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El Mañanero del #27Feb: las siete noticias que usted debe conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 27 de febrero resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Presidente de Paraguay pide elecciones justas, Chile desmiente que haya dado “luz verde” a Venezuela para secuestro de teniente Ronald Ojeda, piden detener deportaciones de venezolanos y un exmilitar venezolano pidió protección a gobierno chileno tras secuestro de Ronald Ojeda Moreno.

Presidente de Paraguay pide ante la ONU elecciones “justas y transparentes” en Venezuela

Chile desmiente que haya dado “luz verde” a Venezuela para secuestro de teniente Ronald Ojeda

Voluntad Popular aseguró que desde casi una década no forman parte activa de la Internacional Socialista

#MonitorDeVíctimas | Denuncian secuestro y asesinato de comerciante en Propatria

Asociaciones piden a autoridades detener deportaciones de venezolanos en Alemania

Pacientes gastan mínimo $81 dólares en insumos básicos para operarse en hospitales

Un exmilitar venezolano pidió protección a gobierno chileno tras secuestro de Ronald Ojeda Moreno

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la celebración de «elecciones justas y transparentes» en Venezuela y «el retorno de la democracia» a Nicaragua.

Del Caracazo a nuestros días

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Del 2002 al 2023 los organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares oficialistas han perpetrado miles de asesinatos; pero los rojos, con su doble moral, solo hablan del Caracazo…

 

Tal día como hoy, 27 de febrero hace 35 años, se produjeron saqueos de gran magnitud en Caracas y en otras ciudades que duraron hasta el 7 de marzo. En su control hubo evidentes violaciones de los derechos humanos. Diez años después, en 1999, el gobierno de Hugo Chávez reconoció esas violaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aceptó que el Estado compensara a las víctimas. Después de ese reconocimiento se han producido innumerables violaciones cometidas por los regímenes de Chávez y de Maduro, pero la reacción ha sido desconocerlas, retirarse de esa Corte y de la Organización de Estados Americanos. Sin duda, quienes detentan el poder desde 1999 tienen una doble moral.

Debemos reconocer que, algunos compatriotas, consideran normal el robo y el saqueo cuando no hay vigilancia. Una prueba es el pillaje de la carga de camiones que se accidentan en carreteras, sea cerveza o cualquier mercancía. Es decir, hay una falta de valores ciudadanos. En el Caracazo hubo poca presencia policial, ya que había una protesta de parte de los efectivos. El gobierno tardó en reaccionar y ante el desbordamiento de la situación acudió al ejército, cuyos integrantes no tienen la formación para controlar esos hechos. Las consecuencias eran de prever.

Han surgido hipótesis de que hubo injerencia de elementos de la extrema izquierda. Es probable que, una vez desatados los saqueos, ellos hayan intervenido echando leña al fuego. Incluso se ha dicho que Fidel trajo armas en su visita a Caracas, lo cual es poco probable, ya que en ese momento estaba de luna de miel con Carlos Andrés Pérez (CAP) e incluso tres años después condenó el intento de golpe de Estado de Chávez.

Otros apuntan al descontento por las medidas económicas anunciadas por CAP, pero la mayoría no se había aplicado. Pudo haber molestia porque eso no era lo que había prometido durante su campaña electoral y el derroche en su toma de posesión. Pocos mencionan que había un descontento creciente por el comportamiento del sector político y que el país venía cuesta abajo como consecuencia del derroche del programa la “Gran Venezuela” del primer gobierno de CAP, y de los malos gobiernos de Luis Herrera Campíns y de Jaime Lusinchi.

El ingreso petrolero ya no era suficiente para seguir creando “la ilusión de armonía”, a la que se refirieron Naím y Piñango. El precio del barril de petróleo había caído a 13,5 dólares y había escasez de algunos alimentos. En todo caso, la chispa fue un aumento de la gasolina aprobada el día anterior y un incremento no autorizado del costo del pasaje Guarenas-Caracas que pasó 10 a 15 bolívares y tomó por sorpresa a los usuarios.

Ante la CIDH, los representantes de Chávez, es decir del Estado venezolano, reconocieron en noviembre de 1999, que se había violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual, a las garantías judiciales y que se había enterrado a ciudadanos sin el protocolo exigido. Oficialmente hubo 276 muertos. Además, aceptaron que el Estado tenía que compensar a las víctimas. Una queja de gente de zonas populares fue que los soldados y policías exigían presentación de recibos de los artefactos eléctricos.

¿Quiénes fueron los responsables de las violaciones mencionadas? Los rojos han querido culpar al Alto Mando militar, encabezado por el general Italo del Valle Alliegro, lo cual es injusto. Si el ejército no hubiese intervenido, los daños hubiesen sido de mayor magnitud. Lamentablemente, los soldados eran bisoños y en algunas zonas fueron recibidos con disparos. Un caso fue el asesinato del mayor Felipe Acosta Carlés. La responsabilidad recae en quienes tenían la obligación de prevenir estos sucesos, de contar con la preparación para controlarlos y de reaccionar a tiempo ante los informes de inteligencia, sin violar los derechos humanos.

En el período del 2002 al 2023 se han producido miles de asesinatos por parte de organismos de seguridad del Estado y de grupos paramilitares simpatizantes del régimen.

Para citar solo unos pocos casos, recordemos los asesinatos ejecutados por pistoleros desde Puente Llaguno en contra de manifestantes desarmados; dentro de tres días se cumplen 20 años del asesinato de José Manuel Vilas L., de Gente del Petróleo y Unapetrol, a quien unos motorizados chavistas acribillaron en San Antonio de los Altos con el permiso de un pelotón de guardias nacionales; ese mismo 2004, un subteniente de la Guardia Nacional asesinó en Machiques a Evangelina Carrizo durante una marcha pacífica; en el 2019 en la Dirección de Contrainteligencia Militar torturaron hasta causarle la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El Observatorio Venezolano de Violencia informó que en el 2022 hubo 1240 muertos en intervenciones policiales por supuesta resistencia a la autoridad, 5799 casos estaban en averiguación y hubo 1370 denuncias de desapariciones. En el 2023, hubo 953 fallecidos en intervenciones policiales y 4064 muertes violentas en averiguación.

Reciente está el caso de Rocío San Miguel, abogada defensora de los derechos humanos, a quien aplicaron desaparición forzosa y, al 25 de este mes, no habían permitido la visita de sus abogados. Ella tiene medida cautelar de protección de la CIDH y, además, esta instancia había exigido que el Estado la compensara por un despido ilegal en el 2004 por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio presidencial. Ese despido lo hizo José Vicente Rangel y las nuevas acusaciones las realizó Tarek Saab Williams, ambos se promocionaban como defensores de los derechos humanos.

 ¡Qué ironía! Esa es la doble moral de quienes usurpan el poder.

Como (había) en botica

  • La decisión de una Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso de los bonos PDVSA 2020, emitidos con respaldo de CITGO, evidencia que la estrategia de Asamblea Nacional 2015 y de la directiva ad hoc de Pdvsa, presidida por Horacio Medina, era la adecuada. Esos bonos debían contar con la aprobación de esa Asamblea.
  • Lamentamos el fallecimiento de Yenny Hernández Guzmán, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 

Denuncian secuestro y asesinato de comerciante en Propatria

A Jonny González González, de 34 años de edad, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo sacaron de su casa en el sector La Perú, de Boquerón, en Propatria, el pasado lunes 19 de febrero de 2024, a las 11 de la mañana. Horas después, su cadáver fue ingresado al hospital Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara.

Así lo denunciaron sus familiares, al día siguiente, el martes 20, en la morgue de Bello Monte.

“Ellos dicen que fue un enfrentamiento. Yo me pregunto: ¿Cuál enfrentamiento?, si se lo llevaron vivo de la casa… Lo secuestraron y después lo mataron”, dijo a Monitor de Víctimas un familiar que prefirió mantenerse anónimo.

Jonny González, quien era comerciante y atendía una bodega en el sector, dejó huérfano a un niño de 6 años.

De acuerdo con la información que dieron los familiares, González estuvo preso seis años en las cárceles de El Rodeo y La Planta, por el delito de robo.

“Eso fue cuando tenía 19 años. Él estaba dedicado a su trabajo y a su hijo. No pueden seguir matando a la gente así”, expresó el familiar.

En 2023, Monitor de Víctimas registró 304 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas; de esa cifra, 155 (51%) ocurrieron en el municipio Libertador. Y de los 304 muertos, 96 (31,58%) tuvieron como móviles las ejecuciones extrajudiciales (52) y resistencia a la autoridad (44). Y de los 155 homicidios en Libertador en 2023, 35 (23%) fueron atribuidos a la Policía Nacional Bolivariana.

Chile desmiente que haya dado “luz verde” a Venezuela para secuestro de teniente Ronald Ojeda

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El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, calificó este lunes como “una total mentira” la publicación del medio venezolano La Razón, que daba cuenta de una supuesta cooperación entre Caracas y Santiago para que la inteligencia de Venezuela llevara a cabo el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda, que tuvo lugar el miércoles en la capital chilena.

“Califico esa publicación de una total mentira. Mi tarea en particular es contribuir a la lucha que el Gobierno da contra las organizaciones criminales, y también llevar adelante procesos de expulsión de personas que constituyen un riesgo para la seguridad nacional”, indicó Monsalve desde Santiago.

“En ese contexto hemos llevado adelante relaciones con otros países como Bolivia, Perú y el Convenio de Colaboración Policial con Venezuela, convenio público”, agregó.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Razón, “tras la firma del convenio policial, el jefe de operaciones (y torturas) de la DGCIM, teniente coronel Alexander Gramko Arteaga (…), habría solicitado al alto funcionario de la seguridad chilena (el subsecretario Monsalve), la cooperación para lograr la captura del teniente Ronald Ojeda Moreno, domiciliado en Santiago y que en el año 2017 se había fugado de la prisión militar de Ramo Verde”.

“Mantuve dos reuniones en Caracas, en ambas estuvo presente el embajador, el secretario general de la Cancillería, el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones. Las reuniones además también fueron públicas, conocidas, con fotos de sus asistentes. Permítanme decir lo absurdo de la teoría“, afirmó Monsalve.

“En la práctica, lo que están poniendo en cuestión es la confianza en nuestras instituciones que están a cargo de la lucha contra el crimen organizado, sobre todo cuando se hace cargo de afirmaciones de un medio absolutamente extranjero, con una clara orientación política y que entrega información sin fundamentos ni evidencia“, subrayó.

Ojeda vivía desde hace tiempo en Chile y la prensa local aseguró que lo hacía en calidad de refugiado político.

El nombre de Ojeda figura en el listado difundido a finales de enero por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que incluye a 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “implicados en conspiraciones” contra el régimen chavista, que incluían el asesinato de Nicolás Maduro.

El Ejecutivo chileno pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo en el norte, además de presentar una querella en la causa para, según señaló Monsalve la semana pasada, “dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad” y “hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos”.

Voluntad Popular (VP) acusó el mismo miércoles pasado al régimen de Maduro de estar detrás del secuestro y de “usar territorio soberano de otros Estados para prácticas de espionaje y agresión a venezolanos”.

¿Quién es Ronald Ojeda?

Ronald Ojeda Moreno se desempeñó como teniente coronel del Ejército y recientemente fue degradado de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Aparece en una lista de 33 uniformados acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, según el Ministerio de Defensa.

Las acusaciones contra los exfuncionarios incluían la supuesta planificación de acciones criminales y terroristas, incluso el presunto intento de asesinato de Nicolás Maduro, lo que fue catalogado como «actos de traición a la patria».

Ojeda Moreno estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde junto con otros prisioneros políticos. Tras escapar de allí en 2017, llegó a Chile en busca de seguridad y libertad.

El 26 de noviembre del año 2022, el exmilitar se presentó frente a la Moneda con un cartel y una bolsa en la cabeza en señal de protesta por la liberación de los presos políticos en Caracas.

A finales del 2023, el gobierno del presidente Gabriel Boric le concedió asilo político, publicó el medio chileno AS.

*Con información de EFE

Presidente de Paraguay pide ante la ONU elecciones “justas y transparentes” en Venezuela

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Este lunes, 26 de febrero, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la celebración de “elecciones justas y transparentes” en Venezuela y “el retorno de la democracia” a Nicaragua.

El mandatario paraguayo aseguró que en los tres años en los que Paraguay ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos se ha fortalecido el posicionamiento del país en materia de libertades fundamentales y en ese sentido su Gobierno “seguirá impulsando y acompañando debates que aborden problemas persistentes y emergentes”.

“Nos preocupa el sufrimiento en todas las regiones del mundo”, señaló Peña al citar ésos y otros problemas de derechos humanos a nivel global, entre los que también citó los conflictos de Ucrania y Gaza.

El mandatario aseguró que actualmente se viven tiempos “complejos y difíciles” y que “el mundo enfrenta desafíos globales extraordinarios que requieren de un multilateralismo eficaz como herramienta esencial de resolución de conflictos”.

A nivel regional, Peña recordó que su país firmó el pasado año, durante su visita oficial a Chile, un acuerdo de colaboración técnica en derechos humanos con base en la experiencia del mecanismo paraguayo de seguimiento Simore Plus, una cooperación que en 2024 se quiere extender con Brasil.

También citó el reciente lanzamiento del plan nacional de reducción de la pobreza Ñaime Poraveta (Vamos a Estar Mejor), “con el fin de promover un crecimiento económico sostenible que propicie además la creación de mayores oportunidades, la reducción de las desigualdades, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo”.

Entre los temas de alcance global que citó el mandatario destacó el cambio climático, en el que Paraguay, según recordó, defiende el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas (los países menos contaminantes reclaman que el principal esfuerzo en la reducción de emisiones debe recaer en las naciones industrializadas).

“Seguiremos defendiendo con determinación nuestro derecho al desarrollo”, afirmó al respecto Peña, quien recordó que Paraguay apenas emite un 0,1 % de los gases de efecto invernadero globales, tiene un 44 % de su territorio cubierto por bosques y protege un 15 % de sus áreas silvestres.

Peña finalizó su discurso, en la primera jornada de la 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos (que durará seis semanas), con una invitación a todos los mecanismos y titulares de mandatos de derechos humanos de la ONU a visitar el país suramericano y “colaborar en la promoción de derechos con nuestro pueblo”. 

*Con información de EFE

SOS Orinoco exige a FANB desmantelar mina ilegal en el Monumento Natural Cerro Guaiquinima

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El yacimiento ilegal, que queda cerca de otra mina conocida como «Bulla Loca», creció 20,69 hectáreas en 15 meses, según imágenes satelitales analizadas por la ONG

Mientras el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), Domingo Hernández Lárez, informó que 523 personas han sido evacuadas de La Paragua —localidad del estado Bolívar donde ocurrió un derrumbe en la mina ilegal «Bulla Loca» el pasado 20 de febrero—, la ONG SOS Orinoco denunció la presencia de otra mina ilegal a 222 kilómetros al suroeste del desastre: en el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama. 

«Aprovechamos para pedirle que también saque de funcionamiento a la siguiente mina que se encuentra a pocos kilómetros de Bulla Loca y que está dentro de los límites del Monumento Natural Cerro Guaiquinima» que forma parte del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, escribió la organización no gubernamental en la red social X (Twitter), este 26 de febrero. 

Al igual que la mina ilegal de «Bulla Loca», el yacimiento ilícito detectado en el Cerro Guaiquinima tuvo una expansión acelerada en el último año. Mientras que la deforestación cerca de la localidad La Paragua creció 80 hectáreas o unos 800.000 metros cuadrados en 10 meses, la huella minera en el Parque Nacional creció unas 20,69 hectáreas o 20.690.000 metros cuadrados en 15 meses. 

 

Opacidad minera

«No puede haber minería dentro de Áreas Protegidas.  Solo puede haber minería que se haga con apego a parámetros de seguridad industrial, seguridad laboral, seguridad personal, y seguridad ambiental, y debe estar en manos de personas responsables a las que se les pueda exigir cuentas en caso de violaciones a la ley», denunció la SOS Orinoco.

Ambas zonas mineras se encuentran en la cuenca del Río Paragua, lo que aumenta la vulnerabilidad del ecosistema a ser contaminado. Según la ONG Clima 21, este río es uno de los más afectados por la minería ilegal en la Amazonía venezolana, siendo uno de los 16 ecosistemas víctimas de las balsas que dragan o succionan los sedimentos depositados en los fondos de sus cauces.

Aunque este 25 de febrero el viceministro de Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, dijo que, hasta la fecha, hay 36 heridos y 16 muertos por el desastre de la mina «Bulla Loca», sobrevivientes y familiares de las víctimas protestan en La Paragua para denunciar que la cifra de fallecidos y desaparecidos es más alta. 

Un exmilitar venezolano pidió protección a gobierno chileno tras secuestro de Ronald Ojeda Moreno

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Un exmilitar venezolano solicitó protección al gobierno de Chile tras conocerse el secuestro de Ronald Ojeda Moreno, ocurrido el pasado miércoles, 21 de febrero, quien además se encontraba asilado en ese país.

Así lo informó Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, quien señaló: “Son cosas que el gobierno comprende y todas las personas que estén en esa condición y expresen esta preocupación van a recibir apoyo”.

El diario local chileno La Tercera informó que un exmilitar venezolano, también desertor del gobierno de Nicolás Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros ubicada en Talca, a 256 kilómetros al sur de Santiago. En el lugar, aseguró que temía por su vida y que conocía al exmilitar secuestrado.

Ojeda Moreno sacado abruptamente de su domicilio en Santiago por cuatro hombres con acento venezolano y los rostros cubiertos, quienes se identificaron como miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, según denunció su familia.

Por su parte, el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, dijo ante la prensa que “todos los carabineros a nivel nacional están de alguna manera comprometidos y enfocados” para dar con el paradero de Ojeda Moreno.

El funcionario informó que se reforzó “particularmente las fronteras, puertos, aeropuertos, en todos los lugares donde pueda haber una vía de escape o salida”.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló en conversación con CNN Chile que el secuestro de Ojeda Moreno es “anormal” para el país y que es “prioritario para el Ejecutivo” su esclarecimiento.

Ojeda Moreno vivía en Chile desde diciembre pasado, por decisión del Gobierno de Gabriel Boric, según la radio chilena Biobío. El secuestro fue denunciado por diversos sectores de la oposición venezolana antes de que fuera confirmado oficialmente.

*Con información de Canal 26

El lento asesinato de los colegios privados

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Quienes han insurgido a lo largo de la historia, son las clases medias. Entonces, vuelve el Seniat como arma de destrucción. Esta vez contra los colegios privados

 

@cjaimesb

En muchas ocasiones, los regímenes autoritarios utilizan estrategias fiscales como herramienta para controlar y limitar la autonomía de las instituciones. Desde que Chávez llegó a la presidencia de la república, usó al Seniat como arma de poder, y no de fiscalización, como debería ser. Pero ahora es peor, porque con la olla vacía, “hay que buscar donde haiga”, como le dijo a un amigo un policía que lo detuvo. Hay montones de funcionarios de casi todas las instituciones del Estado “buscando donde haiga” y el régimen se los permite. Así se quitan de encima el problemón que es aumentarles los sueldos.

Ya el régimen logró su objetivo de acabar con la educación pública. Nadie que asista a la escuela o al liceo máximo dos veces a la semana aprende ni siquiera los rudimentos básicos. No hay profesores de ciencias en bachillerato desde hace rato. A mí no me queda duda de que, ante el fracaso de formar “hombres nuevos” (necesitaban más habermassianos para lograrlo y a Carlos Lanz, el jefe del grupete, lo mataron).

Más fácil fue dejarlos ignorantes, atendiendo el pensamiento del Libertador de que “un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”.

Porque quienes han insurgido a lo largo de la historia, son las clases medias. La clase desposeída siempre ha estado ocupada en sobrevivir. Entonces, vuelve el Seniat como arma de destrucción. Esta vez contra los colegios privados.

En el último año, 80 % de los colegios privados en Venezuela pasaron a ser Contribuyentes Especiales, lo que significa que, si un padre paga en dólares, debe agregar un 3 % al monto de la mensualidad del colegio. Y si paga en bolívares, los bancos le retienen un 3 % al momento de hacer un pago, lo que obliga a que se deba ajustar la estructura de costos de los colegios para resistir el impacto de lo que aumentará el valor de las mensualidades.

Por otra parte, los colegios deberán declarar y pagar el IVA retenido de forma quincenal, a pasar de que su servicio está exento; lo que significa, por ejemplo, que en cualquier compra que se realice, como papel, combustible para una planta eléctrica, insumos normales que necesita un colegio para funcionar, deben tener las facturas con todas las especificaciones y a la vez pagar el IVA retenido al Seniat. Esto encarece los costos de la institución y disminuye su flujo de caja.

El Seniat no considera en momento alguno las situaciones de alta morosidad que existen y encima exige que, de no cumplirse con las especificaciones de las facturas, se impondrán multas. Penalizaciones que en el tiempo harán inviables estos servicios y solo aumentarán el costo de la mensualidad de los colegios, cosa que por otra parte luce imposible que el Minpopo de Educación otorgue el permiso.

Por otra parte, no se valoran o consideran las becas a los hijos de los docentes, vecinos o personas con una condición socioeconómica que les impida pagar la totalidad de la mensualidad, así como los beneficios a la comunidad donde funcionan en mejorar la parte del alumbrado público, o cualquier otra ayuda necesaria, lo que obliga a que las instituciones disminuirán progresivamente sus colaboraciones. Al final, el perjudicado será el venezolano necesitado y no la institución.

Lo que se puede resumir a simple vista es que este que método que utiliza el Seniat es solamente uno de los más comunes para asfixiar las finanzas y limitar la capacidad de los colegios privados para operar de manera independiente. Y la justificación usual de estas medidas arbitrarias es “la necesidad de recaudar fondos para el Estado” o, más hipócrita todavía, “garantizar la “equidad” en el sistema educativo” cuando la educación pública ya está muerta.

Además de los impuestos excesivos y los absurdos requerimientos, el régimen también, desde aquel nefasto decreto 1011, impone –o al menos trata de imponer– una serie de regulaciones y requisitos burocráticos adicionales a los colegios privados, lo que dificulta aun más su funcionamiento.

Estas medidas pueden incluir la imposición de currículos obligatorios, la limitación de la libertad académica y la interferencia en la contratación de personal docente. El objetivo final de estas estrategias fiscales y regulatorias es reducir la influencia de los colegios privados en la sociedad y consolidar el control del Estado sobre la educación y la formación de las generaciones futuras. Al limitar la autonomía de las instituciones educativas privadas, el régimen busca asegurarse de que la educación impartida esté alineada con sus propios intereses y valores, (lo que no pudo lograr con las instituciones públicas), en lugar de promover el pensamiento crítico y la diversidad de ideas.

En conclusión, la imposición de impuestos excesivos y regulaciones restrictivas a los colegios privados por parte de regímenes autoritarios como el que tenemos en Venezuela, es una estrategia común utilizada para socavar su independencia y limitar su capacidad de acción y oposición. Estas medidas representan una amenaza para la sociedad en su totalidad… La mayor parte de la clase media venezolana ha emigrado. Los que seguimos aquí… ¿nos vamos a dejar?

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es