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Asociaciones piden a autoridades detener deportaciones de venezolanos en Alemania

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Un grupo de asociaciones solicitaron al gobierno de Alemania detener las deportaciones de venezolanos, que según voceros se han disparado últimamente.

De acuerdo a datos de la Oficina Federal para la Migración y Refugiados (BAMF por sus siglas en alemán) de casi 4.000 solicitudes presentadas por venezolanos para solicitudes de asilo, poco más de 1.500 fueron denegadas.

La Oficina sin embargo no aclaró cuántas de estas negativas decantaron en deportaciones.

En vista de esta realidad, asociaciones como ProVenezuela, Save My Identity, Coalición Por Venezuela, Unidad para Venezuela, entre otras, enviaron una misiva al gobierno del canciller alemán Olaf Scholz, pidiendo la detención de las expulsiones en vista de que en Venezuela tiene “un Estado que no les garantiza a sus ciudadanos derechos básicos como el acceso a la salud, a la educación y a los servicios básicos, como agua y electricidad”.  

Milsy Liebezeit, presidenta de Unidad para Venezuela, dijo que con estas acciones no pretenden frenar las deportaciones.

“Pero, por lo menos, que sepan que hay una comunidad allí que está preocupada”, dijo Liebezeit. 

De acuerdo a datos aportados por el Ministerio de Interior germano al medio alemán DW, 15 personas con nacionalidad venezolana fueron expulsadas en 2023.

“Nos vamos enterando por redes y junto a familias y abogados vamos documentando los casos, recientemente nos enteramos que habían deportado a dos jóvenes”, dijo a DW, María Gabriela Trompetero, investigadora de la Universidad de Bielefeld.

“Venezuela no se ha arreglado, la situación sigue siendo delicada y peligrosa y creemos que eso se les olvidó”, agregó Liebezeit.  

De acuerdo con la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hay más de un millón de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela en el mundo y se calcula que solo en el estado de Sajonia viven cerca de 4.000, de los 10.000 que hay en Alemania.

Venezuela es el país de América Latina con más solicitudes de asilo en Alemania. En 2023 se contabilizaron cerca de 4.000 y en enero de 2024 superan las 650.

 

Pacientes gastan mínimo 81 dólares en insumos básicos para operarse en hospitales

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En Venezuela, pacientes de hospitales públicos deben esperar durante meses para poder operarse, principalmente por los pocos quirófanos operativos, pero también por la falta de insumos en los centros de salud.

De acuerdo con un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH), iniciativa de la ONG Médicos por la Salud, actualmente, en promedio hay cuatro quirófanos activos por hospital, cuando debería haber, por lo menos, entre 10 y 15 en hospitales de alta complejidad.

Es precisamente la poca operatividad de los quirófanos lo que explica esas largas “listas de espera” para cirugías electivas, es decir, aquellas no consideradas de urgencias, incluyendo cirugías oncológicas.

Según recuerda el monitoreo, para septiembre del año 2023, en el Informe Semianual de la Encuesta Nacional de Hospitales, se registró un 74 % de desabastecimiento en los insumos críticos de pabellones.

En ese sentido, sumado a que no hay suficientes quirófanos, tampoco hay los insumos para poder atender a los pacientes. Pero, en vista de que los pacientes necesitan operarse, buscan alternativas para que los operen, por ejemplo, pagar los insumos de su bolsillo.

Tomando en cuenta algunos insumos como la sutura, analgésicos, botas para pacientes, sueros fisiológicos, bolsas y batas para médicos, entre otros; un venezolano debe pagar mínimo 81 dólares para poder ser sometido a procedimientos quirúrgicos. 

Precios de Insumos de Cirugías Electivas (Enero 2024) / Encuesta Nacional de Hospitales

La ENH especifica que estos gastos serían lo mínimo, pues los insumos que se toman en consideración son los básicos que se encuentran fácilmente en cualquier farmacia. No se está tomando en cuenta equipos más complejos como prótesis, por ejemplo. 

Ante eso, recuerda el monitoreo que el salario mínimo en Venezuela es el más bajo de la región y para enero 2024 era de alrededor de 3,6 dólares al cambio. Es decir, costear estos insumos básicos para poder operarse, costaría alrededor de 22,5 salarios mínimos.

Voluntad Popular aseguró que desde casi una década no forman parte activa de la Internacional Socialista

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La Internacional Socialista (IS) amenazó al partido Voluntad Popular con expulsarlos de sus filas argumentando que se estaban desviando del camino, mientras que la tolda naranja argumentó que pese a que todavía pertenecen a esta coalición, desde hace siete años no lo hacen de manera activa.

“Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha”, expresó un comunicado de la Internacional Socialista.

Junto a Voluntad Popular la Internacional Socialista también propuso expulsar a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) de Guatemala.

“Estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer a la Internacional Socialista, y por ende, hemos decidido expulsarlos. Vamos a someter esta decisión a votación”, dijo Paulina Lampsa, vicepresidenta de la IS.

A propósito de esta amenaza, VP emitió un comunicado este lunes 26 de febrero donde aseguró que no forman parte activa de la organización. 

“Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos. Por estas diferencias que hemos visto prolongarse a través de los años, hemos estado inactivos en esta agrupación desde hace casi una década”, reza el comunicado del partido naranja.

Voluntad Popular agradeció a líderes socialistas como el expresidente español Felipe González; la ex mandataria chilena Michelle Bachelet; el expresidente de la IS; George Papandreou y el exsecretario general de la organización, Luis Ayala por ser “siempre solidarios con la causa venezolana”. 

Antes de emitirse el comunicado, el miembro de VP, Yon Goicoechea, escribió en su cuenta de X, antiguamente Twitter: “De mejores sitios me han botado. La Internacional Socialista no ha hecho sino relativizar la tragedia venezolana por años (con sus excepciones relevantes). Yo soy liberal de formación y no veía la hora de salirnos”.

 

ARI Móvil | «El Hatillo tiene cacao» impulsa la producción local mirandina

El camión informativo ARI Móvil visitó la zona rural de El Hatillo, en la Gran Caracas, para conocer el programa El Hatillo tiene cacao, mediante el cual se sembrarán 2.000 plantas de cacao para beneficiar a más de 70 agricultores y a la comunidad de las Hermanas de la Misericordia

Texto: María Valentina Costero

Con la siembra de seis plantas de cacao en el Templo «Vicaría Corazón de Jesús y María» en Turgua (estado Miranda), la alcaldía de El Hatillo y la empresa de alimentos Nestlé dieron inicio al proyecto El Hatillo tiene cacao, en la zona rural de El Hatillo el pasado 21 de febrero.

El ARI Móvil, el camión de información de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por El Pitazo, TalCual y Runrun.es, llegó a la zona rural de El Hatillo para conocer el lanzamiento de este proyecto que busca beneficiar a los productores locales. 

El programa, que forma parte del Plan Cacao de Nestlé, tiene como objetivo impulsar la producción en la localidad, a través de la capacitación en buenas prácticas a los agricultores y dando las técnicas, la entrega de semillas y el acompañamiento integral a los 70 beneficiarios de esta fase inicial. 

En esta primera fase, se sembrarán 2.000 plantas de cacao en Turgua. Mil de ellas serán entregadas a los productores de la zona mientras que las otras mil serán entregadas a la comunidad de Hermanas de la Misericordia, explicó Francisco Guerrero, vicepresidente legal y de asuntos públicos de Nestlé Venezuela. 

El evento contó con la presencia de Elías Sayegh, alcalde de El Hatillo; la presidenta ejecutiva de Nestlé Venezuela, María Cocho, y el cardenal Baltazar Porras, arzobispo de Caracas como muestra de la articulación entre gobierno municipal, empresa privada y la Iglesia católica para la creación del programa.

La implementación del Plan Cacao en el municipio «viene de la intención de hacer de esta gran zona rural de El Hatillo un eje productivo, en donde podamos generar producción de alimentos», indicó Sayegh. 

Sembrar el futuro

El alcalde de El Hatillo señaló que, con esta iniciativa, buscan no solo capacitar a los agricultores actuales, sino también transmitir el conocimiento a los más jóvenes. «Lo bonito de esto es que estamos sembrando el futuro», dijo. 

Durante tres años, los agricultores recibirán acompañamiento y capacitación para aprender los cuidados y técnicas para garantizar el aprovechamiento de los cultivos. Aunque en esta fase inicial son 70 los agricultores beneficiados, Sayegh resaltó que se espera que el programa crezca progresivamente. 

Guerrero explicó que el Plan Cacao forma parte del programa de Creación de Valor Compartido de Nestlé. En Venezuela se ha implementado desde 2013 y tiene presencia en 32 municipios a lo largo de cinco estados: Aragua, Mérida, Miranda Sucre y Zulia.

A lo largo de esta década, Nestlé Venezuela ha sembrado un millón de plantas de cacao y se han beneficiado más de 2.000 productores. «Pero no solo es la entrega de plantas, es cómo hemos ido acompañando a los productores para que ellos puedan tener las mejores prácticas, para que sepan cómo lidiar con las plagas, y todo desde la perspectiva de la sostenibilidad», destacó el representante de la empresa en una entrevista en el ARI Móvil.  

El Mañanero del #26Feb: las ocho noticias que usted debe conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 26 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Protección Civil aumentó la cifra de heridos del desastre de «Bulla Loca» a 36 víctimas; el Cendas – FVM denunció que un venezolano necesita 10 sueldos mínimos diariamente para comer y 85 niños, niñas y adolescentes han fallecido a la espera de un riñón en el J. M. de los Ríos pese a la medida cautelar de la CIDH en 2018. 

Claves | Niños del J. M. de los Ríos cumplen más de 6 años sin protección del Estado

Venezolanos en Chile piden aumentar la mediación internacional por los presos políticos

Familiares de sidoristas detenidos exigen saber del paradero de Leonardo Azócar y Daniel Romero

México denuncia la «agudización» de la migración venezolana en su frontera sur

Sube a 36 el número de heridos por el derrumbe en la mina «Bulla Loca» en Bolívar

SNTP: Conatel cerró tres emisoras de radio en el Zulia

Cendas – FVM: se requieren 10 salarios mínimos cada día para alimentarse

Las perlas de Tellechea y Delcy Rodríguez: «No hay sanciones que pueda con nosotros»

«(El régimen de Nicolás Maduro) da diez pasos hacia atrás para dar concesiones sobre elementos que no existían cuando se iniciaron las negociaciones. Hoy se habla sobre si liberar o no a Rocío San Miguel, en vez de hablar de las condiciones electorales. (…) Tratan de cambiar las reglas de juego y el punto de partida», reflexionó la abogada Tamara Taraciuk en una entrevista a El Pitazo.

Gracias por leer El Mañanero del lunes 26 de febrero de 2024.

El crimen de las desapariciones forzadas

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La desaparición forzada, que fue tal, en el caso de Rocío San Miguel, y la desaparición, en Chile, del Tte. Ronald Ojeda, revelan que el terrorismo de Estado se ha reinstalado en América Latina

 

@asdrubalaguiar

La desaparición forzada, que fue tal, aun siendo temporal en el caso de Rocío San Miguel, y la desaparición, en territorio chileno, del teniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, revelan con escándalo que el terrorismo de Estado se ha reinstalado en América Latina.

No exagero. Vuelven por sus fueros prácticas que hasta ayer recreábamos como oscuranas del pasado: que si el nazismo o el fascismo, o el Gulag soviético, o las tenebrosas dictaduras militares del Cono Sur. Con ellas hemos nutrido disertaciones académicas o peroratas en las aulas universitarias en las que hemos enseñado sobre las cuestiones constitucionales o internacionales de derechos humanos.

Mas alguno dirá que lo de Rocío es uno más dentro de la pléyade de violaciones que ahora se hace hábito. De allí la reflexión de Hanna Arendt sobre la banalidad del mal que no hemos de olvidar: “Previamente se procura la supresión de la persona y de su carácter de ser humano, y posteriormente se borra todo rastro o recuerdo de su existencia misma. Por ello, el mal [radical] trasciende la muerte y procura la desaparición de las víctimas del mundo, negándoles, de este modo, la disposición de su propia muerte como cierre del trayecto de una existencia”.

La relectura de los casos hondureños con los que se inaugura la tutela judicial interamericana de derechos humanos en 1987 reaviva las enseñanzas sobre la desaparición forzada de personas (Velásquez Rodríguez, Frairén Garbi y Solís Corrales, Godínez Cruz). Permite visualizar que lo que vemos distinto, pero sí más perverso. Ayer se hacían desaparecer personas, se las torturaba y asesinaba, se las mantenía ocultas hasta extraerles confesiones, arguyéndose motivos de seguridad nacional. Las dictaduras no se travestían y, al término, como la chilena de Augusto Pinochet o la argentina de Jorge Videla, asumieron sus barrancos y se las condenó por crímenes de lesa humanidad. Hoy se hace lo mismo, pero con cinismo y cobardía inenarrables.

Los regímenes socialistas imperantes predican exclusiones no resueltas, o deudas sociales pendientes, o revoluciones gastadas que mudan en postulados progresistas, o proponen diálogos para definir qué es o no una democracia o cual o no el requisito para que existan elecciones libres; y al objeto de liberar a algún desaparecido político que después han encarcelado oficialmente piden a cambio la excarcelación de un corrupto o narcotraficante que les sirve. Al paso, reclaman para sí formas de «justicia transicional».

En los casos mencionados recordaba la Corte de San José cómo el director de Inteligencia hondureño negaba que las Fuerzas Armadas tuviesen cárceles clandestinas, ya que ese no era su modus operandi sino, más bien, el de los elementos subversivos que las denominan “cárceles del pueblo”; añadiendo que “un servicio de inteligencia no se dedica a la eliminación física o a las desapariciones sino a obtener información y procesarla, para que los órganos de decisión de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas”. Ese era el motivo, la razón amoral justificadora de tal práctica sistemática y selectiva de desapariciones por ambos sectores, por razones ideológicas y políticas o simplemente fútiles.

Creía la Corte que como “técnica destinada a producir no solo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor” en la población era relativamente reciente. De donde concluye que “el fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral”, por tratarse de un delito contra la Humanidad.

La OEA, al estimarlo igualmente agrega que “es una afrenta a la conciencia del hemisferio” (AG/RES.666) y calificaba las desapariciones como “un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a la seguridad e integridad personal” (AG/RES. 742). “Ha implicado con frecuencia –añade la Corte– la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida”

El solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa, por si fuese poco, un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad. Ninguna actividad del Estado, en suma, puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana, como lo hacen distintos regímenes que la literatura contemporánea asustadiza llama “autoritarismos electivos” o del siglo XXI.

Hiela la sangre lo de San Miguel. De modo especial asusta lo ocurrido con el teniente Ojeda Moreno. Un cable de 1978 publicado por El País trae a la memoria que “el norteamericano Michael Townley, que trabajaba para la policía política chilena (DINA) y presuntamente vinculado a la CIA, ha revelado al FBI detalles sobre el atentado en Washington del 21 de septiembre de 1976 que le segó la vida al exministro de Allende, el principal opositor al régimen militar chileno de Augusto Pinochet, Orlando Letelier”. ¿Grupos de asalto venezolanos en tierras australes?, cabe preguntar.

Que no haya aparecido ante todos nosotros y en clímax teatral este príncipe de los infiernos, hostis humani generis esculpido por la ideología y obra de los manuales diseñados para las policías políticas, solo prueba que la hora de la normalización de la maldad, cuando resulta difícil discernir entre el bien y el mal, ha llegado. No por azar, en Auschwitz, observando las lápidas de las víctimas del Holocausto, Benedicto XVI interpela a sus oyentes: “Que del lugar del horror surja y crezca una reflexión constructiva, y que recordar ayude a resistir al mal”. Y si vale el silencio, que sea de grito interior en todos: ¿Por qué toleramos esto?

correoaustral@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 

Notas de archivos y paleografía | La apertura del Archivo Arquidiocesano de Mérida

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Coordinadores y directores de los cuatro archivos principales de Mérida, junto a la licenciada Mayelis Moreno, de la Asociación de Cronistas de Mérida. Foto Isaac A. López

La reunión convocada por el director del Archivo Arquidiocesano de Mérida, padre Edduard Molina, expresa la importancia de esa institución como una de las columnas de la investigación en Mérida

 

@YsaacLpez

Este viernes, 23 de febrero, el padre Edduard Molina, nuevo director del Archivo Arquidiocesano de Mérida, llamó a una reunión en la sede del repositorio documental, ubicado en el Palacio Arzobispal, cuyo punto a tratar fue la realización de un Coloquio sobre Archivos de Mérida, que sirviera de marco al relanzamiento del centro que custodia el patrimonio y la memoria de la Iglesia católica en la entidad.

Teniendo como anfitriones también a los licenciados María Villafañe y José Altuve, a la reunión fueron convocados la licenciada Zoraima Guédez, coordinadora del Archivo General del Estado Mérida; el licenciado José Mejías, director del Archivo Histórico de la Universidad de Los Andes; el doctor Hancer González, director de la Biblioteca Febres Cordero; los licenciados Frank Altuve y Mayelis Molina de la Asociación de Cronistas de Mérida; y el profesor Isaac López, responsable de la Cátedra de Paleografía y Archivos de la Escuela de Historia de la ULA.

El nuevo director del Archivo Arquidiocesano dio la bienvenida, expresando el deseo de renovar el compromiso con el colectivo de investigadores y abrir las puertas de la institución mejorando el reglamento de usuarios, adecuándolo a las exigencias de la moderna disciplina de la archivística y la demanda de estudiosos de la historia local y regional. Asimismo, indicó el padre Molina como una meta necesaria el conformar unidad de propósitos y relacionamiento con los tres repositorios de importancia histórica en la ciudad.

La reunión sirvió para expresar el diagnóstico sobre la importancia del Archivo Arquidiocesano como una de las columnas principales de la investigación en Mérida, junto con el Archivo General del Estado Mérida, el Archivo Histórico de la ULA y la Biblioteca Febres Cordero, contentivos de importantes conjuntos documentales de los siglos XVI AL XXI. Lo que hace de Mérida la segunda ciudad venezolana en conservar el mayor número de documentos de valor histórico en el país.

Los invitados, también investigadores egresados de la Universidad de Los Andes, hicieron sincero repaso, además, a la situación planteada durante varias décadas en las cuales las restricciones de acceso al Archivo Arquidiocesano frenaron el adelanto de estudios sobre la región andina, y se formuló el compromiso de la Iglesia merideña, siguiendo su normativa específica, en hacer del Archivo Arquidiocesano un puntal de la investigación histórica en Venezuela.

Con el Coloquio de Archivos Merideños se espera sirva de espacio de encuentro de los encargados y trabajadores de los repositorios de Mérida y de proyección a los interesados sobre el material que resguardan, con la intención de compartir experiencias y retos de esta hora. El evento se realizará en fecha próxima y se hará invitación respectiva a los interesados.

Isaac López es profesor de Universidad de Los Andes. Mérida.

23 de febrero de 2024 | isaacabraham75gmail.com

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Sube a 36 el número de heridos por el derrumbe en la mina «Bulla Loca» en Bolívar

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El viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó que la cifra de fallecidos se mantiene en 16 víctimas

Foto: Rayner Peña (EFE)

Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó este domingo, 25 de febrero, en una entrevista al mesio regional Telesur que el número de heridos por el desastre de la mina ilegal «Bulla Loca», en el estado Bolívar, aumentó a 36 personas. 

La cifra de fallecidos del derrumbe minero se mantiene, hasta ahora, con 16 víctimas. 

Afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua -cercana a la mina ilegal-, con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de distintos organismos de seguridad ciudadana.

«La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí, en La Paragua, hasta que nosotros tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina», agregó Pérez Ampueda a Telesur.

De acuerdo con Ampueda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) evacuó a 384 personas de «Bulla Loca».

Sin embargo, el alcalde del municipio Angostura (donde queda La Paragua), Yorgi Arciniega, aseveró que al menos 30 personas han fallecido en el desastre. De ese grupo, al menos 13 de las víctimas eran indígenas. Pero, hasta ahora, solo se conoce la identidad de 3 víctimas indígenas del derrumbe en «Bulla Loca», según la ONG Kapé Kapé. 

Protestas por «cifras reales»

El pasado 22 de febrero, familiares de las víctimas y sobrevivientes del desastre denunciaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra de 16 fallecidos que informó Nicolás Maduro. Advierten que, al menos, existen más de 30 víctimas mortales del desastre socioambiental. 

La mayoría de los heridos y fallecidos deben ser trasportados en balzas, ya que la localidad de La Paragua no tiene carreteras ni otras vías de comunicación terrestre.

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo Rafael Flores, sobreviviente del desastre, a la agencia de noticias EFE.