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SNTP y CNP rechazan persecución a periodista Sebastiana Barráez

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A la periodista que ha investigado las fuentes de militar y frontera se le acusa de estar vinculada a un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazaron la persecución en contra de la periodista Sebastiana Barráez por parte del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab. 

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el SNTP afirmó que la medida es usada para “generar censura y atentar contra la libertad e integridad de Barráez”.

En rueda de prensa, William Saab informó que el Ministerio Público (MP) emitió orden de aprehensión en contra de Barráez por su presunta vinculación en un plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal.

Por su parte, el CNP también utilizó la misma red social para rechazar la criminalización del  ejercicio periodístico.

En total, Tarek William Saab anunció que 31 personas -entre civiles y militares- han sido detenidas en Venezuela desde mayo de 2023 por estar supuestamente involucradas en «cinco planes conspirativos». 

La abogada Tamara Suju, Wender Villalobos, Norbey Marin y los militares retirados Mario Iván Carratú Molina, José Antonio Colina están en esa lista.

Hasta los momentos, el exmilitar Angelo Heredia, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo ya se encuentran detenidos, según Saab.

El fiscal advirtió que vendrán nuevas detenciones: «Hay grupos que se autodenominan políticos pero que pertenecen al ala más radical de la oposición, que se alegran de esto. Son lacayos, están investigados y está determinada su participación en el guion».

Sebastiana Barráe

Amnistía Internacional advierte que ley contra ONG es similar a la de Nicaragua 

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Señala que con la aprobación de ley que evalúa la Asamblea Nacional chavista estas corren riesgo de desaparecer y por ende afectar a millones de venezolanos 

 

Valentina Ballesta, directiva de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, sostuvo que la ley contra las ONG que promueve la Asamblea Nacional chavista posee grandes similitudes con la aprobada en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha eliminado a más de 3.000 organizaciones.

Ballesta aseveró en una entrevista radial que la eventual aprobación de esta normativa podría dejar a la deriva a cerca de cuatro millones de venezolanos que dependen de las ONG y la ayuda humanitaria.

“Nos preocupa a las organizaciones que elevamos nuestra voz, que primero es una ley para colocar un nivel de arbitrariedad extra al funcionamiento y a la existencia misma de las organizaciones que protegen derechos humanos y otras”, dijo la directiva.

Ballesta sostuvo que con la aprobación de esta ley se corre el riesgo de perder el financiamiento al trabajo humanitario en Venezuela. También indicó que la mayoría corren el riesgo de ser criminalizadas.

A juicio de Ballesta, los requisitos para operar en Venezuela como ONG son difíciles de cumplir y los niveles de arbitraje son altos.

“Lo que tenemos hoy en día con la aprobación de esa ley es que se termine de asfixiar el funcionamiento de estas organizaciones que parecen lejanas, quizás para los ciudadanos, pero están presentes en el día a día”, argumentó.

Amnistía Internacional (AI) emitió recientemente una alerta por el “grave riesgo para las ONG de Venezuela”, ante la aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones.

“La Asamblea Nacional (de contundente mayoría oficialista) retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela”, dijo AI en su cuenta en X, antiguamente Twitter.

“De aprobarse todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias”, puntualizó.

 

LEA TAMBIÉN: Amnistía Internacional advierte del grave riesgo que corren ONG en Venezuela

“Eres cómplice de crímenes de lesa humanidad”: La respuesta de Sujú a Saab tras orden de captura en su contra

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Además de Sujú, Saab también anunció orden de captura contra Sebastiana Barráez, Wender Villalobos, Norbey Marin, y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció este lunes, 22 de enero, una orden de captura contra la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Sujú.

“Aunque usted no lo crea, Tarek William Saab me acusa de traición a la patria, terrorismo etc., por supuestamente ‘legitimar mediáticamente acciones’ como colaboradora del show nuevo, por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían”, escribió Sujú en la red social X (antes Twitter).

Asimismo, añadió: “El fiscal de la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores de DDHH, porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso. La familia y funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose crímenes de lesa humanidad son mis mejores fuentes de información”.

“Que patético eres, William Saab, el defensor de los crímenes de lesa humanidad que comete la tiranía”, finalizó.

Saab también anunció órdenes de captura contra la periodista Sebastiana Barráez y Wender Villalobos, Norbey Marin, y contra los militares retirados Mario Iván Carratú Molina y José Antonio Colina, a quienes acusó de tener vínculos con “acciones terroristas y la operación Brazalete Blanco”.

“Los delitos por los cuales se les está investigando son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira (Freddy Bernal), terrorismo y asociación”, dijo Saab.

Asimismo, afirmó que desde mayo de 2023 hasta la fecha se registraron “múltiples conspiraciones contra el gobernante Nicolás Maduro”.

 

Gobierno anuncia detención 31 civiles y militares por supuestas cinco “conspiraciones”

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El Ministerio Público develó otras 14 órdenes de aprehención a presuntos implicados en una red de conspiraciones que trataba de matar a Nicolás Maduro, al gobernador del estado Táchira Freddy Bernal y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Con información de EFE

Este 22 de enero, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, anunciaron en cadena nacional que 31 personas -entre civiles y militares- han sido detenidas en Venezuela desde mayo de 2023 por estar supuestamente involucradas en «cinco planes conspirativos», que incluían el asesinato del presidente Nicolás Maduro y asaltos a instalaciones militares. 

Entre los detenido se encuentran del quinto caso de presunta conspiración están: el exmilitar Angelo Heredia, Guillermo Enrique César Siero, Tomás Martínez Macías, Carlos Jesús Sánchez Vázquez, Ronald Alejandro Ferrer Vera, Guillermo Henry César Siero, Tomás Martínez Chico y Diana Desiree Victoria Justo.

«Se trata de una conspiración continuada», dijo Saab.

Todos los detenidos están bajo la custodia del Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo bajo la imputación de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República (refiriéndose a Nicolás Maduro como presunta víctima), homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira (refiriéndose a Freddy Bernal como presunta víctima), terrorismo y asociación para delinquir.

Auguró que habrá al menos otras 14 detenciones nuevas presuntamente involucradas en estos planes. Entre ellos nombró a la abogada especializada en dereschos humanos Tamara Sulay Sujú, a los periodistas Norbey Marín y María Sebastiana Barraez, Mario Carratú Molina, a Wender Villalobos y a José Antonio Colina, director de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

Aprehenciones en cadena

«Vendrán nuevas detenciones porque hay grupos que se autocalifican de políticos de la oposición pero que pertenecen a la peor extrema derecha nazifascista de todo el hemisferio occidental (…) Esa oposición ni siquiera es política, es terrorista», sostuvo Saab .

Aseguró que los capturados, «que han delatado a sus cómplices», operaban en Bogotá junto con miembros de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA) y de los servicios de Inteligencia de Colombia.

El primer caso que el Ministerio Público clasificó como «la primera conspiración» ocurrió en mayo del 2023. En ese caso se detuvieron a 11 personas: Uaiparu Guerere López, Manuel Gedler, José Ignacio Moreno, Willians Caña, Sarkis Sako, Nelson Villasmil, Ricardo Marcano, Wilmer Soto, Rafael Dum, Luis Alvarado y Franklin Alvarado.

El segundo caso fue «desmantelado pocas semanas después», donde los detenidos y acusados Douglas Ruiz, Jesús Rodríguez y Rolando Rojas, están imputados por presuntamente acceder a información confidencial relacionada con la seguridad presidencial, de unidades militares y actos políticos» y dárselas a gobiernos extranjeros. 

El tercer caso está enmarcado en «una conspiración para acabar con la vida de Nicolás Maduro» y la del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Los detenidos en esta ocasión fueron José Gregorio Montiel, José Daniel Mendoza, José Antonio Moreno, Audelino Bermúdez y Jonathan Abache. 

El cuarto caso se remonta a una supuesta infiltración de un espía desde el estado Zulia para «realizar presuntas actividades de espionaje y terrorismo». Allí están detenidos José Fortunato Guerrero Rojas, Daniel Rivas, Jholmar Cárdenas, Jesús Alberto García y Jesús Alberto García y Edgar Carrillo. 

 

Audiencia preliminar de Nelson Piñero fue fijada para el 30 de enero

El militante de Encuentro Ciudadano tiene dos meses privado de libertad y su salud se ha deteriorado. La familia denunció que no le permiten acceso a sus medicamentos 

 

Para este martes 30 de enero está fijada la audiencia preliminar del activista político del partido Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien tiene dos meses privado de libertad por el supuesto delito de instigación al odio.

Los abogados de Piñero sentenciaron que apelaron ante el juez de control y aspiran que haya una revisión de las medidas que lo mantienen preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Naguanagua, estado Carabobo. Alertaron además que tuvieron acceso al expediente.

Recientemente familiares indicaron que desde su reclusión, Piñero no ha tomado los tratamientos médicos que le corresponden por las diferentes patologías que presenta.

La hermana del activista, Esperanza Piñero, indicó que desde el 21 de diciembre este no ingiere las medicinas para la hipertensión, diabetes y una dolencia renal.

Piñero sostuvo que aunado a esto su hermano padece ataques de ansiedad debido al confinamiento al que sido ha sometido después de ser aprehendido por unos comentarios en la red social X, antiguamente Twitter.

La familiar del activista aseguró que este ha sido llevado en par de ocasiones a la evaluación con el médico forense luego de presentar episodios de hipertensión y taquicardia.

Piñero manifestó que la detención de su hermano ha traído consecuencias a su familia, especialmente a su hijo, un adolescente de 14 años del cual él tiene la patria potestad. 

Piñero fue aprehendido a finales de noviembre por agentes del Sebin, quienes fueron a buscarlo a su residencia.

“Evidentemente aquí se está condenando el ejercicio de la libertad de expresión, escribir en redes sociales no es delito, opinar no es delito y hoy se acaba de dictar una medida privativa de libertad simplemente por expresar su opinión en redes sociales”, afirmó Delsa Solorzano, principal dirigente de Encuentro Ciudadano y ex candidata a la elección primaria de la oposición del pasado 22 de octubre.

 

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Instan a concretar un “acuerdo de humanización de la relación laboral” para migrantes venezolanos en Aruba

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El abogado Kerrins Mavárez subrayó la importancia de lograr “un acuerdo de humanización de la relación laboral” que beneficie a los migrantes.

El pasado viernes, 19 de enero, llegaron a Venezuela tres venezolanos repatriados desde Aruba a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea Albatros, el cual arribó en el aeropuerto internacional de Las Piedras en Punto Fijo, estado Falcón.

Dicho vuelo llegó a las 12:30 del mediodía con 11 pasajeros, de los cuales tres eran repatriados por tener un estatus migratorio irregular en la isla, según reseñó Crónicas del Caribe.

Los repatriados, se conoció, ingresaron a Aruba de forma ilegal y trabajaban de manera informal. Cuando cayeron en las redadas migratorias, los sacaron de sus puestos de trabajo y permanecieron detenidos hasta que pudieron comprar el boleto de regreso a Venezuela.

Un familiar directo de uno de los repatriados lamentó que a su pariente lo hayan expulsado como un ladrón, cuando en realidad fue a la isla a trabajar.

“Nunca tuvo problemas con nadie. Trabajó desde que llegó hasta que lo sacaron de su trabajo como un delincuente. Con lo que hizo comíamos en Venezuela, porque para nadie es un secreto lo que estamos pasando. Lo peor es que tuvo que pagar su pasaje de regreso aunque no quería venirse. Llega aquí y también lo quieren tratar como delincuente”, manifestó la persona al citado medio.

Mayor protección

Los tres venezolanos fueron acompañados por la Asociación Ciudadana en Pro Defensa de Derechos Humanos y Libertades de Venezolanos, que encabeza el abogado Kerrins Mavárez.

Mavárez detalló que esperan el arribo de unos 15 compatriotas más desde Aruba y Curazao. Estas personas aguardan por un pasaporte provisional que obtendrán solo para el proceso de repatriación.

Además, el abogado señaló que estuvieron junto a los repatriados para evitar abusos por partes de agentes de seguridad, pues hay denuncias de personas que regresan de diferentes países y son sometidos a extorsiones por parte de algunos funcionarios.

“Esto ha sido una iniciativa de un grupo de abogados por la cantidad de denuncias que hemos recibido de familiares de víctimas y víctimas directas. Diversos grupos de funcionarios policiales, de alguna manera ubican e identifican a todos los que ingresan al territorio nacional de diferentes países producto de una diáspora de años y les hacen un asedio sistemático para tratar involucrarlos en supuestos hechos delictivos”, sostuvo el abogado.

Por otra parte, Mavárez explicó que la migración ilegal no es penada por la legislación venezolana, pero muchas veces por el desconocimiento los migrantes caen en la extorsión de los funcionarios de seguridad.

El abogado indicó que apoyarán a las víctimas de extorsión con diligencias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Derechos Fundamentales, así como también darán conocimiento de este trabajo ante el Consejo Legislativo del estado Falcón, la Asamblea Nacional y la gobernación del estado.

Lo más importante

La asociación expresará la preocupación de los venezolanos ante la situación migratoria y los tratos hacia las personas que están en las islas.

“Todo no puede ser un ganar-ganar para las islas del Caribe Neerlandés. Aunque es importante la reactivación comercial con las islas, no es menos cierto que lo más importante es lo humano”, enfatizó Mavárez.

El abogado subrayó la importancia de lograr “un acuerdo de humanización de la relación laboral” que beneficie a los migrantes.

“Se debe tomar en cuenta a estas personas que han ido a trabajar y buscar la manera de cambiar su estatus migratorio para tratarlos como seres humanos”, indicó el vocero.

Denuncian una nueva base de operaciones mineras en Parque Nacional Parima – Tapirapecó

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SOS Orinoco: «Ya han instalado ocho máquinas en un “emprendimiento” conjunto entre militares venezolanos y mineros ilegales»,

La organización no gubernamental SOS Orinoco informó este 20 de enero, a través de la red social X, que se detectó una nueva zona minera en la Amazonía venezolana, ubicada en dentro del Parque Nacional Parima  –  Tapirapecó y la Reserva de Biósfera Alto Orinoco – Casiquiare, en el estado Amazonas, al sur del país. 

La institución señaló que militares de la Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) Amazonas «participan» en esta industria extractiva clandestina.

«Ya han instalado ocho máquinas en un “emprendimiento” conjunto entre militares venezolanos y mineros ilegales. Utilizan indígenas como esclavos y venden la idea que lo que hacen cuenta con el aval de los Yanomami. (…) (La mina está) muy cerca de la localidad de Shitari, río Ocamo, municipio Alto Orinoco», denunció SoS Orinoco.

La ONG reiteró que la actividad minera en los Parques Nacionales son ilegales, ya que son ecosistemas protegidos por el Estado y poseen una fauna, una flora o formaciones geológicas importantes para la ciencia y el bienestar humano.

Alertaron que los derechos humanos de las comunidades yanomami se ven más vulnerados debido a que las zonas mineras contaminan con mercurio los cauces de agua de la zona, privando del acceso al agua potable y a la seguridad alimentaria local. 

De la minería brota la malaria

El pasado 18 de enero, SOS Orinoco alertó que en la misma zona se registraron al menos 85 muertes a indígenas yanomami por malaria (también conocida como paludismo) en las cercanías de la Sierra de Parima, en el mismo Parque Nacional.  

Al menos 16 comunidades yanomami se ven afectada por lo que la ONG cataloga como una epidemia ligada a la actividad minera.

«En los últimos meses se ha incrementado la actividad, ya en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería», aseveró el líder indígena baniva Eligio Da Costa, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), al medio de comunicación Mongabay Latam.

SOS Orinoco, a través de informantes protegidos para velar por su seguridad, advierten que desde el año 2023 la minería ilegal en el estado Amazonas ha aumentado, sobre todo en zonas protegidas. La organización advierte que la mayoría de las industrias extractivas clandestinas del sur del país están ligadas a las actividades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y miembros de organizaciones paramilitares extranjeras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los garimpeiros de Brasil.

Para la comunidad internacional la impunidad en el Parque Nacional Parima  –  Tapirapecó sigue perenne. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado por un año que la justicia venezolana investigue  la muerte de cuatro yanomamis a manos de funcionarios del Estado venezolano en la comunidad de Parima B, al norte del parque nacional. A casi dos años de esa masacre, ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han iniciado una investigación.

OEV: Registro electoral y cronograma de las presidenciales deben ser prioridades

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El director del OEV aseguró que las condiciones óptimas para las elecciones de 2024 son: Un buen registro electoral ampliado y de fácil acceso, sumado con un cronograma bien definido y con observación internacional

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, advirtió que la fecha de las elecciones presidenciales y la actualización del Registro Electoral deben ser las prioridades de cara a los comicios previstos para 2024. 

En entrevista con Román Lozinski, a través del Circuitos Éxitos, Lander explicó que desafortunadamente la Ley Electoral vigente no establece con cuanto tiempo de antelación deben convocarse las elecciones.

Señaló que en la ley solo expone que el nuevo presidente debe asumir en el mes de enero luego de realizadas las elecciones. 

Lander recordó que en la legislación anterior, había una se establecía que las elecciones debían ser anunciadas por lo menos con 6 meses de anticipación, permitiendo así que todos los partidos se organizaran con tiempo para hacer sus actividades. 

«Como ya la experiencia nos ha dicho, hay elecciones que han sido convocadas con menos de dos meses de antelación y estas elecciones atropelladas, no son de la mejor calidad» enfatizó el director del OEV. 

Fallas en el Registro Electoral 

Sobre las jornadas de registro electoral, Lander aseguró que fueron insuficientes y muy lejos de las poblaciones más remotas.

El director del OEV también recordó que en años anteriores, los puntos de registro iban a donde estaba la gente, pues estos se encontraban con gran facilidad en las estaciones de metro, paradas de autobuses y hasta en las calles. “Esa practica no se realiza y eso hace que más de 3 millones de jóvenes en edad para votar, no estén inscritos”.

Luis Lander explicó que hay países de América Latina que tienen experiencia con el voto digital para aquellos que viven en el extranjero; sin embargo, implementar este sistema es tarde para los venezolanos que radican afuera. 

Generación de confianza

Para el director del OEV, la activación del registro electoral, la publicación del cronograma y la realización de las auditorías al sistema, generarían mayor confianza en el Consejo Nacional Electoral. 

Detalló que las condiciones óptimas para las elecciones de 2024 son un buen registro electoral ampliado y de fácil acceso, sumado a un cronograma bien definido y con observación internacional. 

“Si el CNE quisiera la confianza del electorado, hubiera hecho una campaña masiva con los resultados de la auditoria, donde decía que era un sistema seguro y confiable” finalizó.