Entre enero y abril, las limitaciones al trabajo periodístico estuvieron representadas por un asesinato, 21 acciones de discurso estigmatizante, 20 agresiones y ataques, 16 hechos de censura, 15 restricciones de acceso a la información pública y 4 hechos de uso abusivo del poder estatal
A 29 años de la proclamación del Día Mundial de La Libertad de Prensa, el periodismo en Venezuela se ejerce desde la autocensura. Al menos es lo que se desprende del último balance del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), según el cual en abril el país registró 7 casos que acumularon 12 vulneraciones al periodismo y que continuaron los patrones de discurso estigmatizante, restricciones y ataques contra los trabajadores de la prensa.
Al cierre del primer cuatrimestre de este año, IPYS contabilizó un total de 77 violaciones a las garantías informativas comprendidas en 55 casos. Esta cifra deja en evidencia que en el territorio venezolano el periodismo es una profesión bajo asedio y con reservas.
Violencia contra los medios
Entre enero y abril, las limitaciones al trabajo periodístico estuvieron representadas por un asesinato, 21 acciones de discurso estigmatizante, 20 agresiones y ataques, 16 hechos de censura, 15 restricciones de acceso a la información pública y 4 hechos de uso abusivo del poder estatal.
Estos incidentes afectaron a 38 reporteros, 7 reporteros gráficos, 7 locutores, 5 directivos de medios, 5 editores, 4 articulistas, 4 conductores de TV y 3 activistas por los derechos humanos. De estas víctimas, 45 son hombres y 28 son mujeres. También resultaron agraviados 24 medios de comunicación, 3 organizaciones defensoras de derechos humanos y 1 organización gremial.
En los últimos 4 meses, y con 9 registros, Barinas fue la entidad con más casos denunciados, 8 de ellos vinculados a los comicios regionales realizados en el estado el pasado 9 de enero. Le siguieron el Área Metropolitana de Caracas (4), Apure (3), Cojedes (3), Anzoátegui (2), Guárico (2), Lara (2), Mérida (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Delta Amacuro (1), Falcón (1) y Nueva Esparta (1).
De los 55 casos registrados, 37 corresponden al entorno tradicional y 18 al área de los derechos digitales. Por la clasificación de los victimarios, los responsables más frecuentes de estos hechos fueron los cuerpos de seguridad del Estado, con 15 casos; simpatizantes oficialistas (12), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (5), y proveedores de internet (5), que aplicaron bloqueos a portales informativos. Sin embargo, el Estado, a través de sus diferentes funcionarios, ejecutó 31 del total de los incidentes confirmados.
El hecho de mayor gravedad lo constituyó el homicidio del comunicador popular José Gregorio Urbina, quien era director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ocurrido el 10 de enero en Puerto Páez, en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en la zona fronteriza con Colombia. Hasta la fecha de publicación de este balance, los responsables del asesinato permanecen sin identificar y el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre los avances de las investigaciones.
Destaca el cierre de 4 emisoras por órdenes de la Conatel, 1 en el estado Portuguesa, 1 en Anzoátegui y los 2 casos más recientes, correspondientes a Éxitos 90.5 FM y Calle 98.5 FM, ocurridos en San Juan de Los Morros, estado Guárico el 29 de abril.
Discurso estigmatizante
Las categorías con más vulneraciones durante los últimos 4 meses fueron las agresiones y ataques y el discurso estigmatizante, con 20 y 21 incidentes, respectivamente. En cuanto a los ataques a la prensa, estos hechos consistieron en amenazas y actos de hostigamiento, ataques en la red a portales noticiosos, órdenes de eliminar material informativo, acciones intimidatorias y agresiones físicas durante la cobertura de hechos de interés público, tales como procesos electorales o protestas sociales. De un total de 20 de estas acciones, 8 fueron perpetradas por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y 4 por simpatizantes oficialistas.
Por otra parte, la persecución discursiva y la criminalización del trabajo informativo también fueron constantes. En 2 ocasiones, el 30 de marzo y el 9 de abril, el comunicador Pedro Carvajalino y otros simpatizantes oficialistas ejercieron nuevas acciones de difamación contra el periodista Roberto Deniz y el equipo del portal de investigación Armando.Info, quienes debido a su labor periodística han sido objeto de campañas de persecución discursiva desde 2021 por parte de figuras del chavismo, portales pro oficialistas y sectores vinculados a la defensa del empresario colombiano Alex Saab.
El suministro eléctrico en contra
Las constantes fallas de telecomunicaciones que a diario ocurren en el país igualmente representan una limitación indirecta para el ejercicio del periodismo. Los estados que presentaron más inconvenientes en su conectividad durante los primeros cuatro meses del año, en medio de apagones y fluctuaciones eléctricas, fueron Táchira, con 15 casos, seguido por Mérida (10), Barinas (9), Falcón (9), Trujillo (8), Apure (6), Lara (6), Portuguesa (6) y Carabobo (6).
En lo que va de 2022 también se contabilizaron 7 ocasiones en las que los equipos y las transmisiones de los medios de comunicación se vieron afectados por fallas en el suministro de electricidad: 2 estaciones de radio y 1 canal regional quedaron fuera del aire porque se dañaron sus equipos, 2 emisoras cesaron sus transmisiones para evitar daños mayores ante la presencia de subidas de tensión, y en 2 oportunidades cortes eléctricos impidieron que emisoras transmitieran sus señales.
Información de IPYS
