A más de un mes de creada la comisión de revolución judicial, sobresale la opacidad oficial, la falta de planificación y diputados convertidos en jueces de facto
El pasado 21 de julio cumplió un mes la Comisión para la Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro con el fin de eliminar el retardo procesal que viven los privados de libertad en Venezuela. Así como para descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Para esto se dio un lapso de 60 días.
Desde la creación de esta comisión he visto con buenos ojos que finalmente se volteara la mirada a la grave situación que viven los presos venezolanos, de los cuales aproximadamente el 70 % no tienen aún una sentencia definitiva, a pesar de los muchos años encarcelados. Con ello se violan derechos constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Aunado a eso, es importante que finalmente se reconozca la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, espacios para tener a reclusos por lapsos no mayores de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas. Esto es un avance.
La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, tiene 5 años denunciando esta situación, tiempo en el que ha elaborado más de una docena de informes alertando de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en estos recintos; y es solo ahora que se decide tomar alguna acción para solucionar el problema.
Opacidad oficial, improvisación e intromisiones
Hoy, a más de un mes de creada la comisión de revolución judicial, considero importante hacer un balance de lo que han realizado en todo el país, a pesar de que una de las características principales que hasta ahora tiene el trabajo hecho es la falta de información oficial con datos claros.
Considero también que falta una planificación detallada del trabajo que se debe realizar, así como manuales de procedimientos que unifiquen la labor de las diversas comisiones creadas en los diferentes estados del país. Esto ha creado una disparidad de criterios a la hora de revisar los expedientes de la población presidiaria.
Vemos con preocupación que en muchos casos los diputados que integran esta comisión asumen la potestad de otorgar libertades o no, lo que es una intromisión en el trabajo y las decisiones que deben tomar los jueces, que es a quienes les compete estas medidas.
Falsas expectativas
Otra de las críticas que considero oportuno señalar, que además califico como la más grave, es sobre las expectativas que han creado entre la población privada de libertad y sus familiares. Ante la opacidad de información, estos se han imaginado que todos los presos van a salir en libertad, cosa que no es así. Pero al no haber reglas claras, todo queda a la libre imaginación, más dentro de un grupo de la población que ha tenido que sufrir las consecuencias de un sistema penitenciario cuya característica principal son las violaciones reiteradas de los derechos humanos. El mismo que, lejos de cumplir con la función de reeducar a la población privada de libertad, convirtió las cárceles y centros de detención preventiva en depósitos de seres humanos.
Por último, quiero referirme al plazo de 60 días que Nicolás Maduro dio a esta comisión para descongestionar los centros de detención preventiva del país, asunto que desde el primer momento consideré imposible de cumplir y que ahora, a casi 40 días de haberse dado esta orden, puedo decir con absoluta responsabilidad que no podrá ser realizado.
Aún quedan muchos centros de detención preventiva que atender. Tomemos en cuenta que son más de 500 espacios en todo el país convertidos en pequeñas cárceles, con una población aproximada de 65.000 reclusos, cifras registradas por Una Ventana a la Libertad antes del inicio de la llamada revolución judicial.
En lo personal, apuesto por que sea posible la descongestión de los centros de detención preventiva y vuelvan a ser espacios transitorios solo para las primeras 48 horas de detención y no en las nuevas cárceles venezolanas.
Instagram: @carlos_nieto_palma
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