De acuerdo con la abogada Tamara Sujú lo acusan de estar involucrado en la operación Gedeón en 2020 mientras estaba recluido en la cárcel de Ramo Verde
Después de haber recibido una medida de libertad plena, el mayor de la aviación Adrián De Gouveia fue recapturado y presentado nuevamente en tribunales, de acuerdo con la abogada defensora de derechos humanos Tamara Sujú.
El militar salió a la calle producto de las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro, la Plataforma Unitaria de la oposición y la administración de los Estados Unidos, que en Barbados suscribieron un acuerdo en octubre para la liberación de los presos políticos a cambio del relajamiento de las sanciones.
Según Sujú existía una orden de aprehensión contra De Gouveia desde 2020 por el caso Gedeón, cuestión que calificó de insólita porque el mayor estaba privado de libertad desde 2018 en la cárcel de Ramo Verde.
En una entrevista radial este 23 de enero, el directivo del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, indicó que en Venezuela no ha cesado la represión contra los adversarios políticos de Maduro y que el Gobierno aplica la modalidad de la “puerta giratoria”: por un lado libera a algunos detenidos y por el otro encarcela a un grupo alegando supuestas conspiraciones.
De acuerdo al Foro Penal, actualmente hay cerca de 260 presos políticos y la mayoría padece patologías que no son debidamente atendidas en sus centros de reclusión.
La ONG informó además que 11 presos políticos han fallecido en cautiverio.
En paralelo, el fiscal general impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció este lunes 22 de enero órdenes de detención contra Suju, así como contra la periodista Sebastiana Barráez, Wender Villalobos, Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Colina.
A Sujú y compañía le acusan de tener vínculos con acciones terroristas y la operación “Brazalete Blanco”.
Esta escuela tendrá la participación, en calidad de facilitadores, de expertos como Eugenio Martínez, Félix Seijas, Quimy de León, Deisy Martínez, Edgar López, Morella Alvarado, Jeanfreddy Gutiérrez, Melanio Escobar, Ana Julia Niño y Luz Mely Reyes
El medio digital Efecto Cocuyo presenta la séptima edición de la “Escuela Cocuyo”, un programa educativo creado en el año 2015 con el objetivo de informar y formar a las audiencias y contribuir con la optimización del ejercicio periodístico y comunicacional a través de la preparación de profesionales en estas materias.
Desde su creación, en “Escuela Cocuyo” se han formado a 695 comunicadores. Para esta nueva edición, y en la antesala de las elecciones presidenciales y regionales, el programa planea formar a 60 periodistas.
Este nuevo curso llevará por nombre “Cómo hacer una cobertura electoral de calidad en tiempos de desinformación”, y se desarrollará entre el 4 y el 30 de marzo, a través de una plataforma digital que permitirá ser completado de manera asíncrona.
Aún cuando tendrá tertulias en línea (y presenciales) éstas no serán limitantes para el desarrollo del programa de forma virtual.
Tras finalizar ese período, 25 periodistas serán seleccionados para formar parte de una Redacción Virtual en la que contarán, durante dos semanas, con 5 destacados editores venezolanos que harán acompañamiento y mentorías para producir contenidos editoriales que serán publicados en sus medios de origen.
Esta escuela tendrá la participación, en calidad de facilitadores, de expertos como Eugenio Martínez, Félix Seijas, Quimy de León, Deisy Martínez, Edgar López, Morella Alvarado, Jeanfreddy Gutiérrez, Melanio Escobar, Ana Julia Niño y Luz Mely Reyes.
Aquellos interesados en postularse para este programa lo pueden hacer mediante el sitio web de la Escuela Cocuyo. Allí podrán conocer cuáles son los requisitos. El proceso de selección estará abierto hasta el próximo 15 de febrero.
De acuerdo al informe para poder aplicar una correcta normativa debe darse un programa formativo y de incentivos acerca de las mejoras que se perciben en esta materia para el cumplimiento normativa.
Foto: EFE
El informe de Monitoreo de Servicio del Observatorio Gasto Público (Cedice) correspondiente a diciembre de 2023 evaluó el funcionamiento de servicios y bienes públicos en Venezuela. En el caso específico del transporte y vialidad, se concluyó que la mayoría de los incidentes viales ocurre por la incorrecta aplicación en la normativa.
Según los números que reunieron denuncias, registros, alertas y reportes, un 87% de los encuestados apunta que el transporte urbano “es anárquico y desordenado” y que no se supervisa efectivamente.
93% de los encuestados afirma haber tenido, al menos, un incidente en el que se involucra a un motorizado y atribuyen esta situación a la falta de aplicación de normas y control vial. También, 68% afirmó que el deterioro de las calles y transversales lleva a la avería del tren delantero de los vehículos.
Los 5 principales dolores de cabeza del transporte público
De acuerdo con el informe de Cedice, estos son los cinco “puntos de dolor” del servicio de transporte público en Venezuela:
Más de 60% de fallas en el parque automotor se atribuyen a la falta de calidad del combustible y su debido suministro.
7 de cada 10 accidentes se atribuyen a la ineficiente aplicación de normas y leyes a nivel de tránsito.
Al menos 70% del parque automotor se encuentra obsoleto.
Es inexistente la aplicación de una programación en las ciudades y diferentes regiones del país, por está razón los ciudadanos desconocen su comportamiento.
Hay un incumplimiento de las normas en general tanto del transportista como del peatón.
Claman por respeto a paradas y mayor frecuencia de unidades
Por otro lado, en cuanto a los tiempos de traslado en transporte superficial la gente dura entre una y dos horas para ir de su casa al trabajo y viceversa. Ante esto, los ciudadanos claman por el respeto en las paradas y mayor frecuencia de las líneas de transporte, pues la anarquía y el caos siguen haciendo de las suyas.
A su vez, el 94% de los participantes de la encuesta esperan mejoras en la prestación del servicio y frecuencia, pues hay “más de dos unidades de transporte las un mismo traslado”. También, instaron al reacondicionamiento del Metro de Caracas y no solo desde el punto de vista e
Para 25% de los encuestados la falta de inversión gubernamental es la causa de los problemas en el servicio de transporte. Otro 43% expresa que el problema es el mal manejo de las instituciones públicas y 32% asegura que no hay un uso correcto de la recaudación impositiva, lo cual afecta el servicio.
Se requieren mejoras en la vialidad
En este monitoreo del Observatorio de Gasto Público de Cedice 62% de los encuestados resaltó el trabajo que se ha hecho en el reacondicionamiento de las alcantarillas, sin embargo, esperan que ello no cause baches en el pavimento.
Por su parte, 52% afirmó que las calles y vías oficiales y alternas se encuentran envían estado para circular por las noches, mientras el 72% se sentiría más tranquilo si hubiese las 24 horas vigilancia.
Además, se contabilizó que al menos en la región capitalina se registran tres accidentes diarios en los que están implicados carros particulares, transporte público y sobre todo, motorizados y camiones.
Los venezolanos consideran que en las vías del país hay muchos huecos, aproximadamente dos huecos por cada kilómetro, y que solo existe alumbrado en las vialidades principales, así como poca luz en las carreteras de noche .
Otro “punto de dolor” en el caso de la vialidad es que 3 de cada 10 semáforos presentaba avería y el rayado y pasarelas reciben poco mantenimiento. También, hay escasa sensación de seguridad en las vías las 24 horas.
Como causantes de estos problemas, 54% de los encuestados cita la falta de inversión gubernamental, 32% afuera comenta que tienen que ver con el mal manejo de instituciones públicos y 14% atribuye el problema a las instituciones que no velan por el cumplimiento de las normativas.
La filial de Pdvsa tendría que subastarse para pagar las deudas a empresas internacionales que durante el gobierno de Hugo Chávez se expropiaron sin otorgar la correspondiente indemnización por el reconocimiento de sus inversiones y activos
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó hacer una revisión sobre la decisión emitida por un tribunal federal de distrito en Delaware en la cual se reconocía a Citgo como un “alter ego” de Venezuela.
Con la sentencia de “alter ego” se valida que los acreedores puedan utilizar a Citgo para saldar las deudas que el Estado venezolano mantiene con ellos.
Actualmente, la filial de Petróleos de Venezuela, SA (Pdvsa) tiene el 50,1% de sus acciones como garantía por bonos que emitió el gobierno de Nicolás Maduro por el orden de 3.000 millones de dólares y que vencieron en 2020, los cuales no han sido pagados. Los inversionistas buscan el control de esa garantía.
El pasado martes, 16 de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 3 meses la licencia general número 5, que desde octubre de 2019 ha suspendido el derecho de los tenedores de los Bonos Pdvsa 2020 de tomar control de la empresa Citgo Petroleum.
«Las transacciones relacionadas con la venta o transferencia de acciones de Citgo en relación con el Bono PDVSA 2020 del 8,5% están prohibidas, a menos que estén específicamente autorizadas por la OFAC», destacó el comunicado de la OFAC.
Una subasta para pagar deudas
La filial de Pdvsa tendría que subastarse para pagar las deudas a empresas internacionales que durante el gobierno de Hugo Chávez se expropiaron sin otorgar la correspondiente indemnización por el reconocimiento de sus inversiones y activos.
En consecuencia, decenas de acreedores del país han acudido a tribunales norteamericanos para tomar control sobre los activos de Citgo para intentar recuperar su dinero.
A pesar de la protección de la OFAC sobre el complejo refinador y las contrademandas por parte de sus abogados, los jueces que llevan las causas admitieron las demandas y ordenaron un cronograma de subasta.
El juez de circuito de EEUU, Leonard Stark, estableció el lunes 8 de enero un calendario que incluye que los acreedores completen los pasos para ser elegibles para ofertar antes del 12 de enero.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, una segunda ronda está por determinarse y la audiencia final para aprobar la venta está prevista tentativamente para el próximo 15 de julio del 2024.
El camino inestable
Después de que en 2009 el expresidente Hugo Chávez expropió la mina de oro Las Cristinas, propiedad de la minera canadiense Crystallex, la empresa extranjera ha dado un batalla legal que ha durado años, con el objetivo de recibir los pagos correspondientes por haber confiscado los yacimientos de oro.
Crystallex marcó un antes y un después para Citgo, pues es la primera empresa en la lista que busca recibir las indemnizaciones a través de la filial de Pdvsa. De ahí en adelante, otros acreedores también intentaron acciones para obtener por esa vía los recursos de los pagos que se les adeudan.
AN de Maduro investiga al menos 400 personas por “robo” de Citgo
El pasado miércoles, 17 de enero, el vicepresidente de la Asamblea Nacional chavista, Pedro Infante, anunció que al menos 400 personas podrían ser investigadas por lo que califica como “el robo más grande hecho en la historia de Venezuela”, tras denunciar el “despojo y hurto” de Citgo Petroleum.
Así lo informó durante la instalación de la Comisión Especial que investigará la participación de partidos políticos de oposición y representantes de la legislatura de 2015-2020 en el despojo y robo de Citgo.
“Yo digo 400 personas por lo que yo estimo, por los nombramientos y las junta ad hoc que hicieron, debe haber entre 300 a 400 personas”, señaló Infante.
Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil (OVSC), al 31 de diciembre de 2022, había 6.270 ONG registradas en Venezuela
Foto: Defiende Venezuela
El pasado viernes, 19 de enero, la Fundación Universitas llevó a cabo una conferencia online sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines. Un proyecto que, de ser aprobado, cambiaría la realidad de las ONG en Venezuela.
Julio Pérez Graterol, coordinador de Fundación Universitas, fue el encargado de introducir a los dos ponentes: Fernando Fernández, profesor universitario de derecho penal, y la abogada Laura Louza, fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
Fernández mencionó que esta ley constituye una «nueva herramienta de guerra jurídica contra el espacio cívico».
Militarización de las ONG
«Existe una ley del 2014 (Ley de registro y alistamiento para la defensa de la nación) que, conjuntamente con el proyecto, establece que las ONG se inscriban en un padrón de características similares al de las personas naturales que se alistan en la recluta», comentó Fernández.
El abogado precisó que las ONG incluyen a cientos de personas que se asocian para hacer una serie de actividades de forma altruistas.
En su opinión, este proyecto de ley militarizaría a las ONG, convirtiendo a estas organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. «Todas las ONG tendrían que llenar ese padrón y enlistarse en el Ministerio de la Defensa», apuntó el profesor.
Asimismo, señalo que esto traería «consecuencias nefastas» para la sociedad civil, porque además de militarizarlas las haría de derecho público.
Fernández también describió qué pasaría si las ONG no se enlistan en esta suerte de padrón militar. «Al no enlistarse se declara inexistente la ONG, una coacción totalmente inaceptable e inexplicable», agregó.
Declaración jurada de bienes
El abogado recordó que esta ley de fiscalización de las ONG también les exige a los miembros de la ONG «realizar una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la república».
Se trata, entonces, de la violación de los derechos humanos, tanto cívicos, políticos, como sociales, económicos y culturales, consagrados en el artículo 5 de los pactos internacionales de la ONU (pacto de civiles y políticos, y el de derechos sociales económicos y culturales).
«Nuestra aspiración es que haya una reflexión sobre el tema. Y que simplemente se detenga (…). Esto no puede llevarse a una ley definitiva. Violaría la constitución. Violaría el artículo 5. E impediría que la sociedad civil pueda ayudar al estado», concluyó Fernández.
¿Qué registros pide la ley de fiscalización para las ONG?
En cuanto a los registros que el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, la ONG Acceso a la Justicia los resume en cuatro puntos:
Primer registro: debe solicitarse ante el Saren. Se obtiene solo cuando la vicepresidencia de la República haya emitido la resolución respectiva.
Segundo registro: debe ser renovadO cada año ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Tercer registro: es ante la Contraloría General de la República para presentar declaración jurada de patrimonio. Se exige a las organizaciones y a sus directivos, administrador y personal.
Cuarto registro: se concreta ante el Registro de Defensa Integral de la Nación. Se le exige a las organizaciones y su personal. Es, como denuncian, un “registro militar”.
Viola leyes internacionales
«La hemos llamado Ley anti-sociedad, porque va en contra del derecho de la libertad de asociación y contra cualquier forma de asociación sin fines de lucro», así comenzó su ponencia Laura Louza, fundadora de Acceso a la Justicia.
La también abogada clarificó a cuáles organizaciones afectaría esta ley, entre las que se encuentran asociaciones civiles, fundaciones, corporaciones de fundaciones o asociaciones, entre otras. Pero, aseveró que no aplica para gremios empresariales, sindicatos, partidos políticos, empresas o la iglesia.
Louza explicó que este proyecto de ley establece que las ONG, desde el momento que entran en vigencia, tienen aproximadamente un año para registrarse.
Comentó que es el Ejecutivo Nacional quien, a través de la vicepresidencia de la República, va a autorizar el funcionamiento de la ONG. Si no se cumple el registro en el lapso correspondiente, «la organización no existe, es decir, le quita la calidad jurídica».
«Esto viola todas las normas que existen en el país, incluso la constitución».
Este accionar es «completamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela», afirmó Louza, quien agregó que los actos que se realizan deben registrarse, pero no ameritan la autorización del Estado.
¿El adiós de las ONG en Venezuela?
La abogada Louza describió qué pasaría con las ONG si este proyecto de ley fuese aprobado en Venezuela: «No hay manera de funcionar. Tendríamos que cerrar», lamentó.
Asimismo, apuntó que la exigencia de una declaración jurada del patrimonio de todos los empleados y de la ONG es una medida innecesaria. Ya que no se manejan recursos públicos, sino privados.
«Solo los funcionarios públicos son obligados a presentar declaración jurada de patrimonio. No las personas privadas. Eso es algo bastante disruptivo», agregó.
Aseguró que este proyecto de ley es un mecanismo de disuasión, lo que provocaría que nadie quiera trabajar con las asociaciones o con una asociación. Sin mencionar que, de ser aprobada, las organizaciones deberían adecuar sus estatutos a las exigencias de esta ley.
«Cacería de brujas»
La abogada hizo hincapié en que la iniciativa del gobierno contra las ONG no tiene ninguna justificación veraz.
«No hay un riesgo de lavado de capitales, no hay riesgo de financiamiento de terrorismo. No se entiende por qué esa fijación con las organizaciones», expresó Louza, al tiempo que opinó que desatará una “cacería de brujas”.
También, mencionó lo perjudicial de este proyecto de ley para la cultura y las iniciativas sociales, ya que se sostienen gracias a las ONG.
Louza aseveró que, incluso criticar a la gestión del gobierno sería suficiente motivo para desintegrar la asociación civil. La ponente hizo un paralelismo con la ley en Nicaragua que acabó con las ONG.
Conclusiones de la conferencia
Finalmente, los ponentes mencionaron que el ejecutivo podría establecer controles para la supervisión, inspección, control y sanción de las organizaciones sin fines de lucro. Advirtieron de lo grave que es que el ejecutivo reglamente algo que no se debe reglamentar según la constitución.
«Aquí no hay tribunales adonde ir, adonde pedir un amparo. Esto te pone en una situación de indefensión. Porque lo normal sería introducir un amparo. Pero vaya a usted a saber qué va a decir el TSJ», recordó Louza.
Finalmente, se hizo un balance de lo que significa en la práctica que no haya separación de poderes en un país.
En El Mañanero de Runrun.es de este 23 de enero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: La persecución que emprendió el régimen de Nicolás Maduro en contra de la periodista Sebastiana Barráez, la deuda del CNE con las elecciones presidenciales, la situación de las ONG y la base de minería en el Parque Nacional Parima, son las noticias más importantes del día.
Tarek William Saab: “Vendrán nuevas detenciones porque hay grupos que se autocalifican de políticos de la oposición pero que pertenecen a la peor extrema derecha nazifascista de todo el hemisferio occidental”
La Fundación Simón Bolívar, así como las ONG que operan en Venezuela, están siendo atacadas por Maduro, quien no quiere que estas organizaciones llenen el vacío que no quiere o no puede llenar su régimen
CITGO y la Fundación Simón Bolívar son entes legalmente independientes. Sin embargo, como la fundación depende financieramente de CITGO, cabe hacer una breve referencia a la situación de esta empresa, antes de referirnos a la excelente labor que realiza la fundación.
CITGO es la empresa de refinación propiedad del Estado venezolano, ubicada en los Estados Unidos. Como consecuencia de las arbitrarias expropiaciones del presidente Hugo Chávez y de la irresponsable decisión de Maduro de darla como garantía para obtener préstamos para gastos de su gobierno, varios acreedores pretenden cobrar las deudas con los activos de CITGO.
Un juez estadounidense sentenció que tanto en el gobierno de Maduro, como el de Guaidó, ejercían control sobre CITGO. Su argumento principal se basó en lo que dice nuestra Constitución, los estatutos de PDVSA y el Estatuto de Transición del gobierno interino. También señaló que el gobierno de Guaidó recurrió a fondos de PDVSA y de CITGO para financiar honorarios de los abogados que defienden nuestros activos, a pesar de que las deudas no son de PDVSA, ni de CITGO, sino de la República. Lamentablemente, no tomó en cuenta que eso se hizo para defender a la empresa de las demandas.
El juez también agregó que el gobierno de Guaidó recurrió a ese fondo para financiar los gastos de la Asamblea Nacional (la del 2015), lo cual no demostró y ha desmentido Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa. El gobierno interino debería aclarar el origen de sus recursos. El juez no mencionó ningún acto irregular, solo sentenció que CITGO debe responder por deudas de la República.
A pesar de que todavía hay cierto margen para evitar que CITGO caiga en manos de los acreedores, sin duda que en caso contrario se afectaría no solo el importante papel que podría tener en la recuperación de Venezuela, sino también la notable labor social que realiza la Fundación Simón Bolívar (FSB). A la misma nos referiremos a raíz de la excelente conferencia que dio su presidenta, Mariela Poleo, en uno de los eventos semanales que organizan Venamérica y VAPA (Venezuelan American Petroleum Association).
La Fundación inició operaciones en el 2008, apoyando a pacientes que requerían trasplante de órganos. Dado el elevado costo por cada caso y lo limitado de los recursos, la FSB solo podía atender un número pequeño de pacientes. A partir del 2019, estableció que su misión es “Mejorar la salud de las personas vulnerables afectadas por desastres, conflictos y pobreza, con especial atención a los niños y madres venezolanas dentro y fuera del país”. La FSB se apoya en la colaboración de numerosos voluntarios y no realiza operaciones directamente, sino a través de organizaciones sin fines de lucro, evaluadas y seleccionadas estrictamente.
No recibe solicitudes individuales y, desde luego, no puede dar donaciones a organizaciones políticas, ni hacer actividades de cabildeo.
Su presidenta, seleccionada por concurso entre cien candidatos, informó que la nueva misión está logrando un impacto más amplio y logra abarcar un mayor número de personas. La determinación de prioridades la realizó a través de un convenio con la universidad Johns Hopkins. Considerando el deterioro del sistema de salud en Venezuela, la fundación apoya a trabajadores comunitarios del área de salud y organiza intercambio por internet de conocimientos entre médicos venezolanos y colegas de Italia, España y Estados Unidos.
Además, financiará hasta diez becas a médicos que trabajan en Venezuela para un diplomado en Medicina Tropical de clase mundial de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor. Presta atención primaria a niños y madres, en el área de nutrición, educación sexual y enfermedades no trasmitibles.
Considerando el elevado número de venezolanos migrantes, que se acerca a los ocho millones, la FSB tiene programas de apoyo en Colombia, Perú y Ecuador, países en donde se concentran principalmente los compatriotas que salen de nuestro país.
Em los últimos cuatro años, la FSB ha operado con un presupuesto anual entre cinco y seis millones de dólares. En el año 2023 se beneficiaron 281.000 personas, en el 2022 fueron 200.000, en el 2021, llegaron a 100.000 e igual cifra en el año 2020. En su página web simonbolivarfoundation.org, se consigue información sobre sus actividades, así como en el Informe anual del 2022. El correspondiente al 2023 se publicará en abril de este año. Felicitamos a su presidenta y al personal de la fundación por su excelente trabajo.
La FSB, así como las Organizaciones No gubernamentales (ONG) que operan en Venezuela están siendo atacadas por Maduro, quien no quiere que estas organizaciones llenen el vacío que no quiere o no puede llenar su régimen.
Además, no acepta que varias ONG que hacen seguimiento a la situación del estado nutricional de la población, del hacinamiento y enfermedades en nuestras cárceles y del grado de criminalidad, entre otras, puedan operar libremente. Mucho menos las que elaboran expedientes de las violaciones a los derechos humanos. Por ello, su Asamblea usurpadora quiere aprobar una ley destinada a ahogar e incluso a colocar en situación de arbitraria ilegalidad a estas importantes organizaciones que en países democráticos se consideran de apoyo al Estado.
Como (había) en botica
El régimen endurece la represión. La detención de Víctor Venegas, distinguido educador, abogado, con magister en Ciencias de la Educación y dirigente sindical es un atropello repudiado por todos los demócratas. Venegas ha exigido mejores sueldos para los educadores y ha expresado su apoyo a María Corina, candidata de la oposición para la presidencia.
Nos permitimos recomendar la última novela de la distinguida compatriota María Sol Pérez Schael, Caracas, Notre-Dame, lentejuelas y spam. María Sol es socióloga, doctora en Ciencias Políticas y docente. Se puede adquirir por Amazon.
A la periodista que ha investigado las fuentes de militar y frontera se le acusa de estar vinculada a un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazaron la persecución en contra de la periodista Sebastiana Barráez por parte del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el SNTP afirmó que la medida es usada para “generar censura y atentar contra la libertad e integridad de Barráez”.
En rueda de prensa, William Saab informó que el Ministerio Público (MP) emitió orden de aprehensión en contra de Barráez por su presunta vinculación en un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal.
Por su parte, el CNP también utilizó la misma red social para rechazar la criminalización del ejercicio periodístico.
#22Ene Fiscalía General de la República informó sobre emisión de orden de aprehensión en contra de la colega @SebastianaB , por presuntas acciones terroristas. Se repite el libreto desde las altas esferas del poder para criminalizar el ejercicio periodístico.
En total, Tarek William Saab anunció que 31 personas -entre civiles y militares- han sido detenidas en Venezuela desde mayo de 2023 por estar supuestamente involucradas en «cinco planes conspirativos».
La abogada Tamara Suju, Wender Villalobos, Norbey Marin y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina, José Antonio Colina están en esa lista.
Hasta los momentos, el exmilitar Angelo Heredia, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo ya se encuentran detenidos, según Saab.
El fiscal advirtió que vendrán nuevas detenciones: «Hay grupos que se autodenominan políticos pero que pertenecen al ala más radical de la oposición, que se alegran de esto. Son lacayos, están investigados y está determinada su participación en el guion».