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, realizado por el ingeniero Eduardo Páez Pumar: «El Esequibo Hoy», cuya realidad es la de un territorio en reclamación, Guyana ha dado concesiones importantes en el territorio en reclamación, entre otras, las otorgadas en la región Cuyuni-Mazaruni (hidroeléctrica, forestales, uranio, oro), en la región Barima-Waini (manganeso), en la región Potaro-Siparuni (Oro), Alto Takutu-Alto Esequibo (oro) y Takutu Esequibo (petróleo). Igualmente, en áreas fuera de su jurisdicción nacional, en particular, en el área de proyección marítima del delta, como las concesiones Roraima de cerca de 20 km, Stabroek, de 27.000 km, Demerara, de 4 0000 km, Corentyne, de 6500 km y Kanuku de 6500 km que afectan todas sin duda los derechos de Venezuela sobre su espacio territorial y los alegados sobre el territorio en reclamación del Esequibo.

Venezuela debe protestar enérgica y formalmente estas acciones de Guyana que contrarían el Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, para detener las pretensiones guyanesas y para ello, tiene el deber de solicitar a la Corte Internacional de Justicia la indicación de medidas cautelares o provisionales de conformidad con su Estatuto (Art. 41) y el Reglamento (art. 73 y siguientes), para proteger nuestros derechos en el proceso, lo que debería hacer con seriedad y responsabilidad. Estas medidas pueden ser solicitadas en cualquier momento del proceso y tienen siempre carácter de urgencia, por lo que la Corte tendría que considerarlas y decidir lo antes posible, tal como ha ocurrido en otros casos.

La injustificada y nociva desidia de quienes detentan el poder, mal disfrazada con el despliegue de una descomunal propaganda engañosa de lo opuesto, es motivo de múltiples hipótesis que, en lugar de atenuar como se pretende, proporcionan combustible a la debilidad que tienen frente a la ciudadanía y cada día que pasa aumentan los intereses de las concesionarias y, sobre todo, avanza la exploración, explotación y producción de los recursos involucrados por decisión y para provecho unilateral de Guyana.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El régimen de Chávez-Maduro destruyó nuestro sistema de refinación

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La venta de la participación en casi todas las refinerías en el exterior pudo haber sido para disponer de más recursos para gastos superfluos y para regalar a Cuba y a países del CARICOM

 

El gobierno interino de Guaidó no recibió ni una locha de Citgo, tampoco la endeudó, ni hipotecó, no vendió nuestras refinerías en el exterior, ni destruyó las refinerías en Venezuela. La directiva ad hoc de Pdvsa recibió a Citgo deteriorada e hipotecada, con un valor no mayor de cinco mil millones de dólares y la puso a valer entre diez y doce mil millones de dólares. Quien diga lo contrario está mal informado o miente. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la destrucción de nuestro sistema de refinación?

Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999, Venezuela tenía participación parcial en nueve refinerías en Europa y total o parcial en ocho refinerías en los Estados Unidos, que nos garantizaban disponer de una capacidad de refinación mínima de 1.576.000 barriles por día (b/d).

A esta cifra hay que sumar 335.000 b/d en la refinería que PDVSA alquilaba en Curazao, para un total de 1.911.000 b/d en el exterior. Hoy solo contamos con tres refinerías en Estados Unidos que pertenecen a CITGO, con capacidad de unos 800 000 (b/d), pero en riesgo de perderse y una participación de 14.5 %, equivalente a 8700 b/d, en refinerías de Nynas.

Hay que agregar que el régimen de Chávez-Maduro dejó perder nuestra participación en tres pequeñas refinerías en Cuba, República Dominicana y Jamaica, las cuales había adquirido por razones políticas. En Venezuela, las cinco refinerías operan con muchas interrupciones.

La venta de la participación en casi todas las refinerías en el exterior se realizó cuando nuestra producción petrolera todavía era elevada, por lo que no fue por escasez de divisas.

Pudo haber sido para disponer de más recursos para gastos superfluos y para regalar a Cuba y a países del CARICOM. También por no entender las ventajas de disponer de mercados cuando aumentara la producción, como estaba contemplado en los planes anteriores a Chávez-Maduro.

Cabe citar las siguientes declaraciones de Rafael Ramírez en el 2011, cuando era ministro y presidente de PDVSA: “Buscaremos firmar contratos de suministro y no tener activos en el exterior, que además nos amenazan constantemente de actuar sobre ellos”. En el 2014, el mismo Ramírez declaró: “CITGO es muy atractivo para un refinador, pero para una empresa cuyo objetivo fundamental es producir petróleo, no tanto”.

Debido a la caída de la producción petrolera por mal manejo, Maduro solicitó en el 2016 un préstamo por 6400 millones de dólares a la petrolera Rosneft, dando en garantía el 49,9 % de las acciones de CITGO y renovó bonos de la deuda pública 2017 ofreciendo a los nuevos Bonos Pdvsa 2020, por un valor de 1930 millones de dólares, dando en garantía del 50,1 % de las acciones de CITGO.

Además, endeudó a CITGO con otros 2200 millones bajo la figura de un dividendo ficticio. Por otra parte, el presidente Chávez expropió numerosas empresas extranjeras que operaban en Venezuela o rescindió convenios arbitrariamente. Esos grupos introdujeron demandas contra CITGO. La minera Crystallex, la petrolera Conoco y los tenedores de Bonos PDVSA2020 son los principales acreedores. En total las demandas montan a 24 000 millones de dólares, más del 80 % por deuda de la República y no de CITGO.

 A comienzos del 2019, se consideraba que era difícilmente recuperable y que podíamos perderla. Las directivas ad hoc de PDVSA, designadas el 2019 por el gobierno interino, presididas inicialmente por Luis Pacheco y posteriormente por Horacio Medina, y con Carlos Jordá como presidente ejecutivo de CITGO, lograron recuperar la empresa, pagar deuda interna y producir ganancias netas superiores a 4800 millones de dólares entre 2022 y 2023.

Para enfrentar las demandas, inicialmente se intentó llegar a acuerdos con los acreedores, lo cual no fue posible. Por ello, la Procuraduría Especial de la República, la Asamblea Nacional 2015 y la Junta Administradora ad hoc de PDVSA han tenido que defender a CITGO en los tribunales. A pesar de que las demandas no son por deudas de CITGO, sino en su inmensa mayoría de la República, el juez de la causa determinó que había la figura de alter ego, es decir que son la misma cosa.

La directiva de PDVSA ad hoc solo ha aprobado el pago directo a los abogados que defienden nuestros activos, así como intereses de los bonos 2020, lo cual era imprescindible para proteger a CITGO.

El procurador especial de la República, Enrique Sánchez Falcón, informó a la Asamblea Nacional 2015 que era urgente aprobar el presupuesto para cancelar honorarios a los abogados que defienden nuestros activos, pero no recibió respuesta. También advirtió de la inconveniencia de eliminar el gobierno interino de Guaidó, ya que eso afectaría la defensa de los activos.

En el caso de los Bonos 2020, algunos dicen que son legales y otros que no lo son porque la Asamblea Nacional no los aprobó y, además, que es inconstitucional haber dado a CITGO como garantía. Se menciona que algunos políticos aseguraron a los prestamistas y compradores que eran legales y que otros han hecho lobby para que no se objete su legalidad. Está supuesta a ser rematada a menos que prosperen otras acciones.

Un grupo de trabajadores despedidos de PDVSA ilegalmente en el 2002 se sumó a la lista de acreedores para intentar cobrar la deuda que les debe la PDVSA de Chávez-Maduro por las prestaciones y fondo de ahorros. Tienen un punto discutible y complejo. Lamentablemente, cuatro o cinco personas han manejado el caso indebidamente; se han descalificado entre ellos y han arremetido injustamente en contra de Horacio Medina y contra las organizaciones Gente del Petróleo y Unapetrol, que son quienes han defendido a los despedidos. Calumniar a Medina por algo que no está en sus manos resolver desacredita a sus autores.

Queda claro que Chávez, Maduro, Rafael Ramírez, y sus directores y gerentes destruyeron nuestro sistema de refinación en Venezuela y en el exterior.

Como (había) en botica

  • El mundo democrático espera que el TSJ sentencie que no hubo un acto de la Contraloría que inhabilite a María Corina para ser candidata presidencial.
  • Nuestra solidaridad con César Pérez Vivas, agredido por los paramilitares rojos.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

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Las perlas sin brillo de Maduro en su Memoria y Cuenta

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“Podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela, integral, durante el año 2023, superó al 5 % del (producto interno bruto) PIB y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe”, dijo Maduro

El gobernante Nicolás Maduro presentó su “Memoria y Cuenta” este lunes, 15 de enero, ante la Asamblea Nacional oficialista electa en el año 2020.

Durante su presentación ante el Parlamento chavista, Maduro anunció ajustes en el Bono de Guerra Económica y habló, superficialmente, sobre el “crecimiento económico” de Venezuela en el 2023.

Entre otras cosas, Maduro también designó a Alex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

Aumento del salario engañoso

Maduro anunció un ajuste en el Bono de Guerra Económica, afirmando que el ingreso mensual de los trabajadores aumentaría así a 100 dólares, pero lo que no mencionó es que el salario mínimo -que es el que se usa para el pago de prestaciones, vacaciones y utilidades- seguirá igual en 130 bolívares y no se ajusta desde marzo de 2022.

“He decidido dar el paso de subir de 70 dólares el ingreso mínimo integral indexado de los trabajadores a 100 dólares (…), a partir del 1 de febrero (…) «¿Pariendo»?, sí, pariendo. Pariremos, pero avanzaremos en tiempo de guerra económica y bloqueo”.

“A buen entendedor, pocas palabras (…) Si nos ayudamos entre todos y producimos otras riquezas, vendrán otros empujes y se quedarán locos los odiadores, los habladores de paja como Capriles”.

A propósito del Día del Maestro, una fecha en que los educadores tomaron las calles para exigir mejoras salariales, Maduro dijo: “Que vivan los maestros y las maestras de nuestra patria, héroes anónimos, héroes y heroínas”.

Afirmaciones de crecimiento económico en 2023

En su Memoria y Cuenta, Maduro, líder del oficialismo ofreció, sin dar mayores detalles, cifras sobre el “crecimiento económico” del 2023, asegurando que el de Venezuela fue el “mayor” en la región.

“Podemos informar que el crecimiento económico de Venezuela, integral, durante el año 2023, superó al 5 % del (producto interno bruto) PIB y fue el mayor crecimiento de América Latina y el Caribe”.

“Para este año estamos proyectando un crecimiento del PIB de nuestro país del tamaño del 8 % de la economía nacional, y vamos a volver a liderar el crecimiento económico de nuestra región en una recuperación sostenible”.

Nombró a Alex Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones

Alex Saab, quien en diciembre fue liberado por el gobierno de Estados Unidos en un canje por estadounidenses presos en Venezuela, recibió un nombramiento como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

“Anuncio el nombramiento de Alex Saab Morán como nuevo presidente del Centro de Inversiones Productivas de Venezuela, para que él, con su experiencia, ayude a nuestro país a traer las inversiones y a traer la fuerza económica del mundo”, dijo Maduro.

Ofreciendo asesorías a Ecuador ante la crisis

Maduro  ofreció a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, asesoría en materia penitenciaria para controlar la ola de violencia desatada en esa nación, que declaró la existencia de un “conflicto armado interno” tras enfrentamientos con grupos irregulares en las prisiones.

“Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros, no busque al Comando Sur. El Comando Sur (de Estados Unidos) lo que va a hacer es intervencionismo, colonialismo”.

El oficialista aseguró que “crear caos en los países” de la región, usando a grupos criminales, es una “nueva estrategia” con la que Estados Unidos pretende “ocupar con el Comando Sur” estos territorios.

Sobre la disputa por el Esequibo con Guyana

Maduro afirmó que el gobierno cuenta con un plan con el que prevé “hacer tangible” la anexión del Esequibo.

“Tenemos un mandato popular, un plan especial y seguro para hacer tangible en todo el territorio nacional, hacer tangible y cierta, la consigna que está en el corazón de nuestros niños, de que el sol de Venezuela nace en el Esequibo”.

Tres niños fallecieron a la espera de un riñón en los primeros 15 días del 2024

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La ONG Prepara Familia advierte que siete niños murieron en 2023 y al menos 82 han fallecido desde el 2017 en el servicio de nefrología del J. M. de los Ríos por falta del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos 

La Organización No Gubernamental Prepara Familia informó que tres niños han muerto esperando un trasplante de riñón en el servicio de Nefrología del Hospotal J. M. de los Ríos, ubicado en Caracas, durante los primeros 15 días del mes de enero del 2024. 

A través de la red social X (antiguamente Twitter), la ONG expresó sus condolencias a las familias de Sebastián Dávila (quien falleció el 11 de enero a sus ocho años de edad), de Adrián Rodríguez (quien murió el 13 de enero a sus nueve años) y de Scarlet González (quien falleció el 5 de enero a sus 14 años). 

Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos están amparados por medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2018, ya que el Estado venezolano suspendió el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) por casi siete años. 

https://twitter.com/preparafamilia/status/1747020308484145562

Primero, en el año 2014, el gobierno de Nicolás Maduro, desde el Ministerio de Salud, eliminó el SPOT de la Organización Nacional de Trasplantes (ONTV) y creó la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (FUNDAVENE), adscrita a dicho Ministerio. Luego, el Ministerio de Salud suspendió las funciones de la Fundavene permanentemente en 2017. 

Prepara Familia dijo que siete niños murieron en 2023 y al menos 82 han fallecido desde el 2017 en el servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos por falta de trasplantes de riñón. La ONG advirtió que más de 130 niños, niñas y adolescentes siguen a la espera de un trasplante en este año.