Todos los hombres nacen iguales. Pero la desigualdad y la inequidad afectan sus vidas. Son estos los problemas que degradan a la política. Aunque mucho se habla de “igualdad”, entendida como valor moral o como recurso de vida, el término suele ser una razón para aventajar al otro.
La inequidad envuelve al egoísmo. Y en la política representa los intereses que mueven los hilos de la ambición. O las redes de ideologías en cuya oscuridad se arraiga la coerción desmedida en todas sus posibilidades de perversión.
Estas líneas de inicio dan cuenta del valor histórico de la “igualdad”, al momento de reivindicar provechos de la política. Más aun, por encima de necesidades socialmente reconocidas.
El discurso político se halla atiborrado de alusiones que exaltan la “igualdad”. Este vocablo encauza y circunscribe declaraciones políticas de todo género ideológico, teológico, sociológico, epistemológico, deontológico y educacional. La inercia de la historia, y la fuerza de las realidades, lo convirtió en un “derecho humano”. Consagrado el mismo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948.
Su consideración capitalizó su importancia. Pero el ejercicio de la política condujo su comprensión a un terreno diferente. A un espacio en el que se estableció un conflicto entre los intereses y los sentimientos humanos. Un ámbito en el que está ausente la fraternidad necesaria que exhorte el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
Por eso se dificulta asociar “igualdad” con dignidad. Las realidades, son inexorables. Dejan ver el ultraje del cual la “igualdad” es objeto. Quizás, es la más palpable demostración de veracidad que pone al descubierto crisis sociales y políticas.
Aunque esta vez, evidenció una crisis de salud protagonizada por la ausencia de “igualdad” en su concepto más exacto. Y que a consecuencia de la pandemia de covid-19, no es difícil advertir el menosprecio con el que es tratado. Particularmente, en el contexto sanitario toda vez que la incidencia de la covid-19 ha hecho creer (equivocadamente) que no existe otra condición orgánica que atente contra la salud del venezolano. Por tan discutible razón, el Estado venezolano, mediado por el régimen oprobioso que detenta el poder político, desconoce otra enfermedad que no sea la de covid-19.
Aquello que reza el artículo constitucional 84 de que “el sistema público de salud dará prioridad (…) a la prevención de las enfermedades, garantizando su tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad”, ha sido desconocido.
Más aun, cuando el artículo 83 declara que “la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. No cabe duda que el derecho a la salud dejó de entrañar libertades y derechos que habrían exigido “igualdad” en su reconocimiento y aplicación.
Así, el régimen solo ha prestado atención a la covid-19. Pero desbordada en imposiciones que rayan con la represión. Para el régimen, no hay enfermedad que precise del cuidado necesario que pauta la Constitución nacional. Salvo el requerido por la covid-19 que arremete contra quienes padecen alguna patología de base.
Pareciera que para el régimen no existen contingencias relacionadas con la esclerosis en cualquiera de sus incidencias. Con casos de quienes han vivido trasplantes de órganos. Quienes sufren de VIH. De quienes requieren tratamientos oncológicos. O padecen enfermedades “huérfanas” o “autoinmunes”. Entre otras patologías de alto riesgo sanitario.
Por ello el concepto de “igualdad”, quedó para revestir pronunciamientos o textos propios de un sistema político carente de ejercicios de libertades y derechos. No reconoce la “igualdad” como expresión de justicia. Es como si careciera de dimensión moral, política o jurídica a partir de las cuales se afianza la legitimidad, contundencia y validez de un proyecto ideológico que exalta la “igualdad”.
Entonces, ¿para qué la razón y la conciencia en el hombre, si no son entendidas como facultades capaces de cerrar la brecha como factor diferenciador entre individuos? ¿Acaso no refiere la Declaración de los Derechos Humanos que todos los seres humanos nacen libres e iguales? ¿O es que no hablan de que todos son iguales ante la ley? Por tanto, el hombre goza de igual protección material y legal, sin discriminación alguna.
Sin dejar de advertir la particular complejidad que contiene el ordenamiento jurídico en sus diferentes ámbitos de aplicación, cabe aludir la importancia que detenta un sistema de protección de la salud que ofrezca iguales oportunidades a todos. Y así, disfrutar por igual del más alto nivel de salud. Pero donde no hay “igualdad”, la situación es aterradora. Este tipo de crisis determinó que Venezuela retrocediera de los derechos al hecho.
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