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17 detenidos murieron en el estado Lara durante 2023

La principal causa de fallecimiento es por enfermedades entre la que destaca la tuberculosis 

 

17 muertes de detenidos registró la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) en el estado Lara durante 2023.

La Comunidad Penitenciaria Fénix, el Centro Penitenciario David Viloria, la sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carora y el Bloque de Búsqueda y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Metropolitano de la Policía del estado Lara (Polilara) fueron los lugares donde hubo al menos un detenido muerto el año pasado.

De acuerdo a la investigación de UVL, Fénix fue el lugar donde hubo más decesos con un total de 10, seguido de Viloria (conocido también como Uribana) con cuatro. El Cicpc sumó dos (uno de Carora y otro del Bloque de Búsqueda) y en el Metropolitano hubo otro fallecido. 

Algunos de los detenidos murieron en el hospital “Antonio María Pineda” de Barquisimeto, durante el traslado al centro de salud o en labores de recaptura por fuga como en el caso de Polilara.

La principal causa de muerte entre la decena de fallecidos en Fénix fue por enfermedades, siendo la tuberculosis el padecimiento más común. También se registraron muertos por cáncer, un tumor cerebral y cirrosis hepática.

En la cárcel de Uribana hubo muertos por tuberculosis, cáncer y hemorragia digestiva. Familiares denunciaron que la falta de atención médica oportuna, dificultades para la alimentación, escasez de agua potable y pocos traslados a centros de salud afectan a los presos enfermos y en algunos casos producen la muerte bajo custodia del Estado.

Del total de fallecidos, dos fueron mujeres: Berkys Josefina Maita De Ahmad murió en febrero de 2023, seis meses después de que llegara a Fénix proveniente del estado Bolívar, donde también estaba presa. La mujer de 61 años de edad sufría de cáncer de pulmón, además de otras enfermedades, y estando en el penal larense su estado de salud empeoró.

En octubre falleció en Fénix otra mujer que no pudo ser identificada y que estaba hospitalizada en el “Antonio María Pineda” porque padecía cáncer.

La tendencia de fallecidos en prisión en el estado Lara desde 2022 se ha reducido en 19 por ciento según los monitoreos de UVL. En 2022 se contabilizaron 21 reos muertos.

El Mañanero del #17Ene: las 8 noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 17 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: El anuncio del aumento de los bonos, pero no del salario mínimo, la muerte de tres niños esperando un riñón, el aumento de los conflictos laborales y la minería ilegal en el parque Yapacana son las noticias más relevantes del momento

 

“Bono no es salario”: Denuncian violación a derechos laborales de trabajadores

Más de 150 salarios mínimos necesita una familia para adquirir canasta alimentaria

Contabilizaron 1.003 conflictos laborales en 2023, la mayoría por conflictos laborales

Tres niños fallecieron a la espera de un riñón en los primeros 15 días del 2024

Imponen régimen de presentación al equipo de María Corina Machado

AN chavista con la mirada puesta en Consejo Moral Republicano

Las perlas sin brillo de Maduro en su Memoria y Cuenta

SOS Orinoco: la minería ilegal en Yapacana aumentó 15 hectáreas después de la «Operación Autana»

El mañanero

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sobre el anuncio de Maduro: «No se trata de un aumento real, debido a que el ajuste es sobre bonos, mientras que el sueldo mínimo, que es la base de cálculo de otros beneficios de ley, se mantiene congelado».

El mañanero

“Bono no es salario”: Denuncian violación a derechos laborales de trabajadores

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La ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben “un salario mínimo y una pensión de hambre”, pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas

 

Luego de que Nicolás Maduro anunciara el aumentó a 100 dólares del “ingreso mínimo integral indexado” (IMII) de los empleados públicos, a través de bonos mensuales que no generan pasivos laborales, organizaciones no gubernamentales, gremios, sindicatos y opositores, denunciaron una violación a derechos laborales de los trabajadores.

El gobernante incrementó de 30 a 60 dólares una bonificación mensual que reciben los trabajadores públicos en bolívares al cambio oficial, con lo que se eleva de 70 a 100 dólares este ingreso, mientras que el salario mínimo, base para el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones, se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, que equivalen hoy a 3,6 dólares al mes.

Al respecto, el dirigente de la Coalición Sindical Carlos Salazar dijo a EFE que el salario “sigue estando por debajo de la mesa en el tema social y económico del Gobierno”.

“Solo se dedican a sus planes políticos (…) Suben 20 dólares a un bono de guerra, sabiendo que ninguno de esos bonos son salarios”, criticó.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó la medida y aseguró, en su cuenta en X (antes Twitter), que “no se trata de un aumento real”, debido a que “el ajuste es sobre bonos”, mientras que el sueldo mínimo, “que es la base de cálculo de otros beneficios de ley, se mantiene congelado”.

Para este sindicato, esta “política de bonificación de los ingresos precariza las condiciones de empleo” y pone en riesgo la protección social.

Asimismo, la ONG Provea dijo que millones de obreros y jubilados reciben “un salario mínimo y una pensión de hambre”, pues no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, cuyo precio supera los 500 dólares mensuales, según estimaciones independientes.

Por su parte, Henrique Capriles calificó como una burla este anuncio y aseveró que este bono “no soluciona el desastre económico” ni “la falta de poder adquisitivo a la que tienen sometidos a millones de venezolanos”.

La dirigente sindical Ana Rosario Contreras aseguró que la bonificación de los ingresos de los trabajadores elimina las pensiones a jubilados y pensionados, las prestaciones sociales y las clausulas económicas contractuales, bono vacacional, bono nocturno porque no tienen incidencia Salarial. 

 

*Con información de Efe 

Más de 150 salarios mínimos necesita una familia para adquirir canasta alimentaria 

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La Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en el pasado mes de diciembre en 531,95 dólares

 

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), una familia venezolana de cinco personas necesita 155,5 salarios mínimos para acceder a la Canasta Alimentaria.

Según estimaciones hechas por el propio Cendas, la Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en el pasado mes de diciembre de 2023 en 531,95 dólares.

De acuerdo al Cendas, una familia necesita 17,73 dólares diarios para cubrir la Canasta Alimentaria, que se calcula con los precios de 60 productos.

En su rendición de cuentas anual a la nación este lunes 15 de enero en la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro aumentó a 100 dólares el ingreso mínimo de los empleados públicos a través de bonos mensuales, pero siguió sin anunciar un incremento del salario mínimo que desde 2022 se ubica en 130 bolívares, equivalentes a unos 3,42 dólares.

Sueldos de hambre

Cabe destacar que el aumento anunciado por Maduro no genera pasivos laborales.

Mientras Maduro hablaba en el parlamento, a escasas cuadras cientos de trabajadores públicos, incluyendo maestros y personal de la salud, protestaron por los sueldos de “hambre” que dicen recibir.

Según la Federación Venezolana de Maestros (FVM), algunos educadores del sector público ganan el salario mínimo de 130 bolívares mensuales y los de más alto nivel devengan apenas unos 22 dólares.

Los maestros señalaron que son víctimas de acoso y persecución por exigir la firma inmediata del contrato colectivo. Exigen un sueldo de 600$.

Voceros denunciaron que los profesores del país se encuentran hoy en “situación de sobrevivencia con condiciones laborales inhumanas”.

La principal concentración se efectuó frente a la Inspectoría del Trabajo de Caracas, a una cuadra del Ministerio de Educación.

La protestas en Caracas coincidieron con un llamado a marchar del oficialismo. Sin embargo, los docentes no cancelaron sus planes de mantenerse en la calle, por el contrario cambiaron su punto de encuentro para continuar con sus exigencias.

 

LEA TAMBIÉN: Maduro aumentó el bono de guerra pero mantiene el salario mínimo en Bs.130

Liberalismo de a pie

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Este liberalismo pedestre que no se deja dominar de dogmas y catecismos es el que deberíamos hacer un esfuerzo por analizar, de ello va a depender mucho el futuro del país cuando venga su reconstrucción

 

@juliocasagar

Como el escribidor de esta nota carece de la formación académica y profesional para debatir sobre el tema del liberalismo y su ventaja o no sobre otras doctrinas económicas, nos permitiremos relatar una experiencia concreta que probablemente ayude a echar un poco de luz sobre este debate, a ratos agrio y críptico, entre los especialistas.

Corría la última década del siglo pasado y en Venezuela ya había levantado vuelo el proceso de descentralización política, con la aprobación de la elección directa de gobernadores y alcaldes.

Electos estos funcionarios, el segundo paso fue trasladar competencias del poder central a las regiones. Se trató de un acto de justicia, porque en Venezuela, a pesar del triunfo de Zamora y Falcón, la Federación no paso de ser un monumento en el centro de Caracas frente a Miraflores. Los estados que integraban la República nunca tuvieron, en realidad, responsabilidades y competencias. Claro, en Venezuela, la Constitución ha solido ser “un librito amarillo”.

Entre estas competencias, se transfirió la de la administración de puertos y aeropuertos. El único requisito formal para asumirla, era el de aprobar una ley por parte de la entonces Asamblea Legislativa, regulando la materia y asumiendo el control de los espacios físicos.

El gobernador Salas Romer dispuso que el proyecto de ley que se fuera a presentar se discutiera con los más variados sectores que hacían vida en el puerto. Fue en una de esas sesiones de discusión, donde comienza la experiencia concreta que sirve de base a la conclusión que asomamos en esta nota. En realidad, fue una de esas anécdotas de las que uno aprende más que en cualquier clase de la universidad o cualquier tratado en la materia.

Veamos: habíamos ido a la Cámara de Comercio de Puerto Cabello a realizar una discusión del proyecto con representantes de las principales agencias navieras de la región, muchas de las cuales son centenarias en la prestación de este servicio.

Al regresar a mi oficina de Valencia, me dicen que tengo una llamada de uno de los asistentes a esa reunión a quien le urgía hablarme. Les resumo lo que contó este amigo: “Cuando te fuiste de la reunión, se quedaron los representantes de las empresas discutiendo cómo se podía hacer para formar una sola compañía que se encargara de la administración del puerto”.

Pues, así como lo leen: los piaches de la libre empresa, los líderes empresariales de la ciudad, estudiaban cuál era la mejor manera de monopolizar el servicio, una vez que fuera transferido al estado Carabobo (esta fue la primera pista de lo que no había que hacer).

Luego llego la segunda pista: estábamos en Curazao en una delegación encabezada por el gobernador, para observar el funcionamiento del puerto. Recorríamos las instalaciones en un autobusete. El puerto lucía limpio, pulcro, realmente se podía comer en el piso. El representante de la única empresa operadora hablaba de las virtudes del servicio y en un momento dado señaló: “una de las cosas que hemos logrado es que se acaben los robos, ya no hay ladrones en el puerto”. En ese momento, se pone de pie el representante de la Cámara de Comercio y le interrumpe diciéndole: “discúlpeme, todavía queda un ladrón”. Sorprendido, le pregunta el flamante administrador portuario: ¿cuál? El dirigente empresarial le responde: “ustedes, que cobran lo que les da la gana; cambian las tarifas sin consultar y no podemos reclamarle a nadie”.

Estas pistas, como se ha dicho, llevaron al gobernador a descartar el mecanismo de entregar el puerto en concesión a una empresa y a proponer en la ley graves sanciones a quienes trataran de cartelizar las tarifas o ejercieran prácticas monopólicas. El puerto seguiría en manos del estado y se OBLIGABA (mayúsculas ex profeso) a las empresas, a competir en precios y calidad de servicio.

Para no entrar en una discusión académica, para la que, lo repetimos, no estamos preparados, vamos a reseñar de seguidas cuáles fueron los resultados de esta decisión política, sobre la administración del servicio:

Cuando el servicio se administraba desde Caracas, por el INP que estaba en un edificio de Las Mercedes, donde ni siquiera se ve el mar, el puerto tenía en su nómina, entre fijos y eventuales, más de 3000 personas. El primer año de transferido, esa cifra llegó a 120. Aquí, vale pena anotar esta lindura: los trabajadores fijos (una “cortesía” del contrato colectivo) bastaba que trabajaran 4 días a la semana. En ese momento, pedían un reposo, entraba un eventual y el fijo recibía su salario completo, más el porcentaje que le correspondía al eventual por lo que hacía por carga, descarga, estiba y caleta. Esto, como era lógico suponer, generaba una mafia de tráfico de reposos en el IVSS, que llegó a ser de proporciones babilónicas.

Cualquiera preguntaría, a justo título: ¿pero no se entorpeció la labor del puerto con esa reducción dramática del personal? La respuesta es rotunda. No, no solo no se entorpeció, sino que el promedio de estadía de un barco pasó de alrededor de 110 horas atracado, a menos de 36, el primer año. En menos de un año, las aseguradoras abolieron las sobreprimas que cobraban a armadores y exportadores al puerto por conceptos de ineficiencia e inseguridad. Puerto Cabello se convirtió en el principal punto de llegada y salida de mercancías, no solo de Venezuela, sino también del Norte de Santander.

Y “last but not least”. El puerto, que daba 1500 millones de bolívares de pérdidas a la nación, comenzó a ingresar, el primer año, 800 millones al estado Carabobo, del cual, por la ley, el 10 % debía ser invertido en la ciudad de Puerto Cabello.

La moraleja de este cuento está escrita en mayúsculas (ex profeso) más arriba: la palabra así, escrita es OBLIGAR. Efectivamente, el Estado, que tiene las facultades de obligar, debe hacerlo cuando el sentido común lo recomiende.

Si el estado Carabobo, no se queda con el CONTROL (otras mayúsculas ex profeso) y procede a entregar el puerto a un privado, este pequeño milagro no se habría producido. Desgraciadamente para ellos y afortunadamente para los carabobeños, en otras regiones de país, procediendo de acuerdo con el manual (teóricamente liberal), se entregaron las instalaciones portuarias a empresas únicas y, en pocos meses, perdieron competitividad y eficiencia.

Como advertirá el lector, este liberalismo pedestre que no se deja dominar de dogmas y catecismos es el que deberíamos hacer un esfuerzo por analizar, de ello va a depender mucho el futuro del país cuando venga su reconstrucción.

Los amigos economistas y académicos en la materia se servirán disculpar la temeraria incursión de este lego de a pie en un tema tan complejo y espinoso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

AN chavista con la mirada puesta en Consejo Moral Republicano

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Después de varios períodos vencidos y en víspera de una elección presidencial, el parlamento oficialista pretende renovar al Fiscal, Defensor del Pueblo y Contralor 

 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 274 de la Constitución Nacional, el Consejo Moral Republicano está llamado a “prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado, e igualmente, promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo”.

Según el texto constitucional, el Poder Ciudadano conformado por la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General tiene la misión de combatir la corrupción y garantizar el correcto funcionamiento del Estado.

Sin embargo,  informes de organismos internacionales han ubicado a Venezuela en los últimos lugares en materia de corrupción y Estado de derecho en las últimas dos décadas. 

Apenas el pasado 5 de enero, el recién reelecto presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, notificó que este año buscarán renovar al Consejo Moral Republicano, máximo organismo del Poder Ciudadano.

“Tenemos pendiente la elección, a través de los mecanismos que la Constitución establece, de los órganos del Poder Público que tienen ya sus periodos vencidos para este año. Nos referimos específicamente a la selección del fiscal o fiscala general de la República, del contralor o contralora general de la República, y del defensor o defensora del Pueblo”, dijo el exministro de comunicación, alcalde de Caracas y rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es la primera vez que la AN “electa” en 2020 hace una oferta similar, puesto que en mayo de 2022 el asunto fue sacado a colación por el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, José Gregorio Correa, quien semanas después admitió que el asunto no estaba “en el radar”.

La última vez que la AN designó a los integrantes del Poder Ciudadano fue en diciembre de 2014, cuando reeligió a Luisa Ortega Díaz como jefa del Ministerio Público y nombró a Tarek William Saab y a Manuel Galindo como defensor del pueblo y contralor general de la República, respectivamente; para el período 2015-2022. 

Pero en agosto de 2017 Ortega Díaz fue destituida de su cargo por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y en su lugar fue nombrado Tarek William Saab.

La remoción de Ortega Díaz se produjo luego de que ella rompiera con el oficialismo y acusara a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de incurrir en una “ruptura del hilo constitucional”.

Pese a que el cargo de fiscal debe ser ocupado por una persona independiente, Saab fue gobernador del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en dos períodos, miembro de la ANC en 1999 y luego diputado de la primera AN.

En vista de los nexos de Saab con el Gobierno chavista, la Alianza Global de Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) decidió en 2016 degradar a la Defensoría del Pueblo y  quitarle la posibilidad de hablar en las instancias de Naciones Unidas. 

“(La Defensoría del Pueblo) no está preparada para hablar con contundencia y promover el respeto de los derechos humanos en respuesta a denuncias creíbles de graves abusos de los derechos humanos cometidos por las autoridades gubernamentales”, denunció la alianza en su momento.

Apenas el año pasado, la cercanía de Saab con el Gobierno alarmó a la ONU y durante el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recibió una reprimenda. 

“Jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma al Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”, declaró un miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Defensor que no defiende

A pesar de haber iniciado su carrera en la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la labor del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ha sido reprobada nacional e internacionalmente. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela lo acusó de ignorar “de manera sistemática y deliberada las denuncias de violaciones a los derechos humanos”. 

La ANC también designó a Elvis Amoroso como contralor general, esto, luego de que Manuel Galindo renunciara días después de admitir que la corrupción en el país era “galopante”.

Amoroso se desempeñó como secretario de la ANC del fallecido presidente Hugo Chávez y hasta 2015 fue diputado a la AN tanto por el oficialista Movimiento Quinta República (MVR) como por el PSUV. Luego de no ser reelecto en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, Nicolas Maduro lo designó consultor jurídico del Palacio de Miraflores y en 2017 participó en los comicios de la ANC. Hoy en día funge como presidente del CNE.

Actualmente el cargo de contralor está asignado temporalmente a Jhosnel Peraza, quien era el subcontralor y había sido llevado a la Contraloría por el mismo Amoroso. 

En los nombramientos de Saab, Ruiz, Amoroso y ahora Peraza, la ANC no aplicó el procedimiento previsto en el artículo 279 de la Constitución de 1999, que obliga a convocar un comité de evaluaciones de postulaciones, el cual se encarga de recibir las candidaturas de los interesados y revisar sus credenciales.

Con información de Acceso a la Justicia

 

LEA. Las perlas sin brillo de Maduro en su Memoria y Cuenta

Informe Otálvora | Maduro se escuda en Lula tras amenazar a Guyana

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El jefe militar guyanés Omar Khan recibe honores militares al abordar la nave británica HMS Trent el 29DIC23. Foto: @HMSTrent.

Despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística

 

@ecotalvora

El barco de guerra británico HMS Trent, cuya presencia en Guyana desató histeria militar en la dictadura venezolana, no estuvo anclado frente a costas del territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, según información develada por la propia propaganda del régimen.

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A raíz de la amenaza de acción militar contra Guyana hecha por el canciller del régimen chavista, Yvan Gil, durante una reunión de ministros de exteriores y defensa celebrada en Brasilia el 22NOV23, el gobierno guyanés informó a sus socios internacionales sobre la posición anunciada por el enviado de Maduro. Guyana, en tanto miembro de la Commonwealth, mantiene una relación especial con el Reino Unido, su antigua metrópolis y el 24DIC23, el Ministerio de Defensa británico anunció que su buque patrullero HSM Trent (P224) que iniciaba operaciones en el Caribe, realizaría una visita a aguas guyanesas. “El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Commonwealth, a finales de este mes como parte de una serie de compromisos en la región durante su despliegue de la Tarea de Patrulla Atlántica”, dijo el 23DIC23 una fuente del ministerio británico a la BBC.

La presencia del HSM Trent en aguas del Caribe, procedente de la costa occidental de África, respondió a una rotación de naves de guerra británicos. El Trent reemplazó al HMS Medway (P223) que previamente realizaba tareas antinarcóticos en el Caribe y pasó a mantenimiento en Gibraltar. El 29DIC23 el HSM Trent, anclado frente a las costas de Guyana al este del río Esequibo, recibió la visita de brigadier Omar Khan, jefe del comando militar de Guyana quien llegó acompañado de la Alta Comisionada británica en Guyana Jane Miller. Se trató de una visita de diplomacia militar y no de realización de ejercicios militares. El armamento principal de la patrullera británica lo constituye un cañón de 30mm y dos ametralladoras pesadas calibre 50, muy eficiente en operaciones de interceptación de navíos, pero sin representar una amenaza militar contra algún país.

En tanto, en Caracas, el régimen había ordenado la ejecución de una operación militar “defensiva” desde el 28DIC23 para enfrentar a la patrullera británica. El régimen anunció que en la “Acción Conjunta general Domingo Sifontes” participarían más de cinco mil efectivos militares del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana, con movilización de aviones de combate, incluyendo los pocos aviones de combate F16 que permanecen operativos en Venezuela, aeronaves de combate Sukhoi, helicópteros, además de fragatas, buques de transporte y un largo listado de equipos militares. A su vez, Maduro se quejó ante Lula da Silva acusando al presidente guyanés, Irfaan Ali, de violar la llamada “Declaración de Argyle” firmada en San Vicente de Las Granadinas el 14DIC23 en la cual Maduro e Irfaan Ali acordaron “que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”. Dado que esa declaración convirtió a Lula en virtual árbitro de la Guyana Esequiba, el 29DIC23 la cancillería brasileña emitió un comunicado, ante la solicitud de Maduro, en la cual manifestó que “el gobierno brasileño cree que deben evitarse manifestaciones militares de apoyo a cualquier partido, para que el proceso de diálogo en curso pueda dar resultados”.

El 31DIC23 el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, hizo saber que su jefe había ordenado el “repliegue” de parte de los “medios aeronavales” supuestamente movilizados por la visita del barco británico a Guyana. A esa hora ya el HMS Trent navegaba en dirección a Barbados para continuar con sus operaciones antinarcóticos. Según un gráfico mostrado por canales de Tv del régimen, la nave partió desde aguas de Guyana que no están en disputa. El despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística que confirma el motivo de política interna que mueve el repentino interés del chavismo en el tema del reclamo territorial de la Guyana Esequiba.

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Pese a que Venezuela sufre una recurrente crisis de generación de electricidad que conlleva a rutinarios apagones y racionamientos en el interior del país, los gobiernos de Maduro y Lula da Silva, en compañía de un grupo empresarial brasileño amigo del chavismo, planea negocios para la exportación de electricidad a Brasil.

El 07MAR19, ante la sistemática caída del suministro eléctrico desde Venezuela y agravado por las tensiones políticas entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el gobierno de facto de Maduro, Brasil decidió suspender el consumo de electricidad procedente de la represa de Guri en Venezuela. La línea que une Guri con el estado Roraima en el norte amazónico brasileño comenzó a ser negociada durante los gobiernos de Rafael Caldera en Venezuela y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Finalmente, su construcción fue adelantada por Hugo Chávez quien ordenó a fuerzas militares reprimir violentamente a comunidades indígenas que se oponían al proyecto. En 2001 la conexión para surtir de electricidad venezolana al estado Roraima, fue inaugurada por Chávez, Fernando Henrique Cardoso y Fidel Castro. El negocio de la electricidad quedó en manos estatales: Electronorte por Brasil y Corpoelec por Venezuela.

El deterioro del sistema eléctrico venezolano a lo largo de dos décadas de gobierno chavista comenzó a impactar también a Roraima por caídas de tensión y apagones, el único estado brasileño no conectado a la red de generación y distribución eléctrica de Brasil. El megaapagón del 07MAR19 en Venezuela impactó igualmente al norte brasileño dependiente de la electricidad de la represa Guri. La decisión del gobierno Bolsonaro fue suspender indefinidamente la compra de electricidad venezolana por lo cual Roraima regresó a la utilización de generación local termoeléctrica.

En 2019, Bolsonaro retomó el proyecto de construir una línea de poco más de 700 kilómetros que conecte a Roraima con el estado Amazonas. Pese a que el tendido eléctrico sería construido en paralelo a la carretera BR-174 ya existente, la izquierda brasileña se ha opuesto al proyecto alegando que atraviesa tierras del “Territorio Indígena Waimiri Atroari”. Permisos ambientales y el supuesto rechazo de los indígenas Waimiri-Atroari mantiene paralizado la ejecución de un proyecto que Bolsonaro había declarado como de “interés para la defensa nacional” de Brasil.

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Los empresarios brasileños Joesley e Wesley Batista, dueños de la empresa JBS, tenida como la mayor productora de proteínas animales en el mundo, diseñaron el esquema para hacerse del negocio de la importación de electricidad de Venezuela y de la eventual obtención de subsidios estatales brasileños. Los Batista han sido proveedores del régimen venezolano y en 2015 fueron anfitriones de Diosdado Cabello, el cogobernante jerarca chavista, quien visitó Brasil para revisar negocios de compra de carne por parte de Venezuela. En 2017, Joesley Batista ingresó al Palacio de Planalto, sede presidencial brasileña, para una audiencia con el entonces presidente Michel Temer. Con un sistema de grabación oculto, Batista obtuvo un audio de Temer como parte de un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña. Los Batista habían sido notorios financistas de la campaña electoral de 2014 a favor de la petista Dilma Rousseff.

A pocos meses del regreso de Lula a la presidencia de Brasil, el 01ENE23, ya los hermanos Batista estaban en conexión con el régimen chavista para armar un negocio sobre electricidad venezolana.

Según reportó la revista brasileña Piauí el 19DIC23, los hermanos Batista por intermedio de su empresa Ambar Comercializadora de Energía, negociaban en marzo de 2023 con una empresa privada de Venezuela la compra de electricidad. En aquel entonces, según Piauí, Ambar notificó oficialmente al gobierno Lula sobre las negociaciones en proceso “con la empresa privada venezolana autorizada [por el régimen chavista] para exportar energía desde Guri”. Dado que la generación de electricidad en Venezuela está en manos estatales, el negocio implicaría que la dictadura chavista se dispone a venderle electricidad a una empresa privada venezolana, no identificada, la cual a su vez se la vendería a los empresarios brasileños quienes finalmente la facturarían a los consumidores brasileños. El tema fue tratado directamente por Lula y Maduro el 29MAY23 en Brasilia.

Lula ha mostrado particular prisa en iniciar el negocio de la electricidad en el esquema inventado por los hermanos Batista. Además de anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Maduro a pocas horas de regresar a la Presidencia, el gobierno Lula dejó saber el interés por reestablecer el abastecimiento eléctrico venezolano acusando a Bolsonaro de haberlo cortado por razones “ideológicas”. A principios de marzo, Ambar notificó al ministro de Minas y Energía de Brasil sobre el avance en las negociaciones con una empresa privada venezolana. El 04AGO23, Lula emitió un decreto para facilitar la importación de electricidad desde Venezuela.

El 13SEP23, Ambar informó al gobierno Lula que ya había firmado un contrato con la “empresa privada” autorizada por Maduro para negociar la electricidad venezolana. En esa comunicación, según reportó el diario Folha de São Paulo el 11DIC23, la empresa de los Batista incluyó el documento “Proposta de Importação de Energia Elétrica da República Bolivariana da Venezuela” el cual incluía los precios a los cuales se disponía vender la electricidad a Brasil. Esa propuesta fue remitida el 19SEP23 al “Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico” presidido por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el cual aprobó la oferta de Ambar el 25OCT23 y la encaminó a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El 24OCT23, Silveira estaba en Caracas para acordar detalles con su homólogo Néstor Reverol. El 30NOV23, fue publicada en el Diario Oficial de la Union, la resolución ministerial autorizando a Ambar como único importador de electricidad desde Venezuela.  El 19DIC23, la Agencia Nacional aprobó la estructura de precios propuesta por Ambar, el cual no se corresponde con electricidad generada en una hidroeléctrica. Todo indica que el gobierno de Lula ha favorecido a la empresa de los hermanos Batista aprobando sin licitación su negocio y autorizando el cobro de tarifas comparables con las de generación de electricidad térmica.

En tanto, en Venezuela persisten los racionamientos eléctricos diarios y por varias horas, en la mayoría de las ciudades del país.

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La dictadura de Nicaragua habría creado y puesto en operación un comando para el seguimiento y eventual asesinato de opositores exilados en Costa Rica. La versión corre en medios políticos costarricenses luego del atentado que sufriera el nicaragüense Joao Maldonado el 10ENE24.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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SOS Orinoco: la minería ilegal en Yapacana aumentó 15 hectáreas después de la «Operación Autana»

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La ONG advierte que el operativo militar no es efectivo, y que las comunidades mineras se desplazan a otras zonas del estado Amazonas para mantener sus actividades extractivistas e ilícitas o amparadas por cuerpos de seguridad del Estado

Con información de EFE

La ONG SOS Orinoco denunció este 16 de enero que está aumentando la minería ilegal y desplazamiento de las zonas minetas en la Amazonía venezolana pese al despliegue militar denominado «Operación Autana» de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que tenía el fin de «erradicar» el extractivismo.

«La minería ilegal sigue aumentando en (Parque Nacional) Yapacana, a pesar del show mediático de la FANB», denunció la ONG en la red social X (antes Twitter).

La organización aseguró que el efecto del operativo ha sido «la propagación» de los mineros desalojados que «abren nuevas minas en el mismo ecosistema» en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.

Aseguró que se están creando nuevas minas ilegales con «el visto bueno de la FANB».

Además, agregó que se calcula un daño ambiental de «15 hectáreas nuevas destruidas por la minería» en los meses recientes, que se puede ver desde imágenes satelitales.

En los últimos dos años, el Gobierno venezolano ha intensificado la lucha contra la minería ilegal en los estados amazónicos (Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas), lo que ha dejado decenas de detenidos y numerosas denuncias de ONG sobre presuntos abusos de autoridad por parte de militares contra comunidades indígenas.

En el tercer trimestre de 2023, las FANB desalojó a más de 12.000 «mineros ilegales» de los estados Bolívar y Amazonas, según los voceros de la institución, luego de que el mandatario Nicolás Maduro ordenase a los militares una «batalla» en el sur del país para «limpiar» la porción venezolana de la Amazonía.