La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) presentó este 23 de mayo su informe anual 2022 que abordó la situación de cuatro derechos fundamentales de personas con discapacidad
En el reporte anual de Consorven los derechos humanos más vulnerados a personas con discapacidad en ocho estados del país fueron el derecho a la salud y a un nivel de vida adecuado
El poco poder adquisitivo impide que las personas con discapacidad en Venezuela puedan cubrir sus gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos para atenderlos
7 de cada 10 personas con discapacidad motora no están recibiendo sus terapias de rehabilitación dos a tres veces por semana, como es lo indicado, porque no pueden pagarlas
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), presentó el 23 de mayo de 2022 su informe anual 2022 donde refleja la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela.
La investigación abordó la situación de cuatro derechos fundamentales de las personas con discapacidad: el derecho al igual reconocimiento
como persona ante la ley y derecho a la identidad, el acceso a la justicia, el derecho a la educación y el derecho a la salud, habilitación y
rehabilitación.
Esto se llevó a cabo con cuatro investigaciones de carácter cualitativo y cuantitativo hechas en el año 2022. La investigación encontró más de 300 casos de vulneración a las derechos de las personas con discapacidad en Venezuela sólo en el 2022
“De los 305 casos identificados por nuestra organización, la mayor incidencia recae en el acceso a la salud y a un nivel de vida adecuado», explicó durante la presentación del estudio Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven.
Derecho a la salud y al nivel adecuado, los más vulnerados
El informe señala que en el período entre enero y diciembre de 2022 los derechos humanos más vulnerados a personas con discapacidad en ocho estados del país fueron el derecho a la salud y un nivel de vida adecuado.
«La mayoría de las personas reportaron como principal factor el poco poder adquisitivo para cubrir gastos médicos y alimenticios. Asimismo, refirieron que el sistema de salud público no cuenta con médicos especialistas e insumos médicos, por lo que ven como única opción la salud privada. Pero por sus pocos ingresos, es imposible tener acceso a esta», describe el informe.
El Estado venezolano no está garantizando el acceso a terapias de rehabilitación ni ayudas técnicas a personas con discapacidad motora, pese a que está establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley para Personas con Discapacidad.
7 de cada 10 personas entrevistadas afirmaron que requieren recibir terapias de rehabilitación entre dos y tres veces por semana, pero no las están recibiendo.
Las causas de la falta de acceso a terapias se centran en la ausencia de recursos económicos (46%) y las distancias hasta los centros de rehabilitación disponibles (34%).
El informe detalla también el estado de los centros de terapia en instituciones de salud públicas en donde las personas con discapacidad reciben terapias:
- 66% de las salas de rehabilitación se encuentran sin masajeadores eléctricos musculares o sin piscinas o bañeras
de temperatura. - 44% funcionan sin tablas de bipedestación y sin ultrasonido para fisioterapia.
- 33% no posee pesas para gimnasio.
- 33% no posee luz infrarroja para terapia del calor.
- 22% no posee pelotas de gimnasia ni bicicletas estáticas.
Dificultades en temas de identidad y certificación de discapacidad
Con respecto a la obtención de la cédula de identidad, las familias de Niños, niñas y adolescentes (NNA) con alguna discapacidad indicaron que 7 de cada 10 NNA la obtuvieron la primera vez que lo intentaron, mientras que 3 de cada 10 tuvieron que intentarlo en más de dos ocasiones.
Sobre la certificación de discapacidad (Conapdis), 8 de cada 10 familias la obtuvieron la primera vez que lo intentaron. Mientras que 5 de cada 10 familias de NNA que no han logrado obtener este carnet refieren que lo han intentado, por lo menos, en dos ocasiones.
Adicionalmente, 5 de cada 10 familias refieran la ausencia de personal de trabajo en oficinas gubernamentales como una barrera importante y 5 de cada 10 familias señalan la falta de material de oficinas como una dificultad para obtener la cédula de identidad.
Acceso a la justicia
El informe recogió 40 casos de vulneración de derechos humanos de personas con discapacidad en este ámbito. Los más emblemáticos son aquellos identificados con violaciones al debido proceso.
El documento recoge tres casos de mujeres con discapacidad auditiva que interpusieron ante la Inspectoría de Trabajo una demanda contra una tienda por departamentos en Táchira. Se hizo la inspección correspondiente y funcionarios de la inspectoría se reunieron con empleados y obreros de la tienda, pero sin la presencia de un intérprete de lengua de señas.
«Este hecho no permitió a las mujeres con discapacidad auditiva tener conocimiento de la información compartida en dicha reunión, sin poder exponer, de manera pública, los argumentos de su denuncia», denunció Consorven.
Refirieron también el caso de una mujer con discapacidad auditiva, quien refirió ser víctima de violencia sexual por parte de su padre: «Ha acudido a las autoridades competentes, pero no ha podido formalizar la denuncia porque no hay Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana disponibles
que la acompañen en la interposición de la denuncia; y las autoridades no se han preocupado por prestar la debida atención al caso».
Derecho a la educación vulnerado
Por su parte, Argelia Bolívar, coordinadora de DDHH de Consorven, explicó hallazgos sobre el acceso a la educación de las personas con discapacidad durante la presentación del estudio.
“Los niños, niñas con discapacidad no tuvieron acceso o la prosecución de sus estudios, pues a pesar que muchos de ellos estaban formalmente inscritos en el sistema educativo, no contaban con las herramientas, los docentes no estaban preparados», explicó con relación a lo ocurrido durante la pandemia.
100% de los NNA entrevistados estudian en el sistema educativo público. Dos de cada 10 niños con discapacidad no estudian actualmente.
Por otra parte, 2 de cada 10 representantes de NNA con discapacidad refieren falta de disposición del personal docente a realizar ajustes en las
estrategias de enseñanza y 1 de cada 10 representantes de NNA con discapacidad refieren falta de atención a su NNA y a sus requerimientos para el aprendizaje.
¿Cómo mejorar los derechos de las personas con discapacidad?
Entre las recomendaciones de Consorven al Estado venezolano para mejorar la condición de las personas con discapacidad en el país se encuentran educar sobre sus derechos, celebrar jornadas de cedulación y establecer de planes nacionales de capacitación a los docentes.
La intención de esta última recomendación es que niños, niñas y adolescentes puedan ser incorporados a escuelas regulares o especiales, pero con equipo de docentes capacitados en el área.
Además, instan al Estado a incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad física, comunicación y la información en los recintos de administración de justicia.
En el mismo sentido, proponer llevar a cabo una consulta nacional con personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en discapacidad, para avanzar hacia la reforma del Código Penal venezolano «y que este garantice un debido proceso y una legítima defensa frente a los órganos administradores de la justicia».
Consideran también prioritario generar un plan nacional de atención a las necesidades de rehabilitación y ayudas técnicas para personas con discapacidad motora, así como asegurar que las personas con discapacidad sean incorporadas al sistema educativo.
