La abogada Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, analizó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula el artículo que declara delito las relaciones sexuales entre homosexuales militares.
En una entrevista, San Miguel destacó tres aspectos clave que detallamos a continuación:
1.- ¿Qué alcance tiene la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despenaliza las relaciones homosexuales en la FANB, a lo interno de la institución?
Es positivo, en términos de la plena vigencia de los derechos humanos de efectivos militares.
Sin embargo, no creo tenga un impacto visible e inmediato a lo interno de la institución, a pesar de que tiene efecto retroactivo.
2.- ¿Podrían reingresar a la FANB quienes hayan sido expulsados de la institución por mantener relaciones homosexuales?
Se ha sabido, en el pasado, de casos de la aplicación de medidas disciplinarias y de la expulsión de efectivos militares de la institución, por mantener relaciones homosexuales, aplicándose la interpretación del único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Sin embargo, a partir de esta decisión del TSJ, los casos que se hayan dado, deben revisarse, incluso de oficio, y debería además darse una indemnización a los afectados y proceder, de ser posible, al reingreso inmediato a la institución.
3.- ¿Considera que habrá apertura en la FANB a partir de esta decisión?
Creo veladamente se seguirá condenando a los homosexuales en la institución, lamentablemente.
Con esta sentencia no vamos a ver a ningún militar reconociendo que es gay o lesbiana. Por lo menos en el corto plazo en Venezuela.
En mi opinión esta decisión no tiene que ver con un reconocimiento a la población LGTBIQ, a la que el Tribunal Supremo de Justicia siempre le ha dado la espalda. Debemos recordar, en ese sentido, que la demanda de nulidad del artículo 565 del COJM, ya había sido interpuesta en 2016 por la ONG “Venezuela Igualitaria”, junto a otras organizaciones y siempre permaneció engavetada en el TSJ.
Esta decisión del TSJ, claramente da respuesta a una petición expresa qué hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk en su reciente visita en Caracas. Por lo que independientemente de las razones, es positivo este paso, en términos de la plena vigencia de los DDHH, de efectivos militares en Venezuela.
Activistas esperan que se aplique sentencia del TSJ
Activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos fijaron posición luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual penalizaba con cárcel la homosexualidad entre militares.
Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, consideró que esta acción es un «hito», pero recordó que es producto de una solicitud que realizó la Defensoría del Pueblo y no de Venezuela Igualitaria.
La organización Venezuela Igualitaria fu la que en el año 2016 interpuso una demanda para solicitar declarar la nulidad de este artículo y que además fue admitida cinco años después, en 2021.
Para Louza, que esto haya sido por solicitud de la Defensoría y no por la acción de Venezuela Igualitaria, «es otra muestra de la falta de independencia judicial en Venezuela».
Asimismo, la activista señaló que el sistema jurídico de un país «no está compuesto solo por normas o sentencias, sino también por la estructura del Estado que las debe aplicar y la cultura jurídica».
En ese sentido, consideró que «los valores y creencias de quienes aplican la norma y de quienes son beneficiarios de las mismas».
Por otra parte, Louza aseguró que lo más importante sobre esta decisión del TSJ «es que de verdad se aplique, ya que en Venezuela no hay independencia judicial y en muchas oportunidades las sentencias no se aplican».
También, resaltó como una preocupación «la mentalidad cada vez más conservadora de las instituciones civiles en Venezuela». Sigue leyendo esta nota.
Con información de Control Ciudadano
