El Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad informó que los servicios públicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, continúan en franco proceso de deterioro en todo el país.
El monitoreo se basó en encuestas realizadas a 2300 personas en todo el país y la revisión de de 25 medios digitales para captar denuncias ciudadanas sobre los servicios públicos.
En los hallazgos del monitoreo, el reporte de marzo de 2024 detectó que en cuanto al suministro de electricidad, 76 % de los encuestados reportó incremento de la cantidad de apagones o fallas en su sector.
Destacaron que en algunos sectores los cortes de electricidad superan las 6 horas. “Creció un 3% en comparación con el mes anterior y las ciudades con más incidencias en materia eléctrica son: Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida.
El Monitor de Servicios Básicos determinó que el promedio mensual sin luz en los estados con más problemas en la prestación del servicio es de 12, 8 horas, 4,10% más que en febrero y las fallas reportadas fueron 31.962, 4,91% más.
En cuanto a pagos extra que hacen los entrevistados para suplir fallas en el suministro de luz, el estudio determinó que hubo desembolsos de entre US$ 20 y US$ 30
Agua
Sobre este servicio, el reporte señaló que el 62% de los encuestados destacó que hay cansancio ante la inestabilidad del suministro de agua en su comunidad. “La sequía no permite la planeación de actividades hogareñas que necesitan agua; además los ciudadanos deben invertir mucho tiempo en procesos de acumulación del líquido en tanques y recipientes”.
Y 52% de los encuestados aseguró que en su localidad no se han ejecutado mejoras en las tuberías o en los mecanismos de distribución ya que debe pasar un lapso ente que el agua sale de la tubería turbia a más clara.
El promedio de pagos adicionales que ejecutan los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia de agua ronda entre USD 30 y USD 40. El ciudadano compra agua para consumo y también compra agua a camiones cisterna.
Según el reporte del OGP de Cedice Libertad señala que existen cinco “puntos de dolor” que más aquejan a los venezolanos en materia de agua y saneamiento, entre ellos: incumplimiento en el cronograma de racionamiento, bajas tarifas para la prestación del servicio, botes de agua por deterioro de tuberías y la inexistencia de un programa de atención de fallas y emergencias.
Telecomunicaciones
El informe detectó que 76% de los encuestados aseguró que las fallas o averías se generan en horas de mayor provecho del día, ralentizando y en algunos casos, imposibilitando las gestiones administrativas y operativas en muchas empresas.
El 87% de los encuestados aseguró haber experimentado alguna avería con su servicio de internet o telefonía fija, “bien sea producto de falla eléctrica o por falta de mantenimiento.
El 55% asegura tiene más de 6 meses sin solución a estas situaciones y la mayoría destacó que aun cuando paga el servicio, no lo recibe”.
Para el 80% de los encuestados, el cambio a alguna solución de internet privada es un hecho. Las taifas oscilan entre los US$ 20 y US$ 60 mensuales.
Gas
Varios estudios independientes señalan que aproximadamente el 87% de los venezolanos requieren el servicio de gas por bombona (GLP – Gas Licuado de Petróleo).
El 10% de los encuestados por los investigadores del OGP aseguró que usa leña o cocinas a carbón para cocinar, producto de que la distribución de gas en su localidad es ineficiente. “Esta métrica sigue en crecimiento, hace unos meses era 7%”.
Una gran cantidad de los encuestados ha solicitado la instalación de gas directo, pero algunos proveedores presentan tarifas que oscilan entre los US$ 100 y US$ 200 por hacer el cambio.
Más del 25% de los encuestados aseguró haber tenido un incidente relacionado con su bombona. De este porcentaje, el 6% aseguró haber suido una explosión.
En la prestación de este servicio también hallaron cinco puntos de dolor, entre los que destacan: Inconsistencia en el esquema de reemplazo de bombonas, parque de bombonas obsoleto y la baja frecuencia de rotación de cilindros.
Cedice Libertad recomienda al Estado desarrollar una política de alianzas público- privadas, así como las consultas nacionales orientadas a indagar sobre priorizar cual debe ser el uso de los presupuestos nacionales para solventar las carencias en materia de servicios públicos. Además, planear la reculturización vial, de transporte público, de concientización para hacer uso racional del agua, entre otros aspectos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, desmintió que su gobierno vaya exigir pasaporte vigente a los ciudadanos venezolanos.
A través de la cuenta en X, el medio colombiano Noticias Caracol publicó un post en el que informaba que un nuevo decreto, que por ahora estaba en borrador, y que no había sido confirmado, establecía que los migrantes venezolanos requerirán de un pasaporte para entrar, transitar y permanecer en Colombia.
En respuesta a la publicación, Petro expresó: «Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos».
Esto no es cierto. Mi gobierno no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos. https://t.co/jc7x6zb53K
El documento que presentó Noticias Caracol, especificaba que todo venezolano que ingrese a territorio colombiano «deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte vigente, documento de viaje e identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible; y que deberá suministrar la información solicitada por la autoridad migratoria».
Un paso atrás en la protección de migrantes
Distintas ONG y medios colombianos alertaron sobre la derogación de la resolución 2231 del 9 de junio de 2021, la cual ampliaba la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos por dos años para que puedan entrar a Colombia.
La Fundación Juntos se Puede, indicó que el retroceso en la garantía de los derechos humanos para los migrantes «es alarmante».
En el comunicado, la fundación destaca que la derogación del decreto por parte del gobierno de Petro, va en contra de las últimas resoluciones de la ONU, que reiteran que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela es la principal causa detrás de la expulsión de millones de venezolanos de su país.
«Retroceder en los derechos para la población migrante es abrir paso a coyotes y mafias que trabajan en alianza con el ELN en la frontera», puntualizaron.
El gobierno colombiano ha dado un pasos atrás en la protección de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, lo cual es alarmante dada la situación actual.#JuntosSePuedepic.twitter.com/HF0oSrTTVT
— Fundación Juntos Se Puede (@fjuntossepuede) April 25, 2024
El pasado 17 de abril tuvo lugar un Taller para Periodistas sobre Empleo Inclusivo, que organizó Arcos Dorados como parte de su compromiso para fomentar la inclusión y la diversidad. La actividad reunió a distintos expertos que exploraron las diversas facetas de la inclusión laboral, en particular en lo que respecta a las personas con autismo.
En el taller se abordaron temas como los factores que obstaculizan la inclusión, autismo, discapacidad, diversidad, empleo inclusivo, perfil del empleado y oportunidades en el campo laboral.
María Isabel Díaz, economista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, comentó sobre el impacto significativo que puede tener en la economía la inclusión laboral de las personas dentro del espectro del autismo.
En su presentación, expuso que muchas personas con trastorno del espectro autista (personas con TEA) poseen habilidades «únicas», como «un enfoque detallado en tareas específicas o una capacidad excepcional para el pensamiento lógico, que pueden aportar valor a la fuerza laboral». Otras habilidades destacadas son un eficiente manejo de las tecnologías de información, para la programación y el análisis de datos y resolución de problemas tecnológicos.
Agregó que al promover la inclusión y diversidad en los lugares de trabajo se puede fomentar la innovación y la creatividad, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico. No en vano, en países como Estados Unidos empresas tecnológicas como Microsoft, SAP e IBM han implementado programas de contratación específicos para personas con TEA.
«Es fundamental identificar las fortalezas de cada individuo y buscar oportunidades laborales que se ajusten a sus habilidades y necesidades. Además, es crucial promover entornos laborales inclusivos y adaptados a las necesidades de personas con autismo para garantizar su éxito y bienestar en el trabajo», abundó Díaz.
Las etiquetas que obstaculizan la inclusión
Isabel Dubuc,psicóloga, también formó parte del panel de expositoras pero no solo como especialista, sino como madre de una hija y un hijo con autismo. Desde su experiencia de años viviendo muy de cerca los desafíos que supone cuidar y orientar a dos personas con esta condición, enfocó su presentación en cómo derribar las etiquetas que obstaculizan la inclusión y que comienzan con la forma en la que se estigmatiza a las personas con TEA o la manera en la que la sociedad se refiere a ellos.
«Funcionamos con prejuicios, creencias y actitudes para hacer economía mental, las etiquetas no son malas por sí mismas, solo que necesitamos actualizarlas en algunos casos, por ejemplo cuando nos referimos a una condición como el autismo», detalló.
Y es que algunas personas señalan a las personas con TEA como «maniáticos» por mostrar comportamientos repetitivos o por apegarse mucho a la rutina; o se asustan porque «de repente explotan» y adoptan conductas como gritar, taparse los oídos o refugiarse en lugares inusuales, cuando estas últimas conductas son respuestas a compromisos sensoriales que los hacen percibir ciertos estímulos como muy intensos y, en otros casos, a no percibirlos.
La psicóloga también recomendó evitar expresiones que se utilizan en la cotidianidad, como «tal funcionario o tal persona actúa de manera autista», pues las características del TEA son inherentes a su condición y no conductas deliberadas. Precisó también que usar términos como «enfermedad, padecer y sufrir» asociados al autismo es inadecuado, ya que se trata de una condición que diferencia a una persona, y no de un «mal» que se padece.
«Las personas con autismo nacieron en otra autopista y con otras señales de tránsito, no es que ‘viven en su propio mundo’, como señalan algunos, sino que tienen dificultades para integrarse socialmente y se comunican de diversas maneras. Tampoco ‘carecen de sentimientos y empatía’, sino que tienen dificultades para expresar sus sentimientos y se bloquean ante el impacto de los sentimientos de los demás», puntualizó.
Antes de referirse al punto de la inclusión laboral explicó una diferencia importante en el cambio del concepto sobre lo que es el espectro autista: décadas atrás la aproximación era «lineal» o por «grados», es decir, se hablaba de autismo «leve», asperger o autismo severo. Pero el espectro se concibe ahora como un círculo cromático, donde cada color marca una diferencia particular. Desde esta concepción, cada persona con autismo «tiene necesidades de apoyo y cuidado que deben ser satisfechas y derechos que deben cumplirse».
«Por ello, hay que anunciar a cada organización de las características específicas del trabajador, porque todos dentro del espectro son muy distintos entre sí«, argumentó.
Siete elementos en pro de la inclusión
Caroline Ruiz, directora de la Asociación Civil Buena Voluntad, explicó en el taller las actividades y alcances de institución de asistencia y beneficio social que funciona desde 1964 y que atiende a personas con discapacidad intelectual, musculo esquelética, psicosocial, sensorial leve y moderada.
El objetivo de la asociación es capacitarlos para posibilitar una inclusión socio laboral a corto plazo, gracias a una alianza con una serie de empresas. Buena Voluntad aplica una evaluación antes de la capacitación, realiza charlas de sensibilización y acompaña al aspirante en el proceso de la contratación, así como también hace un seguimiento y supervisión del desempeño del beneficiario para garantizar, entre otras cosas, que los horarios se ajusten a sus capacidades y que a se respetan las condiciones de contratación, como por ejemplo, que perciban el mismo ingreso que percibiría una persona neurotípica en el mismo puesto.
Ruiz también compartió siete elementos que son indispensables para facilitar la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad, tanto en el ámbito laboral como social: aceptación y no discriminación, entender que estos ciudadanos tienen derechos y también deberes, tratarlos como nos gustaría ser tratados, brindarles igualdad de oportunidades, prestarles ayuda solo cuando la soliciten, respetar sus ritmos de ejecución y evitar prejuicios, estereotipos y sobrenombres.
Inclusión que transforma realidades
En el marco del desarrollo del taller fue posible conocer testimonios de tres personas con discapacidad intelectual que gracias a la inclusión laboral han podido poner en práctica sus conocimientos y habilidades y mejorar su calidad de vida.
Uno de los casos fue el de Jesús Mazzilli, quien tiene 44 años de edad y lleva casi la mitad de su vida (21 años) trabajando en McDonald’s, empresa donde su discapacidad intelectual no fue impedimento para recibir la oportunidad de su primer empleo. Su trabajo le ha brindado muchas satisfacciones y le ha permitido asistir a eventos deportivos internacionales como juegos olímpicos y mundiales de fútbol, así como ser invitado especial al estadio de su equipo favorito de béisbol, los Leones del Caracas.
Mientras que Ángela Marrero, de 23 años, también habló de su experiencia en la misma cadena de comida rápida en la que ingresó hace un año gracias a la formación recibida en la ONG Buena Voluntad y a la oportunidad que le brindó Arcos Dorados. Actualmente, es empleada del restaurante de La Trinidad y ha sido reconocida como la trabajadora del mes por su destacada labor, que también ha abierto las puertas a la próxima contratación de otro joven formado por la ONG Buena Voluntad.
Antonella es otra joven que recibió formación de la ONG en las áreas de computación, informática y capacitación social, lo que potenció sus habilidades y la ayudó a conseguir un empleo en el área de administración desde hace un año. En una elocuente exposición, contó cómo es su rutina, cómo se adaptó al trabajó con sus compañeros, todo lo que ha aprendido en su área laboral y reveló sus aspiraciones de trabajar en una compañía trasnacional, para lo cual ya dio el primer paso: aprender inglés por sus propios medios.
La ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, comparó este jueves en el foro del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2024, en Santiago, a la banda criminal internacional Tren de Aragua, de origen venezolano y expandida a lo largo y ancho del continente, con la organización terrorista Hezbolla.
En la aseveración, la ministra Bullrich señala que ambas organizaciones delictivas “trabajan con un Estado que las protege”.
«El Tren de Aragua golpea con un procedimiento, con una matriz de funcionamiento, con una lógica que siempre hace exactamente lo mismo. Se instala en un determinado lugar. Viene con un grupo en general de nacionalidad venezolana. Se instalan, compran edificios enteros, como pasó en Perú. En esos edificios viven todos. Para que no se conozca, no se sepa qué conversación puedan tener. Desde ahí planifican con tiempo, sin apuro, los golpes que van a hacer. Pero no son golpes al azar», señaló la ministra.
Durante el encuentro, Bullrich se refirió además a dos casos que han sido muy mediáticos en Chile: el homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y el asesinato del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez.
Respecto a este último, la jefa de Seguridad del gobierno de Javier Milei cuestionó cómo el principal sospechoso del homicidio Dayonis Orozco pudo atravesar cinco países teniendo alerta roja de Interpol, para terminar capturado por la Policía colombiana.
“Atrás de eso hay una organización con lógica que le brinda pasaporte, identidades falsas, fraudes, pasaportes robados, para a partir de ahí poder escaparse y llegar, seguramente nuevamente, a Venezuela. En consecuencia, es importante analizar si es una organización que es autónoma del Estado o no es autónoma del Estado. Yo tiendo a pensar que no es autónoma del Estado”, expresó.
Este 25 de abril la dirigente opositora María Corina Machado estuvo presente en el estado Portuguesa en un acto público, en el que conminó a los ciudadanos a votar por el candidato unitario, Edmundo González Urrutia.
En su discurso, resaltó que la oposición ha tenido que sortear «muchos obstáculos» en la carrera hacia las presidenciales y que el gobierno intentó «enterrar el mandato de las primarias e imponerse».
«Cuando creían que nos habían dejado afuera, cuando pensaron que ya no había nada qué hacer y que el régimen se iba a imponer, una vez más los sorprendimos y logramos a tener un candidato inscrito, que es Edmundo González Urrutia», expresó Machado en la actividad en Chabasquén, Portuguesa.
“El régimen intentó enterrar el mandato del 22 del octubre (…) Los sorprendimos y logramos tener un candidato inscrito”, dijo María Corina Machado en Chabasquén, Portuguesa, con afiche en mano, “¡Y es nada menos y nada más que Edmundo González Urrutia!”. pic.twitter.com/JHh6JuNSXt
Machado insistió en que el camino no será fácil, pero recalcó que en la oposición están preparados para el desafío.
«González Urrutia es el candidato de todos los venezolanos, por el que vamos a votar el 28 de julio. Es muy importante que tengamos esto claro. Los venezolanos sabemos muy bien la naturaleza de esta lucha, y también sabemos que estamos enfrentando un terreno lleno de trampas y fraudes, acá nadie se chupa el dedo. Ellos dicen que ni por las buenas, ni por las malas, pues, nosotros nos estamos preparando porque esto va a pasar, porque esto no tiene vuelta atrás. El 28 de julio la Venezuela decente y trabajadora se va a hacer respetar, porque vamos a ganar y a cobrar», sentenció.
Por otra parte, reconoció el trabajo de los líderes de los distintos partidos políticos «que valoran, respetan y cumplen el mandato de las primarias del 22 de octubre, que hoy está más vigente que nunca».
El régimen creía que iba a salirse con la suya, ¡pero tenemos candidato!
Por último, enfatizó que «Edmundo será presidente» y que ella también lo será e instó a los ciudadanos a «concentrarse» en los 96 días que restan para las presidenciales.
«No podemos perder ni un instante. Hay que trabajar con tesón, convencidos de que tenemos el triunfo a la vuelta de la esquina», sostuvo.
En El Mañanero del 26 de abril de Runrun.esresumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela: Edmundo González Urrutia concedió una entrevista exclusiva para los periodistas Nelson Bocaranda Sardi, Luis Ernesto Blanco y Laura Helena Castillo, donde afirmó que María Corina Machado es la «líder de este proceso» y que todos la respetan. Y Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afirmó que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se mantiene por negociaciones con EEUU. Mientras tanto, la Contraloría General de la República sigue inhabilitando a opositores -un año antes de las elecciones regionales y municipales-. Esta vez le tocó a Tomás Guanipa, Josy Fernández, Carlos Ocariz, Elías Sayegh y Juan Carlos Caldera. Y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantiene la práctica de la expropiación de partidos políticos al intervenir a Primero Justicia en respuesta a una solicitud del llamado «diputado alacrán» José Brito.
“No sé quién propuso mi nombre en la plataforma. Les dije que aceptaba si había unanimidad en la decisión. Fue una celada lo que me tendieron a mí”, Edmundo González Urrutia, candidato presidencial unitario en entrevista exclusiva con Runrun.es.
Cuando están en la cúspide, algunos criminales sueñan con ser invisibles para evitar a sus enemigos. Y en Ecuador, al menos dos han fingido su muerte y otros tres han dejado una estela de inconsistencias, dudas e impunidad tras el reporte oficial de su fallecimiento.
El caso más significativo es el de Leandro Antonio Norero Tigua, señalado como financista de bandas delictivas como Lobos, Tiguerones y Chone Killers que, con un proceso abierto por narcotráfico en Ecuador en 2018, no tuvo obstáculos para hacerse pasar por muerto.
En octubre de 2021, una banda conocida como Los Fantasmas, difundió un video que lo señalaba como cabeza de organizaciones narco criminales. Algo que para ese momento parecía descabellado, físicamente imposible, porque luego de que Perú inició un proceso por narcotráfico en su contra —que venía con una solicitud de extradición— su defensa presentó un certificado que aseguraba que Norero había fallecido por covid-19 en 2020.
Ese mismo año, aunque estaba ‘muerto’, Norero pagó de impuesto a la renta en Ecuador 50.394 dólares, mientras en 2019 había pagado 8.375 dólares, según información del sitio web del Servicio de Rentas Internas (SRI). Además, en 2021, fue registrado como accionista de Ashimha-Life, según consta en la web de la Superintendencia de Compañías de Ecuador. Esa empresa es, a su vez, accionista de Avilmat, que en 2021 obtuvo dos contratos con el Municipio de Manta, en Manabí, por más de tres millones de dólares.
Hasta que, en mayo de 2022, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que se había dado un golpe a una importante estructura criminal, a la que se le encontró aproximadamente 10 millones de dólares en oro sólido, joyas, relojes y dinero. Entre los detenidos estaban Norero y tres de sus familiares.
Leandro Norero fingió su muerte en 2020. Fue asesinado en octubre de 2022.
El caso de Norero parece absurdo, pero no es el único. El Estado ecuatoriano no ha podido eliminar las dudas sobre las muertes de al menos otros cuatro criminales de alto perfil en los últimos diez años. Policías, funcionarios y exaltos funcionarios dudan de la muerte de Wilmer Chavarría alias Pipo, líder de Los Lobos; Junior Roldán, cabecilla de Las Águilas; Freddy Anchundia, líder de los R7 y Pablo Miguel Córdova Coronel, procesado por narcotráfico.
A través de consultas con funcionarios y exfuncionarios, análisis sobre el contexto de sus muertes, revisión de certificados de defunción y seguimiento al patrimonio de los implicados, esta investigación periodística publicada por CONNECTAS y varios medios ecuatorianos fallas importantes en los procedimientos de instituciones del Estado, debilidades en la identificación de cadáveres y descoordinación en la cooperación judicial que hacen factible que los narcotraficantes utilicen esta táctica para desaparecer.
La segunda muerte oficial de Leandro Norero Tigua —esta vez dentro de la cárcel de Cotopaxi— fue anunciada el 3 de octubre de 2022 por el SNAI, justo el día que iba a ser vinculado a un nuevo proceso penal por narcotráfico, la tercera causa en su contra.
Un año después, bajo una nueva política de seguridad, la Fiscalía emprendió la investigación Metástasis, que detuvo a casi 40 personas entre funcionarios judiciales, jueces y policías basándose en unos chats de Leandro Norero que reseñan supuestos vínculos del narcotráfico con acciones y omisiones judiciales, corrupción policial y del sistema penitenciario ecuatoriano. Se hizo evidente la relación entre Norero y el director de las prisiones ecuatorianas y ex director Antinarcóticos de la Policía, Pablo Ramírez. Después del destape del caso Metástasis la Fiscalía nombró a un grupo de agentes para que investigue el fallecimiento del narcotraficante.
En febrero de 2024, bajo requerimiento de esta investigación, se difundió el informe de la autopsia realizada a Leandro Norero, en la que se detalla que su cuerpo estaba “desnudo, decapitado, desmembrado, con múltiples lesiones cortopunzantes y con signos de quemaduras”, y que fue analizado por los forenses el 5 de octubre de 2022, dos días después de su asesinato.
Pero no fue hasta octubre de 2023, un año después de su muerte, que se realizó un informe de cotejamiento genético de hermandad entre las muestras de sangre tomadas a Leandro Norero y a su hermano Israel Norero, que permitió confirmar, al menos para la Fiscalía, su asesinato. La explicación a esta demora es la falta de una base de datos genética para identificar a un cadáver en ese estado. Aún no se conoce dónde fue sepultado Norero.
El equipo periodístico envió un requerimiento de información a la Fiscalía consultando por qué, si tenían las pruebas desde 2023, en 2024 iniciaron una investigación que ponía en duda su muerte. También se solicitó una entrevista a la Fiscal General sobre estos hechos. Pero ambas solicitudes fueron negadas.
Las grietas
William Chavarría Barré, alias Pipo y líder de Los Lobos, supuestamente también murió en la cárcel, en una masacre ocurrida en Turi, Cuenca, el 23 de febrero de 2021. Pero el certificado de defunción, al que tuvo acceso esta investigación, describe que alias Pipo falleció por covid-19 en Santo Domingo de los Tsáchilas (a unos 430 km de Cuenca) el mismo 23 de febrero.
Wilmer Chavarría, alias Pipo, está inscrito como difunto por COVID-19 en 2021. El Gobierno ecuatoriano lo considera objetivo militar desde abril de 2024
Wilmer Chavarría, alias Pipo, está inscrito como difunto por COVID-19 en 2021. El Gobierno ecuatoriano lo considera objetivo militar desde abril de 2024
Además, en un informe reservado de 2022, la Policía ecuatoriana describe que, aunque Chavarría aparece como muerto por covid-19 para el Estado, “se presume que alias Pipo habría falsificado un acta de defunción como estrategia para despistar a sus enemigos y autoridades”. Incluso, el 19 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano publicó una lista de objetivos militares entre los que cuenta a alias Pipo.
Un mes antes, el exministro del Interior, José Serrano, dijo públicamente que las matanzas carcelarias eran una pantalla para que los narcotraficantes pudieran fingir sus muertes, refiriéndose a alias Pipo, quien —según él— opera aún al mando de Los Lobos a través del nuevo cabecilla, Fabricio Colón Pico, recapturado el 22 de abril por la Policía.
Edison Romo, experto en seguridad, declaró que “cuando se dan los acontecimientos de masacres (carcelarias) no se sabe quién es quién y cuáles fueron los que realmente fallecieron”.
Desde el 2020, en Ecuador es muy fácil conseguir un certificado de defunción. Tras la emergencia por la pandemia de covid-19, este país habilitó una opción en línea para inscribir defunciones. Vicente Taiano, exdirector del Registro Civil cuando se instauró esta medida, explicó que se dio esta facilidad para evitar cargar de trámites a los familiares de las víctimas del Covid-19. “Esto podría ser mal utilizado, claro, pero habría que preguntarle a las autoridades actuales qué se está haciendo”, refiere Taiano.
El certificado de defunción habilita otros trámites, como pedir la extinción de la acción penal o el archivo de una investigación de la Fiscalía. El abogado e investigador en violencia política y criminal, Luis Córdova, explica que, en efecto, la acción penal concluye con la muerte del individuo procesado.
Además, en Ecuador existen los certificados de “presunta muerte”, que funcionan igual que un certificado de defunción. Según la Dirección Nacional de Registro Civil, la figura de muerte presunta se inscribe a través de la sentencia emitida por un juez de la materia, que declara la muerte de un ciudadano que se presume se encuentra fallecido.
Uno de los investigados que usó esta figura fue Pablo Córdova Coronel, involucrado en el caso de narcotráfico Huracán de la Frontera. De acuerdo con los documentos a los que tuvo acceso esta investigación, Córdova Coronel tiene un certificado de defunción por presunta muerte. De su muerte sospecha un alto exfuncionario de la Policía ecuatoriana que pidió reservar su identidad por seguridad.
Freddy Marcelo Anchundia Loor murió el 8 de noviembre de 2023 en una cárcel de Guayaquil, según el SNAI. En Colombia, la investigación de su asesinato está en reserva.
Freddy Marcelo Anchundia Loor murió el 8 de noviembre de 2023 en una cárcel de Guayaquil, según el SNAI. En Colombia, la investigación de su asesinato está en reserva.
Las contradicciones entre cómo y en dónde han muerto algunos de estos criminales se suman a las razones que dan cabida a las sospechas. Freddy Marcelo Anchundia Loor, cabecilla de la banda narcocriminal R7, procesado por asesinato y evasión y señalado por el Gobierno de Guillermo Lasso como autor intelectual de dos de las grandes masacres carcelarias, fue detenido en Manabí en 2016 y trasladado a la cárcel de Turi, en Cuenca hasta que, en 2022, luego de una matanza en esa prisión, fue enviado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca.
El 8 de noviembre de 2023, el SNAI anunció en su cuenta de X que Anchundia había muerto dentro de una cárcel de Guayaquil. Pero en el certificado de defunción de Anchundia,al que tuvo acceso esta investigación indica que murió ese 8 de noviembre en Puerta Máquina, Antioquia, Colombia, por un presunto ahorcamiento.
Entonces, ¿en dónde murió Freddy Anchundia? Ni el SNAI, ni la Policía, ni la ministra del Interior, Mónica Palencia, han respondido a los requerimientos de información sobre estas inconsistencias asentadas en el Registro Civil de Ecuador.
La de Anchundia no es la primera muerte de un narcotraficante ecuatoriano que se investiga en el vecino país. El cabecilla de Los Águilas, Junior Alexander Roldán Paredes, llegó a controlar prisiones en Guayas, Sucumbíos y Loja. Enfrentó dos condenas por asesinato y estuvo preso desde 2009. El 14 de febrero de 2023 salió de la cárcel de Guayaquil después de que obtuviera una calificación de parte del SNAI de “buena conducta” e hizo un despliegue de su seguridad privada en un enfrentamiento con policías.
Un mes después, sufrió un atentado en El Triunfo, su bastión, y se quitó el grillete electrónico. Hasta que, en mayo de 2023, el excomandante de la Policía ecuatoriana, Fausto Salinas, dijo que supo de la muerte de Roldán Paredes porque su par colombiano le informó que lo habían identificado.
El entonces ministro del Interior, Juan Zapata, anunció el 8 de mayo que alias Junior había sido asesinado por un familiar de su pareja, durante una fiesta en una finca en Antioquia, Colombia. El anuncio ocurrió una semana antes de que las autoridades colombianas oficializaran su muerte. En respuesta a un requerimiento de esta investigación, la Fiscalía de Colombia indicó que “el 15 de mayo de 2023 se remitió el aviso consular a Ecuador y se aportó el acta de entrega del cuerpo”.
Fue sepultado en el cementerio de Envigado, Colombia, el 18 de mayo de 2023 y el 12 de septiembre de ese mismo año se conoció que sus restos fueron robados. Supuestos familiares de Junior Roldán intentaron exhumar el cuerpo con documentos forjados y, ante la negativa del encargado del cementerio, se lo llevaron por la fuerza y cremaron los restos. La investigación del lado colombiano concluyó que las cenizas llegaron a Ecuador, según el exsecretario de Seguridad de Envigado, Rafael Betancourt.
La Policía de Colombia respondió para esta investigación que el proceso investigativo por el presunto asesinato de Junior Roldán está activo, en etapa de juzgamiento, mientras en diversos medios circulan alusiones a que sigue vivo en El Triunfo, Guayas, y que no se ha nombrado un sucesor en su banda.
El Gobierno ecuatoriano anunció el 8 de mayo de 2023 que Junior Roldán había muerto en Colombia. En septiembre su cadáver fue robado y las pericias determinaron que sus restos cremados llegaron a Ecuador.
El Gobierno ecuatoriano anunció el 8 de mayo de 2023 que Junior Roldán había muerto en Colombia. En septiembre su cadáver fue robado y las pericias determinaron que sus restos cremados llegaron a Ecuador.
La comandancia de Policía ecuatoriana y la actual ministra del Interior no respondieron a los requerimientos de información enviados por los autores de este reportaje investigativo sobre si están buscando a otros “muertos”, como se evidencia en las múltiples solicitudes que se pueden ver en la investigación completa.
Las grietas en tres instituciones del Estado ecuatoriano: el servicio de prisiones, la identificación de cadáveres y los procedimientos del Registro Civil se suman a la infiltración de la corrupción y alimentan la leyenda de los narcos que operan con impunidad en las sombras.
Si le interesa conocer más sobre los casos ‘sospechosos’ de narcos ecuatorianos presuntamente muertos puede ingresar acá al reportaje completo.
La periodista y corresponsal en el estado Anzoátegui de El Medio, Nicole Gómez Cubillán, fue detenida durante media hora el 21 de abril por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien también la obligó a borrar el material informativo que había registrado, informó la ONG Espacio Público.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), indicó que Gómez estaba cubriendo la Consulta Nacional de las Comunas en el Colegio Doña Menca de Leoni en la ciudad de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja de Anzoátegui, que organizó el gobierno el pasado domingo, cuando un funcionario de la GNB la detuvo dentro de la institución hasta que borró las imágenes captadas.
El SNTP agregó que, tras ser liberada, el funcionario y uno de los miembros de mesa siguieron a Nicole Gómez hasta el vehículo en el que se trasladaba y fotografiaron la placa y modelo del auto.
#AlertaSNTP | Un efectivo de la GNB mantuvo detenida durante media hora y obligó a borrar su material a la corresponsal de @ElMedioVen en #Anzoátegui, Nicole Gómez Cubillán, cuando la reportera daba cobertura al consultivo nacional este #21Abr.
A través de su cuenta en X, El Medio rechazó la intimidación y detención arbitraria en contra de su corresponsal. Denunció que a Gómez la acosaron física y verbalmente y que el funcionario de la GNB, quien “le prohibió hacer fotografías del proceso electoral”.
[1/4 ] #Denuncia | Desde @ElMedioVen rechazamos la violación del derecho al libre ejercicio periodístico de nuestra corresponsal en el Edo. Anzoátegui, Nicole Gómez Cubillan, quien mientras cubría este domingo, #21Abr, la Consulta Popular Nacional…
«La acción de censura en contra de Nicole Gómez es continuación de una política de hostigamiento, acoso y persecución a periodistas y medios independientes que buscan informar el desarrollo de los procesos electorales en el país ante la opacidad oficial y la autocensura en los medios tradicionales», afirmó Espacio Público.
Para la jornada de consulta nacional, organizada por el Ministerio de Comunas, habilitaron más de 15.000 centros de votación en todo el país. Sin embargo, reportes ciudadanos y de medios en redes sociales evidenciaron una baja participación.
